DD.HH.
Piden intervención de Alak para trasladar al ex militar procesado
Fiscalía solicitó trámites para que el represor que está detenido en Rosario sea alojado en la cárcel federal de Colonia Pinto.
RECLUSIÓN. El ex militar está preso en la Unidad Regional 2 de Rosario de la Policía de Santa Fe.
Publicado el 09/02/2013
La Fiscalía Federal General solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que se concrete el traslado a Santiago del Estero, del ex jefe de Policía durante la dictadura, Ramón Warfi Herrera, que está procesado por delitos de lesa humanidad.
Así lo señalaron fuentes judiciales, quienes apuntaron que la petición ante la cartera que conduce Julio Alak, fue debido a la mora para cumplir con el mandato de la Cámara Federal de Tucumán, que a fines del año pasado ordenó la detención del ex militar y su traslado a la cárcel federal de Colonia Pinto.
El requerimiento al Ministerio de Justicia Federal, es porque la Unidad de Traslado del Servicio Penitenciario Federal que depende del ministerio, aún no cumplió con la decisión del tribunal.
Ramón Warfi Herrera permanece alojado en la Unidad Regional 2 de la Policía de Santa Fe.
Herrera fue el superior de Musa Azar Curi, el ex jefe de los grupos de tareas parapoliciales que operó durante los 70 con base en la “Side” local y que ya tiene dos condenas a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad.
El ex jefe policial estaba con pedido de captura y fue detenido a fines de 2011 en la localidad de Funes, cercana a Rosario.
Trasladado a Santiago del Estero, fue indagado por el juez federal Guillermo Molinari quien lo procesó por secuestros y torturas en 13 casos.
El magistrado también determinó su prisión preventiva en la cárcel federal ubicada en el departamento Robles.
Sin embargo, ante una presentación de los abogados del ex militar, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que cumplía funciones de Cámara de Apelaciones, integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud.
El fiscal federal general, Gustavo Gimena, apeló ante la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó el beneficio y ordenó un nuevo fallo, cosa que hizo la Cámara de Tucumán.
Fuente:ElLiberal
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