LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2013
En contratación pública, Santos contra las pymes y con las trasnacionales
Por Jorge Enrique Robledo (MOIR)
¿La inversión pública debe promover las empresas nacionales o las extranjeras, las pequeñas y las medianas o los monopolios? La eliminación de los anticipos les ha causado un daño gravísimo a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Hoy en día, compañía de construcción que no tenga vínculos con los banqueros o que no sea trasnacional queda en una situación complicadísima. La política es generar negocio para las trasnacionales, porque estamos en la globalización. El gobierno se sirve de la corrupción como pretexto para adoptar políticas dañinas. A las mipymes no se les deja sino dos posibilidades: o desaparecen o terminan de subcontratistas de las grandes empresas. Porque con la ley de las cien mil viviendas ocultó un cambio profundo en la contratación. En el país de la corrupción, se impuso la contratación a dedo, como lo denuncia la Contraloría. Las nuevas normas de contratación se imponen en el marco de los TLC.
Saludo
Me complace mucho estar compartiendo con el senador Guillermo García Realpe. Como bien se sabe, no pertenecemos al mismo sector político. No obstante que podamos tener diferencias en otros temas, cuando se trata de asuntos en los que vale la pena coincidir, es nuestro deber de congresistas trabajar mancomunadamente. Que fue lo que decidimos hacer cuando un distinguido grupo de ingenieros, hace unas semanas, nos planteó la importancia de promover un evento como este y que si podíamos colaborarles abriendo el debate público sobre estos asuntos de la ingeniería y de la contratación pública, el tema que hoy nos ocupa.
Me agrada mucho lo que estamos haciendo y estoy dispuesto a contribuir a su éxito con todo el gusto. Primero, porque es un deber de los congresistas fomentar este tipo de eventos. No solo nos compete aprobar o no aprobar leyes, hacer o no debates de control político, sino también facilitar audiencias públicas sobre temas de interés nacional que les permitan a los analistas de distinto origen expresarse ante el país, a fin de buscar con el concurso de todos las políticas más adecuadas, en este caso, en bien de la contratación pública y en bien de la ingeniería colombiana.
El tema me interesa por mi simple condición de político. Creo que uno debe hacer esfuerzos por estar pendiente de todos los asuntos que tengan que ver con la vida del país y más siendo tan importantes como este. Pero además tengo algo de mi corazón puesto en él, porque soy arquitecto. Mucha gente no lo sabe. Fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, durante 26 años.
Un breve comentario, para dar paso a las distintas intervenciones, y al final el senador García Realpe y yo sacaremos algunas conclusiones. Es suficientemente conocido que las inversiones públicas tienen como un fin muy evidente proveer a la sociedad de todo tipo de bienes, vías, obras de infraestructura, presas, puentes, planes de vivienda, conducciones eléctricas, etcétera. Parte del deber del Estado es promover que un país se dote de la mejor infraestructura. Y es sabido también que las obras deben ser de buena calidad, hacerse a costos razonables y, por supuesto, realizarse mediante la idea de cero corrupción.
Hay un aspecto muy poco conocido por la opinión pública. Y es que la inversión del Estado en el sector público tiene otros dos elementos, por lo menos, que deben ser parte de la política pública. Uno, que la inversión, si se hacen las cosas bien, debe promover el desarrollo de otros sectores. No debería sernos indiferente si la ingeniería construye con acero nacional o con acero importado, si se contrata estimulando otros sectores de la economía nacional o no. Es parte del debate que tenemos, porque en las ideas del libre comercio no importa cómo se hagan las cosas. Pienso que sí nos debe importar, porque no es posible que la ingeniería en el sector de las obras públicas se desarrolle bien si no hay un desarrollo integral del país, si no estimula que avancen los demás sectores.
Hay otro punto y es el que más nos congrega. El Estado invierte en infraestructura, subsidiando por ejemplo planes de vivienda. Y los subsidia, porque si no lo hace, la gente no las puede comprar. Pero consciente o inconscientemente hay allí un problema pendiente: qué tipo de empresas promueve. Primero, ¿nacionales o extranjeras? Es un primer debate. ¿Debe la contratación pública tomar partido? Pienso que sí. No me opongo a que haya inversión extranjera, pero creo que este debe ser un factor de análisis. En la segunda intervención de conclusiones retomaré el tema y explicaré cómo el debate que tenemos se vincula con los tratados de libre comercio, TLC.
Y en segundo término, algo más cercano a los colombianos, ¿la inversión debe promover empresas pequeñas, medianas o grandes? ¿Debe promover la concentración de la ingeniería o promover su diversidad y la presencia de muchos actores? Entiendo que en buena medida es la preocupación que nos congrega. Han venido saliendo un conjunto de normas calculadas para promover la toma de la ingeniería nacional por la inversión extranjera y la idea del monopolio como única forma de eficiencia, entre comillas, en la construcción de las obras civiles. Sobre el punto hay muchas posiciones. No tengo inconveniente en ser respetuoso con todas, pero les digo que esta es en buena medida la discusión. Y cuando un presidente o un ministro dictan una resolución o un decreto o el Congreso promulga una ley, se toma partido sobre el tema, creo que conscientemente, por lo menos entre los ilustrados. Creo que debe ser tema de debate público, no solo entre iniciados. Cada colombiano, cada estudiante, cada profesor, cada ingeniero, tiene derecho a opinar, porque está implícito el progreso nacional.
Saludo entonces la presencia de todos ustedes en esta audiencia que estamos haciendo con el senador García Realpe. Y a todos los sectores vinculados con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a las distintas agremiaciones regionales de ingenieros que sé que están interesadas en este asunto y que están aquí opinando, les agradezco que estén con nosotros.
Conclusiones
En aras del tiempo me voy a limitar a un par de aspectos que considero principalísimos, aun cuando después de haberlos oído a ustedes, que conocen estos asuntos en detalle, son muchas los problemas que habría que abordar. Y empiezo diciendo que se vuelve clave aclarar qué de las cosas malas que suceden son perversiones y qué de ellas son políticas. Cuando digo perversiones, me refiero a actos de corrupción o a ignorancias o a equivocaciones.
Pero hay otros hechos negativos que suceden, no porque sean perversiones, sino porque se trata de políticas definidas. Si no separamos las unas de las otras, el debate se nos vuelve un enredo, se hace imposible definir qué hay que hacer y cómo tratar los problemas. Lo ilustro con un ejemplo. Aquí casi todos ustedes han mencionado que la eliminación o la reducción al mínimo de los anticipos (de recursos públicos para adelantar las obras) les ha causado un daño gravísimo a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. ¿Es una simple equivocación o una política, una decisión tomada por el alto gobierno? Quien tomó la decisión ¿no sabía las consecuencias negativas, no sobre los ladrones, sino sobre la gente que los utilizaba honradamente? Lo que creo es que el gobierno esgrimió el cuento de la corrupción para impulsar una política con unos propósitos determinados. Porque además les digo con toda claridad: cada vez que oigo que el gobierno va a tomar decisiones de importancia con el cuento de la lucha contra la corrupción, me pongo malicioso. Llevamos como cien años luchando contra la corrupción y cada vez hay más corruptos. Se sirven de la corrupción como pretexto para tomar determinado tipo de políticas.
Cuando empezó a hablarse de eliminar los anticipos, algún empresario grande de la construcción me llamó y me dijo, senador, esto es de una gravedad inaudita. Es tan grave que incluso yo, que soy uno de los grandes constructores de Colombia, me voy a ver embromado, porque la falta de los anticipos va a dificultar mi capacidad financiera, relativamente escasa. Y lo que va a pasar, me advirtió, es que compañía de construcción que no tenga vínculos con los banqueros o que no sea trasnacional queda en una situación complicadísima. Es lo que estamos viendo. Él se dio cuenta al minuto y me imagino que ustedes también. Llamo entonces la atención. Claro que hay problemas de perversiones, pero también políticas fríamente calculadas.
Voy hablar de uno de los problemas más graves que enfrentan las pymes: la política es concentrar la producción de obras civiles, la política es generar monopolio, la política inexorable es generar negocio para las trasnacionales, porque estamos en la globalización. Entonces la pregunta que queda ahí es, bueno, ¿y qué papel juegan las mipymes? El de una cucaracha en un baile de gallinas, y lo digo con todo respeto. Porque es obvio que en estas circunstancias, si la política es la concentración, a las mipymes no se les deja sino dos posibilidades. O desaparecen, o, yéndoles bien, terminan de subcontratistas de las grandes empresas, subcontratos que se les impondrán en las condiciones más implacablemente duras que puedan concebirse. Más que empresarios se convertirán en trabajadores por cuenta propia, en cuentapropistas, una manera de volverse uno un trabajador, pero creyendo que se es empresario, dos cosas por completo diferentes.
Y esta política tan fríamente calculada tampoco es la genialidad de ningún cerebro criollo. Es fruto de la globalización. Este es el libre comercio. Lo que estamos viendo se halla enmarcado en los Tratados de Libre Comercio, como bien lo dijo un estudiante aquí hace un momento. Cuál es la historia. Antes de los TLC, los gobiernos tenían el derecho de definir como se les antojara lo que se conoce con el nombre de compras públicas. Podían decir, por ejemplo, no entran trasnacionales o como dice Petrobras, las plataformas de perforación se hacen con acero brasileño. ¿Por qué? Porque estamos interesados en promover la industria nacional del acero. O se podía determinar que en tal contrato no entraban sino los unos y no los otros, dependiendo de conveniencias.
En la OMC, no pudieron las grandes potencias introducir, como querían, un capítulo de compras públicas, porque los países más débiles se resistieron. Ahí hubo avances en el neoliberalismo y el libre comercio, pero no lo suficiente para ellos. ¿Qué ocurre ahora? Que uno de los aspectos más trágicos de los TLC es que, como se dijo aquí, todos tienen un capítulo de compras públicas. Se estipula en ellos, por ejemplo, el trato nacional. ¿Qué significa? Que las compañías norteamericanas o canadienses o europeas o coreanas disfrutan en Colombia de las mismas prerrogativas económicas de las empresas nacionales, lo que ya empieza a ser una tragedia, porque estamos hablando de empresas nacionales, incluidas las mayores, que son pigmeos al lado de las trasnacionales.
Los TLC imponen además unas formas de contratación en nombre del libre comercio, de las libertades, que al final son libertades que les terminan sirviendo a los más grandes. Es como la libertad de competencia de que goza un boxeador de peso pesado, el señor Mike Tyson, de entrar a un ring al que le meten un niño de ocho años.
Es lo que viene sucediendo. Y en este sentido aquí hay un problema de leyes, más que de decretos y resoluciones, porque nos tropezamos con las propias normas del Tratado de Libre Comercio. Lo que aquí se está aplicando es una política de concentración, una política de monopolio, una política en que son los banqueros quienes determinan la suerte de la ingeniería. Eso sí que es sabido en el negocio de las concesiones, un negocio del capital financiero mucho más que de la ingeniería. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha dicho. Lo voy ilustrar con una frase que no es de mi cosecha, sino del doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que es, como se sabe, el jefe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. La frase resume bien la película. Él dice: “Las medidas oficiales (…) están generando el marchitamiento paulatino de las pymes de la ingeniería colombiana: por obra y gracia de quienes se robaron los anticipos —yo diría que con ese pretexto— se limitó para las empresas pequeñas y medianas la opción tradicional de esa figura, sujeta en el pasado a los debidos controles. Los requisitos financieros y de experiencia son para ellas –para las pymes– de costoso e imposible cumplimiento, y por ende las excluyen de los procesos licitatorios. No cuentan con el apoyo de una política crediticia especializada y, de manera recurrente, son víctimas de una mora excesiva en el pago de sus cuentas por parte del Estado”. Podría haber escrito veinte cosas más, pero pienso que con estas queda hecha muy bien la radiografía. Él hace referencia a “las medidas oficiales”, que no las toman ni bobos ni ignorantes ni despistados. No. Las toman quienes tienen una concepción económica, política y social muy definida.
Una de las razones por la que el Polo Democrático Alternativo votó negativamente la ley llamada de las cien mil viviendas gratis, es que apuntaba a ocultar un cambio profundo en la contratación pública. El gobierno se inventó nada menos que una fiducia de 4 billones de pesos para el primer banquero de Colombia. Contratación a dedo, cada vez más, lo denunció aquí la Contraloría hace un momento. O sea, contratación de empresa privada, que es contratación a dedo. Nadamos en un mar de la corrupción y, curiosamente, la medida que acaba de imponerse es contratar sin las normas de la contratación pública, que en buena medida tiene como uno de sus propósitos luchar contra la corrupción. Y vamos a sacar a la luz, cuándo hagamos el debate con el doctor Germán Vargas Lleras aquí en la Comisión Quinta del Senado, la concentración de la producción de vivienda. A ustedes los están sacando.
Darle un peso excesivo a la capacidad financiera para concursar, eso qué es, ¿también una simple equivocación? No. Es un propósito fríamente calculado. Desconocer la experiencia, como se ha dicho aquí, con el cuento de que uno tiene que inventarse la experiencia cada ocho días, lo que hace es darle más peso a la capacidad financiera. Y está el Fondo de Adaptación, contratando una masa inmensa de recursos también bajo las normas del derecho privado. Los convenios interadministrativos, bueno, ahí hay mucho de perversión. Las alianzas público-privadas, para esto mismo ¿o no? La alianza público-privada lo que hace es decirle al Estado, usted se gasta esta plata y se la gasta conmigo y quien no tenga capacidad para proponerlo queda por fuera del negocio. Bueno, sí, puede subcontratar alguna cosa que le permitan las grandes empresas.
Si uno mira lo que viene ocurriendo con la capacidad residual de contratación y con el tema de los anticipos, las fiducias, la experiencia, los sleeping partners, concluye que estamos ante un fenómeno aberrante. ¿Falsos socios para poder hacer exigencias absolutamente desproporcionadas y absurdas que tienen como único propósito montar un negocio de trasnacionales? Con un agravante. Se trasnacionaliza el negocio precisamente cuando hay una crisis mundial pavorosa y las grandes firmas de ingeniería de Europa y Estados Unidos están buscando cómo desaguar la crisis sobre nosotros. Es obvio que ellas van a venir a contratar a cualquier precio, incluso sin ganar, con el propósito de reducir sus pérdidas. Y quién de ustedes va a poder competirles.
La situación es bastante más complicada de lo que parece. Ahora, lo digo no para que nos echemos a llorar ni mucho menos, sino para que cobremos conciencia y nos esforcemos a ver cómo se cambian las cosas. Insisto en que es una política del gobierno nacional, de este del presidente Juan Manuel Santos y de los anteriores, de todos. Llevamos por lo menos 20 años en ella. Solo es modificable en la medida en que ustedes sean capaces de generar un movimiento de opinión pública, llamémoslo político en el buen sentido de la palabra, muy diverso y a la vez muy unido, que nos permita luchar para que los decretos y las normas reglamentarias sean en la dirección contraria a la actual, porque seguramente se va a requerir modificar la ley.
La lucha en el mediano plazo tendrá que llegar hasta donde lo planteó en estos días unos de los más importantes empresarios de la industria automotriz colombiana, a renegociar los tratados de libre comercio. Este país no sobrevive si no lo hace. Pero iremos por partes y hasta donde podamos.
Sugiero entonces, primero, comprender la gravedad de lo que pasa y que la solución no son los pañitos de agua tibia. Los altos funcionarios del Estado colombiano están en lo suyo, para eso les pagan. Luego no hay que persuadirlos ni convencerlos, lo que hay es que derrotarlos. Estoy hablando de lucha civilizada, democrática, pero es la concepción que debe entenderse.
Y en este sentido se vuelven importantes varias tareas. Una, definir un programa con claridad. Pienso que si fuera uno de ustedes me sentaría a definir un programa mínimo. No sé, primer punto, anticipos, y vamos a dar esa pelea de frente. Yo me meto, espero que Guillermo también. Con el cuentico de perseguir la corrupción no puede seguir el gobierno desbaratando este país. Y al que se robe la plata de los anticipos que lo metan a la cárcel, pero no pueden con el pretexto del robo desmontar los anticipos para mejorarles, además, el negocio a los banqueros. La plata del Estado ya ni siquiera está convertida en anticipos, sino que está rentando centavos en un banco y es el mismo banquero el que financia la obra. Es que es de un descaro lo que están haciendo. Sumas descomunales del Estado durmiendo el sueño de los justos en las arcas de los bancos y los banqueros prestando a la tasa de interés que se les dé la gana.
Hay que poner en serio la discusión de las fiducias. La tesis de que aquí no se puede mover ni un centavo sin que un banquero le pesque algo. ¡Tampoco! Otra vez con el cuento de la lucha contra la corrupción. Y está el tema de las concesiones. Pienso que las pequeñas y medianas empresas tienen derecho a luchar por una determinada escala de la contratación. O aquí con el cuento de la eficiencia y que lo único que es eficiente es lo grande, el monopolio, vamos a terminar con que una sola empresa termina contratando todas las vías de Colombia porque es la más grande y se supone la más eficiente. No niego la eficiencia de una volqueta de trescientas toneladas, pero que tampoco se la nieguen a la de 10 ó 30 toneladas.
Lo de las alianzas público-privadas supone conectar la manguera directo al corazón financiero del Estado colombiano. Ya no es ni siquiera el Estado el que piensa qué hay que hacer con la plata. Vamos a terminar haciendo alianzas público-privadas de obras innecesarias solo porque le convienen a un contratista. No se sorprendan si el país se nos llena de teleféricos, porque a alguien le da la cuenta de que el teleférico es buen negocio y entonces hagan teleféricos, uno cada diez cuadras.
Políticas de protección a las Mipymes. No hay nada que genere más desigualdad que la igualdad entre desiguales. No todos son iguales. Y el país tiene derecho a hacerse una pregunta, ¿no debe haber pequeñas y medianas empresas? ¿El capitalismo que se va establecer en el país es solo el de los monopolios? Voy más allá. ¿La clase media debe desaparecer, es una clase de indeseables? ¿Aquí tres o cuatro en la cama y todos los demás en el suelo?
No voy a ser yo por supuesto quien defina lo que hay que hacer para ver cómo se genera organización y movilización. ¿Qué es lo que entiendo por movilización? Un evento como este o conferencias, charlas, artículos, reuniones, reuniones con el gobierno, hablar con franqueza, poner las cosas claras, ser orgullosos de la condición que ustedes tienen. No aceptar la tesis de que la única eficiencia es la que ellos se inventaron. Paja. Y a partir de allí adelantar una lucha, la más grande posible, hasta lograr modificar estas circunstancias.
Creo que si esto ustedes lo plantean con franqueza, con una actitud enhiesta, de decir aquí estamos y estos son nuestros derechos, sí será posible avanzar para generar hechos de sensatez que le permitan a este sector de la ingeniería, que no es de monopolios ni de trasnacionales, gozar de un sitio bajo el sol de Colombia.
Jorge Enrique Robledo en la Audiencia Pública sobre la contratación pública y el futuro de la ingeniería nacional, auditorio Luis Guillermo Vélez, Senado de la República, 21 de febrero de 2013.
Fuente:Argenpress
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