DESAPARECIDO LUCIANO ARRUGA: GIRO EN EL CASO.

EL JUEZ DEL CASO PUSO EN LA MIRA AL PERSONAL DE UN DESTACAMENTO DE LA POLICIA BONAERENSE

Giro en el caso de la desaparición de Luciano

El juez Gustavo Banco aceptó el pedido de los abogados del CELS y APDH, hace 12 días. Ya no se investiga “averiguación de paradero” sino “desaparición forzada”. El expediente pasó a la Justicia Federal, que debe decidir si lo acepta.

Por Horacio Cecchi

El 27 de diciembre se realizó una conferencia del CELS sobre el caso Arruga, a cargo de Horacio Verbitsky.Imagen: Bernardino Avila

Cuatro años después de la desaparición de Luciano Arruga, la Justicia reconoció que debía abandonar la hipótesis de que el chico se fugó de su casa (carátula de averiguación de paradero) y que debía aplicarse a la investigación de la desaparición forzada vinculada con la actuación de policías bonaerenses. 

Una resolución del juez Gustavo Banco, juez de Garantías de la causa, aceptó el pedido de los familiares del joven –anunciado en conferencia de prensa el 27 de diciembre pasado– y resolvió cambiar la carátula y declinar su competencia a favor de un juez federal de Morón. La resolución fue informada un día después de la detención del oficial de la Bonaerense, Julio Diego Torales –acusado de torturar a Luciano Arruga meses antes de su desaparición–. El caso apareció a la luz pública por primera vez en marzo de 2009, publicado por Página/12.

La resolución del juez de Garantías 5 de Morón, Gustavo Banco, fue firmada el viernes 4 de enero, un día después de que él mismo concediera a los fiscales Cejas y Arribas la detención del oficial Torales. El trámite de Asuntos Internos, oficina encargada de la detención, dependiente del ministro Ricardo Casal, demoró mucho más que la inmediatez mediática con que se resuelve cualquier megaoperativo a una villa: Torales recién fue detenido el 7 por la noche en la propia Comisaría de Laferrere donde venía cumpliendo sus funciones de servidor público.

El escrito del juez inicia su resolución fundamentado en la declinatoria de competencia pedida por los abogados que representan a los familiares de Luciano Arruga luego de la conferencia de prensa realizada el 27 de diciembre pasado en la sede del CELS. El pedido se apoyó en un caso semejante, el de desaparición forzada de Iván Torres, a manos de la policía de Chubut, que también pasó a jurisdicción federal, liberando la investigación, de alguna manera, del lobby de las redes locales del poder policial.

Antes de resolver, el juez pasó el expediente a la fiscalía y ésta coincidió con el cambio a la Justicia Federal, como ya lo había aconsejado en 2010 la fiscal Cejas, claro que con diferencias de criterio con la familia en cómo valorar las pruebas.

De inmediato, el juez recuerda que “la investigación mencionada permitió conocer la existencia de episodios anteriores que tuvieron como protagonistas a Luciano Arruga y a personal policial del Destacamento de Lomas del Mirador, tales como la aprehensión anterior del mismo por un supuesto hecho delictivo, la presunta relación que habría mantenido con el policía de apellido Casas, la adulteración y falta de registro de novedades en el Libro de Guardia, hasta la presunta ‘contratación’ por policías o personas afines a ellos para la comisión de delitos por la zona”.

Casas es un uniformado ya mencionado en otra causa derivada de la causa principal y de la que se infiere, para los familiares, que bien podría haber sido la bisagra con el reclutamiento y las presiones sobre Luciano. “De esa causa surge que Luciano tenía una relación de hostigamiento con Casas”, dijo a este diario la abogada del CELS, Paula Litvachky.

Por otro lado, Banco recuerda que existen contradicciones en la causa, y menciona algunas: no está claro el recorrido de Luciano después de dejar a sus amigos, si es que pasa por la estación de servicio de Mosconi y Avellaneda (donde los bonaerenses tenían su parada y donde Luciano acudía a cambiarse muchas veces) o si es que se dirige a su casa antes de dirigirse a lo de Vanesa. Tampoco son claros los datos que mencionan a los patrulleros 12806 y 35725, que son los que se detienen durante dos horas en el monte Dorrego, fuera de su recorrido. Otras pruebas contradictorias o no aclaradas son el libro de guardia fraguado y el destacamento que fue puntillosamente lavado.

De todos modos, las declaraciones de los amigos de Luciano le permiten a Banco inferir “cierta habitualidad de los funcionarios policiales en practicar ‘demoras’ injustificadas u hostigamiento a Luciano” y lo llevan a juzgar “la adecuación legal de los hechos investigados bajo la figura de Desaparición Forzada de Personas”.

Banco sostiene que “transcurridos cuatro años de la desaparición de Luciano”, las hipótesis alternativas, que son las que sostenían la carátula de averiguación de paradero, no pudieron ser descartadas por falta de incorporación de pruebas. “Sólo queda desde la óptica del Estado la hipótesis de participación de funcionarios públicos, que califican bajo la figura de desaparición forzada de personas.”

El cambio de carátula llevó casi automáticamente a decidir el traslado a la jurisdicción federal. Para ello, Banco trajo el caso de Iván Torres en el que finalmente la Corte Suprema dispuso el traslado a la Justicia Federal luego de calificarlo como Desaparición Forzada de Persona. También recordó que ahora la desaparición forzada figura en el Código Penal (9 de mayo de 2011) y que los diputados se basaron en los casos de Iván Torres y Luciano Arruga para sancionarla. Y en diciembre de ese año, el delito se trasladó por ley a la Justicia Federal.

JUAN MANUEL COMBI, ABOGADO DE APDH

“Fruto de la lucha”

Por Emilio Ruchansky

Las vacaciones de Juan Manuel Combi fueron interrumpidas por las novedades del caso Arruga. “Hace dos días que no paro de hablar por teléfono”, comenta este abogado desde las playas de Villa Gesell, donde se encontró con amigos de Luciano. Combi viene siguiendo el caso desde hace casi cuatro años, como integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. “El cambio del fuero ordinario al federal es algo que llega tarde y es muy importante porque es fruto de una larga lucha de la familia Arruga”, afirma el letrado.

–En 2010 también hubo una posibilidad de que el caso pase a la Justicia Federal pero se frustró. ¿Cómo surgió ese pedido?
–En su momento pedimos que se investigue la privación ilegítima de libertad porque todavía no existía la figura penal de desaparición forzada pero sí estaba clara la hipótesis policial en el caso. No solicitamos otro fuero pero la fiscal (Celia Cejas) sugirió que la causa vaya a fuero federal pero el juez (Gustavo Banco) entendió que era competente. Nosotros solo queríamos que no se instruyera por “averiguación de paradero” pero la competencia federal estaba implícita porque sostuvimos que se trataba de privación ilegítima de libertad con personal policial implicado, todo encuadrado en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

–Es técnicamente similar al caso de Julio López o de Iván Torres, como se advierte en el fallo que acaba de salir.
–El tipo penal es privación ilegítima de libertad pero la carátula es por desaparición forzada, es una excepción que se hizo en los juicios de lesa humanidad. La carátula es para encuadrar el caso y la investigación penal. Lo mismo pasa con la “averiguación de causales de muerte” en un suicidio. Ese no es un tipo penal porque después el hecho puede terminar en una imputación de homicidio simple. En nuestro caso, la desaparición funciona como carátula, no como imputación, porque por el momento no hay imputados. Ojo, que la Justicia Federal puede rechazar esta causa y tendría que resolver el tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

–Luego de la detención del policía Diego Torales, esta es la segunda noticia importante del caso, luego de cuatro años. ¿Cómo la recibió?
–Me había tomado 10 días de licencia y hace dos que no paro de hablar por teléfono. Era algo que yo esperaba hace mucho tiempo como abogado, casi como miembro de la familia Arruga y como militante de los derechos humanos. Y es producto de la larga lucha de la familia y sobre todo de Vanesa (Orieta, hermana de Luciano). Ojalá se reproduzcan miles de Vanesas y miles como sus amigos porque muchas veces en los barrios, las familias carentes de recursos no llegan a hacer nada ante estos casos. La Justicia tiene que escuchar a los pibes del barrio, que militan, que están ahí. Luciano no está perdido, acá se denunció una problemática y hay que hacer algo, hoy por primera vez nos escuchan.

PAULA LITVACHKY, ABOGADA DEL CELS

“La pista policial”

Por Emilio Ruchansky

Paula Litvachky es la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que junto a la APDH de La Matanza representa a los particulares damnificados por la desaparición de Luciano Arruga. “Se empiezan a ver resultados que eran muy esperados pero esto no quiere decir que haya voluntad política del gobierno bonaerense de desarmar las estructuras espurias de la Policía Bonaerense”, aclara esta abogada.

–A su entender ¿qué pasos debería seguir en adelante la causa si es tomada en el fuero federal?
–Creo que primero se tiene que fijar una estrategia de investigación sobre la base de la hipótesis policial, que viene confirmada con la resolución del juez provincial (Gustavo Banco), y buscar que se rompa el pacto de silencio en torno del caso. También hace falta mostrar, con pruebas sostenibles luego en un juicio, los últimos momento de Luciano, qué fue lo que pasó. Hay otra cuestión pendiente: una investigación sobre los indicios y pruebas que existen, porque no se profundizaron. Y pedir cruces de llamados. Nosotros vamos a pedir medidas pero no podemos adelantarlas. Por otro lado, es un problema que hayan pasado cuatro años.

–La detención del policía Diego Torales por las torturas anteriores y este cambio de fuero son mensajes tardíos pero importantes.
–Por ahora los mensajes son judiciales, se avanzó con la investigación con demoras. Hay que esperar. Son mensajes importantes, simbólicos, los primeros elementos que dan fuerza y crédito a lo que se viene denunciando hace cuatro años, pero no es un mensaje del gobierno bonaerense ni su Ministerio de Seguridad y Justicia, porque siguen ciertas lógicas y redes de ilegalidad que se dan en la Policía Bonaerense. Lo de Torales es la reacción a la presión fuerte en el último tiempo y la visibilidad del caso.

–¿Cuáles son indicios para profundizar sobre la hipótesis policial?
–Hay elementos objetivos en la causa de la persecución y hostigamiento contra Luciano. Están los libros de acta fraguados, la policía limpió con lavandina el destacamento donde estuvo él y había móviles policiales que no tenían que estar donde estaban. Que el juez mencione estos indicios cuatro años después es una vergüenza. ¿Por qué no se iniciaron las actuaciones administrativas antes y se profundizó la investigación? Este caso deja a la vista la inercia y inacción judicial.

–¿Qué rol le cabe al gobierno provincial?
–El gobierno tiene que exonerar a los ocho policías que estaban en la seccional la noche de la desaparición y dar cuenta de qué va a hacer en términos funcionales con la policía, cómo la va a controlar si no funcionan los GPS, no se registra la entrada y salida de móviles. Si había relaciones espurias entre los jóvenes de los barrios y los oficiales falta una respuesta que no se limite a este caso sino que implique la intervención directa en algunas jurisdicciones.

Fuente:Pagina12