A propuesta del presidente del bloque MOVIMIENTO EVITA, Gerardo Rico, la Cámara de Diputados de Santa Fe declara “su más enérgico repudio” a la actuación de la Policía de Misiones, por las torturas y vejámenes sufridos por 138 detenidos –menores incluidos– simpatizantes del Club Rosario Central.
FUNDAMENTOS
En ocasión de cumplirse la 12ª Fecha del Campeonato Nacional B de fútbol, se efectuaba el encuentro entre los clubes Rosario Central y Crucero del Norte de la Provincia de Misiones, en su ciudad capital Posadas.
Las inclemencias climáticas obligaron a la suspensión del encuentro, decisión que fue alargada durante la jornada hasta la confirmación definitiva.
Iniciada la desconcentración de las parcialidades, los simpatizantes de Rosario Central denuncian hostigamiento y agresiones por parte de la parcialidad local, hecho que iba siendo confirmado por los periodistas que cubrían el frustrado encuentro.
Lo que ya avisoraba un final casi dramático, fue la inacción policial y el retiro de sus efectivos que debían custodiar –como es de rigor– a la parcialidad visitante hasta su retiro de la ciudad. Ante estos hechos, los protagonistas de las agresiones y la dirigencia del Club visitante ya en esos momentos denunciaban como “zona liberada” por la policía la zona de desconcentración de la parcialidad de Rosario Central.
Cuando ya ocuparon los visitantes las unidades de transporte y se dirigían a la salida de la capital misionera, 2 de ellas fueron interceptadas por móviles policiales y se procedió a detener a sus ocupantes.
En su traslado a la Comisaría, y durante su permanencia, fueron víctimas de vejámenes, y torturas tanto físicas como sicológicas por parte del personal policial, de lo que tuvo amplia difusión con posterioridad.
El agravante fue la detención de menores sin la debida asistencia que prevén los convenios internacionales y los procedimientos específicos.
Para la liberación debieron participar los dirigentes del Club, autoridades de AFA y un reclamo que se hizo público a través de los medios de difusión.
Se efectuaron las correspondientes denuncias en ámbitos judiciales, y ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Casos como este no deben ser silenciados, y los participantes como representantes del Estado deben ser concretamente investigados y sancionados. El respeto a los derechos individuales y humanos es una política del Estado nacional, y debe ser concretada en todo el territorio nacional. Dentro de lo que denominamos Campaña Nacional contra la violencia institucional, es nuestro deber, como batalla cultural conceptual, destacar estos hechos, y convocar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia de Misiones al esclarecimiento total de los hechos, su investigación y deslindar las responsabilidades como la aplicación de las sanciones correspondientes, para que no se repitan más estos hechos de la Argentina del pasado.
Por Gerardo Rico
Diputado Provincial por el Frente para la Victoria
Miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Evita
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