GUATEMALA.

LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2013 
¿El militar presidente de Guatemala se atreverá a juzgar al ex presidente asesino Ríos Montt? 
Por Pedro Echeverría
1. El juez del Tribunal de Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, inició este jueves una audiencia para recibir las pruebas que serán presentadas en un juicio abierto al ex dictador de ese país Efraín Ríos Montt bajo cargos de genocidio cometido contra poblaciones indígenas durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983. Ordenó enjuiciar a Ríos Montt y al ex general Mauricio Rodríguez por la matanza de mil 771 indígenas de la etnia ixil durante operativos militares entre 1982 y 1983, en el marco de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. Se deberá determinar la validez de las mismas e indicar a cuál Tribunal de Sentencia enviará el proceso para que se inicie el juicio oral y público. La pregunta es: ¿Llegará el presidente de Guatemala, militar derechista retirado Otto Pérez Molina, a hacer justicia como se requiere en estos casos de genocidio? 

2. Guatemala es un país de poco más de 15 mil habitantes, con una economía esencialmente agraria y con una población indígena muy alta: para unos el 42 % y para otros el 51 %. El predominio de indígenas y campesinos o trabajadores de la tierra, no es un signo de atraso; pero en el sistema capitalista que controla el poder en el mundo, a los ejércitos, a los gobiernos, los medios de información e impone un tipo de cultura, los países que mantienen estas características de economía y vida (los africanos, asiáticos, centroamericanos) son siempre candidatos al saqueo y la expoliación. Guatemala, además de ser explotado por los países poderosos como EEUU, ha sufrido la opresión de todos los gobiernos, en particular de los militares; quizá sólo con la rara excepción de los gobierno de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz en los años que van de 1944 a 1954, acusados de “comunistas”. 

3. Obviamente el imperialismo encabezado por el entonces presidente y ex militar Eisenhower, su United Fruit Co. y su ejército lograron imponer con un golpe de Estado al general Castillo Armas en tiempos de la llamada “guerra fría”. ¿Cómo podían permitir un programa de Reforma Agraria expropiatoria y la formación de un Partido del Trabajo con tintes “comunistas? Guatemala es esencialmente un pueblo perteneciente a la gran cultura maya, misma que formó parte del área mesoamericana, junto con otros pueblos de México. Además que fue parte de la Nueva España, por sus orígenes parece mantener mayor identidad con parte de México que con el resto de América. Pero Guatemala, al sufrir el militarismo abierto y la intervención descarada y brutal de los yanquis, no ha dejado de soportar a los milicos, incluso a gobiernos civiles con pensamiento militar.

4. Cuando gobernaron los generales Lucas García, Ríos Mont y Oscar Mejía, en los años que van de 1978-1986 se registró un genocidio de 250.000 víctimas mortales, de las cuales 45.000 continúan desaparecidas. El genocidio indígena hizo que un millón quinientos mil ciudadanos forzosamente fueran desplazados. ¿No se recuerda acaso que la guerra provocó el desplazamiento de cientos de miles de campesinos que arribaron a México en calidad de refugiados? Se decía entonces que los desplazados huían tanto de los guerrilleros como de los militares, ya que ambos bandos no respetaban “la neutralidad” de varias comunidades, causando además 667 masacres y que 443 aldeas completas desaparecieran. En enero de 1980 la situación en Guatemala pasó a ser objeto de atención mundial por la Matanza en la embajada española de Guatemala y posterior asesinato de 37 indígenas sobrevivientes del genocidio 

5. La breve presidencia de Ríos Montt (1982-83) fue probablemente el período más violento del conflicto de 36 años: unos 60.000 muertes de civiles, en su mayoría indígenas desarmados. Se estima que más del 80% de estos horrores los causó el ejército. El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por su propio Ministro de Defensa, General Óscar Mejía Víctores, quién lo sucedió como presidente (Jefe de Gobierno) de facto de Guatemala (Ríos Montt sobreviviría para fundar un partido político, FRG). El actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, según se ha publicado, formó parte de los encargados de vigilar la transparencia de dichas elecciones directamente en las urnas y que dándose cuenta del fraude, en marzo de 1982 dieron un golpe de Estado para evitar la toma de posesión del recién electo presidente militar Ángel Aníbal Guevara. 

6. Las fuerzas guerrilleras, los gobierno cubano, de la Unión Soviética y sus aliados izquierdistas denunciaron a Ríos Montt. Incluso en mayo de 1982 la Conferencia de Obispos Católicos acusó a Ríos Montt de ser el responsable de cultivar la militarización del país y continuar las masacres de civiles por medios militares. Fue otro general, Mejía, quien en 1984 convocó a una Asamblea Constituyente para dar paso a un civil democristiano, Vinicio Cerezo, quien tomó posesión en 1986. A partir de enero de 2012 Guatemala es gobernada por Pérez Molina, un militar retirado con prestigio de derechista y de ser mano dura. Quizá esta confrontación entre poderosos ayude a que muchas cosas cambien para bien en la Guatemala pobre y oprimida, pero no se ven muchas esperanzas en que así sea porque no hay un movimiento social fuerte. Quizá sea sólo para esconder un poco de basura bajo la alfombra. 

LUNES, 4 DE FEBRERO DE 2013
Proceso “histórico” contra Efraín Ríos Montt: Satisfacción internacional por juicio a represor guatemalteco 
Por Sergio Ferrari 
Desde el martes 29 de enero, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ocupa el banquillo de los acusados. Al mejor estilo de las causas y condenas contra los represores argentinos, la justicia chapina acaba de dar un primer paso histórico contra la impunidad reinante desde hace cuatro décadas en ese país. La comunidad internacional mira con júbilo y respeto hacia las autoridades judiciales centroamericanas.

Este jueves 31 de enero el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez confirmó la apertura de la recolección de pruebas contra el ex dictador guatemalteco. 

Dos días antes, el 29 de enero, Gálvez había hecho pública su decisión de elevar a juicio la causa ya existente contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar en los años ochenta, el ex general Mauricio Rodríguez Sánchez. Falta confirmar todavía la fecha del inicio del juicio y la conformación del Tribunal de Sentencia. 

La justicia guatemalteca acusa a ambos militares de la matanza de 1.770 indígenas mayas ixiles en el norteño departamento del Quiché, uno de los hechos más cruentos en la guerra de casi cuatro décadas -entre 1960 y 1996- que sufrió ese país centroamericano. Con un corolario de más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Ríos Montt, general transformado en político; genocida metamorfoseado en diputado; católico romano reconvertido en ministro de culto de la ultraconservadora iglesia del Verbo Divino se confronta ahora a un juicio pospuesto desde años. 

Comisión de Naciones Unidas esperanzada 

“Tarde o temprano la justicia debe aclarar los crímenes cometidos por cualquier persona sin distingos de clase ni de rango” puntualizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

El comunicado público conocido en Ginebra saluda el proceso contra esos ex funcionarios “y contra todo aquél que infrinja las leyes guatemaltecas”. “Es una clara señal para el pueblo de que ninguna persona puede estar por encima de la ley”, enfatiza.

La Comisión, creada en 2007 a partir del acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, busca reforzar la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos. 

Genocidas en la mira

“El inicio del proceso es una muy buena noticia. Finalmente la justicia guatemalteca, luego de once años de lucha, logró abrir este juicio, que es histórico, contra dos personeros acusados de genocidio”, expresó Alma Noser, responsable del trabajo para Guatemala de parte de la sección suiza de Amnistía Internacional (AI). 

Noser, que desde años sigue de cerca los derechos humanos de ese país centroamericano, recuerda que “bajo el Gobierno de Ríos Montt y bajo la responsabilidad directa de Sánchez, se promovieron varias campañas de tierra arrasada, que condenaron al terror y a la muerte a numerosas comunidades indígenas y campesinas que vivían en zonas atravesadas por el conflicto armado”. 

La filosofía de los militares en esa etapa, recuerda Alma Noser, era “de quitar el agua al pez”, es decir golpear a las comunidades que ellos consideraban como base social de la guerrilla.

Con ese pretexto, recuerda la portavoz de AI, numerosas comunidades fueron arrasadas del mapa. “Los que pudieron huyeron a México o a las montañas donde sobrevivieron en condiciones miserables durante muchos años”. 

Síndromes de la represión 

Todavía hay familiares que siguen buscando a sus muertos o desaparecidos, sea en fosas comunes o en archivos del ejército o del Estado, explica Noser al recordar que esos hechos producidos hace casi 30 años, “siguen teniendo repercusiones y produciendo síndromes brutales en la actualidad”. 

Entre el ayer y el hoy hay una relación estrecha en la historia guatemalteca, insiste Alma Noser. De ahí que este “juicio histórico, signifique un gran paso reparador, un esfuerzo contra la impunidad”.

La decisión de la justicia guatemalteca “debe servir para enviar un mensaje a muchos otros acusados de crímenes de guerra”, insiste la responsable de AI/Suiza para Guatemala. 

Quien subraya “que no puede haber paz, justicia y reconciliación sin un juicio justo contra los responsables”. Recordando que esta decisión “significará una gran satisfacción para los familiares de las miles de víctimas del genocidio. Me alegro muchos por ellos y con ellos”, concluye. 

La victoria de los familiares 

Concepto que comparte Anna Leissing, coordinadora de la Red Guatemala de Berna. “Los familiares de las víctimas han demostrado un valor enorme, un coraje de dimensiones titánicas. No es fácil confrontarse con los responsables de los genocidios y presionar para que sean juzgados”, insiste. 

Y ese compromiso, reflexiona Leissing, “debe ser un estímulo para la sociedad civil internacional y la solidaridad en general, para seguir acompañando y presionando a las autoridades guatemaltecas. Y asegurar que este primer paso de un juicio histórico en marcha prospere y se salde con condenas firmes”. 

Para todo esto “es fundamental que se asegure una buena información y se refuercen las redes de solidaridad fuera de Guatemala. Y que la sociedad civil internacional y los gobiernos acompañen políticamente y sigan atentos. El sistema allá es sumamente frágil y es importante reforzarlo”, puntualiza. 

Es esencial que la comunidad internacional mantenga su presencia política y aumente el apoyo a instituciones y proyectos, como la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía del Estado. “Así como a otras iniciativas que abogan contra la impunidad, trabajan a favor de la reconstrucción de la memoria, y en defensa de los derechos humanos, económicos, y sociales de la población”, concluye.
Fuente:Argenpress