El año de los megajuicios
Hay 378 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Este año hubo un cambio en la lógica de los juicios, que comenzaron a incluir más acusados y más hechos investigados.Las responsabilidades civiles y los delitos de violencia de género. Los pendientes.
Por Victoria Ginzberg
Imagen: Télam
Durante 2012 se produjeron 134 condenas por delitos de lesa humanidad, lo que hizo que los represores condenados hasta ahora sumen 378. En estos momentos hay 232 acusados con juicios orales en trámite y 1013 procesados. En términos de cifras, se trata de un balance positivo. Pero más allá del crecimiento cuantitativo, 2012 fue el año en que se produjo un cambio cualitativo en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado: comenzaron a realizarse los llamados “megajuicios”, es decir, procesos que involucran importantes cantidades de acusados y también de casos analizados, o sea, de víctimas. Los más grandes están actualmente en trámite. Son los de la ESMA, en Buenos Aires; La Perla, en Córdoba, y Arsenales y Jefatura de Inteligencia, en Tucumán. Entre los tres reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados.
Hay decisiones vinculadas con la administración de Justicia que no son celebradas o valoradas de inmediato, ya que sus efectos no se ven de un día para el otro. Eso pasó con la acordada que la Cámara de Casación Penal firmó a principios de 2012, en la que se establecieron “reglas prácticas” para agilizar los juicios contra los represores. El propósito de ese documento fue impedir la reiteración de testigos y pruebas, promover la acumulación de casos y evitar que se debatan hechos que ya están fuera de discusión, como la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas durante la última dictadura. De esta forma, el máximo tribunal penal del país –que había sido uno de los principales obstáculos para el avance de estos procesos cuando se reinició el proceso de juzgamiento (lo encabezaba el ahora abogado defensor de represores Alfredo Bisordi)– acusó recibo de demandas de organismos de derechos humanos, abogados y fiscales y se convirtió en dinamizador de los juicios.
“Este año terminaron juicios grandes, como el de Bahía Blanca; el del Circuito Camps, en La Plata; y comenzaron otros como ESMA, La Perla y el juicio de Tucumán. Lograr este tipo de juicios fue y sigue siendo uno de los objetivos centrales de la Unidad Fiscal. En este sentido, 2012 fue un año donde se dio un salto de calidad. Para ponerlo en cifras, mientras que en 2011 hubo 193 personas sentadas en el banquillo, en 2012 hubo 383, es decir, el doble. La idea de juzgar juntos los hechos que están vinculados entre sí es un principio que apunta a lograr una mejor reconstrucción histórica, dado que permite, por un lado, valorar correctamente pruebas (testimonios, documentos, etc.) que, seguramente, no tendrían la misma relevancia si se las considerara aisladamente (no es lo mismo un testimonio corroborado por otros que se refieren al mismo hecho o que confirman cierto contexto) y, por otro, permite dimensionar el fenómeno que estamos juzgando: no son hechos aislados, sino una maquinaria de terror”, señala a Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
El criterio es compartido también por los abogados de organismos de derechos. “Los juicios de este tipo permiten acelerar los procesos en los casos de los lugares con mayor densidad de casos e imputados. Reducen la reiteración de testimonios, permiten dimensionar en su real magnitud lo sucedido, aparecen las complicidades civiles y minimizan las dificultades probatorias que suelen darse cuando los hechos se juzgan sin el contexto adecuado. Tienen también un mayor efecto social, que permite una discusión más amplia sobre los efectos de la dictadura”, dice Guadalupe Godoy, del colectivo Justicia Ya. Godoy señala, además, que los grandes procesos “evitan la aplicación de distintos criterios probatorios o de autoría en casos similares” y cita el ejemplo de Pedro Guerrero, un ex guardia del Servicio Penitenciario bonaerense que estaba prófugo cuando se realizó el juicio sobre la Unidad 9 de La Plata, fue juzgado después, resultó absuelto por casos que en el otro juicio estaban probados y recibió menos penas que sus subordinados, que fueron condenados antes. La abogada admite que en juicios que se prolongan en el tiempo existe el riesgo de que algunos acusados se mueran en el medio, como ocurrió con el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean en el juicio por el Circuito Camps, pero a más de 35 años de ocurridos los hechos, la posibilidad de que los represores que aún no fueron condenados fallezcan, está siempre latente.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, coincide en que “los juicios más grandes son más virtuosos para reforzar el sentido de justicia. Una vez concluidos, podremos pensar que los hechos cometidos en determinado centro clandestino de detención o zona represiva ya fueron sancionados y no se mantienen impunes”. Y agrega que “los juicios también suelen ser muy desgastantes emocionalmente para los sobrevivientes y familiares, así que también permitirán evitar o reducir la posibilidad de reeditar ese desgaste en el futuro. Por último, implican un mejor aprovechamiento de recursos del Poder Judicial, tanto materiales como humanos, y permiten a los tribunales planificar su tarea”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Varsky y Lorena Balardini acuerdan en que hubo un “problema inicial de organización del proceso en donde predominó el juzgamiento por goteo, que redundó no sólo en una administración deficiente de los recursos de la Justicia, sino además en que no podía dimensionarse claramente la idea de sistematicidad de los crímenes mientras se juzgaran hechos aislados sin conexidad, como si fueran causas por delitos penales ordinarios”. Pero aclaran que juicios “chicos” no necesariamente son juicios “cortos”: “Para que los juicios demoren lo menos posible, el tamaño de la causa no es lo principal, lo principal es instrumentar medidas para agilizar el proceso.” Como ejemplo, mencionan que el segundo juicio sobre la ESMA (si se cuenta el que se inició contra el prefecto Héctor Febres como el primero) era menos de un tercio de ESMA III –que acaba de comenzar– en términos de cantidad de víctimas, imputados y testigos, y gracias a criterios coherentes de organización, en este último se redujo significativamente el tiempo de lectura de los requerimientos.
“Las megacausas son una ventaja desde el punto de vista jurídico, pero también histórico y social. Le dan otra entidad al juzgamiento, avanzan en obtener una justicia más abarcativa. Y con los criterios de organización bien definidos, que es esencial sostener en el tiempo, terminan siendo justicia más pronto también. Además se evita la ultraexposición de los testigos. Un gran número de sobrevivientes, ante la perspectiva de un ESMA IV, V, VI y VII, sin la posibilidad de incorporar los videos, como era el panorama previo a las reglas de Casación, no hubieran accedido a volver a declarar, de acuerdo con lo que ellos mismos expresaban. Las reglas de Casación han avanzado en ese sentido, pero todavía falta; hay cuestiones prácticas a resolver todo el tiempo y los tribunales tienen que estar atentos a estas cuestiones: el traslado de los detenidos, la organización eficiente de las audiencias testimoniales, la resolución de planteos de las partes, todo esto tiene que ser organizado con fluidez y en forma sostenida durante los años que dure el juicio para que efectivamente sea más eficiente la acumulación que el juzgamiento fragmentado. Por otro lado hay que sostener el trabajo y la presencia, que en juicios muy largos es más complejo”, aportan Varsky y Balardini.
Avances y pendientes
Junto con el avance en la cantidad y calidad de los juicios, en 2012 hubo un progreso en las investigaciones sobre la participación de civiles en delitos de lesa humanidad. En este sentido, este diario describió, en marzo de 2012, ante la inminencia del 36º aniversario del golpe de Estado, cómo las investigaciones empezaban a indagar sobre el poder económico detrás del poder militar. El procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, fue el hecho más significativo en esa dirección. La condena de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense durante el terrorismo de Estado, marcó también el inicio de un largo recorrido que debería abarcar en el futuro pesquisas más profundas sobre otros sectores de la sociedad civil, como jueces y religiosos. Otros grandes hitos del año que acaba de terminar fueron la condena a nueve represores, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla, por el plan sistemático de apropiación de niños, y la visibilización de los crímenes de violencia sexual como delitos de lesa humanidad. “La apropiación de niños fue un elemento distintivo del terrorismo de Estado argentino, un diferencial, que hasta ahora no era reconocido como tal por la Justicia e incluso había sido tácitamente negado en el Juicio a las Juntas”, señala Iud.
“El juzgamiento a civiles es sin duda uno de los logros de este año, no sólo en la causa Ledesma sino en varias jurisdicciones del país donde se ha pedido que se avance en investigar la complicidad de miembros de los grupos económicos. Loma Negra, La Nueva Provincia y Ford son, junto con el procesamiento a Blaquier y (Alberto) Lemos (ex gerente de Ledesma), los avances más significativos este año en este tema”, aseguran Varsky y Balardini. Como tarea pendiente de la Justicia, destacan la confirmación de las sentencias: “Durante 2012 Casación confirmó al menos 19 sentencias, más que todas las que confirmó durante el período 2007-2011, pero la reactivación de Casación no ha sido replicada en la Corte. Cada vez más imputados con condena no firme fallecen impidiendo no sólo que cierre el ciclo de la Justicia sino la formación de jurisprudencia que sea un aporte para el futuro. Como ejemplo está el caso de (el suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio) Molina, único condenado por violación sexual como delito de lesa humanidad que murió en 2012 y su condena sólo había sido confirmada por Casación. A menos que se agilicen los tiempos de la Corte, esto comenzará a pasar cada vez con más frecuencia. Estas causas tienen un punto final biológico y tantos esfuerzos serán en vano si las sentencias no son confirmadas”.
Para Parenti, entre los temas que merecen atención, están “el control de las prisiones domiciliarias, las condiciones para una correcta atención de los testigos-víctimas y algo que es fundamental: es imperioso acortar los tiempos que duran los juicios. Tenemos más de 1000 procesados. Juzgar todo esto requiere un cambio de paradigma en cuanto a la organización de los juicios, cuestión que no puede quedar librada simplemente al arbitrio de cada tribunal. Las ‘reglas prácticas’ que dictó la Cámara de Casación son un buen paso, pero hace falta que la agenda de los juicios y el ritmo de las audiencias sean definidas con pautas claras y mecanismos de controles”.
Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, también apunta en la columna del debe el efectivo cumplimiento de las prisiones preventivas, sobre todo de los arrestos domiciliarios, y le agrega el control de los embargos y el avance en serio sobre las “complicidades civiles”.
Desde Abuelas, Iud coincide en que “sigue pendiente profundizar las investigaciones sobre la complicidad civil, judicial y eclasiástica” y destaca que “también hay que incrementar la publicidad de los juicios y la investigación sobre los autores directos de la mayoría de los crímenes, por ejemplo las patotas o los interrogadores, ya que en la mayoría de los procesos, los imputados son los jefes de la zona represiva y algunos pocos ejecutores de propia mano”. En ese sentido, propone que “los jueces de instrucción prioricen la identificación de más represores por sobre continuar juzgando a aquellos generales y comandantes que ya están condenados”.
Agrega que “en lo que tiene que ver con la tarea específica de Abuelas, el año próximo será una gran oportunidad para que la Justicia mejore sus históricas deficiencias en la investigación de la apropiación de niños, a partir de la creación de una Unidad especial en el Ministerio Público Fiscal”.
Godoy, de Justicia Ya, destaca como lo positivo de este año la consolidación del enfoque sociológico del genocidio a nivel judicial, pero señala que muchos jueces de instrucción todavía tienen resistencia a acumular las causas y prefieren investigar hechos “aislados”. Afirma que hay “prácticas de selectividad no declaradas” sobre a quiénes imputar y a quiénes no: “En La Plata hay cientos de policías, militares, civiles y religiosos con requerimientos de instrucción desde hace años sin que los jueces se decidan citarlos a indagar”. Lo que queda pendiente, dice, es “vencer las resistencias del Poder Judicial para llevar adelante estos juicios, la lógica corporativa que lo sustenta se transforma en un obstáculo para el avance”.
El año en números
Los números del año, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado: durante 2012 finalizaron 24 juicios –22 orales y 2 escritos– en los que se condenó a 134 imputados (111 de ellos fueron condenados por primera vez, dado que no registraban condenas anteriores) y se absolvió a otros 17. Desde el regreso de la democracia hasta el presente, se ha juzgado a 422 personas (juicios concluidos), de las cuales 378 fueron condenadas y 44 resultaron absueltas. El año 2012 fue el que aportó un mayor número de nuevos condenados (111). El año termina con 13 juicios en marcha, en los que se juzga a 232 acusados en relación con los casos de más de 1800 víctimas.
Fuente:Pagina12
Uno de los juicios más grandes y emblemáticos que comenzó en noviembre fue el que reúne todas las atrocidades cometidas en la hoy desactivada Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que tenía la marina de guerra en la ciudad de Buenos Aires y por donde pasaron unos 5.000 prisioneros. En 2007 había sido elevado a juicio oral el caso de un solo acusado de la ESMA, el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en vísperas del veredicto. En 2011 fueron condenados otros 16 represores de ese centro en un segundo juicio. Pero el proceso de este año sentó en el banquillo a 68 imputados, entre ellos seis ex oficiales que pilotaron aviones en los “vuelos de la muerte”, como se llamó al transporte aéreo de detenidos que eran arrojados vivos al Río de la Plata o al océano Atlántico.
En ese proceso actualmente en curso, identificado por el tribunal como causa “ESMA unificada”, se está enjuiciado a ese más vasto número de represores por delitos cometidos contra 796 víctimas, una cantidad acumulada sin precedentes.
A comienzos de este mes arrancó en la provincia central de Córdoba otro proceso a gran escala en el que se unieron 16 expedientes contra 46 represores y por 450 víctimas. Este juicio, como el de la ESMA, culminará en 2013.
El tercer juicio oral de gran magnitud que comenzó en las últimas semanas de este año se tramita en la noroccidental provincia de Tucumán, con 43 acusados y 235 víctimas. La justicia unificó los casos de detenidos en dos grandes centros de detención. Finalizó esta semana con 23 condenas, 16 de ellas a cadena perpetua, el juicio contra represores de la oriental provincia de Buenos Aires, que aglutinó los casos de 280 víctimas en seis prisiones ilegales, en un proceso llamado Circuito Camps, por el nombre del entonces jefe de la policía del distrito, el ya fallecido Ramón Camps.
Según datos de la Unidad Fiscal, actualmente están en curso 20 juicios por delitos de lesa humanidad. “Hasta 2008 solo había 70 condenados y ahora ya hay 339″ hasta noviembre, detalló Parenti. No obstante, el fiscal no está conforme con el ritmo de los procesos. “Se avanza, pero ojo con creer que ya está. Falta mucho, tenemos casi 1.000 procesados y, si bien se están haciendo juicios más grandes, el ritmo deja mucho que desear. Hay procesos con audiencias dos veces por semana”, protestó.
Parenti remarcó que la acumulación de causas sirve para dar a la cosa juzgada una visibilidad más acorde al delito. “Al ver el conjunto y no las partes sueltas, se pone en escena la magnitud del terrorismo de Estado“, subrayó. El fiscal consideró que la suma de casos también ayuda a reconstruir el fenómeno en un contexto amplio. “No es lo mismo acusar a 50 que a uno o dos”. La valoración de la prueba se vuelve, además, más sencilla con más casos que refuerzan testimonios.
La Unidad se apoyó mucho también en una serie de reglas prácticas fijadas este año por la Cámara de Casación Penal para agilizar juicios complejos, con muchas víctimas. Esas reglas recomiendan cómo proceder. Una de las cuestiones en las que más se insiste es en el traslado de prueba a través de versiones en video, de manera de no revictimizar a testigos y sobrevivientes que están declarando una y otra vez en múltiples causas desde hace más de tres décadas.
En otro orden, el fiscal mencionó que está preocupado por la falta de control eficaz sobre los condenados con prisión domiciliaria por razones de edad o enfermedad –38 por ciento del total de condenados- que suelen ser vistos en la calle en salidas que no cuentan con el debido permiso.
Por último, mencionó que, si bien “se agilizó un poco” el proceso de revisión de sentencias, aún son pocas las que quedan firmes. De 339 condenados, solo a 50 no le quedan instancias de apelación, mientras que el resto aguarda la confirmación, en algunos casos desde 2009. “Ese es otro gran desafío en el que tenemos que trabajar. Para que una vez finalizado el juicio oral, la sentencia definitiva, que debe venir de instancias superiores, llegue lo antes posible”, definió.
Fuente:http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/argentina-ha-juzgado-a-casi-400-represores-en-2012.html
Juicio al infierno
Crónica completa del día en el que los aparecidos celebran las condenas de ex militares argentinos por los crímenes del ESMA después de 30 años de impunidad. ”Sabemos que estamos condenando a los más feroces. Faltan los civiles, los jueces cómplices. Y encontrar 400 nietos”.
Comienza el juicio a represores argentinos por delitos contra la Humanidad
El Tribunal Oral Federal 5 comenzó a juzgar a integrantes de la Marina y fuerzas de seguridad que operaban en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. El juicio es emblemático por reunir los crímenes del periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas desaparecidas en Argentina, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y otras 79 víctimas.
Fuente:AgenciaPulsar
La política de verdad y justicia llegó a los responsables civiles del golpe
Desde empresarios hasta miembros del Poder Judicial. Con la condena a Jaime Lamont Smart, por primera vez se encontró culpable por delitos de lesa humanidad a un funcionario civil. La causa Papel Prensa y los expedientes demorados.
Por: Gerardo Aranguren
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El 2012 fue el año en que consolidó en la justicia la investigación de los civiles partícipes o cómplices de la última dictadura. Con la condena a prisión perpetua del ex ministro de Gobierno de las provincia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, por primera vez se encontró culpable por delitos de lesa humanidad a un funcionario civil, un proceso que ya avanza en relación a empresarios y funcionarios judiciales.
Según los archivos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, hay unos 70 civiles procesados o condenados por su participación en el terrorismo de Estado.
Mientras ya son investigados sectores económicos –ejemplos de esto son la causa Papel Prensa, el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y las causas abiertas contra jueces y fiscales de todo el país–, hay apenas diez personas que tuvieron algún cargo en los Ejecutivos nacionales, provinciales o municipales que están procesados, a los que se suman seis funcionarios universitarios investigados como integrantes de la CNU de Mar del Plata.
Un paso en ese sentido fue dado en la semana por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que condenó a Smart pero también ordenó la detención de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la dictadura, y pidió investigar por los secuestros que sufrieron la familia Graiver y Papaleo en el caso Papel Prensa a un grupo de dirigentes civiles que integraron el gobierno nacional y provincial durante el terrorismo de Estado.
En la lista se encuentran Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de la dictadura; el ex subsecretario de Gobierno bonaerense, Juan María Torino Olivieri, el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Justicia de la provincia, y el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich.
La investigación de este grupo de ex funcionarios se suma a los pocos civiles que ya han sido procesados por la justicia. Es el caso del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su secretario de Hacienda, Juan Alemann.
Este último comenzó a ser juzgado semanas atrás en el megajuicio de la ESMA, donde deberá responder como coautor de tormentos cometidos a Orlando Antonio Ruiz, secuestrado en ese centro clandestino a mediados de 1980. Alemann fue visto allí por sobrevivientes, quienes declararon que participó del interrogatorio al detenido para conocer si había sido parte de un atentado en su contra en 1979.
Su ex jefe, Martínez de Hoz, también se encuentra procesado junto al dictador Jorge Rafael Videla y Albano Haguindeguy por el secuestro extorsivo de Federico y Miguel Gutheim. Por esa causa actualmente está preso en su departamento del edificio Kavanagh, con prisión domiciliaria.
Según pudo determinar la justicia, los Gutheim, titulares de una empresa algodonera, estuvieron secuestrados entre noviembre de 1976 y abril de 1977, y fueron forzados a mantener reuniones con empresarios ingleses y chinos, y a firmar acuerdos comerciales en los que estaba interesado Martínez de Hoz.
Otro ex funcionario de esa cartera que será investigado es Guillermo Walter Klein, quien fuera secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica. Así lo solicitó la fiscalía en el alegato de la causa por la que fue condenado este viernes Héctor Pedro Vergez, ya que aparecieron testimonios que lo vinculan con el secuestro de Juan Carlos Casariego de Bell, un alto funcionario del ministerio que permanece desaparecido.
Otro que aparece complicado es el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal. Si bien el expediente fue cerrado, recientemente Reynal fue citado por la Cámara Federal porteña a una audiencia para decidir si se reabre la causa por la liquidación del Banco Latinoamericano, previo secuestro de su titular, Eduardo Saiegh, en 1980.
En la localidad santafecina de San Lorenzo, Pedro "Pili" Rodríguez, ex director de asuntos jurídicos en la municipalidad durante la dictadura, permanece procesado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y tormentos de Manuel Casado, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de esa localidad. Su caso llegará a juicio el año próximo.
Otro caso paradigmático de la represión donde se encuentra imputado un funcionario civil es la causa por los delitos de la Triple A, antes de que comenzara el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Allí se encuentra procesada María Estela Martínez de Perón, que asumió la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón.
La entonces jefa interina de Estado está imputada en la causa que lleva el nombre del fallecido jefe de la Triple A, Rodolfo Almirón, y su extradición fue rechazada por la justicia española.
En el mismo expediente figura como procesado Carlos Duarte, jefe de la Secretaría Privada del fallecido José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, al igual que su yerno y su secretario de Prensa, el periodista Jorge Conti; Carlos Villone, secretario de Coordinación y Promoción Social, y Julio José Yessi, mano derecha del ministro, jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina –la llamada "jotaperra"–, y presidente del INAC (Instituto Nacional de Cooperativas).
De manera similar a la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata fue una agrupación de ultraderecha cuyos integrantes se instalaron en estructuras del Estado, como ocurrió en los casos de la Universidad Provincial de Mar del Plata y la justicia.
Entre los procesados en esta causa figuran el abogado Roberto Coronel, quien era asesor letrado de la casa de altos estudios marplatense; José Luis Granel, quien fuera coordinador docente de la Facultad de Ciencias Turísticas y, luego, decano normalizador de esa facultad; y el ex fiscal Gustavo Demarchi, que ocupó el cargo de coordinador docente de la universidad provincial, y fue uno de los jefes de la CNU.
la pata económica de la dictadura militar
Uno de los grandes avances de las causas por violaciones a los Derechos Humanos este año fue la investigación a los sectores económicos que respaldaron la última dictadura.
El caso más resonante fue el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, acusado junto al ex administrador Alberto Lemos de haber aportado camiones y camionetas para secuestrar a 29 personas en las localidades jujeñas de Libertador San Martín y Calilegua en La Noche del Apagón.
En la provincia de Salta, este año fue procesado otro empresario, Marcos Levin, dueño de Veloz del Norte, por el secuestro de uno de los delegados de la empresa de transporte durante la última dictadura.
En dos localidades bonaerenses, por la información que surgió en los juicios, los Tribunales ordenaron avanzar con investigaciones del rol de empresa en la represión ilegal.
En Bahía Blanca, el tribunal que juzgó la represión en el Quinto Cuerpo del Ejército ordenó investigar a directivos del diario La Nueva Provincia, actualmente a cargo de Vicente Massot.
En Tandil, se investigará el accionar de la cementera Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que representaba a trabajadores de la empresa perjudicados por las malas condiciones.
También avanza, aunque lenta, la causa Papel Prensa en la que están imputados Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, entre otros. A los sectores económicos se suman los funcionarios judiciales.
El único condenado hasta el momento fue el ex juez federal de Santa Fe Victor Brusa pero hay más de 40 están siendo investigados y otros 12 jueces, fiscales y secretarios procesados.
Uno es el ex camarista mendocino Otilio Romano, de quien se espera su extradición desde Chile. También están acusados otros ex camaristas mendocinos: Luis Miret y Guillermo Petra.
En La Rioja está procesado y detenido el ex juez Roberto Catalán por delitos de lesa humanidad al igual que el ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez, entre otros.
El dato Economía
La cartera de Economía tiene a varios ex funcionarios comprometidos.
un período más prolífico Lesa humanidad: 134 condenas y más de 1000 procesados
Fueron juzgadas casi el doble de personas. Se reconoció el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
Tras siete años de que se retomaran los juicios por delitos de lesa humanidad, 2012 fue el período más prolífico en cuanto a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura, con 134 personas condenadas y más de 1000 procesados, según el informe de gestión de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos.
Por: G. A.
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La característica distintiva de este año estuvo en la magnitud de los procesos, ya que comenzó a rendir frutos el impulso de los organismos de Derechos Humanos y las fiscalías para unificar causas y lograr juicios más completos, donde se pueda ver toda la estructura represiva.
Así, con similar cantidad de juicios que en 2011, este año fueron juzgadas casi el doble de personas (193 contra 383). A partir de la acumulación de causas, a fines de noviembre comenzó la tercera parte de la megacausa ESMA, que con 68 imputados por casi 800 hechos es el mayor juicio que se haya hecho en el país.
Para lograr este megajuicio se acumularon 13 causas por delitos cometidos en el centro clandestino de detención ESMA, que además de incluir a los jefes de la Armada y a los integrantes del Grupo de Tareas, por primera vez se juzgará a siete pilotos de la Armada y Prefectura imputados por participar de los Vuelos de la Muerte.
Producto de la acumulación también es el juicio conocido como Menéndez III en Córdoba, que concentra 16 causas por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, así como crímenes que se cometieron antes del golpe de Estado por el Comando Libertadores de América.
Allí también se investigará por primera vez un caso de apropiación en esa provincia: el secuestro de la hija y el nieto de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Situación similar se dio en el juicio que se desarrolla en Salta, con 15 causas acumuladas, y en Tucumán, con más de 40 imputados.
Igual de significativo es el comienzo, este año, del primer juicio en la provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad, una jurisdicción que debió superar primero las trabas del ex juez Carlos Olivera Pastor, que retrasó durante años el proceso.
Su salida del juzgado federal de Jujuy, luego de una multitudinaria marcha, implicó también el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, acusado por delitos en la Noche del Apagón. Su caso, junto a la condena de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense en la última dictadura, muestra un avance de la justicia contra los civiles que fueron partícipes o cómplices del terrorismo de Estado, un sector que por muchos años permaneció impune.
Durante este año también se lograron condenas históricas para el proceso que comenzó luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una de ellas fue en Rawson, donde los familiares de las 16 víctimas de la Masacre de Trelew obtuvieron justicia a 40 años de los fusilamientos de presos políticos en la Base Almirante Zar.
En ese proceso resultaron condenados los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino, mientras que el ex jefe de la base naval, Rubén Paccagnini, y Jorge Enrique Bautista, encargado de la investigación miliar, resultaron absueltos. También, por primera vez, la justicia reconoció la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés en el juicio en el que Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión por 20 casos de sustracción y apropiación de niños.
En esa misma línea, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad especializada para investigar casos de apropiación de niños, uno de los pedidos históricos de Abuelas de Plaza de Mayo. Al frente de la Unidad nombró a Martín Niklison, fiscal en el juicio por robo de bebés, y al coordinador de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Parenti.
El 2012, además de avances, dejó desafíos para los próximos años, según explicó a Tiempo Argentino Pablo Parenti: "Lo fundamental es acelerar el ritmo de los juicios, es un proceso que está vivo y en plena vigencia, por lo que hay que pensar en un mecanismo para agilizarlo", señaló, y marcó la necesidad de un cambio de ritmo a los tribunales para poder juzgar en un tiempo razonable a los 1013 procesados por delitos de lesa humanidad.
Otro de los objetivos será progresar con la acusación por delitos sexuales cometidos durante la última dictadura. Si bien hubo un impulso por parte de la procuradora Gils Carbó, quien ordenó a los fiscales implementar las "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales", elaborado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, esto no necesariamente produjo su correlato en los juicios.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
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Sin gran impacto mediático, la justicia de Argentina finaliza el año de mayor actividad respecto de las actuaciones por los crímenes contra la humanidad perpetrados por la última dictadura, tres décadas después de su fin.
Datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado indican que casi 400 represores fueron llevados ante los tribunales este año, 86 de los cuales recibieron sentencia, 72 por primera vez. Los acusados, en su mayoría exmilitares y expolicías, responden por delitos contra la humanidad, como secuestros, detenciones ilegales, torturas, ataques sexuales, apropiaciones de menores, homicidios y desapariciones forzosas.
“La política de acumulación (de casos) que implementamos está dando resultado”, explica el fiscal coordinador de la Unidad, Pablo Parenti. “Más que la cantidad de juicios, lo importante es que aumentó la cantidad de acusados en cada causa”, remarcó.
El enjuiciamiento a la represión dictatorial, iniciado apenas se recuperó la democracia en 1983, se reanudó solo en 2006 luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, promulgadas en la segunda mitad de la década del 80 y de los indultos firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999) apenas comenzado su mandato.
La lista oficial de personas detenidas desaparecidas entre 1976 y 1983, que se mantiene siempre abierta por la continua suma de nuevas denuncias, indica que ya superan las 12.000, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen desde siempre que rondan las 30.000.
Los primeros casos que pudieron ser pasados a juicio oral y público, tras las investigaciones e instrucciones, tenían uno o muy pocos acusados y por una reducida cantidad de víctimas, todos rasgos que desvirtuaban y alargaban el proceso y fatigaban a testigos y sobrevivientes. Este año, sin embargo, se resolvió en diversas causas acumular expedientes de delitos cometidos dentro del mismo centro clandestino de detención o de un mismo distrito militar y, entonces, los acusados pasaron a ser decenas en cada juicio.
“Cuando se puso en marcha la Unidad (en 2007), había mucha dispersión”, contó el fiscal Parenti. “Algunos juicios tenían el valor de ser los primeros y había que apoyarlos, pero eran contra uno o dos acusados”, añadió. Frente a ese panorama y con instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad diseñó una serie de medidas para acumular expedientes conexos de manera de lograr juicios significativos en plazos razonables, añadió.
“Hubo resistencia de jueces y fiscales, porque nuestra administración de justicia está acostumbrada a trabajar en pequeña escala, con menores volúmenes de prueba, pero al final se está avanzando y eso lo vimos reflejado este año”, remarcó Parenti.Uno de los juicios más grandes y emblemáticos que comenzó en noviembre fue el que reúne todas las atrocidades cometidas en la hoy desactivada Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que tenía la marina de guerra en la ciudad de Buenos Aires y por donde pasaron unos 5.000 prisioneros. En 2007 había sido elevado a juicio oral el caso de un solo acusado de la ESMA, el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en vísperas del veredicto. En 2011 fueron condenados otros 16 represores de ese centro en un segundo juicio. Pero el proceso de este año sentó en el banquillo a 68 imputados, entre ellos seis ex oficiales que pilotaron aviones en los “vuelos de la muerte”, como se llamó al transporte aéreo de detenidos que eran arrojados vivos al Río de la Plata o al océano Atlántico.
En ese proceso actualmente en curso, identificado por el tribunal como causa “ESMA unificada”, se está enjuiciado a ese más vasto número de represores por delitos cometidos contra 796 víctimas, una cantidad acumulada sin precedentes.
A comienzos de este mes arrancó en la provincia central de Córdoba otro proceso a gran escala en el que se unieron 16 expedientes contra 46 represores y por 450 víctimas. Este juicio, como el de la ESMA, culminará en 2013.
El tercer juicio oral de gran magnitud que comenzó en las últimas semanas de este año se tramita en la noroccidental provincia de Tucumán, con 43 acusados y 235 víctimas. La justicia unificó los casos de detenidos en dos grandes centros de detención. Finalizó esta semana con 23 condenas, 16 de ellas a cadena perpetua, el juicio contra represores de la oriental provincia de Buenos Aires, que aglutinó los casos de 280 víctimas en seis prisiones ilegales, en un proceso llamado Circuito Camps, por el nombre del entonces jefe de la policía del distrito, el ya fallecido Ramón Camps.
Según datos de la Unidad Fiscal, actualmente están en curso 20 juicios por delitos de lesa humanidad. “Hasta 2008 solo había 70 condenados y ahora ya hay 339″ hasta noviembre, detalló Parenti. No obstante, el fiscal no está conforme con el ritmo de los procesos. “Se avanza, pero ojo con creer que ya está. Falta mucho, tenemos casi 1.000 procesados y, si bien se están haciendo juicios más grandes, el ritmo deja mucho que desear. Hay procesos con audiencias dos veces por semana”, protestó.
Parenti remarcó que la acumulación de causas sirve para dar a la cosa juzgada una visibilidad más acorde al delito. “Al ver el conjunto y no las partes sueltas, se pone en escena la magnitud del terrorismo de Estado“, subrayó. El fiscal consideró que la suma de casos también ayuda a reconstruir el fenómeno en un contexto amplio. “No es lo mismo acusar a 50 que a uno o dos”. La valoración de la prueba se vuelve, además, más sencilla con más casos que refuerzan testimonios.
La Unidad se apoyó mucho también en una serie de reglas prácticas fijadas este año por la Cámara de Casación Penal para agilizar juicios complejos, con muchas víctimas. Esas reglas recomiendan cómo proceder. Una de las cuestiones en las que más se insiste es en el traslado de prueba a través de versiones en video, de manera de no revictimizar a testigos y sobrevivientes que están declarando una y otra vez en múltiples causas desde hace más de tres décadas.
En otro orden, el fiscal mencionó que está preocupado por la falta de control eficaz sobre los condenados con prisión domiciliaria por razones de edad o enfermedad –38 por ciento del total de condenados- que suelen ser vistos en la calle en salidas que no cuentan con el debido permiso.
Por último, mencionó que, si bien “se agilizó un poco” el proceso de revisión de sentencias, aún son pocas las que quedan firmes. De 339 condenados, solo a 50 no le quedan instancias de apelación, mientras que el resto aguarda la confirmación, en algunos casos desde 2009. “Ese es otro gran desafío en el que tenemos que trabajar. Para que una vez finalizado el juicio oral, la sentencia definitiva, que debe venir de instancias superiores, llegue lo antes posible”, definió.
Fuente:http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/argentina-ha-juzgado-a-casi-400-represores-en-2012.html
Cerrar la historia
“La memoria es un relato flexible y abierto, porque nunca se conoce toda la verdad por más que aparezcan nuevos datos”, dice Laura a las puertas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Buenos Aires y de toda Argentina.
Parir bajo tortura
Relato de una testigo del plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura argentina. Acompañó a quince embarazadas en la ESMA.Juicio al infierno
Crónica completa del día en el que los aparecidos celebran las condenas de ex militares argentinos por los crímenes del ESMA después de 30 años de impunidad. ”Sabemos que estamos condenando a los más feroces. Faltan los civiles, los jueces cómplices. Y encontrar 400 nietos”.
Comienza el juicio a represores argentinos por delitos contra la Humanidad
El Tribunal Oral Federal 5 comenzó a juzgar a integrantes de la Marina y fuerzas de seguridad que operaban en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. El juicio es emblemático por reunir los crímenes del periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas desaparecidas en Argentina, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y otras 79 víctimas.
Fuente:AgenciaPulsar
Envío:Cecilio M. Salguero
2012 será recordado como el año en que se consolidó la investigación sobre los cómplices de los militares La política de verdad y justicia llegó a los responsables civiles del golpe
Desde empresarios hasta miembros del Poder Judicial. Con la condena a Jaime Lamont Smart, por primera vez se encontró culpable por delitos de lesa humanidad a un funcionario civil. La causa Papel Prensa y los expedientes demorados.
Por: Gerardo Aranguren
Según los archivos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, hay unos 70 civiles procesados o condenados por su participación en el terrorismo de Estado.
Mientras ya son investigados sectores económicos –ejemplos de esto son la causa Papel Prensa, el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y las causas abiertas contra jueces y fiscales de todo el país–, hay apenas diez personas que tuvieron algún cargo en los Ejecutivos nacionales, provinciales o municipales que están procesados, a los que se suman seis funcionarios universitarios investigados como integrantes de la CNU de Mar del Plata.
Un paso en ese sentido fue dado en la semana por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que condenó a Smart pero también ordenó la detención de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la dictadura, y pidió investigar por los secuestros que sufrieron la familia Graiver y Papaleo en el caso Papel Prensa a un grupo de dirigentes civiles que integraron el gobierno nacional y provincial durante el terrorismo de Estado.
En la lista se encuentran Roberto Durrieu, ex viceministro de Justicia de la dictadura; el ex subsecretario de Gobierno bonaerense, Juan María Torino Olivieri, el ex subsecretario de Asuntos Institucionales bonaerense Edgardo Frola; Héctor Munilla Lacasa, ex subsecretario de Justicia de la provincia, y el ex presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich.
La investigación de este grupo de ex funcionarios se suma a los pocos civiles que ya han sido procesados por la justicia. Es el caso del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su secretario de Hacienda, Juan Alemann.
Este último comenzó a ser juzgado semanas atrás en el megajuicio de la ESMA, donde deberá responder como coautor de tormentos cometidos a Orlando Antonio Ruiz, secuestrado en ese centro clandestino a mediados de 1980. Alemann fue visto allí por sobrevivientes, quienes declararon que participó del interrogatorio al detenido para conocer si había sido parte de un atentado en su contra en 1979.
Su ex jefe, Martínez de Hoz, también se encuentra procesado junto al dictador Jorge Rafael Videla y Albano Haguindeguy por el secuestro extorsivo de Federico y Miguel Gutheim. Por esa causa actualmente está preso en su departamento del edificio Kavanagh, con prisión domiciliaria.
Según pudo determinar la justicia, los Gutheim, titulares de una empresa algodonera, estuvieron secuestrados entre noviembre de 1976 y abril de 1977, y fueron forzados a mantener reuniones con empresarios ingleses y chinos, y a firmar acuerdos comerciales en los que estaba interesado Martínez de Hoz.
Otro ex funcionario de esa cartera que será investigado es Guillermo Walter Klein, quien fuera secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica. Así lo solicitó la fiscalía en el alegato de la causa por la que fue condenado este viernes Héctor Pedro Vergez, ya que aparecieron testimonios que lo vinculan con el secuestro de Juan Carlos Casariego de Bell, un alto funcionario del ministerio que permanece desaparecido.
Otro que aparece complicado es el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal. Si bien el expediente fue cerrado, recientemente Reynal fue citado por la Cámara Federal porteña a una audiencia para decidir si se reabre la causa por la liquidación del Banco Latinoamericano, previo secuestro de su titular, Eduardo Saiegh, en 1980.
En la localidad santafecina de San Lorenzo, Pedro "Pili" Rodríguez, ex director de asuntos jurídicos en la municipalidad durante la dictadura, permanece procesado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y tormentos de Manuel Casado, delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de esa localidad. Su caso llegará a juicio el año próximo.
Otro caso paradigmático de la represión donde se encuentra imputado un funcionario civil es la causa por los delitos de la Triple A, antes de que comenzara el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Allí se encuentra procesada María Estela Martínez de Perón, que asumió la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón.
La entonces jefa interina de Estado está imputada en la causa que lleva el nombre del fallecido jefe de la Triple A, Rodolfo Almirón, y su extradición fue rechazada por la justicia española.
En el mismo expediente figura como procesado Carlos Duarte, jefe de la Secretaría Privada del fallecido José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, al igual que su yerno y su secretario de Prensa, el periodista Jorge Conti; Carlos Villone, secretario de Coordinación y Promoción Social, y Julio José Yessi, mano derecha del ministro, jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina –la llamada "jotaperra"–, y presidente del INAC (Instituto Nacional de Cooperativas).
De manera similar a la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata fue una agrupación de ultraderecha cuyos integrantes se instalaron en estructuras del Estado, como ocurrió en los casos de la Universidad Provincial de Mar del Plata y la justicia.
Entre los procesados en esta causa figuran el abogado Roberto Coronel, quien era asesor letrado de la casa de altos estudios marplatense; José Luis Granel, quien fuera coordinador docente de la Facultad de Ciencias Turísticas y, luego, decano normalizador de esa facultad; y el ex fiscal Gustavo Demarchi, que ocupó el cargo de coordinador docente de la universidad provincial, y fue uno de los jefes de la CNU.
la pata económica de la dictadura militar
Uno de los grandes avances de las causas por violaciones a los Derechos Humanos este año fue la investigación a los sectores económicos que respaldaron la última dictadura.
El caso más resonante fue el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, acusado junto al ex administrador Alberto Lemos de haber aportado camiones y camionetas para secuestrar a 29 personas en las localidades jujeñas de Libertador San Martín y Calilegua en La Noche del Apagón.
En la provincia de Salta, este año fue procesado otro empresario, Marcos Levin, dueño de Veloz del Norte, por el secuestro de uno de los delegados de la empresa de transporte durante la última dictadura.
En dos localidades bonaerenses, por la información que surgió en los juicios, los Tribunales ordenaron avanzar con investigaciones del rol de empresa en la represión ilegal.
En Bahía Blanca, el tribunal que juzgó la represión en el Quinto Cuerpo del Ejército ordenó investigar a directivos del diario La Nueva Provincia, actualmente a cargo de Vicente Massot.
En Tandil, se investigará el accionar de la cementera Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que representaba a trabajadores de la empresa perjudicados por las malas condiciones.
También avanza, aunque lenta, la causa Papel Prensa en la que están imputados Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, entre otros. A los sectores económicos se suman los funcionarios judiciales.
El único condenado hasta el momento fue el ex juez federal de Santa Fe Victor Brusa pero hay más de 40 están siendo investigados y otros 12 jueces, fiscales y secretarios procesados.
Uno es el ex camarista mendocino Otilio Romano, de quien se espera su extradición desde Chile. También están acusados otros ex camaristas mendocinos: Luis Miret y Guillermo Petra.
En La Rioja está procesado y detenido el ex juez Roberto Catalán por delitos de lesa humanidad al igual que el ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez, entre otros.
El dato Economía
La cartera de Economía tiene a varios ex funcionarios comprometidos.
un período más prolífico Lesa humanidad: 134 condenas y más de 1000 procesados
Fueron juzgadas casi el doble de personas. Se reconoció el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
Tras siete años de que se retomaran los juicios por delitos de lesa humanidad, 2012 fue el período más prolífico en cuanto a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura, con 134 personas condenadas y más de 1000 procesados, según el informe de gestión de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos.
Por: G. A.
Así, con similar cantidad de juicios que en 2011, este año fueron juzgadas casi el doble de personas (193 contra 383). A partir de la acumulación de causas, a fines de noviembre comenzó la tercera parte de la megacausa ESMA, que con 68 imputados por casi 800 hechos es el mayor juicio que se haya hecho en el país.
Para lograr este megajuicio se acumularon 13 causas por delitos cometidos en el centro clandestino de detención ESMA, que además de incluir a los jefes de la Armada y a los integrantes del Grupo de Tareas, por primera vez se juzgará a siete pilotos de la Armada y Prefectura imputados por participar de los Vuelos de la Muerte.
Producto de la acumulación también es el juicio conocido como Menéndez III en Córdoba, que concentra 16 causas por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, así como crímenes que se cometieron antes del golpe de Estado por el Comando Libertadores de América.
Allí también se investigará por primera vez un caso de apropiación en esa provincia: el secuestro de la hija y el nieto de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Situación similar se dio en el juicio que se desarrolla en Salta, con 15 causas acumuladas, y en Tucumán, con más de 40 imputados.
Igual de significativo es el comienzo, este año, del primer juicio en la provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad, una jurisdicción que debió superar primero las trabas del ex juez Carlos Olivera Pastor, que retrasó durante años el proceso.
Su salida del juzgado federal de Jujuy, luego de una multitudinaria marcha, implicó también el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, acusado por delitos en la Noche del Apagón. Su caso, junto a la condena de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense en la última dictadura, muestra un avance de la justicia contra los civiles que fueron partícipes o cómplices del terrorismo de Estado, un sector que por muchos años permaneció impune.
Durante este año también se lograron condenas históricas para el proceso que comenzó luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una de ellas fue en Rawson, donde los familiares de las 16 víctimas de la Masacre de Trelew obtuvieron justicia a 40 años de los fusilamientos de presos políticos en la Base Almirante Zar.
En ese proceso resultaron condenados los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino, mientras que el ex jefe de la base naval, Rubén Paccagnini, y Jorge Enrique Bautista, encargado de la investigación miliar, resultaron absueltos. También, por primera vez, la justicia reconoció la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés en el juicio en el que Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión por 20 casos de sustracción y apropiación de niños.
En esa misma línea, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad especializada para investigar casos de apropiación de niños, uno de los pedidos históricos de Abuelas de Plaza de Mayo. Al frente de la Unidad nombró a Martín Niklison, fiscal en el juicio por robo de bebés, y al coordinador de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Parenti.
El 2012, además de avances, dejó desafíos para los próximos años, según explicó a Tiempo Argentino Pablo Parenti: "Lo fundamental es acelerar el ritmo de los juicios, es un proceso que está vivo y en plena vigencia, por lo que hay que pensar en un mecanismo para agilizarlo", señaló, y marcó la necesidad de un cambio de ritmo a los tribunales para poder juzgar en un tiempo razonable a los 1013 procesados por delitos de lesa humanidad.
Otro de los objetivos será progresar con la acusación por delitos sexuales cometidos durante la última dictadura. Si bien hubo un impulso por parte de la procuradora Gils Carbó, quien ordenó a los fiscales implementar las "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales", elaborado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, esto no necesariamente produjo su correlato en los juicios.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
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