Acusación en La Plata
La fiscalía pidió prisión perpetua para 15 de los 23 acusados, entre ellos el represor Miguel Etchecolatz y Jaime Smart, que sería el primer funcionario civil condenado.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estuvo en la audiencia de ayer.Imagen: Télam
Schapiro pidió la prisión perpetua para Smart por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Jorge Rubinstein y la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas en 42 casos. En este juicio también estuvo imputado el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean, pero falleció durante el proceso, de modo que Smart quedó como el único civil en el banquillo.
La fiscalía reclamó prisión perpetua por tres homicidios calificados y 117 casos de privación ilegal de la libertad agravada para el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, que fue condenado a esa pena en el 2006 por la Justicia federal de La Plata. Shapiro solicitó perpetua para ex el subjefe de la policía Rodolfo Aníbal Campos por siete casos de homicidio calificado y 45 de privación ilegal de la libertad; para el ex chofer de Etchecolatz Hugo Alberto Guallama, por cuatro homicidios y para el ex policía Luis Vicente Patrault por 19 homicidios y 106 casos de privación de la libertad.
La misma pena solicitó para el ex oficial Carlos García por cuatro homicidios; para el ex jefe de la Unidad Regional de La Plata Horacio Luján por siete homicidios; para el ex subjefe de esa dependencia Fernando Svedas por ocho homicidios; para el cabo Norberto Cozzani por cuatro homicidios y para el subcomisario Miguel Kearney por ocho homicidios. En tanto, también recibirían perpetua los ex policías Bernabé Corrales por siete homicidios; Raúl Machuca por ocho casos; para César Argüello por 22 homicidios; Víctor Sita por cinco casos y Omar Grillo por otros nueve casos.
Además pidió 25 años de prisión para el ex médico policial Jorge Bergés por 23 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos y por retención y ocultamiento de un menor de 18 años, y tuvo en cuenta como agravante su condición de médico “en el control de las torturas”. La misma pena le solicitó al tribunal para el ex oficial Eros Tarela y Roberto Antonio Cabrera, mientras que pidió 20 años para Sergio Verduri, 19 a Pedro Ferriole, 20 a Jorge Lencinas, 10 a Domingo Almeida y dos años y medio al ex policía Santiago Antonini.
Fuente:Pagina12
Circuito Camps: la fiscalía pidió perpetua para 15 imputados
Entre quienes recibieron pedidos de máxima pena se encuentra el ex ministro Smart y Etchecolatz, mano derecha de Camps. Solicitaron entre 2 y 25 años de cárcel para otros ocho imputados.
El momento del alegato de la Fiscalía, en el juicio por el Circuito Camps (Foto: Matías Adhemar)
Corresponsal de Tiempo Argentino
En el marco del juicio por el denominado Circuito Camps, los fiscales pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que se condene a 15 imputados a prisión perpetua y a otros ocho a penas de entre dos y 25 años, por la comisión de homicidios, secuestros y apropiaciones de bebés, todos hechos que calificaron como "delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio". Entre quienes recibieron los pedidos máximos de pena se encuentran el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, el civil Jaime Smart, acusado por el asesinato en la mesa de torturas de Jorge Rubinstein, socio de David Graiver; y Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex jefe de policía Ramón Camps. Los fiscales también pidieron que se investiguen los delitos sexuales que surgieron de los testimonios y las complicidades eclesiásticas, civiles y judiciales.
En la misma audiencia alegaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes reclamaron duras condenas por los casos de apropiación de niños y de mujeres embarazadas. Además, un nieto recuperado solicitó desafectar la Comisaría 5ª, donde funcionó un centro clandestino de detención, para convertirla en un sitio de memoria.
Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron a los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela que se condene a la pena de prisión perpetua a Smart, Etchecolatz; al subjefe de la policía Bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos; al ex jefe de la Unidad Regional de La Plata, Elizardo Luján, al ex subcomisario Miguel Kearney y a los policías Vicente Patrault, Fernando Svedas, Rolando Machuca, Julio César Argüello, Vicente Mario Sita, Hugo Alberto Guallama, Norberto Cozzani, Jesús Bernabé Corrales, Carlos "Oso" García y Roberto Omar Grillo.
Asimismo, solicitaron penas de 25 años de prisión para los ex policías Amilcar Tarella y Roberto Cabrera y para el ex médico policial acusado de apropiación y torturas Jorge Antonio Bergés; de 20 años para los ex policías Daniel Jorge Lencinas y Sergio Verduri; de 19 años para Antonio Ferriole y de 10 para Domingo Almeyda. En el caso del policía Santiago Antonini, se pidió una condena de dos años y medio. Antonini está acusado de privar de su libertad a la abuela María Isabel Chorobik de Mariani durante un allanamiento ilegal en su casa, tras el asesinato de su nuera y la sustracción de su nieta Clara Anahí Mariani.
"Damos mucho valor a los dichos de los testigos, sobre todo por la valentía de los testigos por venir a contar esos hechos que padecieron", explicaron Schapiro y Fernández.
La primera de las solicitudes de pena fue para el ex ministro Smart, el mayor responsable vivo del gobierno de facto de la provincia, al que los fiscales consideraron partícipe necesario del homicidio calificado de Jorge Rubinstein, asesinado durante la tortura de Puesto Vasco. También le imputaron las "privaciones ilegales de la libertad agravadas" de 42 personas. En caso de que el TOF1 considere lo reclamado, el acusado podría ser el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
Al final de su alegato, los fiscales destacaron que en el juicio encontraron "elementos de prueba" que permitirían ampliar requerimientos de instrucción en primera instancia, por lo que solicitaron al tribunal "que remita a los juzgados intervinientes, según la causa y los centros clandestinos, los testimonios que se han realizado en el debate sobre abusos sexuales". También pidieron que se investiguen "las posibles complicidades de la iglesia, civiles y judiciales".
"Estamos convencidos de que planificaron detalladamente un genocidio." Con esas palabras, los abogados querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su alegato en el juicio por el denominado Circuito Camps, y detallaron los ocho casos de menores nacidos en cautiverio y apropiados, y los diez casos de mujeres secuestradas embarazadas que aún permanecen desaparecidas. En un alto de la audiencia, el nieto recuperado Leonardo Fossati reclamó que se desafecte la Comisaría Quinta de La Plata, donde fue dado a luz, para transformarla en un sitio de memoria.
Los abogados de Abuelas Emmanuel Lovelli y Coleen Torre detallaron los casos de Silvia Graciela Muñoz, María Delia Garín de De Angelis, Silvia González de Mora, Inés Ortega, Diana Wickli de Martínez, Mirta Manchiola, Elena de la Cuadra, Elsa Cicero de Sobral, Liliana Amalia Galarza, Nora Susana Laspina y Graciela Quesada, todas mujeres embarazadas que fueron secuestradas entre 1976 y 1977 en esos centros y que permanecen desaparecidas.
También detallaron los casos de los niños apropiados Sabino Abdala y María Eugenia Caracoche, y el de Pedro Nadal García, los tres apropiados y luego recuperados por Abuelas. Asimismo, describieron el caso de Fossati, a quien su mamá Inés Ortega dio a luz en la cocina de la Comisaría Quinta y luego fue apropiado.
También recordaron los casos de Clara Anahí Mariani, robada tras el ataque a la casa Mariani Teruggi, donde mataron a su mamá, y de Ana Libertad Baratti De la Cuadra, nacida en la misma seccional platense. Ambas permanecen apropiadas. Por último, se refirieron al secuestro de la nena de 14 años Mónica Santucho, quien fue torturada.
Fossati, que recuperó su identidad el 11 de agosto de 2005, reclamó "la desafectación de la Comisaría Quinta y la creación allí de un sitio de memoria". El joven explicó que "estos edificios que funcionaron como centros clandestinos tienen que estar cuidados y no seguir funcionando como si allí no hubiese sucedido nada". Por eso, adelantó que está trabajando el reclamo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y dijo que se hará "una presentación ante este Tribunal Oral Federal N° 1".
Fuente:Diagonales.
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