Por José Maggi
EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION SOBRE LA RELACION DE LA POLICIA CON EL NACOTRAFICO
Los comisarios que terminaron presos
El juez federal Vera Barros ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la detención de dos jefes policiales -el titular de la comisaría 2ª de Rosario y un comisario retirado-, involucrados en la causa del ex jefe policial santafesino Hugo Tognoli.
Por José Maggi
La Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvo a cargo de la detención de los comisarios.Imagen: Andrés Macera
El juez federal Carlos Vera Barros ordenó ayer a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la detención, para su posterior indagatoria, de dos policías, uno de ellos retirado, involucrados en la causa del ex jefe policial santafesino Hugo Tognoli. Se trata del actual jefe de la comisaría 2ª de Rosario, comisario Néstor Fernández -quien tenía una clave de acceso al sistema de identificación de patentes- y del ex comisario mayor Oscar Ledesma, quien en un mensaje de texto indicó que Carlos Ascaíni -un narco de Villa Cañás- tenía un arreglo con Tognoli "por 30 mil pesos por mes".Fernández, estaba a cargo de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) de Venado Tuerto al momento en que la PSA inició la investigación que terminó con la detención de Tognoli. El jefe de la seccional quedó alojado en dependencias de la PSA en el aeropuerto "Islas Malvinas" de Rosario, en el mismo sitio donde está detenido Tognoli.
Según el abogado defensor de Tognoli, Eduardo Jauchen, el comisario Fernández sería el titular de la clave para acceder al Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) que se utilizó con el fin de avisarle al presunto narco Ascaíni que era seguido por automóviles de la PSA.
Ascaíni está detenido y procesado por infracción a la ley de drogas luego de ser detenido en mayo pasado con más de un kilo de cocaína en su automóvil, en un acceso vial de Villa Cañás.
De acuerdo a la investigación de la PSA, antes de ese procedimiento Ascaíni, alias "el Vasco", había logrado escapar de la fuerza federal por un aviso de la policía de Santa Fe.
En cuanto al otro detenido, el comisario mayor (retirado) Ledesma había confirmado ante Rosario/12 el contenido del mensaje de texto en el que indicaba que Tognoli, como jefe de Drogas, había acordado con Ascaíni el pago de 30 mil pesos por mes para permitirle la comercialización de drogas.
El texto es una de las pruebas que la Policía de Seguridad Aeroportuaria aportó a la causa ante la justicia federal. La que recibió ese mensaje es Nilda Luques, quien tenía una hija adicta, motivo por el cual pretendía terminar con los dealers de Venado Tuerto. Recorrió distintos lugares hasta que el comisario Ledesma le dio una lista de vendedores de droga, y el distribuidor de la zona: Ascaíni, el que habría arreglado con Tognoli.
El comisario Ledesma, quien tiene 51 años y está actualmente retirado, explicó el contexto en el que hubo este intercambio de mensajes de texto con Luques. "Conozco a la familia de Nilda desde hace años, y un día que la crucé por la calle en octubre o noviembre de 2011, me hizo un comentario sobre la venta y comercialización de droga en Venado Tuerto y Villa Cañás, y menciona a estas dos personas (se refiere a Ascaíni y Tognoli), versión que había llegado a mis oídos de una manera. Ella me pregunta por mensaje de texto esos dos datos concretos, es lo que dice el mensaje que envié".
"Ella quería denunciar el tema de drogas, no sé qué otros datos más tenía. Y con buen criterio le dije que de mi promoción era el que estaba como jefe de Drogas, que era el comisario Tognoli, y lo que podía hacer es conseguirle el teléfono para que hable con él, porque comanda todo. Y ahí ella me refiere que le había llegado un comentario, el que yo chequeo y lo averiguo, y es verdad que el comentario existía, pero era un rumor: que se vendía droga en Villa Cañás, y que se abonaba esa cifra de 30 mil pesos por mes para hacerlo".
Por otro lado, el juez Vera Barros rechazó ayer la recusación presentada por la defensa de Tognoli contra la fiscal del caso, Liliana Bettiolo. Jauchen había pedido el apartamiento de la fiscal Bettiolo días atrás por no haber llamado a declarar a tres testigos que la defensa considera clave: los comisarios Fernández y Ledesma -ahora detenidos-, y Luques, quien fuera dueña de un prostíbulo de Venado Tuerto. Sin embargo, el juez rechazó el planteó y ratificó la continuidad de Bettiolo como fiscal de la causa. Cabe recordar que entre lunes y martes próximos, Vera Barros definirá la situación procesal de Tognoli.
JEFES DEL COMANDO RADIOLECTRICO
Policías en libertad
Fueron liberados ayer los jefes del Comando Radioeléctrico de Pérez y el subjefe de la sub 18ª, acusados por ocultamiento de prueba y falsificación de documento público, tras un procedimiento en barrio Cabín 9. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción 12º, donde la jueza Mónica Lamperti resolvió ayer la excarcelación de los imputados, acusados por un cabo primero de la subcomisaría 18º de intentar "hacer desaparecer" un teléfono celular secuestrado en un operativo con detenidos, tras un tiroteo cerca de donde aparentemente funcionaba un búnker de venta de drogas.
"No hay peligrosidad procesal ni les caben penas graves", aclaró el abogado de la defensa de uno de ellos, Luis Tomasevich. El lunes por la noche, el cabo acusó a sus susperiores de no querer incluir en el acta de procedimiento un teléfono en el que según él había agendados "números de policías". Ante ello, anteayer la jueza y el fiscal de la causa, Carlos Covani, viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde pidieron colaboración al Centro de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con un software que permite peritar los aparatos "en minutos". De allí se recuperó una agenda y ahora se espera que el cabo señale cuáles son los contactos que le resultaron sospechosos.
Fuente:Rosario12
La defensa de Tognioli
02/11/2012La defensa del ex jefe de la policía de Santa Fe, Eduardo Jauchen, pidió el sobreseimiento y la libertad de Hugo Tognioli por considerar que no existen pruebas de su presunta vinculación con narcotraficantes.
El pedido fue realizado por el abogado Jauchen ante el juez Federal rosarino Carlos Vera Barros, quien en los próximos días deberá resolverlo.
El próximo lunes vence el plazo de 10 días hábiles con los que el juez cuenta para decidir si procesa o no a Tognoli, quien está detenido desde el 21 de octubre pasado, aunque el magistrado puede solicitar una prórroga.
“No hay nada. No hay otra que el sobreseimiento y la libertad porque hay una orfandad absoluta de pruebas”, manifestó este viernes el abogado tras formalizar la presentación.
Jauchen sostuvo “que todas la pruebas que existen en la causa fueron aportadas por la defensa porque de parte del Ministerio Público Fiscal se habían quedado conformes con el informe erróneo”, en referencia al de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Además, para el letrado, “no hay nada que justifique” que Tognoli siga detenido.
La detención fue ordenada por el juez Vera Barros el viernes 19 de octubre pasado y ese mismo día Tognoli renunció a su cargo como jefe de la Policía de Santa Fe.
El domingo siguiente, el 21, tras permanecer casi 48 horas prófugo, el ex jefe policial se presentó ante las autoridades y quedó detenido.
Según Jauchen, “Tognoli se presentó espontáneamente para su detención y no estuvo prófugo”.
El letrado expresó que la demora de casi 48 horas en presentarse ante la Justicia por parte del ex jefe policial se debió a que “estaba engripado”.
“No se había escondido en ningún lado, sino que estaba en su casa enfermo”, aseveró el letrado, al tiempo que agregó que “las autoridades fueron a su casa a notificarlo, pero nadie entró para ver si estaba o no estaba y él estaba en su casa”.
La investigación a Tognoli por su presunta colaboración con el accionar de Carlos “El Vasco” Ascaini, un hombre procesado por narcotráfico, se conoció el 19 del mes pasado cuando la Justicia dispuso su arresto.
Tras quedar detenido, el ex jefe policial negó todos los cargos en su indagatoria ante el juez Vera Barros y la fiscal de la causa, tras lo cual quedó alojado en una sede de la PSA en Fisherton.
Al día siguiente, su defensor solicitó al magistrado que otorgara a Tognoli la excarcelación por considerar que no había elementos para sostener la acusación, aunque el pedido le fue denegado por considerar que existen riesgos procesales como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Ahora, además de pedir su liberación, la defensa de Tognoli reclamó su sobreseimiento.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
Seguridad: aprueban emergencia
Por Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe.- Con los votos del PJ y el PRO la Cámara de Diputados sancionó la ley impulsada por el Senado. La misma permite compras directas e incorporar policías con un semestre de formación. Y pide la depuración de los jefes investigados.
2 nov, 2012
Después de un debate caldeado, donde oficialismo y oposición repartieron culpas acerca de la inseguridad, la Cámara de Diputados sancionó la ley que declara la emergencia en seguridad por un lapso de 18 meses. Para el PJ y el PRO se trata de una herramienta que ayudará al gobierno a intervenir con mayor eficacia tanto en la depuración de la Policía como en el combate al delito; para el Frente Progresista –que votó en contra– no aporta nuevos elementos a la normativa vigente y sólo se trata de un episodio más del proceso de desprestigio de la oposición contra la gestión de Antonio Bonfatti, con el doble objetivo de dañar la imagen del ex gobernador Hermes Binner.
El punto más polémico de la ley establece que el Ejecutivo deberá “ordenar en forma inmediata el apartamiento de todos aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones de conducción y al momento de la puesta en vigencia de esta ley se les haya ordenado una investigación ya sea en el ámbito administrativo o judicial”. Para el socialismo, se pone a toda la Policía bajo sospecha.
Si bien no hubo declaraciones oficiales, se especulaba en los pasillos legislativos que el gobernador vetaría ese artículo antes de promulgar la ley.
El proyecto fue elaborado por el senador justicialista Alberto Crosetti y había recibido media sanción de la Cámara alta el 30 de agosto –antes del caso Tognoli–, pese a los intentos que hizo el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para convencer a los legisladores de que no lo votaran. Y ya tenía preferencia para ser tratado en la Cámara de Diputados cuando estalló el caso Tognoli, lo que motivó al Frente Progresista a acusar a la oposición de “oportunista”.
En la sesión de ayer, la Cámara lo convirtió en ley con 30 votos a favor –todos los sub bloques del PJ y del PRO– y 12 en contra, de los diputados del Frente Progresista. Antes, hubo un extenso debate –casi tres horas– en el cual la oposición y el oficialismo cruzaron reproches y chicanas.
La diputada justicialista Silvia De Césaris, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que se trata de una ley “indispensable” que ayudará a “atravesar la delicada situación que está viviendo la provincia” y enumeró: jefes investigados por enriquecimiento ilícito o por protección al narcotráfico, cajas negras, autogobierno de la Policía. Dijo que la norma equivale a un “programa de seguridad”, pero desde el oficialismo rechazaron esa definición y tildaron la medida de “declamativa”.
De Césaris fundamentó el artículo que ordena una depuración de la Policía: “La emergencia pretende, con las acciones que implemente su autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, la depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones”.
¿Un semestre o dos años?
Otro artículo que generó polémica es el que “facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición”.
Para el socialismo es “un retroceso”, según palabras del diputado Joaquín Blanco, quien defendió el nuevo sistema de formación implementado por el Instituto de Seguridad Pública (Isep), que tiene dos años de duración.
El legislador opinó que un agente con seis meses de preparación no está capacitado para portar un arma y puso como ejemplo las cinco promociones que ya lleva el Isep. Para el socialismo, la mejor estrategia es profundizar esa vía y no achicar los tiempos de formación policial.
La ley de emergencia también ordena hacer las reparaciones edilicias necesarias en dependencias policiales y autoriza al Ejecutivo a “ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales”; asimismo, establece la redistribución de móviles policiales e insta a los magistrados a “la agilización en el dictado de resoluciones a fin de asignar los móviles para incorporarlos al uso de la fuerza”.
La ley incluye la adquisición de equipamiento para la Policía Científica, la compra de tecnología GPS y scanner móviles para detección de drogas, insumos y maquinarias.
Cárceles para todos
La norma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías. En el recinto, el oficialismo rechazó ese punto. “No queda claro cómo se va a implementar”, razonó el radical Julián Galdeano.
Por último, amplía la disponibilidad de fondos para eficientizar las compras para la Policía: eleva el tope de la compra directa de 15 mil a 50 mil pesos y del concurso de precios hasta 150 mil pesos, cuando en la actualidad el tope es de 50 mil.
Para la opositora De Césaris, se trata de “una norma que ayuda al gobierno en estos momentos tan difíciles”, en alusión a la crisis desatada por el caso Tognoli. “No es momento de echarnos culpas; la ciudadanía está exigiendo, de los legisladores y el Poder Ejecutivo, respuestas. Sobre todo del gobierno, que los ciudadanos lo eligieron para que conduzca sus destinos y para vivir en paz. Esta es una herramienta de trabajo que va a depender de la capacidad de quienes la manejen”, cerró De Césaris.
La socialista Inés Bertero cuestionó que la ley “avanza sobre cuestiones que son exclusivas del Poder Ejecutivo” y señaló que “pretende ser un plan de gobierno pero propone la creación de programas cuyo impacto económico nadie conoce porque no pasó por la comisión de Presupuesto de esta cámara”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
LO ANTICIPO EL MINISTRO GALASSI
Se viene el veto
Galassi anticipó que el gobierno analizará "artículo por artículo" la ley sancionada el jueves por la Legislatura, con el voto del PJ y el Pro y el rechazo del socialismo y la UCR. "Si hay invasión de las atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo vamos a vetar", afirmó el ministro. "Si hay normas que invaden las competencias del PE no va a quedar otro camino que el veto. De la misma manera que nosotros no resolvemos por decreto lo que debe resolverse por ley porque eso es facultad del Poder Legislativo, también hay facultades que son indelegables del Ejecutivo".
Dos cláusulas preocupan en la Casa Gris. Una es la que "ordena" apartar "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados (artículo 2, inciso "v"), entre ellos Sola y Romiti. Y la otra, es la creación de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, que tendrá el "control y supervisión" de la ley (artículo 12).
Ya en el debate del jueves, los diputados del Frente Progresista advirtieron que la norma que dispone la purga policial afecta garantías constitucionales. "Una denuncia anónima puede descabezar cualquier cúpula policial de un territorio. ¿Y quién mide si una denuncia es fundada o irresponsable? Porque ante el solo hecho de la sospecha, este artículo obliga al pase a retiro y a la disponibilidad. No es un tema menor", dijo el radical Santiago Mascheroni. Y su colega del socialismo, Inés Bertero, dijo que separar de sus cargos a jefes policiales bajo sospecha pero sin pruebas es "una pena anticipada que afecta el principio de inocencia".
Ayer, el ministro Galassi planteó lo mismo. "Quiero recordar que vivimos en un país que respeta los derechos y las garantías. No puede ser que por cualquier anónimo tengamos que correr funcionarios. En la medida que haya fundamentos, nosotros no necesitamos una ley para pasar a disponibilidad a policías. En lo que va de este año, hemos pasado a disponibilidad a 150 efectivos. No podemos guiarnos por denuncias anónimas", apuntó.
"Se confunde e insiste en la cuestión de que los jefes policiales deben ser separados de la fuerza. Creemos que esto deberß ser administrado en la medida en que estén las denuncias con algún grado de prueba. Porque transformar esto en una caza de brujas no corresponde y tampoco poner a todos los jefes policiales en situación de duda respecto a enriquecimiento ilícito y complicidades. Para eso está la justicia, creemos que la ley no puede avanzar en estas cuestiones de fondo", remarcó la diputada Bertero.
Fuente:Rosario12
El punto más polémico de la ley establece que el Ejecutivo deberá “ordenar en forma inmediata el apartamiento de todos aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones de conducción y al momento de la puesta en vigencia de esta ley se les haya ordenado una investigación ya sea en el ámbito administrativo o judicial”. Para el socialismo, se pone a toda la Policía bajo sospecha.
Si bien no hubo declaraciones oficiales, se especulaba en los pasillos legislativos que el gobernador vetaría ese artículo antes de promulgar la ley.
El proyecto fue elaborado por el senador justicialista Alberto Crosetti y había recibido media sanción de la Cámara alta el 30 de agosto –antes del caso Tognoli–, pese a los intentos que hizo el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para convencer a los legisladores de que no lo votaran. Y ya tenía preferencia para ser tratado en la Cámara de Diputados cuando estalló el caso Tognoli, lo que motivó al Frente Progresista a acusar a la oposición de “oportunista”.
En la sesión de ayer, la Cámara lo convirtió en ley con 30 votos a favor –todos los sub bloques del PJ y del PRO– y 12 en contra, de los diputados del Frente Progresista. Antes, hubo un extenso debate –casi tres horas– en el cual la oposición y el oficialismo cruzaron reproches y chicanas.
La diputada justicialista Silvia De Césaris, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que se trata de una ley “indispensable” que ayudará a “atravesar la delicada situación que está viviendo la provincia” y enumeró: jefes investigados por enriquecimiento ilícito o por protección al narcotráfico, cajas negras, autogobierno de la Policía. Dijo que la norma equivale a un “programa de seguridad”, pero desde el oficialismo rechazaron esa definición y tildaron la medida de “declamativa”.
De Césaris fundamentó el artículo que ordena una depuración de la Policía: “La emergencia pretende, con las acciones que implemente su autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, la depuración de agentes policiales sospechados e investigados, ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones”.
¿Un semestre o dos años?
Otro artículo que generó polémica es el que “facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición”.
Para el socialismo es “un retroceso”, según palabras del diputado Joaquín Blanco, quien defendió el nuevo sistema de formación implementado por el Instituto de Seguridad Pública (Isep), que tiene dos años de duración.
El legislador opinó que un agente con seis meses de preparación no está capacitado para portar un arma y puso como ejemplo las cinco promociones que ya lleva el Isep. Para el socialismo, la mejor estrategia es profundizar esa vía y no achicar los tiempos de formación policial.
La ley de emergencia también ordena hacer las reparaciones edilicias necesarias en dependencias policiales y autoriza al Ejecutivo a “ejercer la acción expropiatoria necesaria a los fines de la adquisición de los inmuebles funcionales”; asimismo, establece la redistribución de móviles policiales e insta a los magistrados a “la agilización en el dictado de resoluciones a fin de asignar los móviles para incorporarlos al uso de la fuerza”.
La ley incluye la adquisición de equipamiento para la Policía Científica, la compra de tecnología GPS y scanner móviles para detección de drogas, insumos y maquinarias.
Cárceles para todos
La norma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías. En el recinto, el oficialismo rechazó ese punto. “No queda claro cómo se va a implementar”, razonó el radical Julián Galdeano.
Por último, amplía la disponibilidad de fondos para eficientizar las compras para la Policía: eleva el tope de la compra directa de 15 mil a 50 mil pesos y del concurso de precios hasta 150 mil pesos, cuando en la actualidad el tope es de 50 mil.
Para la opositora De Césaris, se trata de “una norma que ayuda al gobierno en estos momentos tan difíciles”, en alusión a la crisis desatada por el caso Tognoli. “No es momento de echarnos culpas; la ciudadanía está exigiendo, de los legisladores y el Poder Ejecutivo, respuestas. Sobre todo del gobierno, que los ciudadanos lo eligieron para que conduzca sus destinos y para vivir en paz. Esta es una herramienta de trabajo que va a depender de la capacidad de quienes la manejen”, cerró De Césaris.
La socialista Inés Bertero cuestionó que la ley “avanza sobre cuestiones que son exclusivas del Poder Ejecutivo” y señaló que “pretende ser un plan de gobierno pero propone la creación de programas cuyo impacto económico nadie conoce porque no pasó por la comisión de Presupuesto de esta cámara”.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
LO ANTICIPO EL MINISTRO GALASSI
Se viene el veto
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El gobernador Antonio Bonfatti vetará la ley que declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad. "Si hay normas que invaden las competencias del Poder Ejecutivo no va a quedar otro camino que el veto", anunció el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Una de las cláusulas que más impactó en la Casa Gris es la que ordena remover de sus cargos "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados en sede administrativa o judicial, lo que obligaría a Bonfatti a desplazar al jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola y al subjefe, José Luis Romitti, a quienes la Dirección de Asuntos Internos les abrió un expediente para investigar su patrimonio por una denuncia anónima de supuesto enriquecimiento ilícito. Ambos fueron designados horas después de la renuncia de su antecesor, Hugo Tognoli, hoy preso en una causa por narcotráfico.Galassi anticipó que el gobierno analizará "artículo por artículo" la ley sancionada el jueves por la Legislatura, con el voto del PJ y el Pro y el rechazo del socialismo y la UCR. "Si hay invasión de las atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo vamos a vetar", afirmó el ministro. "Si hay normas que invaden las competencias del PE no va a quedar otro camino que el veto. De la misma manera que nosotros no resolvemos por decreto lo que debe resolverse por ley porque eso es facultad del Poder Legislativo, también hay facultades que son indelegables del Ejecutivo".
Dos cláusulas preocupan en la Casa Gris. Una es la que "ordena" apartar "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados (artículo 2, inciso "v"), entre ellos Sola y Romiti. Y la otra, es la creación de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, que tendrá el "control y supervisión" de la ley (artículo 12).
Ya en el debate del jueves, los diputados del Frente Progresista advirtieron que la norma que dispone la purga policial afecta garantías constitucionales. "Una denuncia anónima puede descabezar cualquier cúpula policial de un territorio. ¿Y quién mide si una denuncia es fundada o irresponsable? Porque ante el solo hecho de la sospecha, este artículo obliga al pase a retiro y a la disponibilidad. No es un tema menor", dijo el radical Santiago Mascheroni. Y su colega del socialismo, Inés Bertero, dijo que separar de sus cargos a jefes policiales bajo sospecha pero sin pruebas es "una pena anticipada que afecta el principio de inocencia".
Ayer, el ministro Galassi planteó lo mismo. "Quiero recordar que vivimos en un país que respeta los derechos y las garantías. No puede ser que por cualquier anónimo tengamos que correr funcionarios. En la medida que haya fundamentos, nosotros no necesitamos una ley para pasar a disponibilidad a policías. En lo que va de este año, hemos pasado a disponibilidad a 150 efectivos. No podemos guiarnos por denuncias anónimas", apuntó.
"Se confunde e insiste en la cuestión de que los jefes policiales deben ser separados de la fuerza. Creemos que esto deberß ser administrado en la medida en que estén las denuncias con algún grado de prueba. Porque transformar esto en una caza de brujas no corresponde y tampoco poner a todos los jefes policiales en situación de duda respecto a enriquecimiento ilícito y complicidades. Para eso está la justicia, creemos que la ley no puede avanzar en estas cuestiones de fondo", remarcó la diputada Bertero.
Fuente:Rosario12
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