Confirman que no hay restoshumanos debajo de Manchalá
Por Elena Corvalan
“Ya no hay excusas para no remover el monumento a Manchalá”. La afirmación del concejal Martín Ávila puede considerarse la síntesis de la información que se conoció ayer. Los peritos de Gendarmería Nacional confirmaron que no hay restos humanos enterrados debajo de la estructura del monumento ubicado sobre la avenida Arenales en la Guarnición Ejército Salta.
El informe de Gendarmería, que realizó una prospección del subsuelo mediante la tecnología Georadar (o radar de subsuelo) con la cual determinó que no hubo movimientos de tierra debajo del monumento, implicaría la extinción de la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Miguel Medina, y ante el fiscal federal Ricardo Toranzos, que tras la aprobación de un pedido para que se demoliera el monumento, iniciaron un proceso de averiguación de una denuncia realizada en febrero de 2011 por la referente de derechos humanos, Nora Leonard, quien informó que había recibido un aviso anónimo sobre la posible existencia de restos de víctimas de la represión estatal debajo del monumento.
Dado que en septiembre pasado el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, indicó que su cartera estaba a la espera de la resolución de este proceso “para actuar en consecuencia”, queda ahora por ver cuál será su determinación.
La remoción del monumento al combate de Manchalá venía siendo reclamada desde tiempo atrás, pero comenzó un trámite formal luego de que, en marzo pasado, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, solicitara a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tramitar ante el Ministerio de Defensa que ordenara retirarlo.
El monumento, ubicado al costado de la avenida Arenales, en el predio del Batallón M5 de Ingeniería de la Guarnición Ejército Salta, es una pirámide en cuya cúspide se recrea un globo terráqueo (en el que la Argentina aparece en rojo) donde se posa un cóndor, una alusión al Plan Cóndor, el operativo conjunto de represión de las dictaduras del Cono Sur.
La definición del CD capitalino fue a instancias de Ávila y se funda en que el conocido como combate de Manchalá se enmarcó en el Operativo Independencia, “cuando una gran parte del Estado, apartándose del bien común objetivo indelegable e irrenunciable de toda organización estadual, inicia actos de terrorismo”.
La iniciativa del CD de Salta tuvo buena recepción en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En junio pasado su titular, Martín Fresneda, y el prosecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, avalaron este pedido con un dictamen en el que abundaron sobre la simbología de esta construcción, “No puede el estado democrático asignar denominaciones honoríficas, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de carácter público, a situaciones que constituyeron una participación activa en la represión ilegal y en el quebrantamiento de la institucionalidad democrática”, añadió la Secretaría.
La Secretaría indicó también que las placas que recuerdan a los conscriptos muertos en Manchalá, deben ser conservadas y trasladadas a otro lugar de la Guarnición.
El megajuicio por delitos de lesa humanidad continuará en 2013
Hoy y mañana se realizarán las dos últimas audiencias de este año en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad. El Tribunal, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y Gabriel Casas, ya informó que el debate continuará en febrero de 2013, probablemente el 4 y 5 de ese mes. Y se seguirá escuchando testimonios.
También hoy y mañana habrá testimoniales, sobre la causa por los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta que fueron desaparecidos y en relación a otros hechos.
Este juicio comenzó el 21 de mayo, entonces eran 20 los acusados; en el transcurso quedaron 18: los militares (o ex militares en el caso de las que ya cuentan con condenas) Carlos Alberto Mulhall (condenado por Palomitas y Ragone), Miguel Gentil (condenado por las mismas causas), Héctor Ríos Ereñú, Joaquín Cornejo Alemán, Virtom Modesto Mendíaz, Marcelo Diego Gatto, Fernando Antonio Chaín, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa. El ex comisario Joaquín Guil (condenado por Palomitas y Ragone); los comisarios retirados Raúl Toledano, Felipe Caucotta, Julio Oscar Correa, Ramón Jacinto Vivas y Víctor Hugo Almirón; el subcomisario Mario Reinaldo Pachao; el ex federal y guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, y el civil Juan Manuel Ovalle. En julio el comisario Roberto Puertas fue separado del juicio debido a que padeció un accidente cerebro vascular; luego falleció el comisario Abel Vicente Murúa.
En el proceso trata sobre crímenes cometidos contra 34 personas, entre 1975 y 1978. De ellos solo 4 salieron con vida de la represión: Aldo Víctor Bellandi, militante peronista, chofer del ex gobernador Miguel Ragone, que fue detenido el 1 de abril de 1976. Pablo Salomón Ríos también era peronista, llegó a senador y era dirigente del Sindicato Vitivinícola en Cafayate. Juana Isabel López militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo brazo armado era el ERP, en Metán. Fue detenida en esa ciudad y traída a las cercanías de Salta, donde fue torturada. El otro que sobrevivió fue Ernesto Mamaní, detenido el 26 de marzo de 1976 porque aún guardaba un boleto del viaje a Buenos Aires, para esperar a Perón, en aquel acto que terminó en la Masacre de Ezeiza.
En el tratamiento de los crímenes cometidos contra las otras 30 víctimas, el juicio viene repasando, con altibajos, la historia política salteña desde comienzos de la década del 70. Una vez más se demuestra (como ya ocurrió en el juicio por la desaparición de Ragone) que en la provincia el terrorismo paraestatal y estatal comenzó mucho antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
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