Esta semana se realizará el encuentro convocado por Justicia Legítima en la Biblioteca NacionalJueces, fiscales y abogados debaten profundos cambios en el Poder JudicialLa discusión en el foro que se realizará entre el miércoles y el jueves incluirá temas en agenda, como el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados, y el retorno del Consejo de la Magistratura como administrador del presupuesto del área.
Por: Martín Piqué
Esta semana que empieza será distinta para el Poder Judicial. Desde el martes y hasta el viernes, la relación entre los jueces y la sociedad se convertirá en una de las prioridades de la agenda periodística. Serán cuatro días agitados, en los que abundarán las polémicas y las réplicas. Todo comenzará este martes con el acto de apertura del año judicial, que estará encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En un hecho peculiar y acaso sugestivo, el titular de la Corte se anticipará con su discurso –hablará en la sala de audiencias del cuarto piso de Tribunales– a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por parte de la presidenta Cristina Fernández. La tradición en este punto muestra que el jefe de Estado abre el año legislativo cada 1 de marzo y luego, unos días más tarde, el titular de la Corte hace lo suyo con el año judicial. En 2012 Lorenzetti encabezó el acto de apertura el 6 de marzo, varios días después de que la presidenta hablara en el Parlamento. ¿Qué cambió este año? En 2013, la Corte cumple 150 años de su creación, en 1863. Pero hay magistrados que consideran que la celebración de los 150 años es una "excusa perfecta" para intentar marcar la cancha antes de que se abra la caja de pandora de los debates pendientes.
La elección del martes quizá tenga que ver con lo que sucederá el día siguiente. Este miércoles comenzará el encuentro por una Justicia Legítima, organizado por una corriente de magistrados, defensores, abogados y fiscales que viene sumando apoyos. El foro seguirá también el jueves, tendrá lugar en la Biblioteca Nacional. La convocatoria tiene una impronta plural y progresista. Entre sus impulsoras más conocidas están la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Como invitado especial participará el portugués Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Lisboa y presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel). Cluny es un ferviente defensor del ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de España. Entre las figuras que adhieren hay juristas de reconocida militancia en el radicalismo, como el ex juez y camarista José Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Las dos jornadas en la Biblioteca, se presume a partir del programa, abrirán una fuerte discusión sobre temas que parecían dormidos pero sólo estaban latentes. Algunos reaparecieron en los medios en las últimas semanas: el más popular es la polémica exención al pago del Impuesto a las Ganancias que beneficia a los jueces por una acordada de la Corte de 1996. La mayoría de los juristas consultados, al menos los que han opinado en público, creen que habría que pagar el impuesto. Pero también hay voces discordantes. Incluso entre quienes piensan asistir a la Biblioteca Nacional. "Lo que impide la deducción de Ganancias es justamente esa acordada. Y también hay un fallo posterior, del año 2005, firmado por jueces y conjueces, que confirma esa postura. Aunque tiene el voto en disidencia de tres magistrados, una es Carmen Argibay y el otro Horacio Rosatti (ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner), quien da una clase de Derecho Constitucional al explicar por qué los jueces deben pagar ganancias", planteó el juez Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación, en diálogo con Tiempo Argentino.
"Centrar la discusión en pagar o no Ganancias no es conveniente en este momento. Podría provocar que muchos jueces y fiscales que tienen vocación democrática se asusten y retrocedan. Es un problema muy complejo, que requiere mayor discusión y encontrar el momento más inteligente para abordarlo. En cualquier caso, habría que estudiar el modo en que el pago del impuesto no impacte en la intangibilidad de los salarios de los jueces. La discusión de fondo es convertir al sistema de administración de justicia en un sistema al servicio de todos los ciudadanos, que garantice la igualdad", se diferenció la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ante la consulta de este diario.
Para algunos legisladores, el pago de Ganancias por parte de los jueces se convirtió en una bandera impostergable. "Es una vergüenza que los jueces no paguen Ganancias, habiendo tantos ciudadanos que hacen sacrificios para pagar.
No hay ruido que valga, tienen que pagarlo", aseguró a Tiempo la diputada Diana Conti. En el Congreso se presentó un proyecto firmado por el salteño Pablo Kosiner (FPV), para que los jueces paguen Ganancias. Conti es una de las firmantes.
La mención al Consejo de la Magistratura –el órgano creado por la reforma de 1994– no es casual. De hecho, el Consejo estará en el centro de los debates esta semana. Y no se descarta que también sea mencionado por el discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa. Es probable que en la Biblioteca Nacional se escuchen voces que propongan que el Consejo de la Magistratura retome las facultades que le otorga la Constitución. Entre ellas, la del artículo 114 que en su punto tercero le asigna la potestad de "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia."
En la actualidad, a pesar de la letra constitucional, el manejo del presupuesto está a cargo del secretario general de la administración de la Corte, el contador santafesino Héctor Daniel Marchi. Se trata de un hombre de estrecha confianza de Lorenzetti. "El Consejo de la Magistratura tiene una representación plural y múltiple, por eso la Constitución lo pone a cargo de la administración. Lo contrario es dejar esto a sola firma de un contador (por Marchi), bajo una consigna política. Tendría que tener una cuota más alta de transparencia", cuestionó Slokar. La discusión sobre qué organismo debe manejar el presupuesto de la justicia muestra las contradicciones de la legislación vigente: mientras que la Carta Magna le asigna la función al Consejo, las leyes de autarquía del Poder Judicial (Ley 23.853), de Administración Financiera y de Presupuesto facultan a la Corte para administrar y reasignar partidas presupuestarias.
Todos estos temas, por demás sensibles, comenzarán a ser debatidos esta semana. Y los cambios que se proponen van mucho más lejos. Están resumidos en los conceptos centrales del programa del encuentro del miércoles: "independencia", "ingreso y promoción meritocráticos", "rendición de cuentas", "gestión democrática" y "anticorporativismo". Se vienen tiempos de debate para la justicia.
Gils Carbó: "hay jueces que sienten impunidad"
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió ayer que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y se mostró a favor de un límite temporal en el ejercicio de la magistratura.
"Los jueces se perciben como miembros de un sector privilegiado y es algo contrario a la democratización", afirmó quien integra la agrupación de profesionales Justicia Legítima.
En diálogo con Radio América, Gils Carbó consideró que los jueces debieran pagar el Impuesto a las Ganancias ya que es "uno de los primeros pasos para que el magistrado se perciba como un ciudadano más y comparta sus intereses".
A su vez, la jefa de los fiscales estimó que "no puede ser que en un futuro se tengan jueces de 100 años, ya que la sociedad merece y necesita que puedan apreciar los dinámicos cambios de la sociedad, que puedan reaccionar ante los avances tecnológicos y que estén en una capacitación constante".
La procuradora apuntó contra la relación entre el poder económico con la corporación judicial: "La idea es quebrar el manejo corporativo de la justicia, hay jueces que sienten impunidad para actuar de manera irregular. Por ejemplo, el juez de la causa Riachuelo, Luis Armella."
"Se avala la relación promiscua de algunos magistrados con ciertos intereses privados. Hay prebendas disfrazadas de viajes académicos o becas. Es necesario cambiar esa cultura. Las mafias de los jueces operan en las facultades como escenario de relaciones espurias. Tenemos una justicia que defiende los intereses de los más aventajados", explicó Gils Carbó.
Sin corporaciones
El encuentro Justicia Legítima, que se realizará el miércoles y jueves en la Biblioteca Nacional implicará un fuerte impulso al debate sobre la democratización de la justicia y hará foco en seis ejes principales, entre los que se destaca la ruptura con las corporaciones.
Independencia: definir el sentido y el alcance de la independencia del Poder Judicial.
Ingreso: debatir las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos de los agentes de la justicia.
Control participativo: impulsar la rendición de cuentas de lo actuado en el Poder Judicial mediante políticas de transparencia y control participativo.
Derechos Humanos: diseñar reformas de gestión democrática que incluyan el compromiso por la estricta vigencia de los Derechos Humanos y todas las formas de no discriminación, así como la eliminación de privilegios judiciales.
Actitudes corporativas: fortalecer el nucleamiento anticorporativo con apertura hacia la sociedad y una fuerte identidad federal.
Capacitación: desarrollar la formación y capacitación permanente de todos los agentes del Poder Judicial.
Envío:Agnddhh
EL MIERCOLES 27 A PARTIR DE LAS 14 HORAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL POR UNA JUSTICIA LEGITIMA
CON LIBRE ACCESO
JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DE TODO EL PAIS.
http://www.xunajusticialegitima.blogspot.com.ar/
Fuente: Fiscal (cHACO) Diego Vigay-Envío:Agnddhh
CON LIBRE ACCESO
JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DE TODO EL PAIS.
toda la informacion en este blogspot
http://www.xunajusticialegitima.blogspot.com.ar/
Fuente: Fiscal (cHACO) Diego Vigay-Envío:Agnddhh
Gils Carbó habló de la necesidad de “depurar” al Poder Judicial
Imagen: Corbis
La Justicia no es ya una familia judicial. Las franjas más conservadoras pueden ser dominantes, pero no todos los jueces y fiscales son conservadores. Ni siquiera todos responden a los cien mayores estudios de la Argentina, ni fallan o dictaminan por encargo público o privado. Tampoco el segundo es un sector homogéneo. Por ahora hay dos novedades. Una, que creció de manera reactiva ante el exhibicionismo de poder de los conservadores. La otra, que decidió juntarse. El documento “Justicia legítima”, emitido a principios de enero, fue el primer ejemplo de espíritu de grupo. El segundo se producirá esta semana, cuando centenares de funcionarios judiciales se congreguen el 27 y 28 para discutir qué pasa en el Poder Judicial y reflexionar sobre su propia práctica.
El fiscal Félix Crous fue uno de los firmantes del texto. Cuando el martes 19 asumió como jefe de la Procuraduría en Narcocriminalidad, Crous hizo un discurso sin giros corporativos. Más bien fue anticorporativo.
“El sistema condiciona, pero no determina”, dijo al hablar del Poder Judicial. Y explicó que por eso no quedan justificados “ni indolentes ni vagos”.
Crous es fiscal desde hace casi 20 años. Asumió en 1993, nada menos que un 24 de marzo. Antes de que la procuradora Alejandra Gils Carbó lo designara en el nuevo organismo de persecución penal, era parte del equipo de fiscales encargado de organizar la acusación y actuar en causas de lesa humanidad.
Aunque no es altisonante ni recurre a consignas, el fiscal suele ser crítico con una parte de la realidad que lo circunda.
“En sistemas relativamente desintegrados como la Justicia, lo sistémico tiene menos potencia determinante sobre los resultados y cada lugar de trabajo tiene cierta autonomía”, dice. “Si entra a analizar los contenidos, eso se puede ver en los diferentes rendimientos de uno u otro juzgado.” Según Crous, algunos revistan en la tendencia de “menor esfuerzo y mayor bienestar”, y otros no. “Si no, no habría buenos y malos jueces.”
Crous cree “en la propia libertad”. Sostiene que “hay decisiones ideológicas de distinta jerarquía”, y está convencido de que “cuando no se quiere hacer algo, alguien dice que no se puede y entonces muchos pasan de responsables a mártires, pero a las dos de la tarde están jugando al tenis en un club”.
El fiscal afirma saber que “trabajamos con una materia complicada, con los conflictos de distinto dramatismo y no con la felicidad”, pero incluso en ese marco hay quienes hacen las cosas bien por “responsabilidad personal, o aspiraciones de ascenso, o pasión por el trabajo”.
Cuenta que cuando entró a la Justicia, hace más de 20 años, se usaba la expresión “familia judicial con añoranza, aun cuando las referencias estuvieran por ejemplo en Bella Vista y quien recordase con nostalgia no perteneciera ni a las clases sociales ni a esas tradiciones”.
“Eso se llama hegemonía”, define. “Y está en crisis, porque es momento de quiebres y fracturas.”
Por el momento en que surgió, entre fines de 2012 y los primeros días de 2013, “Justicia legítima” tuvo disparadores concretos. Uno, la serie de cautelares sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que trata sobre la desconcentración en casos de dominio de mercado. Otro, un documento de organizaciones como la Asociación de Magistrados con respaldo o auspicio de miembros de la Corte Suprema en el que decían que el Poder Judicial se sentía agredido por el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial “encuentra necesario reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución nacional (art. 109) y es un principio fundamental del Estado de Derecho, que es sustancial para el funcionamiento de la democracia y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, señalaba el texto.
“Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, replicó “Justicia legítima”. “En ese sentido, sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan. Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de Justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales.”
El desafío principal de este tipo de iniciativas como “Justicia legítima” tiene cuatro caras. Consiste en mantener continuidad, no caer en una posición monotemática, preservar el espíritu crítico incluso frente a creencias con las que uno mismo simpatiza y no ceder a la tentación de cerrar el espacio y convertirse en secta. Ese desafío de cuatro lados puede ser una buena base para elaborar propuestas y someterlas a la discusión pública, ya que por suerte, diría Crous, el sistema condiciona pero no determina.
Fuente:Pagina12
24/02/13
En el marco del debate que disparó la polémica propuesta presidencial de “democratizar la Justicia”, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuestionó ayer el funcionamiento del Poder Judicial y aseguró que “ no se depura porque tiene redes corporativas de protección”.
“La corporación judicial tiene varias redes y una forma de actuar difusa”, indicó Gils Carbó. Y explicó que el poder político “históricamente siempre ha formado parte” de las decisiones de la Justicia. En esa línea, rescató que ahora “de esto se está hablando y está saliendo a la luz”. Y dijo que “es un tema que merece muchísimo debate”.
Gils Carbó insistió en declaraciones a radio América que se necesita un cambio en el Ministerio Público Fiscal ya que, según sostuvo, al asumir detectó que “es uno de los más retrasados de América Latina”, porque “nunca se terminó de realizar el paradigma de la autonomía, donde los fiscales asuman autónomamente la investigación” de las causas. Y advirtió que encontró “estructuras que no están adecuadas a los grandes desafíos de la criminalidad económica del siglo XXI”.
Asimismo, la jefa de los fiscales consideró necesaria la reforma en el Consejo de la Magistratura para que el órgano lleve “adelante las designaciones y los juicios disciplinarios”, que deben ser seguidos contra magistrados denunciados.
Por último, consultada por su inocultable afinidad con el kirchnerismo, que la impulsó en septiembre pasado para reemplazar al renunciante Esteban Righi tras ser desestimada la postulación de Daniel Reposo, Gils Carbó expresó: “ No tengo en claro por qué me vinculan tanto con el Gobierno. Hay algún diario que se especializa en hacer esos comentarios, pero es sólo un caso aislado”.
Fuente:Clarin-Envío:Agnddhh
LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL
El desafío de Justicia legítima
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia
Por Martín Granovsky
Opinión
La Justicia no es ya una familia judicial. Las franjas más conservadoras pueden ser dominantes, pero no todos los jueces y fiscales son conservadores. Ni siquiera todos responden a los cien mayores estudios de la Argentina, ni fallan o dictaminan por encargo público o privado. Tampoco el segundo es un sector homogéneo. Por ahora hay dos novedades. Una, que creció de manera reactiva ante el exhibicionismo de poder de los conservadores. La otra, que decidió juntarse. El documento “Justicia legítima”, emitido a principios de enero, fue el primer ejemplo de espíritu de grupo. El segundo se producirá esta semana, cuando centenares de funcionarios judiciales se congreguen el 27 y 28 para discutir qué pasa en el Poder Judicial y reflexionar sobre su propia práctica.
El fiscal Félix Crous fue uno de los firmantes del texto. Cuando el martes 19 asumió como jefe de la Procuraduría en Narcocriminalidad, Crous hizo un discurso sin giros corporativos. Más bien fue anticorporativo.
“El sistema condiciona, pero no determina”, dijo al hablar del Poder Judicial. Y explicó que por eso no quedan justificados “ni indolentes ni vagos”.
Crous es fiscal desde hace casi 20 años. Asumió en 1993, nada menos que un 24 de marzo. Antes de que la procuradora Alejandra Gils Carbó lo designara en el nuevo organismo de persecución penal, era parte del equipo de fiscales encargado de organizar la acusación y actuar en causas de lesa humanidad.
Aunque no es altisonante ni recurre a consignas, el fiscal suele ser crítico con una parte de la realidad que lo circunda.
“En sistemas relativamente desintegrados como la Justicia, lo sistémico tiene menos potencia determinante sobre los resultados y cada lugar de trabajo tiene cierta autonomía”, dice. “Si entra a analizar los contenidos, eso se puede ver en los diferentes rendimientos de uno u otro juzgado.” Según Crous, algunos revistan en la tendencia de “menor esfuerzo y mayor bienestar”, y otros no. “Si no, no habría buenos y malos jueces.”
Crous cree “en la propia libertad”. Sostiene que “hay decisiones ideológicas de distinta jerarquía”, y está convencido de que “cuando no se quiere hacer algo, alguien dice que no se puede y entonces muchos pasan de responsables a mártires, pero a las dos de la tarde están jugando al tenis en un club”.
El fiscal afirma saber que “trabajamos con una materia complicada, con los conflictos de distinto dramatismo y no con la felicidad”, pero incluso en ese marco hay quienes hacen las cosas bien por “responsabilidad personal, o aspiraciones de ascenso, o pasión por el trabajo”.
Cuenta que cuando entró a la Justicia, hace más de 20 años, se usaba la expresión “familia judicial con añoranza, aun cuando las referencias estuvieran por ejemplo en Bella Vista y quien recordase con nostalgia no perteneciera ni a las clases sociales ni a esas tradiciones”.
“Eso se llama hegemonía”, define. “Y está en crisis, porque es momento de quiebres y fracturas.”
Por el momento en que surgió, entre fines de 2012 y los primeros días de 2013, “Justicia legítima” tuvo disparadores concretos. Uno, la serie de cautelares sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que trata sobre la desconcentración en casos de dominio de mercado. Otro, un documento de organizaciones como la Asociación de Magistrados con respaldo o auspicio de miembros de la Corte Suprema en el que decían que el Poder Judicial se sentía agredido por el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial “encuentra necesario reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución nacional (art. 109) y es un principio fundamental del Estado de Derecho, que es sustancial para el funcionamiento de la democracia y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, señalaba el texto.
“Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, replicó “Justicia legítima”. “En ese sentido, sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan. Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de Justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales.”
El desafío principal de este tipo de iniciativas como “Justicia legítima” tiene cuatro caras. Consiste en mantener continuidad, no caer en una posición monotemática, preservar el espíritu crítico incluso frente a creencias con las que uno mismo simpatiza y no ceder a la tentación de cerrar el espacio y convertirse en secta. Ese desafío de cuatro lados puede ser una buena base para elaborar propuestas y someterlas a la discusión pública, ya que por suerte, diría Crous, el sistema condiciona pero no determina.
Fuente:Pagina12
24.02.2013
JUSTICIA La Corte abre el año judicial y al día siguiente deliberan los magistrados "por una justicia legítima"
La inauguración del año judicial por la Corte Suprema de Justicia y el encuentro de magistrados autoconvocados bajo el lema "Por una justicia legítima" permitirán pulsar, en la semana que se inicia, los debates que atraviesan al Poder Judicial, el más hermético de los poderes del Estado y a cuya "democratización" ha llamado el gobierno.
El acto de la Corte, convocado para el martes, tendrá como único orador a su presidente, Ricardo Lorenzetti, en un encuentro de rutina para esta parte del año, cuando la cabeza del Poder Judicial define prioridades, que el año pasado fue la "rapidez de la justicia" bajo el signo de la tragedia ferroviaria de Once.
Este año estará dedicado a los 150 años de la creación del tribunal, lo que al margen de su indiscutible trascendencia institucional sugiere un tono autocelebratorio dado que ese aniversario se festejará recién dentro de ocho meses, de acuerdo al calendario instituido por el presidente Arturo Illia en el centenario para recordar su primera sentencia, del 15 de octubre 1863.
Veinticuatro horas más tarde comenzarán en la Biblioteca Nacional los dos días del encuentro nacional de jueces, fiscales, defensores y funcionarios "por una justicia legítima", que deliberarán para definir los alcances de la "independencia" del Poder Judicial", sobretodo "en relación a los poderes económicos".
También anuncian que pondrán en debate "las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos" de los agentes judiciales y la supresión de privilegios corporativos, como la excepción del impuesto a las ganancias de los jueces, para terminar con el funcionamiento cerrado de lo que habitualmente se denomina "la familia judicial"
El grupo se constituyó a partir de las solicitadas del 11 de diciembre y el 3 de enero pasados, cuyos firmantes dijeron no sentirse representados por una declaración de la Comisión Nacional de Protección a la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y la Asociación de Magistrados, que denunció "hechos que agreden institucionalmente" al Poder Judicial y dio por caso recusaciones y pedidos de apartamiento de causas de algunos jueces.
Los magistrados recordaron que ese es el "mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales", abriendo una polémica cuyo telón de fondo es el trámite de la causa iniciada por el grupo Clarín contra dos artículos antimonopólicos de la Ley de Medios Audiovisuales.
La causa debería llegar en los próximos meses a la Corte Suprema para un fallo definitivo luego de sucesivas medidas cautelares que mantienen trababa la aplicación de la norma, sancionada hace más de tres años por el Congreso y con un fallo de primera instancia que declaró su constitucionalidad.
Entre los primeros doscientos adherentes a las solicitadas se destacaban la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone y el fiscal general Jorge Auat.
Pero en la segunda tanda se sumaron otros tantos miembros de tribunales superiores de todas las jurisdicciones, jueces y camaristas federales, miembros de tribunales orales, fiscales generales y funcionarios judiciales junto a académicos del derecho de distintas universidades públicas.
Los organizadores del encuentro prevén un debate asambleario tras la apertura que hará Gils Carbó y una jornada final con talleres que antecedan al cierre a cargo de Martínez y el presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), el jurista portugués Antonio Cluny.
En un paper informal destacaron que "las reformas de gestión democrática incluyen el compromiso por la estricta vigencia de los derechos humanos y todas las formas de discriminación", así como la necesidad de incorporar al debate público las decisiones judiciales y el comportamiento de sus miembros.
El ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Mazzoni, usó una cita del ultraliberal escritor peruano Mario Vargas Llosa, para graficar la convicción que anima a los magistrados autoconvocados al encuentro: "La justicia es como las serpientes: sólo pica a los descalzos".
Este año estará dedicado a los 150 años de la creación del tribunal, lo que al margen de su indiscutible trascendencia institucional sugiere un tono autocelebratorio dado que ese aniversario se festejará recién dentro de ocho meses, de acuerdo al calendario instituido por el presidente Arturo Illia en el centenario para recordar su primera sentencia, del 15 de octubre 1863.
Veinticuatro horas más tarde comenzarán en la Biblioteca Nacional los dos días del encuentro nacional de jueces, fiscales, defensores y funcionarios "por una justicia legítima", que deliberarán para definir los alcances de la "independencia" del Poder Judicial", sobretodo "en relación a los poderes económicos".
También anuncian que pondrán en debate "las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos" de los agentes judiciales y la supresión de privilegios corporativos, como la excepción del impuesto a las ganancias de los jueces, para terminar con el funcionamiento cerrado de lo que habitualmente se denomina "la familia judicial"
El grupo se constituyó a partir de las solicitadas del 11 de diciembre y el 3 de enero pasados, cuyos firmantes dijeron no sentirse representados por una declaración de la Comisión Nacional de Protección a la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y la Asociación de Magistrados, que denunció "hechos que agreden institucionalmente" al Poder Judicial y dio por caso recusaciones y pedidos de apartamiento de causas de algunos jueces.
Los magistrados recordaron que ese es el "mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales", abriendo una polémica cuyo telón de fondo es el trámite de la causa iniciada por el grupo Clarín contra dos artículos antimonopólicos de la Ley de Medios Audiovisuales.
La causa debería llegar en los próximos meses a la Corte Suprema para un fallo definitivo luego de sucesivas medidas cautelares que mantienen trababa la aplicación de la norma, sancionada hace más de tres años por el Congreso y con un fallo de primera instancia que declaró su constitucionalidad.
Entre los primeros doscientos adherentes a las solicitadas se destacaban la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone y el fiscal general Jorge Auat.
Pero en la segunda tanda se sumaron otros tantos miembros de tribunales superiores de todas las jurisdicciones, jueces y camaristas federales, miembros de tribunales orales, fiscales generales y funcionarios judiciales junto a académicos del derecho de distintas universidades públicas.
Los organizadores del encuentro prevén un debate asambleario tras la apertura que hará Gils Carbó y una jornada final con talleres que antecedan al cierre a cargo de Martínez y el presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), el jurista portugués Antonio Cluny.
En un paper informal destacaron que "las reformas de gestión democrática incluyen el compromiso por la estricta vigencia de los derechos humanos y todas las formas de discriminación", así como la necesidad de incorporar al debate público las decisiones judiciales y el comportamiento de sus miembros.
El ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Mazzoni, usó una cita del ultraliberal escritor peruano Mario Vargas Llosa, para graficar la convicción que anima a los magistrados autoconvocados al encuentro: "La justicia es como las serpientes: sólo pica a los descalzos".
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario