Comisión revela las atrocidades cometidas por la dictadura en Brasil
PL
Las revelaciones de la Comisión Nacional de Verdad de que 50 mil personas fueron detenidas en 1964 durante la dictadura militar en Brasil constituyen hoy un avance en el develar las violaciones cometidas por regímenes de facto.
El Coordinador de la Comisión, Paulo Sérgio Pinheiro, señaló decenas de torturadores del período de represión (1964-1985) fueron identificados por ese comité, creado el pasado año por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Las pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan a cerca de 50 mil ciudadanos fueron arrestados solo en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol. Cardoso da Cunha destacó que tras el golpe militar "se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro".
Sin revelar los nombres de los implicados en actos atroces y violaciones de derechos humanos, indicó que conocen las identidades actuales y direcciones de domicilios de los involucrados en torturas y persecuciones.
En la recuperación de las evidencias, el coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo realizado en menos de un año de creada.
Sin embargo, la ley de amnistía de 1974 no permite que los acusados por crímenes cometidos por la dictadura militar sean enjuiciados, aunque para la Comisión Nacional de la Verdad, el develar de los torturados y violadores constituirá un acto de justicia.
En este contexto, medios de prensa locales señalaron que el comité estadual de la Verdad de Sao Paulo investiga el vínculo del actual Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José Maria Marín, en el período de represión con el régimen de facto.
Teniendo como base el discurso realizado por Marín en 1975, cuando era diputado estadual, esa entidad pretende analizar la relación del máximo representante del CBF con la prisión del periodista Vladimir Herzog, asesinado por agente del entonces Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de defensa Interna en ese año.
Fuente:Argenpress
50 MIL VICTIMAS DE LA REPRESION
La verdad en BrasilLas pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan que cerca de miles de ciudadanos fueron arrestados en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol. Pinheiro destacó que tras el golpe militar “se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro”. Sin revelar los nombres de los implicados en actos atroces y violaciones de derechos humanos, indicó que conocen las identidades actuales y direcciones de domicilios de los involucrados en torturas y persecuciones. En la recuperación de las evidencias, el coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo realizado en menos de un año de la creación del organismo.
Pinheiro, quien también es jefe de una misión de la ONU en Siria, dijo que se continuará trabajando activamente hasta fines de este año para elaborar un amplio informe sobre lo ocurrido durante los años de plomo. “El documento final tiene que estar en manos de la presidenta hasta el 16 de mayo de 2014, pero entre nosotros, los miembros de la comisión acordamos que lo central debe estar en diciembre.” Anunció además que ya fueron identificados 100 represores a los que se indagará en la comisión y dijo haber recibido cientos de microfilms sobre la inteligencia militar realizada sobre los empleados de la petrolera estatal Petrobras.
La ley de amnistía de 1974 no permite que los acusados por crímenes cometidos por la dictadura militar sean enjuiciados, pero para la Comisión de la Verdad, el hecho de develar los hechos constituye de por sí un acto de justicia. En este contexto, medios de prensa locales señalaron que el Comité Estadual de la Verdad de San Pablo investiga el vínculo del actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, en el período de represión con el régimen de facto. Teniendo como base el discurso realizado por Marín en 1975, cuando era diputado estadual, esa entidad pretende analizar la relación del máximo representante del CBF con la prisión del periodista Vladimir Herzog, asesinado por agente del entonces Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de defensa interna en ese año.
Fuente:Pagina12
26.02.2013
DERECHOS HUMANOS
Verificaron que 50 mil personas fueron detenidas ilegalmente por la dictadura brasileña
Verificaron que 50 mil personas fueron detenidas ilegalmente por la dictadura brasileña
La Comisión Nacional por la Verdad estableció también que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol. Además, identificó a decenas de torturadores.
La Comisión Nacional de la Verdad reveló que 50.000 personas fueron detenidas en forma ilegal sólo en 1964, en el comienzo de la última dictadura militar en Brasil, que concluyó en 1985.
El coordinador de la Comisión, Paulo Sergio Pinheiro, señaló que decenas de torturadores del período de represión fueron identificados por ese comité, creado el pasado año por la presidenta Dilma Rousseff.
Las pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan que cerca de 50.000 ciudadanos fueron arrestados en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol, reprodujo Prensa Latina.
Pinheiro destacó que tras el golpe militar "se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro".
Sin revelar los nombres de los implicados en actos atroces y violaciones de derechos humanos, indicó que conocen las identidades actuales y direcciones de domicilios de los involucrados en torturas y persecuciones.
En la recuperación de las evidencias, el coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo realizado en menos de un año de la creación del organismo.
Teniendo como base el discurso realizado por Marín en 1975, cuando era diputado estadual, esa entidad pretende analizar la relación del máximo representante del CBF con la prisión del periodista Vladimir Herzog, asesinado por agentes del entonces Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de defensa interna en ese año.

Las pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan que cerca de 50.000 ciudadanos fueron arrestados en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol, reprodujo Prensa Latina.
"Se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro"
Paulo Sergio Pinheiro
Pinheiro destacó que tras el golpe militar "se ejecutaron actos considerados inéditos en la historia política de Brasil como la tortura, el asesinato, las desapariciones o el secuestro".
Sin revelar los nombres de los implicados en actos atroces y violaciones de derechos humanos, indicó que conocen las identidades actuales y direcciones de domicilios de los involucrados en torturas y persecuciones.
En la recuperación de las evidencias, el coordinador destacó el apoyo y colaboración de entidades estaduales y de varias instituciones que permitieron presentar un balance del trabajo realizado en menos de un año de la creación del organismo.
Fútbol y represión
En este contexto, medios de prensa locales señalaron que el comité estadual de la Verdad de San Pablo investiga el vínculo del actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, en el período de represión con el régimen de facto.Teniendo como base el discurso realizado por Marín en 1975, cuando era diputado estadual, esa entidad pretende analizar la relación del máximo representante del CBF con la prisión del periodista Vladimir Herzog, asesinado por agentes del entonces Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de defensa interna en ese año.
Fuente:Telam
Se mantuvo en el poder desde 1964 a 1985
Revelan que la principal entidad empresaria de Brasil ayudó a la dictadura
La Comisión de la Verdad que investiga los crímenes de la dictadura militar de Brasil (1964-1985) denunció al principal grupo empresarial del país, la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), dehaber colaborado con el golpe de Estado mediante un acuerdo clandestino de fabricación de armamento para la represión interna.
Lo afirma un documento del coordinador de la comisión, Claudio Fontenles, realizado en base a informes públicos de los servicios de informaciones de la época de la dictadura que estaban guardadas como confidenciales.
La Comisión de la Verdad fue instalada por la presidenta Dilma Rousseff y una de sus funciones es investigar el capítulo de la "unión industrial militar", la cooperación de las empresas paulistas para financiar centros de tortura a disidentes y armar a los militares.
Un documento del Servicio de Inteligencia Nacional indica que el 31 de marzo de 1964, día del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, fue creado en Sao Paulo el GPMI, Grupo Permanente de Movilización Industrial.
Los espías de la dictadura dejaron constancia material que el grupo se creó "frente a la necesidad de provisión de armas y equipos militares a los revolucionarios (sic) paulistas y basados en la idea de que no existe poder militar sin industria que fabrique ese poderío".
La Comisión de la Verdad, según dijo a corresponsales extranjeros uno de sus siete miembros, el abogado José Carlos Dias, trabaja en demostrar que el golpe de 1964 no fue apenas militar, sino con participación de la sociedad civil.
Por eso uno de los capítulos es investigar el rol de las empresas en la financiación del golpe y del régimen ilegal.
Fontenles, en su informe sobre la participación de la Fiesp, sostuvo: "Por lo tanto la Fiesp en el mismo día de la eclosión del golpe celebró el 'primer intento de unión industrial militar' para enfrentar la posible resistencia de los jefes militares" a destinar presupuesto al armamento.
Los documentos indican que el órgano de la Fiesp "es especializado en movilización industrial para producir armas, con vistas a cualquier emergencia futura". La actual conducción de la Fiesp no se había pronunciado hasta hoy sobre el caso.
Los documentos de la dictadura indican que en los años sesenta se explicaba que las empresas de material bélico debían fabricar equipamientos para las Fuerzas Armadas en forma ilegal usando sus matrices de producción destinadas al mercado civil.
El grupo de apoyo de la dictadura formado por la Fiesp, dice el documento de la Comisión de la Verdad, pensó en abrir una fábrica de aviones en la región noreste y llevó a uno de los jefes de la Fuerza Aérea de 1965, brigadier Agemar da Rocha, a una misión comercial a Estados Unidos.
La Comisión investiga también la conformación de empresas de fachada que lavaron dinero para sustentar la Operación Bandeirantes, la red de represión ilegal de los militares y policías en Sao Paulo que entre otras detuvo a la militante izquierdista Dilma Rousseff, hoy presidente, en 1970.
Los documentos también registran uno de los temas ya conocidos por académicos e investigadores: el rol del empresario Henning Boilesen, dueño de Ultragaz asesinado en un atentado de la izquierda en 1971.
Los documentos de los propios servicios de inteligencia narran que Boilesen, nacido en Dinamarca y nacionalizado brasileño, "colaboraba con el combate al terrorismo habiendo ayudado en forma material a la Operación Bandeirantes".
Boilesen, dicen los documentos, acompañó a Copenhague a una reunión del Fondo Monetario Internacional al entonces ministro de Economía de la dictadura, Antonio Delfim Netto, economista que llegó a ser hombre de consulta de Luiz Lula da Silva, identificado con la línea desarrollista.
Los militares pusieron como ejemplo a no seguir por los empresarios el caso de Boilesen, porque "se exponía mucho" y era conocido por los presos políticos porque asistía a las sesiones de torturas.
La Comisión de la Verdad debe entregar el informe final el 14 de mayo de 2014 a la presidenta Rousseff.
Los acusados de practicar crímenes de lesa humanidad en Brasil están protegidos de juicios por la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010.
Lo afirma un documento del coordinador de la comisión, Claudio Fontenles, realizado en base a informes públicos de los servicios de informaciones de la época de la dictadura que estaban guardadas como confidenciales.
La Comisión de la Verdad fue instalada por la presidenta Dilma Rousseff y una de sus funciones es investigar el capítulo de la "unión industrial militar", la cooperación de las empresas paulistas para financiar centros de tortura a disidentes y armar a los militares.
Un documento del Servicio de Inteligencia Nacional indica que el 31 de marzo de 1964, día del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, fue creado en Sao Paulo el GPMI, Grupo Permanente de Movilización Industrial.
Los espías de la dictadura dejaron constancia material que el grupo se creó "frente a la necesidad de provisión de armas y equipos militares a los revolucionarios (sic) paulistas y basados en la idea de que no existe poder militar sin industria que fabrique ese poderío".
La Comisión de la Verdad, según dijo a corresponsales extranjeros uno de sus siete miembros, el abogado José Carlos Dias, trabaja en demostrar que el golpe de 1964 no fue apenas militar, sino con participación de la sociedad civil.
Por eso uno de los capítulos es investigar el rol de las empresas en la financiación del golpe y del régimen ilegal.
Fontenles, en su informe sobre la participación de la Fiesp, sostuvo: "Por lo tanto la Fiesp en el mismo día de la eclosión del golpe celebró el 'primer intento de unión industrial militar' para enfrentar la posible resistencia de los jefes militares" a destinar presupuesto al armamento.
Los documentos indican que el órgano de la Fiesp "es especializado en movilización industrial para producir armas, con vistas a cualquier emergencia futura". La actual conducción de la Fiesp no se había pronunciado hasta hoy sobre el caso.
Los documentos de la dictadura indican que en los años sesenta se explicaba que las empresas de material bélico debían fabricar equipamientos para las Fuerzas Armadas en forma ilegal usando sus matrices de producción destinadas al mercado civil.
El grupo de apoyo de la dictadura formado por la Fiesp, dice el documento de la Comisión de la Verdad, pensó en abrir una fábrica de aviones en la región noreste y llevó a uno de los jefes de la Fuerza Aérea de 1965, brigadier Agemar da Rocha, a una misión comercial a Estados Unidos.
La Comisión investiga también la conformación de empresas de fachada que lavaron dinero para sustentar la Operación Bandeirantes, la red de represión ilegal de los militares y policías en Sao Paulo que entre otras detuvo a la militante izquierdista Dilma Rousseff, hoy presidente, en 1970.
Los documentos también registran uno de los temas ya conocidos por académicos e investigadores: el rol del empresario Henning Boilesen, dueño de Ultragaz asesinado en un atentado de la izquierda en 1971.
Los documentos de los propios servicios de inteligencia narran que Boilesen, nacido en Dinamarca y nacionalizado brasileño, "colaboraba con el combate al terrorismo habiendo ayudado en forma material a la Operación Bandeirantes".
Boilesen, dicen los documentos, acompañó a Copenhague a una reunión del Fondo Monetario Internacional al entonces ministro de Economía de la dictadura, Antonio Delfim Netto, economista que llegó a ser hombre de consulta de Luiz Lula da Silva, identificado con la línea desarrollista.
Los militares pusieron como ejemplo a no seguir por los empresarios el caso de Boilesen, porque "se exponía mucho" y era conocido por los presos políticos porque asistía a las sesiones de torturas.
La Comisión de la Verdad debe entregar el informe final el 14 de mayo de 2014 a la presidenta Rousseff.
Los acusados de practicar crímenes de lesa humanidad en Brasil están protegidos de juicios por la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010.
Envío:Agnddhh
26.02.2013
También señalo que ha identificado a "decenas" de torturadores
El golpe militar de Brasi efectuó unas 50.000 detenciones ilegales, calculó Comisión de la Verdad
Pau de arara. El método favorito de los torturadores brasileños
Brasilia.-La Comisión Nacional de la Verdad reveló que 50.000 personas fueron detenidas en forma ilegal sólo en 1964, en el comienzo de la última dictadura militar en Brasil, que concluyó en 1985.
El coordinador de la Comisión, Paulo Sergio Pinheiro, señaló que decenas de torturadores del período de represión fueron identificados por ese comité, creado el pasado año por la presidenta Dilma Rousseff.
Las pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan que cerca de 50.000 ciudadanos fueron arrestados en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol, reprodujo Prensa Latina.
Fuente:Telam
También señalo que ha identificado a "decenas" de torturadores
El golpe militar de Brasi efectuó unas 50.000 detenciones ilegales, calculó Comisión de la Verdad
Pau de arara. El método favorito de los torturadores brasileños
Brasilia.-La Comisión Nacional de la Verdad reveló que 50.000 personas fueron detenidas en forma ilegal sólo en 1964, en el comienzo de la última dictadura militar en Brasil, que concluyó en 1985.
El coordinador de la Comisión, Paulo Sergio Pinheiro, señaló que decenas de torturadores del período de represión fueron identificados por ese comité, creado el pasado año por la presidenta Dilma Rousseff.
Las pesquisas y los testimonios de 40 entrevistados señalan que cerca de 50.000 ciudadanos fueron arrestados en 1964 y que 600 opositores permanecieron presos en barcos y estadios de fútbol, reprodujo Prensa Latina.
Fuente:Telam


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