Año 6. Edición número 254. Domingo 31 de marzo de 2013
Por Eduardo J. Vior. Sur en América
latina internacional@miradasalsur.com
La Comisión Nacional de la Verdad indaga los acuerdos cívico-militares durante la dictadura brasileña. Los datos que pueden derogar la Ley de Amnistía. Quiénes son los que, tres décadas después, siguen embarrando la cancha.
Como se informó el pasado día 21, la primera de la lista será la compañía aérea Panair do Brasil, cerrada por el presidente H. Castelo Branco (1964-67) en 1965 por la amistad de su propietario con el ex-presidente desarrollista Juscelino Kubitschek. Sólo pocos días antes, durante una audiencia pública en Porto Alegre, la ministra de Derechos Humanos Maria do Rosario reclamó más investigaciones sobre la muerte del presidente João Goulart (1961-64). Aunque la versión oficial estableció que fue víctima de un ataque cardíaco en 1976 en la provincia de Corrientes, la familia siempre insistió en la tesis del envenenamiento que la ministra apoya. A medida que la Comisión va tomando testimonios en distintas partes del país, aumenta el número de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, presas ilegalmente o expulsadas de sus empleos por razones políticas durante aquel período.
La Comisión Nacional de la Verdad fue fundada por una ley especial en noviembre de 2010 y puesta en funcionamiento por la presidenta Dilma Rousseff en mayo de 2012. Su misión es investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado brasileño entre 1946 y 1988. La Comisión está formada por siete miembros nombrados por la presidenta y catorce auxiliares que actuarán hasta mayo de 2014. Al final de este período deberán entregar a la presidenta y al ministro de Defensa un informe que podrá o no ser publicado según se decida entonces. La Comisión puede convocar como testigos a víctimas y victimarios, pero no es obligatorio comparecer. Sin embargo, el organismo tiene derecho a acceder a todos los archivos estatales sobre el período, aunque no podrá demandar penalmente a nadie ni solicitar castigos. El foco de su actividad se concentra sobre el rastreo de los desaparecidos, por los que en 2010 Brasil fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en un juicio promovido por familiares de muertos y desaparecidos durante la guerrilla de Araguaia, acción armada del PCdoB en el estado nordestino de Pará entre 1972 y 1974.
La composición de la Comisión propuesta en 2010 fue modificada varias veces por presiones de las Fuerzas Armadas que temen un informe que pueda dañar su prestigio como “salvadoras de Brasil contra el comunismo y modernizadoras del país”, un mito todavía muy difundido en todas las clases sociales. También se quitó del texto legal el término “represión política” y la Comisión ahora sólo puede “examinar” las violaciones de los derechos humanos, pero no “indagarlos”. Además, no puede limitarse al régimen entre 1964 y 1985, sino que debe investigar también los delitos cometidos durante los gobiernos civiles anteriores desde 1946, un modo que la derecha halló para ensuciar los gobiernos laboristas y desarrollistas del período democrático anterior.
Sin embargo, aun con estas limitaciones los datos relevados son contundentes. Así la Comisión confirmó que en el primer año del régimen militar por lo menos 50 mil personas fueron presas. Así resultó horadada la imagen del “golpe pacífico”. Durante los últimos doce meses la Comisión mantuvo un permanente contacto directo con el público, sea en vivo a través de once audiencias públicas realizadas en todo el país, en otros eventos públicos en los que participaron sus integrantes, mediante el uso de las redes sociales o por medio de acuerdos y convenios con otras organizaciones. La Comisión se organiza en los siguientes grupos de trabajo temáticos: “Graves violaciones de Derechos Humanos em el campo o contra indígenas”, “Contextualización, fundamentos y razones del Golpe Civil-Militar de 1964”, “Estructura de la represión”, “Graves violaciones de los Derechos Humanos”, “Guerrilla de Araguaia”, “Operación Cóndor”, “Violaciones de los Derechos Humanos de brasileños en el exterior y de extranjeros en Brasil”, “Dictadura y sistema de Justicia”, “Papel de las Iglesias durante la Dictadura”, “Persecución a militares”, “El Estado Dictatorial-Militar” y “Dictadura y género”.
El gran freno legal para la labor de la Comisión de la Verdad es la Ley de Amnistía. La Ley N° 6.683 fue promulgada por el presidente João B. Figueiredo (1979-85) en 1979. En su artículo 1º otorga el derecho a acogerse a la amnistía a todas las personas que cometieron crímenes políticos, tuvieron sus derechos suspendidos o fueron expulsados de las administraciones públicas, de las Fuerzas Armadas, de los Poderes Legislativo o Judicial o de los sindicatos desde 1961. De este modo se homologó a víctimas con victimarios.
Además se estableció un mecanismo tan complicado para el reconocimiento de los daños sufridos que muchas personas y/o sus herederos todavía no recibieron la indemnización correspondiente. En tanto, por un lado, juristas, la Abogacía General de la Unión y el propio Supremo Tribunal Federal (STF, en 2009) afirman que la Ley de Amnistía es constitucional y beneficia también a los torturadores y demás agentes de la dictadura, muchas organizaciones sociales y otros juristas disienten. Para ello se remiten a los pactos y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil. Sin embargo, según el STF, estos documentos tienen rango constitucional, pero sólo en tanto no choquen con el resto de la Constitución. Su vigencia está, por lo tanto, limitada. En la Corte Interamericana de Derecho Humanos todavía está pendiente de sentencia la demanda presentada por organizaciones de derechos humanos contra el Estado brasileño por la Ley de Amnistía.
La Comisión Nacional de la Verdad no tiene mandato para demandar penalmente a los criminales, pero puede probar los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado, mostrar los nexos entre los criminales uniformados y sus aliados civiles, evidenciar las relaciones causales entre los crímenes y los grandes negocios que se hicieron en nombre del “milagro brasileño” de los años ’70 y conmocionar todas las certezas sobre las que se construyó la “democracia vigilada” que aún subsiste en gran parte. Quizás hasta induzca la derogación de la Ley de Amnistía por el Supremo Tribunal Federal. Choca contra la solidaridad corporativa de las Fuerzas Armadas y de la Justicia que sólo muy lentamente se han modificado en las tres décadas de democracia y todavía se consideran por encima de la voluntad popular. Pone en conflicto también el imaginario social extendido que perdona a la dictadura sus crímenes por la supuesta modernización del país. No obstante, las audiencias públicas, los crecientes datos sobre los crímenes del terrorismo de Estado y la complicidad del régimen con delitos económicos han puesto en marcha una revolución cultural duradera e irrevocable.
La dictadura todavía no terminó
El monopolio de los medios de difusión conservadores hace difícil hallar en ellos informaciones relevantes sobre derechos humanos. Por eso, la historia que sigue está tomada del Blog Rede democrática el pasado 18 de febrero.
Carlos Alexandre Azevedo recibió finalmente en enero pasado su reconocimiento como víctima de la dictadura según la Ley de Amnistía de 1979 y la correspondiente indemnización. “Mi familia nunca consiguió recuperarse totalmente de los abusos sufridos durante la dictadura”, declaró entonces. “Mis padres fueron secuestrados y yo fui usado para presionarlos. Tenía 1 año y 8 meses, cuando los policías invadieron la casa de mi familia en San Pablo y se los llevaron al Departamento Estadual de Orden Político y Social (Deops)”.
Era el 15 de enero de 1974. Los agentes encontraron al niño en compañía de su niñera. Exigieron que los dos permaneciesen inmóviles en el sofá, pero como Carlos Alexandre seguía llorando, le dieron una bofetada tan fuerte que acabó con los labios cortados. “La indemnización de cien mil reales que voy a recibir –declaró en enero pasado– no va a borrar lo que sucedió en mi vida, pero la amnistía es el reconocimiento oficial del crimen del Estado contra mí. Para mí, la dictadura no acabó. Todavía sufro sus efectos. Tomo antidepresivos y antipsicóticos. Tengo fobia social.” Fragmentos de la vida de Carlos Alexandre, que cumplió 37 años, fueron reunidos por su padre, el periodista y polítologo Dermi Azevedo, y su madre, la pedagoga Darcy Andozia. “Mi familia siempre fue muy retraída, sin diálogo. No acostumbrábamos a hablar sobre la tortura. Siempre fue un tabú”, cuenta Carlos Alexandre. Parte del sufrimiento de la infancia le fue revelado por su madre: “Meses después de salir de la prisión supe que a mi hijo lo habían picaneado y que había sufrido otros maltratos. Cuando lo tiraron al suelo, se golpeó en la cabeza”, afirma Dermi. Dermi y Darcy estaban vinculados a frailes dominicanos y al entonces Cardenal de San Pablo, Paulo Evaristo Arns, una de las principales figuras de la Iglesia resistente. Refugiaban a militantes que se preparaban para abandonar el país. Ambos estuvieron corto tiempo presos. Ella no fue torturada física pero sí psíquicamente.
En cambio Dermi sufrió brutales castigos. Carlos Alexandre, en tanto, ha padecido toda su vida de fobia social. Tuvo que abandonar tempranamente la escuela y nunca consiguió mantener un trabajo ni amigos ni novia. Tuvo crisis de paranoia y miedo de todo. Varias veces intentó suicidarse. “Salir de casa y sentarme en un bar me cuesta mucho”, comenta. “Pero hoy ya no caigo en pánico, porque estoy en tratamiento.”
El 18 de febrero pasado, su padre, Dermi Azevedo, escribió a sus amigos: “Mi corazón sangra de dolor. Mi hijo Carlos Alexandre Azevedo se suicidó en la madrugada de hoy con una sobredosis de medicamentos. Con apenas un año y ocho meses de vida fue detenido y torturado en el Deops paulista por el equipo del comisario Sérgio Fleury” (el torturador más sádico de la época, ejecutado en 1979 por orden militar, porque se había dedicado al crimen por encargo y al chantaje).
Fuente:MiradasalSur
31.03.2013
entrevista a iván marx "Nuestra justicia no fue receptiva"
El fiscal brasileño repasa los intentos para sortear las trabas en las causas por delitos de la represión.
Por: Gerardo Aranguren
Frente a la Ley de Amnistía de Brasil, que impide la persecución penal de los crímenes de la última dictadura cometidos hasta 1979, un grupo de fiscales de diferentes estados brasileños buscan los huecos legales para lograr burlar la legislación. El grupo se denomina Justicia de Transición y fue creado dentro de la unidad criminal, a cargo de la subprocuradora Raquel Dodge, para funcionar en paralelo a la Comisión por la Verdad. De manera similar a lo que ocurrió con el robo de bebés y los delitos económicos en Argentina –que quedaron fuera de los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– los fiscales brasileños, coordinados por Iván Marx, consiguieron traspasar los alcances de la Ley de Amnistía al denunciar los delitos permanentes, como los secuestros de personas que permanecen desaparecidas, por lo que el delito continúa vigente.
"Nuestro grupo empezó el año pasado cuatro acciones penales por los crímenes permanentes, para no discutir la Ley de Amnistía. Fueron aceptadas tres, y de esas, dos todavía continúan activas", explicó Marx. Y agregó: "En las causas, si bien imputamos el crimen permanente de secuestro, también acompañamos una manifestación de que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y porque Brasil debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."
Durante su paso por Argentina, el fiscal del sureño estado de Rio Grande do Sul, habló con Tiempo Argentino y realizó un repaso del proceso que se inició en los últimos años en su país. Las primeras iniciativas comenzaron en 2008, con presentaciones de dos fiscales de São Pablo para investigar delitos del Plan Cóndor. "La primera investigación fue en Uruguaiana, donde el fiscal solicitó la investigación sobre el secuestro de los argentinos Lorenzo Viñas y el padre Oscar Adur.
El año pasado fue archivada porque no había mayores indicios de que hubiesen sido secuestrados en Brasil. La otra causa fue archivada en base al argumento de la prescripción", recordó. A esas causas frustradas se sumó en 2009 otro hecho notorio, cuando la Corte Suprema de Brasil validó la Ley de Amnistía. "Al final de 2011, luego de la sentencia de la CIDH sobre la Guerrilla de Araguaia (en 2010 la Corte Interamericana condenó a Brasil como responsable de la desaparición forzada de más de 60 personas a fines de los '60), se creó en la Fiscalía General un grupo de trabajo para justamente estudiar mecanismos legales para impulsar las acciones. Fui nombrado como coordinador de ese grupo, que ingresó con cuatro acciones penales, todas el año pasado.
La primera fue en contra de Mayor Curió (Sebastião Curió Rodrigues de Moura), quien coordinó la represión contra la Guerrilla de Araguaia", destacó el fiscal. La causa quedó paralizada tiempo después a partir de los recursos presentados por el imputado. De manera similar, iniciaron otra causa en la zona de Araguaia que permanece abierta, ya que el imputado se encuentra prófugo. En el estado de São Pablo, se presentaron otras dos acciones penales y sólo una de ellas permanece activa.
–¿Se investigan en Brasil los delitos el Plan Cóndor?
–Hemos ingresado ya con acciones civiles donde se pide el alejamiento de la función pública de algunas personas investigadas y la devolución de los gastos para el Estado con indemnizaciones, pero la Justicia no ha sido muy receptiva. También buscamos reabrir la causa por el secuestro en Brasil de Mónica Binstock, que se encuentra en el juicio del Cóndor. No tenemos la preocupación de buscar los imputados argentinos, porque ustedes lo hacen muy bien, pero queremos saber quien ayudó a los argentinos a permitir el secuestro en Río de Janeiro.
–¿Qué expectativa les genera el inicio del juicio en Argentina?
–La expectativa es que surjan muchas pruebas del juicio que podamos utilizar en Brasil sobre desaparecidos en Brasil y brasileños desaparecidos en Argentina. Tenemos muchas dificultades para procesar, algo que ustedes no tienen, tanto que incluso a veces solicitamos que ustedes procesen. Como sucede en la causa del ex presidente João Goulart, donde crucé el puente, ingresé a Argentina e hice la presentación en Paso de los Libres para que se investigara. Lo hice como ciudadano extranjero no como fiscal, porque en Brasil esa causa fue archivada.
Fuente:TiempoArgentino
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