CHILE.

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2013
Ante el asesinato de un dirigente obrero: Definitivamente no somos iguales ante la ley 
Por Luis Mesina 
El doble trato de las autoridades no es una casualidad, es la consecuencia de que Chile es una sociedad claramente dividida en clases sociales. 

Como consecuencia del asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de AZETA, empresa subcontratista de CHILECTRA, muchos trabajadores, incluso dirigentes, pedían el mismo trato que el gobierno dio a la familia terrateniente Luchsinger cuando fueron asesinados en Temuco y que significó que el Estado chileno movilizara muchas instituciones y desplegara el máximo de recursos y medios en busca de los responsables. En menos de 48 horas, la policía ya había detenido a dirigentes mapuches imputándoles, sin ninguna prueba, la responsabilidad en dicho crimen. 

La muerte, más concretamente, el asesinato de un trabajador al interior de una empresa siempre será un hecho grave, lamentable y repudiable. Sin embargo, adquiere una relevancia mayor tratándose de un dirigente sindical que, justamente, se hallaba preparando acciones para denunciar las prácticas abusivas de esta empresa, cuyo historial en el tratamiento de los derechos laborales está teñida con la muerte de otro trabajador en el pasado reciente. 

¿Qué conclusiones podemos sacar los trabajadores frente a este hecho? 

Que el tan cacareado “Estado de Derecho” al que tanto recurren los poderosos y, que los presidentes Frei y Lagos se esforzaron en garantizar a cualquier precio con tal de dar “estabilidad” a los dueños de Chile, no es más que un ordenamiento político y jurídico que permite garantizar a cada cual “lo que se merece”: a los ricos, seguridad jurídica, económica y policial para mantener y seguir incrementando su ilegítima riqueza; y a los pobres, subsidios, represión y castigo para que no se subleven pidiendo justicia y mejores salarios. Frei, amparándose en el “Estado de Derecho” alegó “razones de Estado” para poner fin a la investigación que condenaba al hijo de Pinochet (“pinocheques”) a terminar en la cárcel; luego, por las mismas razones, movilizó todas las instituciones del Estado chileno, invirtiendo millones de dólares, para evitar que Pinochet fuera juzgado y condenado en Inglaterra. Igualmente, haciendo uso de las franquicias del “Estado de Derecho”, Lagos, desconociendo todo el historial de Horst Paulmann, que lo vinculaban a un pasado nazi, le otorgó la “nacionalidad por gracia”, y agregó: “ello, gracias a su tremendo aporte a Chile”. Paulmann es aficionado a destruir sindicatos, aplica permanentemente prácticas antisindicales pagando salarios de hambre, evade el pago de impuestos, etc. ¿Cuál es su aporte a Chile?. 

Cuando se nos obliga a respetar el “Estado de Derecho”, lo que se busca es que los trabajadores no rompamos con el ordenamiento jurídico que ellos han diseñado y materializado para perpetuar su poder. Aparentemente, las leyes las promulgan desde el Ejecutivo y luego las sanciona el Legislativo. Eso es apariencia. La verdad, es que las leyes responden a correlaciones de fuerzas entre las clases sociales y se adecuan a contextos determinados. En nuestro país, la mayor parte de las leyes, especialmente las laborales, son funcionales al empresariado y se adaptan permanentemente a sus intereses. El mejor ejemplo es que en Chile negocia menos del 7% de la fuerza de trabajo. La ley de subcontratación, que permite la existencia de empresas como Azeta donde murió Juan Pablo, responde a las estrategias de las grandes compañías para bajar los costos, precarizando el empleo y bajando al máximo los salarios. En consecuencia, ninguna ley está hecha para favorecer los intereses de los desposeídos. Quienes han hecho las leyes en estos últimos 40 años, no han sido los gobernantes de turno, han sido los grandes empresarios: los Matte, los Luksic, Paulmann, Angelini, Yarur, etc. Son ellos quienes construyen la agenda y que los gobiernos aplican cautelando uno de sus principios esenciales en todas las áreas de la sociedad, el lucro y la iniciativa privada como fundamento de toda su filosofía. 

Es falso, de falsedad absoluta, que todos “somos iguales”. La jerarquía eclesiástica que promueve este discurso, especialmente la Católica vinculada en estos años a las más horrendas conductas contra menores, se empeña en dictar cátedra sobre “moral” y trata de convencernos que somos todos iguales, ¿iguales en qué?- Por supuesto que en los ingresos no. Pero, además, tenemos distinta moral. Ellos creen en la explotación del hombre por el hombre; creen que el crecimiento personal es fruto del esfuerzo individual y no influye el contexto socio económico donde la persona nació. Nosotros, creemos que la riqueza es consecuencia del trabajo humano colectivo, en vinculación armoniosa y respetuosa con la naturaleza; ellos, no trepidan en destruirla si pueden obtener lucro; se apropian de la riqueza que nosotros generamos. Ellos creen en la salud, en la educación y en la previsión privada; nosotros en cambio, creemos que la salud, la educación y la previsión son derechos fundamentales irrenunciables que el Estado debe garantizar a todos los trabajadores, tanto en su vida activa como pasiva, independiente de su condición social, y que por tanto no puede estar sujeta al lucro. Ellos, creen en el individualismo y apoyan a sacerdotes vinculados a las más atroces y espurias conductas, como Karadima. Los trabajadores, creyentes o no, creen en lo colectivo, en el esfuerzo mancomunado y practican la solidaridad real como parte de su vida, con sus escuálidos ingresos. Ellos, solidarizan con cargo a franquicias tributarias como los hacen por ejemplo en la Teletón. 

En nada nos parecemos a ellos. 

Nada tenemos en común con los empresarios, al contrario, su filosofía es atentatoria a nuestra propia existencia, nos condenan a la barbarie. Nos impiden ser felices. Sólo durante enero, se desarrollaron más de 20 huelgas donde los trabajadores demandaban cosas pequeñas, como respeto, dignidad y pequeños aumentos salariales. La respuesta mayoritaria fue de prepotencia e intransigencia y no es porque sean empresas que tengan pérdidas, al contrario, son compañías con cuantiosas utilidades. El problema es otro, ellos no están dispuestos a ceder, es un tema ideológico, quieren hacer desaparecer al Sindicato como sujeto de derecho, quieren eliminar del vocabulario la palabra “colectivo”, y no cederán por muchas huelgas parciales que hagamos. La conclusión que debemos inferir, es que estamos en una etapa de la historia que exige una nueva estrategia, pero sustentada en una “nueva moral”, es decir, un nuevo conjunto de prácticas, de creencias que tome en cuenta que nunca la justicia laboral vendrá de la caridad de los empresarios, mucho menos el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, en especial de ese 75% de chilenos que trabajan por un ingreso inferior a los 350 mil mensuales. 

Lo hemos dicho, los trabajadores queremos vivir en paz, pero los empresarios no nos dejan. Nos declaran la guerra en todos los frentes: en los bancos, en las AFP, en las Isapres, en el Retail, en las farmacias, en las clínicas, en las universidades privadas, en el gran comercio, o sea, en todas partes. Nos atacan con los cobros abusivos, con tasas de intereses usureras, con costos de administración que nadie entiende. ¿Y cuál es el rol de Estado en esta materia? Reafirmar el carácter civil (liberal) de las relaciones laborales y sociales del país, donde sea el “mercado” (por mercado entiéndase, colusión de los poderosos para fijar precios y políticas, jamás piense en libertad entre oferta y demanda) quien las resuelva, despojando al Estado del rol tutelar de los derechos fundamentales.

¿Qué nos queda? una sola cosa, prepararnos para esta guerra declarada. ¿Cómo? Con más unidad y con más organización. Unificando todas las iniciativas de los que luchan, de los que mantienen en alto la autonomía y la independencia política y que no están dispuestos a capitularle ni al gobierno de turno ni a los empresarios. Con una organización clasista que represente sólo los intereses de los trabajadores y que jamás pacte a espaldas con las autoridades, que jamás hipoteque su independencia apoyando gobiernos liberales. Este esfuerzo exige mucha generosidad de todos, desterrar las prácticas sectarias, pero, siendo profundamente intransigente en el respeto a la autonomía, lo que exige sobrepasar a la burocracia sindical que es uno de los peores escollos que tenemos los trabajadores para avanzar. 

¿Qué formas de lucha? Todas

Los trabajadores ante la imposibilidad de ejercitar derechos fundamentales estamos en todo nuestro derecho de buscar otras formas de lucha, que superen los marcos estrechos de esta legislación espuria elaborada por ellos mismos para frenar nuestras organizaciones en la defensa de nuestros derechos. En Temuco, los empresarios, muchos de ellos terratenientes, sin tapujos se armaron y amenazaron que defenderían a balazos sus propiedades e intereses y contaron con el espaldarazo de ministros como el de Agricultura y el del Interior. Es decir, nos confirmaron que el Estado de Derecho hay que usarlo como les dé la gana, se trata de cautelar sus intereses.

Hemos sido notificados, ello despeja las dudas. Nosotros, los de este otro lado de la acera, aquellos que vivimos con salarios mediocres ¿podemos llegar a acuerdos con estos pistoleros del empresariado, que se empeñan en destruir nuestros sueños e ilusiones, endeudándonos y haciéndonos prisioneros de su sistema? Difícil por no decir imposible. Entonces ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? hay que derribar toda esta falsa conciencia instalada por los medios de comunicación que ellos controlan y que busca enajenarnos. 

Debemos combatir todo ese discurso “sacerdotal” pusilánime que profesan algunos para someternos diciéndonos que la felicidad no está en este mundo si no en el más allá. Si comenzamos a socializar nuestras demandas, si instalamos una práctica discursiva que incorpore descarnadamente la realidad, sin tapujos, si instalamos en nuestros análisis claramente la lucha de clases estaremos avanzando hacia formas superiores de comprensión, de organización y de disputa que nos potenciaran para remover los cimientos de este sistema capitalista injusto e inmoral. Debemos canalizar toda esta bronca, este odio acumulado activado por el abyecto asesinato de Juan Pablo Jiménez, para luego canalizarlo inteligentemente contra estos inmorales que viven y duermen tranquilos a pesar de sus responsabilidades en estos hechos. 

Queda claro y debemos entenderlo: ellos tienen una moral distinta a la nuestra. La honradez de la que se ufanan es delictual, es aquella que castiga con años de cárcel a quien se roba una gallina; pero perdona a los ladrones de cuello y corbata. La nuestra es pura, es transparente, es ingenua, a veces estúpida, pues les creemos. La de ellos es criminal, cuando ven afectados sus intereses no reparan en recurrir a todos los medios, lícitos e ilícitos, asesinan mapuches, dirigentes sindicales y, si con ello no se sienten satisfechos, promueven y apoyan Golpes de Estados. 

¿Cuál es entonces nuestra tarea? Organizarnos, unificarnos y prepararnos para una gran batalla: la batalla por la dignidad; la batalla por la negociación colectiva que nos niegan; la batalla por un mundo más justo, más humano, sin explotados y sin explotadores. Ninguna confianza en las instituciones del Estado, tampoco en aquellos que piden el voto so pretexto del “mal menor”, mucho menos en quienes pactan con los que han perpetuado este sistema inhumano. 

El camino, insisto, está en la unidad, en la organización y en la lucha, así podremos brindar el mejor de los homenajes a JUAN PABLO JIMENEZ, que deja dos pequeños y a su compañera en la total indefensión. Debemos dar señales concretas ahora, el mañana juega al servicio de los asesinos de Juan Pablo y abre los apetitos de otros canallas empresarios para saldar las deudas a balazos con los honestos luchadores.
Luis Mesina M es Secretario General de la Confederación Bancaria. 

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2013 
Pinochet tuvo un plan B para anular el plebiscito de 1988 
Por Ernesto Carmona (MAPOCHO PRESS) 
El dictador Pinochet intentó un segundo golpe cruento tras perder el plebiscito que lo sacó del poder en octubre de 1988, según documentos oficiales de Estados Unidos recientemente desclasificados por el National Security Archive (NSA), instituto privado que dirige Peter Kornbluh, y difundidos ahora por escasos medios internacionales, entre otros el diario La Jornada de México, la agencia Reuters e Hispan TV.

Esta historia periodística está vinculada a la competencia del premio Oscar, que se dirimió la noche del domingo en Hollywood, donde está nominada la película chilena NO, que relata la campaña publicitaria que contribuyó a acabar con el dictador hace 25 años. Naturalmente, la noticia tampoco fue difundida por los grandes medios chilenos, como ya es habitual.

Según un informe de David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, los recientes documentos desclasificados incluyen advertencias secretas desde la Embajada de Estados Unidos sobre la intención de Pinochet de emplear la violencia para mantenerse en el poder en caso de no triunfar en el plebiscito, que su círculo más íntimo estaba convencido de que ganaría. 

En rigor, Pinochet también se proponía doblar la mano de Estados Unidos, que lo apoyó para el golpe militar contra Salvador Allende en 1973, pero por razones imperiales, motivos geoestratégicos y financieros neoliberales, en 1998 apoyó el NO (a Pinochet) en el plebiscito, con ingentes aportes de diverso origen que financiaron organizaciones políticas e hicieron emerger medios de información anti-dictadura que después fueron abandonados "en democracia" hasta que desaparecieron definitivamente, con el consiguiente desempleo masivo de periodistas. 

La película NO, dirigida por Pablo Larraín y cuyo rol principal desempeña el actor mexicano Gael García Bernal, está nominada como mejor film extranjero y ha sido muy alabada por críticos de Estados Unidos. La película describe la estrategia publicitaria empleada por la campaña del NO en la consulta popular convocada por Pinochet para legitimarse por otros 8 años en el poder. 

Peter Kornbluh, director del Proyecto sobre Chile del NSA señaló que la película aborda eventos históricos reales, pero ha sido criticada por "barones" de la clase política chilena por "no destacar su trabajo político de años". La gente de Chile ya olvidó que el golpe fue apoyado por el partido Demócrata Cristiano y otras fracciones de derecha –más "sectores progresistas"– que con el correr de los años se opusieron a la dictadura inspirados por la política exterior de Estados Unidos y de los países europeos gobernados entonces por la social democracia. 

El DC Genaro Arriagada, quien dirigió la campaña del NO, calificó la película de caricatura de lo que ocurrió, y dijo al New York Times que es una gran simplificación que no refleja la realidad del enorme y largo esfuerzo de organización que logró tumbar a una de las dictaduras militares más fuertes del continente americano, escribió Brooks. 

Kornbluh señaló que aunque la película asume que el gobierno de Estados Unidos estaba apoyando el SI para mantener a Pinochet en el poder, documentos oficiales revelan que 15 años después de apoyar el golpe de Estado, organizaciones oficiales y cívicas estadounidenses promovían el NO. Por ejemplo, el entonces embajador de Ronald Reagan en Chile, Harry Barnes, apoyó abiertamente a organizaciones chilenas que estaban participando en promover el NO a tal nivel que los medios pro dictadura lo condenaron y Pinochet denunció el imperialismo yanqui por intromisión en su contra. Asesores y estrategas electorales estadounidenses también participaron en la campaña del NO y hubo organizaciones semi oficialesque otorgaron financiamiento, como el NDI (sigla en inglés del Instituto Demócrata Nacional, ligado al partido del mismo nombre). 

Los documentos desclasificados 

Según el informe de Brooks, "tal vez lo más notable en los documentos de la CIA, el Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos recién difundidos por el NSA son las revelaciones del plan de Pinochet de generar violencia y anular el plebiscito para mantener su poder si perdía, como los esfuerzos del gobierno estadounidense para dar a conocer y detener ese complot”. 

La CIA informó en mayo de 1988 que entre los militares había gran temor de que un gobierno civil cooperara con el gobierno de Estados Unidos en perseguir el caso del asesinato del ex canciller Orlando Letelier (ultimado en Washington en septiembre de 1976, junto a su secretaria Ronni Moffitt) y también otros abusos de los militares. 

Hacia septiembre, los cables diplomáticos de la embajada reportaban que crecía la perspectiva de un triunfo del NO. Pero a la misma vez el embajador Barnes empezó a enviar alertas a Washington sobre la posibilidad inminente de un golpe que promovería la dictadura si Pinochet era derrotado en las urnas. Barnes informó que la CIA y la DIA advertían de la determinación de Pinochet de emplear violencia en la escala que fuera necesaria para mantenerse en el poder. 

La DIA informaba que sus fuentes en el comando militar chileno confirmaban planes de contingencia para descarrilar el plebiscito al alentar y realizar actos de violencia. Esperaban que tal violencia provocara reacciones de la oposición más radical e iniciara un ciclo de violencia y desordenes que permitirían suspender el referéndum, suspenderlo, declararlo inválido o postergarlo de manera indefinida. 

Kornbluh comentó que funcionarios del gobierno de Ronald Reagan terminaron por percibir a Pinochet como un dictador indeseable, porque su intransigencia estaba radicalizando a la izquierda militante y marginando al centro político en Chile, y por tal motivo actuaron rápidamente, comunicando esta información al propio presidente Reagan. Enviaron mensajes oficiales al alto mando chileno, incluyendo a Pinochet, advirtiendo que no tomaran medidas para descarrilar ni anular el plebiscito, e incluso amenazaron que tales medidas dañarían seriamente las relaciones con Estados Unidos. A la vez, la CIA y oficiales militares estadounidenses emitieron mensajes parecidos a sus contrapartes en Chile. 

De hecho, en el mismo día del plebiscito hubo un intento del gobierno de Pinochet de manipular la información sobre los resultados y tratar de incitar a la oposición y provocar desorden. Cuando eso falló, en un último intento desesperado, Pinochet convocó a los integrantes de su junta al palacio de La Moneda a la una de la mañana, donde estaba casi apopléjico por los resultados. Propuso anular el escrutinio y solicitó que la junta le otorgara poderes extraordinarios. Sus colegas rechazaron esta opción y sin su apoyo no tuvo otra alternativa que reconocer su derrota.

Los documentos oficiales se pueden consultar (en inglés) en el sitio del National Security Archive: www.gwu.edu/~nsarchiv/index.html. 

El informe de David Brooks en el diario La Jornada de este domingo puede leerse en http://www.jornada.unam.mx/2013/02/24/index.php?section=mundo&article=023n1mun 
Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.
Fuente:Argenpress