“Un plan criminal, una cacería humana”
Los abogados del CELS, que representan a la familia de Ferreyra, identificaron al ex secretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza como “instigador” del homicidio. Señalaron que el móvil del crimen era que los reclamos de los tercerizados no salieran a la luz.
Por Ailín Bullentini
Los jueces del tribunal, Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, escucharon el alegato del CELS ayer.Imagen: Télam
La querella de la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010, solicitó que el Tribunal Oral en lo Criminal porteño Nº 21 condene a prisión perpetua a 14 de los 17 acusados de planificar, llevar a cabo y colaborar con el crimen. Los abogados del CELS Maximiliano Medina y Alberto Bovino consideraron que el ex secretario general del gremio Unión Ferroviaria José Pedraza y su número dos, Juan Carlos Fernández, fueron los instigadores del homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas. A los delegados Pablo Díaz y Daniel González, a los ferroviarios Salvador Pipito y Gabriel Sánchez y al barrabrava Cristian Favale los señalaron como coautores del crimen. El delegado Claudio Alcorcel y los policías federales Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Luis Echavarría, Rolando Garay y Gastón Conti fueron partícipes necesarios. Por ser coautores de encubrimiento del homicidio, los abogados solicitaron cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, en tanto que exigieron una pena de un año en suspenso al efectivo David Villalba, por omitir deberes de funcionario público. Tras más de 10 horas de alegato, Medina exigió “en nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, mamá de la víctima fatal de los hechos juzgados) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”.Bovino y Medina comenzaron a desandar su alegato pasadas las 10, luego de que el ex comisario Lompizano explicara al tribunal las razones de su ausencia el pasado viernes –el TOC decidió, al final de la audiencia, concederle la excarcelación solicitada por su abogada defensora–.
Para la querella de la familia de Ferreyra, el homicidio del militante del PO es la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. El objetivo de mantener encendidos los “grandes negocios” de la cúpula de la UF, de ribetes políticos y económicos, fue el hilo argumental con la que estructuró el alegato.
Cacería humana
Lo sucedido aquel 20 de octubre de 2010 en Barracas formó parte de un “plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, sentenció Medina. Dirigentes gremiales, patota y policías “participaron de la cacería humana” en la que “con piedras, palos y armas” un grupo de ferroviarios atacó a los tercerizados, agrupaciones políticas y sociales, mató a Ferreyra e hirió a otros tres militantes. Antes, su colega enmarcó el homicidio en el proceso de tercerización, haciendo especial foco en las características que adquirió en la ex línea Roca, en el papel que la UF tuvo en ese proceso –llegó a gerenciar cooperativas de tercerizados, con cifras millonarias de ganancias–, las complicidades que esa dirigencia sindical entabló con la administradora del servicio, Ugofe, y la Secretaría de Transporte nacional, y en las tajadas que sacaron de esa situación. En la existencia de tercerizados, pero sobre todo en el interés de que sus reclamos no salieran a la luz, radica gran parte del móvil del crimen en juicio, según el primer alegato oído ayer.
Los instigadores
“Pedraza y Fernández fueron los instigadores del crimen de Ferreyra”, concluyó Medina, para comenzar a explicar las razones que prueban tales cargos. “Armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho, sumó Bovino, al cierre. Ni Díaz ni Favale ni el resto hubieran estado en el lugar de los hechos de no haber existido la orden de los instigadores, concluyó. ¿Por qué? “Para evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico.” El aporte de varios testigos al debate, las escuchas telefónicas a los acusados y los documentos secuestrados en sus oficinas fueron las pruebas principales sobre las que se basaron para determinar la instigación. Las escuchas demuestran que “ambos estaban preocupados desde el día anterior por el corte de vías que iban a desarrollar los tercerizados y organizaron, con Díaz, cómo detenerlos”. Los cruces telefónicos también revelaron la preocupación de Pedraza por la situación de Favale tras las rejas.
Los coautores
Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” pero también a “más empleados ferroviarios para que la patota se mezclara, atacara, disparara y se perdiera en la impunidad”. Según la querella, el delegado fue “el centro de la convocatoria, quien traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”. El garante de que el plan criminal se concretara con éxito. La teoría de la “autoconvocatoria de los ferroviarios al lugar de los hechos quedó descartada por completo”, sostuvo Medina.
Díaz era quien tenía la “relación de confianza” con Favale. En base, sobre todo, a los testimonios que lo reconocieron y lo vieron disparar, además de las llamadas con Alcorcel, a quien lo diferenciaron como partícipe necesario, la querella consideró probado que el hombre de Florencia Varela “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél, se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. Los testimonios también confirmaron la culpabilidad de Sánchez en la tenencia de armas y los disparos. A Pipito y a González, las imágenes de C5N y los testimonios del equipo periodístico de ese canal los empujaron a la responsabilidad de amedrentar, privar de su libertad y coaccionar a los periodistas para que no hubiera registro audiovisual” del ataque.
Partícipes necesarios
En cuanto a los policías, la querella los consideró partícipes del crimen, de facilitar la fuga y de propiciar la impunidad de los responsables. “No hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando... Es muy llamativo que ninguno haya hecho nada”, remarcó Medina.
Fuente:Pagina12
20.02.2013
La familia de Mariano pidió perpetua para Pedraza y otros 13 imputados
En la lectura de alegatos, los abogados del CELS definieron el asesinato como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en el hecho". También pidieron la pena máxima para los jefes policiales y varios integrantes de la patota. Lompizano quedó en libertad.
Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino pronunciaron ayer su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 21, mientras en las afueras del edificio judicial situado en Comodoro Py, cientos de militantes realizabam una manifestación para reclamar justicia por Mariano.
Los abogados definieron el crimen como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho". Luego, acusaron a Pedraza y a Fernández como "instigadores" del asesinato y consideraron que durante el juicio quedó "probado con certeza ese rol" del jefe gremial y su mano derecha, en lo que denominó "un plan criminal previo" a los hechos.
El móvil para idear el crimen, sostuvo la querella, era "conservar la hegemonía política" de Pedraza y Fernández dentro de la Unión Ferroviaria, así como mantener "la estructura de negocios basado en la tercerización laboral". En ese sentido, señaló que "la cooperativa Unión del Mercosur" de la cúpula de la Unión Ferroviaria, creada supuestamente para emplear a despedidos, "era manejada como una empresa y Pedraza era el único que ganaba dinero".
"Las cifras totales de la actividad de la cooperativa Unión del Mercosur", propiedad de Pedraza y Fernández, ascendieron a "30 millones en tres años en contratos con la UGOFE, lo cual parece bastante para una cooperativa creada para dar trabajo a los ferroviarios desocupados", según los acusadores.
La querella acusó a la "patota" de la Unión Ferroviaria de la autoría material y definió al crimen como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho".
"(Cristian) Favale hizo un número indeterminado de disparos y en la vereda, (Gabriel) Sánchez hizo otro tanto, también hubo otras dos personas no identificadas que hicieron disparos", señaló Medina, quien para ambos también pidió la pena de prisión perpetua. Para el delegado Pablo Díaz también solicitaron perpetua porque "era el máximo referente del poder gremial" en el lugar de los hechos, y daba las órdenes.
El letrado aseguró que luego de la balacera "(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen"; para ellos pidieron una pena de cuatro años de prisión.
También solicitaron perpetua para Salvador Pipitó y Jorge González, porque "amedrentaron, privaron de su libertad y coaccionaron a periodistas de CN5 con el único objetivo de que no filmaran los incidentes y no haya cobertura", y para el delegado Claudio Alcorcel, porque coordinó la llegada de Favale al lugar.
La acusación contra los ferroviarios –que se encuentran todos detenidos– fue por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. A los siete oficiales de la Policía Federal, el CELS los acusó porque liberaron la zona de Barracas en la que fue asesinado Ferreyra y "colaboraron con el ataque de los ferroviarios". Para los comisarios Lompizano –quien faltó el jueves a la audiencia, fue detenido el fin de semana y liberado ayer–, Mansilla y Ferreyra, y los subcomisarios Rolando Garay y Luis Echavarría, así como para el principal Gastón Maximiliano Conti también pidió perpetua.
En tanto, para el agente David Villalba solicitó un año de prisión en suspenso por el delito de omisión de deberes de oficio, ya que estaba a cargo de grabar el operativo y no filmó los cuatro minutos en los que se produjo el ataque.
"Todos los testigos hablaron de haber oído al menos unos diez disparos", sostuvo Medina en su alocución y también acusó a los efectivos de la Policía Federal porque, dijo, "liberaron el escenario y colaboraron con los atacantes, se permitió el ataque".
Medina, incluso, alegó que "los policías de servicios especiales se retiraron del lugar una hora antes de la muerte de Mariano" hacia "la estación Avellaneda", y eso hizo posible que empezaran a bajar (del terraplén) los ferroviarios" que perpetraron el ataque. Su colega Bovino se centró en los posibles móviles del crimen y mencionó que "el proceso de tercerización de trabajadores fue apoyado por José Pedraza y su segundo Juan Carlos Fernández".
"Desde que la UGOFE se ocupó del ferrocarril Roca, se dio un boom de tercerización", indicó y subrayó que "el propio gremio (Unión Ferroviaria) habilitó que algunas tareas comprendidas en el convenio colectivo serían tercerizadas y que los tercerizados no eran trabajadores ferroviarios". Ante las protestas de los tercerizados para ser incorporados como personal estable del ferrocarril, disparó Bovino, "la Unión Ferroviaria persigue y mata, y si no... mata", y agregó que "Pedraza y Fernández matarían".
El cronograma
Alegatos
El juicio continuará el viernes a las 10, con el alegato de los abogados del PO que representan a los heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos; más tarde la fiscalía hará el suyo para solicitar las condenas y luego le tocará a las defensas.
Fuente:TiempoArgentino
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