El magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, fue varias veces denunciado por organismos de Derechos Humanos
Piden apartar a un juez que frenaba causas por crímenes de la dictadura
Lo solicitó la procuradora general, Gils Carbó, para quien el funcionario judicial "adoptó una posición parcial contraria a la persecución penal" de los delitos de lesa humanidad. Fue en un expediente que investiga al ex comisario Luis Patti.
Por: Gerardo Aranguren
Por considerar que adoptó "una posición parcial" en contra de los juicio por delitos de lesa humanidad, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió el apartamiento del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, en una causa en la que se investiga al ex comisario Luis Patti por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
Gils Carbó dictaminó ante la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación contra Villafuerte Ruzo planteada por el ex fiscal de San Nicolás Juan Patricio Murray, ahora fiscal federal de Rosario. El pedido de Murray recorrió todas las instancias: fue rechazado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara de Casación Penal, y llegó hasta el máximo tribunal, momento en que tomó intervención la procuradora general.
La semana pasada, Gils Carbó se manifestó a favor de la recusación basada en un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, que dio cuenta de las "prácticas dilatorias" del juez.
El dictamen destaca también que el magistrado se opone a la realización de los juicios, opinión que volcó al verse obligado a aplicar la doctrina de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Según detalló la procuradora, Villafuerte Ruzo explicitó que lo hacía sólo "en virtud de un deber funcional, pues a su juicio la decisión de perseguir penalmente en esos casos implicaba la violación de derechos fundamentales de los imputados”.
Por esto, Gils Carbó concluyó: “El juez, en fin, ha adoptado una posición parcial contraria a la persecución penal en los casos sobre los que se informa y, por ello entiendo que, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación, corresponde apartarlo de estas actuaciones".
El magistrado de San Nicolás cuenta en su haber con varias denuncias de organismos de Derechos Humanos y fiscales por las demoras en el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta actitud dilatoria se desprende del informe realizado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. "Desde la reapertura de los procesos por crímenes contra la humanidad en San Nicolás se iniciaron más de 100 causas, sin embargo, recién el 3 de julio de 2012 comenzó el primer juicio oral. Esta demora de más de ocho años puede explicarse, en gran medida, como la consecuencia de los retrasos y obstáculos registrados en el Juzgado a cargo de Villafuerte Ruzo, donde tramitan todas estas causas", resumió el documento elaborado por Jorge Auat y Pablo Parenti.
Uno ejemplo notorio de esa actitud se dio en la causa que tiene como principal imputado a Patti. Cuando en 2005 el Ministerio Público promovió la reapertura del caso, el juez demoró una respuesta por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 lo rechazó. Recién en 2010 resolvió la petición, reabriendo la instrucción de la causa y en 2011 comenzó a contestar los pedidos de citaciones a indagatoria de los acusados que el fiscal solicitó más de seis años antes.
El informe muestra también la práctica sistemática de "atrasos exagerados en todos los procesos". Enumeraron "demoras burdas" en la elevación de actuaciones a los tribunales superiores, "tomándose muchas veces más de un año para un trámite que debería demorar apenas unos días"; rechazos injustificados de los pedidos de acumulación de causas y una política de dejar en libertad a acusados que decidía procesar.
La Unidad destacó otros dos hechos que entorpecieron los juicios. Por un lado, a pesar de haber sido informado que el ex coronel Manuel Saint Amant se encontraba a disposición del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, el juez de instrucción decidió arbitrariamente trasladar al imputado a San Nicolás, lo que provocó la suspensión de una audiencia del juicio que se seguía en Rosario.
También se le reprocha a Villafuerte Ruzo haber extraviado un expediente por el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale. Cuando el Tribual rosarino le solicitó la causa para incorporarla al juicio oral, luego de idas y vueltas el juez reconoció que no había podido hallarlo. Sin embargo, no tomó ninguna medida para reconstruirlo o averiguar cómo se produjo la pérdida.
Informe
Obstaculización
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos destacó que "desde la reapertura de los procesos por crímenes contra la humanidad en San Nicolás se iniciaron más de 100 causas, sin embargo recién el 3 de julio de 2012 comenzó el primer juicio oral".
Fuente:TiempoArgentino
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