Año 6. Edición número 254. Domingo 31 de marzo de 2013
Por Nicolás Rojas Schrerer. Sur en América
latina internacional@miradasalsur.com
La desigualdad en Chile se convirtió en uno de los problemas más graves del modelo de desarrollo actual. Puede ser visto como uno de los síntomas de un crecimiento signado por buenos indicadores macroeconómicos dada la alta estabilidad jurídica y política que permite grandes inversiones pero que concentra la riqueza en un segmento muy minoritario y concentrado de la población.
Cualquier interpretación del modelo de desarrollo chileno necesita remitirse al origen de ese modelo. En un primer momento fue la dictadura de Pinochet y el triunfo de los llamados “Chicago boys”, secundado por la política de los consensos entre la Alianza y la Concertación durante los últimos 23 años de democracia.
Consensos que permitieron la entrada masiva de inversión extranjera directa (IED) al mismo tiempo que se volvía política de Estado el potenciamiento a las grandes empresas nacionales. Toda esta situación en el contexto de una creciente fragilidad laboral representada por la llamada flexibilización y tercerización en el contrato del trabajo.
Esta situación macroeconómica permitió alcanzar un PBI de US$248.585 millones para un país de 17.603.000 habitantes, lo cual arroja un PBI per cápita de US$14.367, datos que situarían al país al borde del llamado desarrollo. Situación que sería corroborada por el bajo desempleo de los últimos 30 años, cuya variación máxima se situó en 1982 con un 19% de desocupación y que, desde 1990 prácticamente no superó el 10% variando a la baja en la actualidad al 7% (Cepal). Desde la visión de economistas y elites afines al modelo de desarrollo minero-extractivo-exportador, todo un éxito histórico.
A estos datos es necesario agregarle la baja conflictividad social, la alta estabilidad política y el necesario resguardo a las reglas jurídicas que permiten un flujo de inversión nacional y extranjero acorde a las reglas que el mercado precisa. Es necesario acotar que la baja conflictividad social y la alta estabilidad política están dadas, entre otros aspectos y sin ser exhaustivos, por factores ideológicos (medios de comunicación), laborales (excesiva carga de trabajo, desarticulación del sindicato), morales (modelo de sociedad proyectado tanto por el sistema educativo privatizado como por un desenfreno consumista que permite vivir de la tarjeta de crédito y por tanto, del endeudamiento) y represivos (policía militarizada); sin ser éstos todos los factores que determinan el bajo nivel de conflicto social pero que permiten crear un consenso de elites dentro del país. Esto es, como señalaba Antonio Gramsci, una dirección ideológica que permea todas las capas, clases y estratos de la sociedad creando una hegemonía en torno de ciertos valores, usos y costumbres que naturalizan un modo de ser social.
Este modelo de desarrollo, basado en el consumismo, el derroche y la extracción de materias primas para la exportación, tiene serias consecuencias en cuanto a la distribución de la riqueza y la posibilidad de una jubilación digna para los trabajadores de las clases medias y bajas. Esto es, acentúa una pobreza paliada por el crédito y el endeudamiento.
Tal como lo sostiene el reconocido economista Manfred Max Neef a Cambio 21, “Chile está entre los diez o doce países con peor distribución del ingreso en el mundo. Se ve muy bien, porque en términos convencionales económicos hace las cosas correctas, es decir, es un buen discípulo del Fondo Monetario y del Banco Mundial y hace bien las tareas en la casa. Pero ¿cuánto se ha resuelto realmente en la equidad en Chile? Prácticamente nada”. Y es que la Cepal reveló que el 10% más rico de la población gana al menos 78 veces más que el 10% más pobre. Una cifra que cuestiona el modelo en su conjunto.
Las consecuencias de esta aberrante desigualdad condenan a la pobreza al 80% de la población una vez jubilados, como demuestra en una investigación Francisco Tapia, magíster en diseño estratégico. Miradas al Sur accedió a datos que confirman lo que instituciones como Cenda o Fundación Sol vienen denunciando hace tiempo: el sistema de jubilación privatizado o Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) creó un sistema perverso en el que la administración de los millonarios recursos para la jubilación de los trabajadores se negocia en la Bolsa como una transacción más. Este sistema, creado en 1980 gracias al DL N°3500, reformó el sistema previsional estatal dejando los fondos de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia en manos de instituciones privadas, lo cual permitió capitalizar esos fondos en inversiones especulativas.
A fines de 2012, la Superintendencia de Pensiones informaba que todos los fondos de pensiones (A-B-C y D) terminaban el año con un balance positivo. Desde el 6,06% (fondo A, el más riesgoso) hasta un 3,15% (fondo D, el más conservador). El total de los fondos de los trabajadores gestionados por las instituciones privadas de las AFP alcanzaba para diciembre de ese año a un total de US$ 161.544 millones, de los cuales US$ 62.149 millones se encuentran invertidos en el extranjero y US$ 99.394 millones invertidos en el país.
La investigación a la que tuvo acceso este semanario demuestra que los cuatro primeros quintiles de la población (esto es, todos aquellos que tengan una remuneración inferior a US$ 1700 y que concentra a la clase baja y a la clase media en su conjunto), una vez jubilados caerán (o se mantendrán) bajo la línea de la pobreza debido a las paupérrimas jubilaciones ofrecidas por los fondos de pensiones. Así, un trabajador que recibe un sueldo de unos US$ 1300, al jubilarse, su remuneración bajará inmediatamente a US$ 500. Las conclusiones del estudio son claras: “En Chile las personas pueden ser en su vida laboral clase media, pero cuando se jubilan pasan a ser pobres y sin red de protección social”. Eso, siempre y cuando el trabajador haya cotizado durante toda su carrera laboral de forma constante, situación por lo menos incierta.
Pero esto no es todo. El sistema de jubilación creado en la dictadura no discrimina solamente en términos de clase, sino también de género. El diario La Tercera informaba de forma solapada que una mujer, para alcanzar una jubilación de US$ 700 a los 60 años debe ahorrar al menos US$ 140.000 desde los 23 años. Claro está que no dan a conocer que las mujeres, por cada US$ 40.000 acumulados, obtienen una pensión de US$ 188, a diferencia de un hombre que obtiene US$ 222. Adicionalmente, un estudio de 2012 de la Superintendencia de Pensiones informaba que los hombres ganan un 18% más que las mujeres, lo que en la práctica redunda en mayores niveles de pobreza femenina.
Chile se enfrenta a enormes desafíos en materia de distribución de la riqueza. Para alcanzar un nivel de igualdad social digno de un país desarrollado, los métodos aplicados hasta la actualidad son más que ineficientes, por cuanto privilegian los aspectos macroeconómicos y estabilizadores del sistema al mismo tiempo que amplían la brecha de la pobreza. Con un crecimiento demográfico en aumento, una clase trabajadora en disminución y un mayor número de pensionados dependientes de sus jubilaciones, el modelo neoliberal de desarrollo o encuentra una forma de distribución de la riqueza acorde a estándares distintos al actual, o encontrará en un futuro a mediano plazo un Chile rico en términos globales pero pobre en su composición interna.
Fuente:MiradasalSur
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