Acto por el día internacional del detenido desaparecido en plaza Cagancha./ Foto: Andrés Cuenca (archivo, agosto de 2011)
Nada terminó
Hoy a las 18.00, en Plaza Libertad, se expresará rechazo al fallo de la mayoría de la SCJ que bloquea juicios por crímenes de la dictadura.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se instaló en el ojo de la tormenta como consecuencia de sus últimos pronunciamientos vinculados a los derechos humanos. El viernes hizo doble mérito: por un lado, rechazó la invitación de la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota; por otro, confirmó el fallo que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831, interpretativa de la Ley de Caducidad.
La primera resolución se manejaba en los días previos. La SCJ declinó la invitación realizada por el Parlamento para explicar los fundamentos del traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a la civil. El comunicado firmado por los cinco ministros recuerda otras oportunidades en las que la SCJ concurrió al Palacio Legislativo, aunque también menciona la pertinencia del pedido de informes ante este tipo de situaciones. A raíz de esto, dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) analizan la posibilidad del juicio político (ver página 2).
Esa misma mañana, la SCJ dictó la sentencia por la cual los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831 fueron declarados inconstitucionales. Fue aprobada por cuatro votos a uno: avalaron esa posición los ministros Julio César Chalar, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino, mientras que Ricardo Pérez Manrique votó en contra.
La mayoría de la SCJ sostiene, invocando principios doctrinarios e interpretación de las normas constitucionales del país, que las personas tienen derecho a que no se les apliquen, en forma retroactiva, normas penales más severas que las que estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos de los que son acusadas, y a que no se les tipifiquen delitos que no existían en aquel momento en el ordenamiento jurídico.
Retroceso
La Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciará hoy en rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad. El Servicio Paz y Justicia de Uruguay expresó el viernes su “consternación e indignación” por el pronunciamiento de la SCJ. Calificó la decisión como un “gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente” y entendió que “incumple manifiestamente” la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. También destaca el fallo discorde del ministro Ricardo Pérez Manrique.
A criterio de Chalar, Chediak, Larrieux y Ruibal Pino, este “valor absoluto” es una “garantía implícita e inherente a la personalidad humana o derivada de la forma republicana de gobierno”, que da seguridades “contra cualquier actuación arbitraria de la ley penal” y, por lo tanto, no es aceptable que la ley Nº 18.831 declare que una serie de delitos cometidos durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, porque se perpetraron cuando Uruguay aún no había aceptado las normas internacionales que definen esos crímenes como imprescriptibles.
Con respecto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de la SCJ considera inadmisible que prevalezcan sobre la Constitución uruguaya, y se aventura incluso a discutir la interpretación, por parte de la CIDH, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo sólo tiene efectos para el caso por el que fue presentado el recurso de inconstitucionalidad, pero es evidente que la opinión de la actual mayoría de la SCJ prevalecerá en todas las situaciones similares, de modo que en las causas reabiertas, iniciadas o a iniciarse se aplicaría el mismo criterio de que los delitos ya no pueden ser juzgados.
La posición minoritaria de Pérez Manrique se apoya en dos pilares básicos. Por una parte, señala que Uruguay incorporó los crímenes de lesa humanidad a su ordenamiento jurídico en 1945, cuando reconoció al Tribunal Militar Internacional formado para juzgar en Nürenberg las atrocidades cometidas por los nazis, y la existencia de los delitos imprescriptibles definidos por su Estatuto. A esto se suma que el Estado uruguayo ya ha reconocido expresamente que la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, recuerda que, cuando la propia SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en 2009, afirmó que “en la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”.
Los fundamentos de una y otra posición reeditan una larga polémica nacional e internacional, que de hecho comenzó también con los juicios de Nürenberg: hasta hoy hay quienes sostienen que fueron ilegítimos porque a los nazis se les tipificaron delitos que no existían en el ordenamiento jurídico alemán cuando cometieron genocidio, entre otros crímenes.
Los primeros casos
Las primeras causas que serían archivadas a raíz de este pronunciamiento son la del coronel Tranquilino Machado por el caso Ramón Peré, la del policía retirado Ricardo Zabala por el caso Julio Castro, y la de los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, quienes habían sido denunciados por Orlinda Falero y Julio Martínez, secuestrados y detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires, en 1976. No sucederá así con los procesos contra Miguel Dalmao por el caso Nibia Sabalsagaray y contra Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Gregorio Álvarez, ya que se les tipifica otros delitos que contaban con otra fecha de prescripción.
Cuidadito
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso propondrá hoy al directorio del Partido Nacional (PN) analizar la convocatoria anunciada para las 18.00 en respuesta al fallo de la SCJ, que estableció como inconstitucional dos artículos de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado para los “delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”. Según Cardoso, en este caso se busca “movilizar para intimidar a los jueces”, dado que la convocatoria es en la plaza Libertad, donde se ubica la sede de la SCJ. “¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Festejar la independencia de poderes?”, ironizó el diputado, que advirtió que “se puede configurar atentado a la Constitución”. Según Cardoso, el PN debe “expresarse” sobre lo que acontecerá y defender a la SCJ en su “autonomía” y “soberanía” para resolver. “No hay que intimidarlos, sino dejarlos trabajar tranquilamente”, sostuvo, agregando además que los ministros “no están jugando a los políticos”.
Por su parte, la viuda de Hector Gutiérrez Ruiz y actual concejal del Municipio Ch de Montevideo, Matilde Rodríguez Larreta (Alianza Nacional), dijo que no concurrirá a la concentración, aunque expresó que cada ciudadano es “libre de manifestar su opinión”.
Consultado por la diaria, el constitucionalista José Korzeniak ratificó que la SCJ ignora la noción de “derecho internacional humanitario”. “Esa tendencia del derecho internacional establece que si hoy encuentran a un nazi que participó en el Holocausto lo llevan y le hacen un juicio, como les hicieron a otros. Esa tendencia del derecho internacional humanitario fue ratificada en el Tratado de Roma, al que Uruguay suscribió hace unos ocho o diez años”, explicó.
Respecto de la prescripción del delito de desaparición forzada, Korzeniak plantea que “si la víctima todavía está desaparecida la prescripción ni siquiera entró en vigencia, ya que empieza a correr cuando cesa el delito, si lo desaparecieron y no concluyó el delito no corre la prescripción”.
Estamos convocados
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, el PIT-CNT y el Frente Amplio convocan una concentración a las 18.00 en la plaza Libertad para luego concurrir al Velódromo Municipal a un acto organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La oposición criticó esta convocatoria. El diputado nacionalista José Carlos Cardoso advirtió que se trataría de una posible configuración de “atentado a la Constitución” (ver recuadro). La senadora Lucía Topolansky respondió ayer, en declaraciones a El Espectador, que la posición del MPP es convocar a la manifestación en apoyo a la posición del juez Pérez Manrique y no en rechazo del fallo, lo cual no implicaría un atentado a la Constitución.
Las repercusiones favorables al fallo de la SCJ fueron las esperadas. Desde la cárcel de Domingo Arena Jorge Pajarito Silveira dijo a la agencia Reuters que criticaba la convocatoria al expresar que “van a hacer una manifestación porque el pueblo está en contra de lo que hizo la SCJ, y el pueblo, la mayoría del pueblo, es el que la ratificó dos veces con los votos”. Respecto del fallo de la SCJ, Silveira opinó que “primó la lógica” y pidió que finalicen las denuncias: “Nos tienen presos a nosotros, que se queden contentos”.
Las repercusiones por el fallo de la SCJ tuvieron alcance internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (institución que ya había pedido información sobre el traslado de la jueza Mota a la Institución Nacional de Derechos Humanos), Navi Pillay, expresó en un comunicado su preocupación por la declaración de inconstitucionalidad de la ley Nº 18.831. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, afirmó la jerarca, quien está en su cargo desde 2008.
Fuente:www.ladiaria.com.uy - Envío:Agnddhh
Convocan para hoy a una marcha de rechazo contra los juristas
Duras críticas de la ONU a la Corte uruguaya por sus fallos sobre DD HH
La Alta Comisionada emitió un contundente comunicado manifestando su "grave preocupación" por las acciones del alto tribunal respecto de la ley que permite juzgar a los responsables de crímenes y el traslado de una jueza.
Las Naciones Unidas cuestionaron ayer a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay después de que en apenas una semana el órgano judicial adoptara dos decisiones que llevan a fojas cero todo lo hecho en favor de los derechos humanos desde el fin de la dictadura, en 1985. El duro comunicado dado a conocer ayer en Ginebra por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, se conoció 24 horas antes de que el gobernante Frente Amplio (FA), los familiares de las víctimas de la dictadura y la central única de trabajadores PIT-CNT salgan a manifestarse silenciosamente hoy, en rechazo a esas decisiones de la Corte.
En un comunicado divulgado ayer en Ginebra, Suiza, Pillay manifestó su “grave preocupación” por un fallo conocido el viernes, según el cual la Suprema Corte declaró inconstitucional dos artículos de la ley que permite el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, y por la decisión tomada el 15 de febrero, con la que sacó intempestivamente del fuero penal a la jueza Mariana Mota, la única que había condenado con severas penas a secuestradores y asesinos.
"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte de Uruguay, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen cívico-militar de 1973 a 1985", dijo Pillay. La Alta Comisionada explicó que esa ley que en los hechos la Corte anuló, al invalidar dos de sus artículos, era el instrumento a través del cual los legisladores habían derogado “la amnistía de facto que regía en el país y que ahora volverá a regir”. Justamente, en su llamado a la marcha silenciosa de hoy, los organizadores denuncian que “la Corte volvió a establecer la impunidad”.
Pillay señaló que la sentencia, adoptada por los magistrados por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, cercenando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. “Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota –quien tiene a su cargo más de 50 causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura– fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil”, agrega el duro y completo comunicado.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, agregó Pillay. En efecto, en Uruguay, el proceso de verdad y justicia ha sido extremadamente lento, tanto que en este momento sólo una decena de violadores de los derechos humanos está en prisión. La mayoría de ellos fueron condenados por la jueza Mota, entre ellos el ex dictador civil Juan María Bordaberry y su ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, ambos con penas de cadena perpetua.
Efe y Ansa
la posición del frente amplio
La senadora y primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky, reiteró ayer que la decisión de su agrupación política –el Movimiento de Participación Popular (MPP)– de hacer comparacer al Congreso a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tanto por la declaración de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la ley de Caducidad como por el traslado de la jueza Mariana Mota, “debe ser tomada por todo el Frente Amplio”, del cual el MPP es parte integrante. En Uruguay no existe la figura de juicio político a los miembros de la Corte. Según el diario derechista El País la propuesta abrió un fuerte debate interno que “divide al oficialismo”. Topolansky explicó que primero se aguardará a conocer la argumentación escrita que emitirá la SCJ sobre el traslado de Mota y que, recién entonces, se “analizará si las explicaciones son de recibo”. En caso contrario, “habrá que ver si eso dispara o no los mecanismos para pedirle cuentas, que no es otro que el juicio político". De todas maneras, la senadora señaló que “gusten o no gusten, se esté o no de acuerdo con ellos, los fallos de la Corte hay que respetarlos, y punto”.
Fuente:TiempoArgentino
Envio:Agnddhh
La Corte Suprema frenó la Ley que juzgaba a genocidas
Lunes 25 Febrero de 2013
La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay de declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la última dictadura (1973-1985) puso en el ojo de la tormenta al organismo, cuestionado por el Gobierno y defensores de los Derechos Humanos.
“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte”, expresó el domingo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado del organismo.
“Esta alarmante noticia se produce sólo días después de que la jueza Mariana Mota, quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante ese período, fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil”, agregó el texto.
La Ley cuestionada fue aprobada por el oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años las investigaciones sobre lo ocurrido durante la dictadura, pero también con el objetivo de cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar esos delitos.
Fuente:TerritorioDigital
Uruguay
Ex represores podrían ser liberados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia Ocurrirá si la Corte ratifica para sus casos que una ley que consideró imprescriptibles como delito las violaciones de los derechos humanos cometidas, es inconstitucional.
24 de Febrero de 2013
Foto: Gentileza diario El País Uruguay. .
Por: DPA
Los ex represores de la última dictadura en Uruguay (1973-1985) encarcelados podrían ser liberados si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratifica para sus casos que una ley que consideró imprescriptibles como delito las violaciones de los derechos humanos cometidas en esos años, es inconstitucional.
Así lo señaló la abogada Graciela Figueredo, quien representa a ex militares y policías retirados que participaron en actos represivos en la dictadura, citada hoy por el diario "El Observador" de Montevideo.
La SCJ emitió el viernes pasado un primer fallo declarando inconstitucional una ley de octubre de 2011 por la cual se consideró que las violaciones de los derechos humanos no prescriben como delito, por ser de lesa humanidad. Sin dicha ley, esos crímenes habrían caducado como tales en 2010, 25 años después del fin de la dictadura, y las investigaciones en curso habrían finalizado.
Dicho fallo del máximo órgano judicial afecta exclusivamente a ese recurso. Sin embargo, la SCJ tiene otros escritos a estudio y se espera que mantenga la opinión de que la ley que extendió la vigencia de los delitos de la dictadura es inconstitucional.
Entre esos recursos a estudio se encuentran los presentados por el coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 2011 por el asesinato de un estudiante ocurrido en julio de 1973, y el del ex policía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte de un maestro el 1 de agosto de 1977.
Figueredo entiende que si se da lugar a los recursos presentados por esos dos ex represores y se puede establecer que los delitos prescribieron, ambos podrían ser liberados.
Cerca de una decena de militares y policías en retiro están encarcelados en un centro de detención especial en Montevideo por crímenes cometidos contra opositores al régimen en los años de dictadura. La mayoría de los procesamientos ocurrieron antes de 2010.
El fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura generó críticas desde el gobierno y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. A través de redes sociales fue convocada para este lunes una concentración en una plaza cercana a la sede del organismo.
La seguridad de los ministros de la Corte fue reforzada en los últimos días, según informaron medios de prensa locales.
Fuente:ElSol
Ex represores podrían ser liberados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia Ocurrirá si la Corte ratifica para sus casos que una ley que consideró imprescriptibles como delito las violaciones de los derechos humanos cometidas, es inconstitucional.
24 de Febrero de 2013
Foto: Gentileza diario El País Uruguay. .
Por: DPA
Los ex represores de la última dictadura en Uruguay (1973-1985) encarcelados podrían ser liberados si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratifica para sus casos que una ley que consideró imprescriptibles como delito las violaciones de los derechos humanos cometidas en esos años, es inconstitucional.
Así lo señaló la abogada Graciela Figueredo, quien representa a ex militares y policías retirados que participaron en actos represivos en la dictadura, citada hoy por el diario "El Observador" de Montevideo.
La SCJ emitió el viernes pasado un primer fallo declarando inconstitucional una ley de octubre de 2011 por la cual se consideró que las violaciones de los derechos humanos no prescriben como delito, por ser de lesa humanidad. Sin dicha ley, esos crímenes habrían caducado como tales en 2010, 25 años después del fin de la dictadura, y las investigaciones en curso habrían finalizado.
Dicho fallo del máximo órgano judicial afecta exclusivamente a ese recurso. Sin embargo, la SCJ tiene otros escritos a estudio y se espera que mantenga la opinión de que la ley que extendió la vigencia de los delitos de la dictadura es inconstitucional.
Entre esos recursos a estudio se encuentran los presentados por el coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 2011 por el asesinato de un estudiante ocurrido en julio de 1973, y el del ex policía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte de un maestro el 1 de agosto de 1977.
Figueredo entiende que si se da lugar a los recursos presentados por esos dos ex represores y se puede establecer que los delitos prescribieron, ambos podrían ser liberados.
Cerca de una decena de militares y policías en retiro están encarcelados en un centro de detención especial en Montevideo por crímenes cometidos contra opositores al régimen en los años de dictadura. La mayoría de los procesamientos ocurrieron antes de 2010.
El fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura generó críticas desde el gobierno y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. A través de redes sociales fue convocada para este lunes una concentración en una plaza cercana a la sede del organismo.
La seguridad de los ministros de la Corte fue reforzada en los últimos días, según informaron medios de prensa locales.
Fuente:ElSol
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