Por Nicolás Lantos
CRISTINA KIRCHNER INAUGURO EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON UN EXTENSO DISCURSO
La Justicia, los buitres y la AMIA
La Presidenta presentó una batería de proyectos que enviará al Congreso para “democratizar” el Poder Judicial. Habló de los fondos buitre, del memorándum con Irán y resaltó lo conseguido en diez años de kirchnerismo.
Por Nicolás Lantos
Imagen: Dafne Gentinetta
“Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución. Y que el Gobierno está para el Poder Ejecutivo y, obviamente, para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución.” Contundente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se guardó para el final de sus casi cuatro horas de discurso de apertura del período de sesiones ordinarias la parte más sustanciosa de su mensaje: una anticipada apelación a la democratización del Poder Judicial, resumida en un puñado de medidas concretas que prometió enviar al Parlamento este mismo mes, entre las que se destacan la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, una reforma del Código Procesal para limitar el poder de las medidas cautelares y diversos mecanismos de transparencia.
Además, la jefa de Estado repasó los logros conseguidos en los últimos diez años, que bautizó como “una década ganada”, le dedicó un largo pasaje a defender la postura argentina ante la demanda de los fondos buitre en la Corte de Nueva York y ratificó la voluntad de pagarles en las mismas condiciones que recibieron los bonistas que ingresaron a los canjes anteriores, en sintonía con la aclaración pedida ayer mismo por el tribunal que atiende el caso (ver página 6). También reivindicó el memorando firmado con Irán para intentar avanzar con la investigación sobre el atentado a la AMIA, reiteró el pedido a Gran Bretaña de negociar la soberanía del Atlántico Sur y, como al pasar y sin mencionarlos, dedicó algunos pasajes críticos al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a los gobernadores Daniel Scioli y Daniel Peralta y al intendente de Tigre, Sergio Massa.
“Justicia legítima”
“Tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento, durante el mes de marzo”, anunció la Presidenta mientras la cámara de la transmisión oficial enfocaba el rostro algo desdibujado del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Antes, la mandataria había destacado que la Argentina es “un país modelo” a nivel mundial en materia de derechos humanos y celebró la reforma de los Códigos Civil y Penal que se están llevando a cabo, aunque advirtió que luego de treinta años de democracia y diez de kirchnerismo, el Poder Judicial era el único que no había pasado por una etapa de modernización. “No se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos”, chicaneó, incluso, CFK al anunciar las propuestas.
El primero de los proyectos que presentó (acaso el que mayores repercusiones va a despertar en su tratamiento) es una reforma del Consejo de la Magistratura que contemple que “la totalidad de los miembros sean elegidos directamente por el pueblo” y aumente la representación de “académicos y científicos” entre los consejeros. Además, esos “académicos y científicos” no serían exclusivamente abogados, sino que podrían provenir de otras áreas. “Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos”, manifestó la Presidenta. En otra propuesta, el Ejecutivo intentará crear Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso y Administrativo y Previsional y Laboral, calcando el modelo que dio resultados en el ámbito penal para alivianar el trabajo de la Corte Suprema y tener una tercera instancia previa a que un pleito llegue al máximo tribunal.
Las medidas cautelares, que quedaron en el ojo de la tormenta a causa del juicio por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, podrían ser limitadas a través de una reforma del Código Procesal. “Se han transformado en una verdadera distorsión del Derecho, en una fuente de injusticia, de iniquidad y de negación de administración de justicia”, manifestó Fernández de Kirchner en referencia al abuso de esa metodología, además de considerar “un absurdo” la aplicación de amparos en causas de contenido patrimonialista contra el Estado. En el mismo sentido, propuso sancionar una ley de responsabilidad del Estado por considerar que el Código Civil y Comercial están diseñados para regir entre privados.
Por último, planteó tres medidas que ayuden a acercar el ejercicio de la Justicia a la sociedad y transparente sus mecanismos: una ley que haga más prístinos los métodos de ingreso al Poder Judicial, otra de acceso a la información para poder acceder vía Internet al trabajo que realiza cada juzgado y por último una que obligue a los magistrados a publicar sus declaraciones juradas. Respecto de la eximición de los jueces de pagar Impuesto a las Ganancias, CFK pasó la pelota al otro lado de la cancha: “Es una decisión que no corresponde al Poder Ejecutivo ni al Legislativo”, sino a la Corte Suprema, ya que es una acordada de ese órgano la que dejó sin efecto una ley sancionada en 1996 que los obliga a tributar .
Nueva York, Teherán
“También fue una década ganada en política internacional”, destacó Fernández de Kirchner, al repasar los logros en ese ámbito durante los últimos diez años: “El Mercosur, política de Estado iniciada durante el gobierno del presidente Alfonsín y rescatada nuevamente por el presidente Kirchner y el presidente Lula, que hicieron de la amistad argentino-brasileña una cuestión de Estado, como hacemos también la presidenta Dilma Rousseff y quien les habla. La Patria Grande, la Unasur y ahora la Celac”, repasó, antes de insistir con la necesidad de abrir el diálogo con Gran Bretaña sobre la soberanía de las Malvinas. “Creemos que la diplomacia es el único camino para defender la paz”, destacó.
Sin embargo la atención en el plano internacional estuvo puesta en dos temas de actualidad: el memorando con Irán y el juicio en Nueva York con los fondos buitre. Respecto del acuerdo con Teherán, la mandataria hizo un detallado repaso de su conocimiento de la causa, por haber participado de las comisiones legislativas que en su momento llevaron el tema. “Lo más fácil hubiera sido hacer eso, lo que hacen muchos: la plancha. Pero la verdad que mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad, saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Quiero saber quiénes fueron los que encubrieron, quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas”, apuntó. También le recriminó a la Corte Suprema la falta de avances en la investigación acerca del atentado a la Embajada de Israel.
Respecto del pleito con los buitres, la mandataria ratificó la voluntad del país de resolver la situación de aquellos que no adhirieron al canje aunque en las mismas condiciones que tuvieron los bonistas que aceptaron las propuestas anteriores, pero también que en caso de que el fallo final perjudique los intereses argentinos no se acatará. “Si hay un país o una Justicia o un sistema que elige perjudicar a un 93 por ciento para beneficiar a un 7 por ciento y perjudicar las finanzas del mundo y el equilibrio financiero del mundo, bueno, la verdad es que comenzaría a dudar si puedo tratarla de Justicia”, se plantó.
Además, “si realmente la Argentina tuviera que volver a pagar 170 mil millones de dólares, volvería a quebrar y tampoco podría pagar. Sería como el cuento de la cándida Eréndira, de Gabriel García Márquez”, señaló CFK. “En verdad, lo que quieren es que nos sigamos endeudando, porque lo que no le perdonan a la Argentina no es –como algunos dicen– la expropiación de Aguas Argentinas o de YPF. Miren: hay un gran amigo nuestro, Evo Morales, que ha expropiado hasta el pasto y, sin embargo, consigue dinero al 4,4 por ciento anual. El problema es que no hemos vuelto a pedir prestado, que no hemos vuelto a ser negocio financiero, ése es el problema. Nos quieren volver a endeudar”, sostuvo, generando el griterío de la militancia ubicada en los palcos superiores y el aplauso de pie de los legisladores del oficialismo.
El frente interno
Aunque al pasar, y sin dar nombres, Fernández de Kirchner también dejó caer críticas hacia el frente interno. Por caso, durante el resumen de los logros de la “década ganada”, hizo énfasis en la efectividad del uso de las partidas designadas al Ministerio de Desarrollo Social, que llegó al 99,3 en 2012. “Lo importante no es tener solamente partida presupuestaria, sino no subejecutarla”, marcó, en clara referencia al importante déficit de Mauricio Macri en la materia.
Por último, al hablar sobre la deuda, diferenció entre “el endeudamiento para pagar deuda financiera” o “para pagar gastos corrientes” del pedido de créditos para realizar obras de infraestructura o capitalizarse. El mensaje estaba dirigido a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz que, en distinto tenor, mantuvieron en los últimos tiempos debates con la Casa Rosada debido a la resistencia del gobierno nacional de aprobar que esos distritos tomen préstamos para hacer frente a gastos corrientes.
Respecto de la seguridad, pidió “no utilizarla como instrumento político, sino como preocupación real de toda la ciudadanía”. Mencionó, por ejemplo, el caso del enfrentamiento entre barras de Tigre de días atrás. “Cuando se balacearon dos grupos de barras las cámaras se habían dañado”, subrayó, en referencia a las cámaras de seguridad que tanto promociona el intendente Massa. “La seguridad es algo atinente a cada gobierno de la provincia. Buenos Aires tiene casi 60 mil efectivos, la Nación desde Tierra del Fuego a La Quiaca 100 mil”, lanzó, con Scioli observando desde los palcos. Y cerró: “Realmente hay una manipulación mediática y un ‘hacer la plancha’ y meter la cabeza como el avestruz, que también es bastante injusto más allá de la protección mediática con la que se cuente”.
LOS ANUNCIOS CONCRETOS FUERON DEDICADOS A UNA EXTENSA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES DE LA JUSTICIA
El esqueleto de un Poder Judicial más democrático
CFK anunció una batería de proyectos de ley que llegarán al Congreso este mes. El más llamativo es el replanteo del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros serán elegidos “por voto popular”. También planteó una serie de medidas dedicadas a “transparentar” el sector.
Por Irina Hauser
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (der.), escuchó los anuncios junto al gobernador Daniel Scioli.Imagen: Dafne Gentinetta
Cuando llevaba más de tres horas de discurso, Cristina Kirchner dijo finalmente la palabrita tan esperada. “Democratización”, repitió entre frases alusivas al Poder Judicial. “Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, enfatizó y anunció que pronto enviará al Congreso un conjunto de proyectos de ley con los que pretende lograr ese objetivo. Enseguida anticipó los ejes de la reforma que imagina y puso como punto de partida una modificación del Consejo de la Magistratura –el organismo que elige y sanciona a los jueces– por la cual “la totalidad” de sus integrantes “sean elegidos por el pueblo” y que entre ellos pueda haber ciudadanos que no sean abogados o juristas, sino “académicos o científicos” de cualquier otro ámbito. Siguió con la creación de nuevas cámaras de Casación, como tercera instancia en fueros donde no existe, en plan de descomprimir a la Corte Suprema para que ella se enfoque en cuestiones de constitucionalidad. La lista de iniciativas también incluyó el ingreso por concurso al sistema judicial; la creación de un registro de causas en trámite que permita su monitoreo; y una ley que reglamente y limite las medidas cautelares. La Presidenta responsabilizó a la Corte por dos cuestiones que el propio tribunal –advirtió– podría revertir: el ocultamiento de las declaraciones juradas de los jueces y la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias.El combo es muy vasto y, de ser aprobado íntegramente, generará sin dudas un sacudón de raíz en el aparato judicial. “Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron presidentes, y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada”, advirtió la jefa de Estado. A nadie, por lo menos en la Corte, se le escapó el detalle de que en el saludo inicial incluyó a todo el mundo –gobernadores, diplomáticos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, legisladoras y legisladores, el pueblo y los jóvenes– menos a los jueces supremos, dos de los cuales estaban allí sentados, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni.
Las leyes y medidas de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia tienen algunos rasgos salientes: no requieren una reforma constitucional; apuntan a reducir la hegemonía y los privilegios corporativos; se basan en una mayor participación popular en los procesos judiciales; e inevitablemente impactarán en el espectro de dominación y las funciones de la Corte Suprema.
Consejo popular
En Diputados preveían que los primeros proyectos ingresarán la semana que viene y que se apurará el tratamiento. La composición del Consejo de la Magistratura fue modificada en 2006, a raíz de una iniciativa de la propia Cristina Kirchner, entonces senadora. El organismo quedó con trece miembros (seis legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico), pero hoy está paralizado por la capacidad de bloqueo del sector opositor, que incluye a magistrados y abogados, manejado por el radicalismo. A los consejeros de cada estamento los eligen las propias corporaciones, desde determinadas asociaciones: “los abogados se eligen entre ellos, los jueces se eligen entre ellos”, ilustró la Presidenta. A los diputados y senadores, que sí surgen del voto popular, los asignan las cámaras. Según el proyecto de la mandataria los integrantes del Consejo tienen que ser “directamente elegidos por el pueblo.
¡Absolutamente ni los jueces ni los abogados tienen coronita!”, dijo. La sola idea de esta situación causó una revuelo ayer en Tribunales. Aunque aún no se conocen detalles, es difícil pensar en hacer ese tipo de elección sin que los candidatos queden asociados a fuerzas políticas, aun cuando la votación quede disociada de otras, nacionales, locales o parlamentarias. E inevitablemente todo deriva en una discusión sobre las implicancias de que a los propios jueces que anhelan ser consejeros, les financien su campaña. En la misma línea de la participación ciudadana, la Presidenta sostuvo que la Constitución en ningún lugar dice que los consejeros del ámbito académico o científico tienen que ser abogados, a pesar de que es la única especialidad designada. “Puede ser un médico, un contador, un economista, un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia al Consejo de la Magistratura”, dijo la mandataria. El proyecto oficial, es evidente, tratará de garantizarlo. Este cambio de dinámica en el organismo de selección y remoción de jueces implicaría un cambio de lógica con dos efectos posibles: invertiría la ecuación de los radicales en el Consejo y habilitaría la recuperación, para el organismo, de facultades que en los últimos años fue absorbiendo la Corte, entre ellas el manejo presupuestario, denunciado por el camarista Alejandro Slokar como método de “cooptación” y prebendario en el encuentro de esta semana de “Justicia legítima”.
Casaciones
En los últimos tiempos se habla mucho del “control de constitucionalidad difuso”, que permite que cualquier juez opine sobre la constitucionalidad de una ley. De momento, parece quedar descartada la opción de crear un tribunal constitucional que concentre esa tarea, según se desprende del discurso de ayer que, sin embargo, rescató la función de la Cámara de Casación Penal, y propuso reproducirla en otros fueros para “aligerar las causas que suben a la Corte”. La propuesta es crear una tercera instancia en tres ramas, con tres nuevas cámaras de Casación: Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Previsional y Laboral. En teoría, para el máximo tribunal, debería ser una buena noticia. De hecho, como dijo Lorenzetti esta semana, la política suprema es acotar cada vez más su campo de acción. No es que no intervendrían nunca, pero no lo harían ante cualquier recurso sino casi exclusivamente cuando haya que discutir cuestiones de constitucionalidad, al final del trayecto de un expediente. Se supone que este esquema debería descargar a la Corte, por ejemplo, de casos previsionales, que tramita de a miles. Es inédito en el mundo, dicen los entendidos, aunque hay países como Italia y Francia que lo aplican, no en todos los fueros.
Hay dos objeciones en puerta a las casaciones: que el Gobierno las quiere crear para designar sus propios jueces; y que prolongará más aún los procesos. Dos jueces de Casación y una camarista consultados por Página/12 pronosticaron que lo primero es posible pero poco probable: “Difícil que alguien consiga tantos jueces amigos, y más con todos los nombramientos que tienen atrasados”, coincidieron. La prolongación de los procesos es una posibilidad, pero –señalaron los jueces que hablaron con este diario– debería evitarse con un sistema control de la gestión de los jueces y del trámite de las causas, en cualquier tribunal o en la Corte. Hoy no existe ese control. Pero ésa fue otra de las reformas que Cristina Kirchner señaló que promoverá, a través de un “Registro de causas y publicidad”. “A veces no sabemos por qué algunos fallos están años allí en la Corte y otras salen más rápido”, dijo. Un caso record es la medida cautelar que le impide a la AFIP cobrarle al diario La Nación una deuda de 280 millones de pesos. La mandataria comparó: a los diputados y senadores, así como al Ejecutivo, “nos cuentan las costillas”.
Ingreso democrático
“También queremos democratizar el ingreso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es ‘conocido de’ o ‘pariente de’. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones (...) ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio”, proclamó Cristina Kirchner. En las últimas semanas se conocieron iniciativas dentro del propio sistema de justicia para instalar mecanismos de ingreso por concurso: ya lo implementó la Defensoría General y se discute en la Cámara del Crimen. En rigor, la Corte o el Consejo podrían directamente reformar el Reglamento para la Justicia Nacional y establecer una medida general de ingreso abierto por exámenes, pero no lo hicieron ni lo hacen. Es posible, así las cosas, que el Ejecutivo mande un proyecto. En cambio, la Presidenta advirtió que sólo los jueces supremos pueden revisar por qué no se aplica para el Poder Judicial la ley que obliga a todo el mundo por igual a pagar Impuesto a las Ganancias. Y algo similar, añadió, podría aplicarse a la publicidad de las declaraciones juradas.
La Presidenta dijo que era consciente de que ella había “disparado” el debate sobre una “Justicia legítima” cuando habló de democratizar la Justicia. Fue después de la sentencia que absolvió a los sospechosos del secuestro de Marita Verón, que instaló la idea de que ese desenlace con el juicio por jurados no hubiera pasado. Pero ese sistema de enjuiciamiento no estuvo ayer entre los anuncios presidenciales. El enfrentamiento con la Cámara en lo Civil y Comercial, por las cautelares a favor de Clarín, había sido otro de los detonantes. Habrá un proyecto para reglamentar esas medidas (ver aparte) y el movimiento crítico de “Justicia legítima” ya quedó instalado mientras pugna ambiciosamente por más modificaciones, incluso culturales.
CFK AFIRMO QUE YA EXISTE LA LEY QUE HACE PAGAR A LOS JUECES
Con Ganancias, el problema lo tiene la Corte
Por Irina Hauser
El juez Zaffaroni en el Congreso.Imagen: DyN
La presidenta Cristina Kirchner hizo responsable a la Corte Suprema de que los jueces y todos los empleados y funcionarios del sistema judicial sigan eximidos de pagar Impuesto a las Ganancias. “En realidad, la ley (24.631) para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada”, explicó. Era una reforma que derogaba una ley anterior que los eximía. Pero, recordó, el máximo tribunal en tiempos de Julio Nazareno, en 1996, declaró inaplicable esa ley para el Poder Judicial, una situación que nunca fue modificada y que, sugirió, sólo podrían revertir los propios jueces supremos. Otro asunto donde la Presidenta destacó una cuota de responsabilidad suprema, aunque dijo que impulsará una ley, es el de la obligación de que los jueces den a conocer sus declaraciones juradas patrimoniales, que también fue declarada inaplicable con una acordada firmada en el año 2000.La Presidenta recordó que lo que hubo en 1996 fue una “reforma tributaria amplia” que venía, entre otras cosas, a derogar un régimen anterior que eximía del pago de Ganancias a miembros de los Poderes Judicial y Legislativo, así como a los jubilados de ambos. Después de repasar por la acordada de la Corte sorprendió: “Tengo acá la versión taquigráfica de un miembro de la Corte, la doctora (Carmen) Argibay, cuando fue a la Comisión de cuerdos”, en el proceso de audiencias previas a su designación. Cuando le preguntaron a la jueza su opinión respecto de la exención de Ganancias, repasó la mandataria, ella contestó: “Yo siempre dije que había que pagar”. “Si hubiera dicho otra cosa, seguramente no hubiera tenido acuerdo, porque no dábamos acuerdo a aquellos que sostenían que no tenían que pagar”, aseguró. Sin embargo, una vez nombrada en la Corte –recordó Cristina Kirchner– la jueza votó (con la posición mayoritaria) a favor del reclamo de un juez de San Juan que pretendía seguir exento de pagar Ganancias después de jubilado.
Argibay fue la única jueza suprema que intervino en ese caso, donde se nombraron conjueces, ya que el resto se habían excusado. Un juez consultado por este diario dijo que habría dos caminos posibles para que se deduzca el impuesto a los magistrados: que la AFIP reclame a la administración de la Corte Suprema, que es la que debería imputar el impuesto cuando paga salarios, para lo cual también podría iniciar una causa que obligue al tribunal a fallar. La otra opción es que la Corte derogue la famosa acordada de los tiempos de Nazareno. “Esta decisión la deberá tomar oportunamente el Poder Judicial, que lo discutirá en todos sus estamentos, no es una cosa que pueda hacer el Poder Legislativo”, aclaró la Presidenta.
En cambio, se pronunció a favor de una ley que genere un mecanismo que asegure la difusión de las declaraciones juradas de todos los poderes del Estado. Pero puso énfasis en el Poder Judicial que, ante la Ley de Etica Pública, también se autoexcluyó de la obligación de mostrar o hacer accesible a quien lo consulte el origen de sus bienes. “Salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país”, dijo. Sostuvo que por Internet habría que acceder a la de cualquier funcionario. “Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mi patrimonio y sobre mi verdad, quiero saber, como tiene derecho de saber de mi declaración jurada, sobre la suya”, remató.
INICIATIVA PARA PONER LIMITES A ESTAS MEDIDAS
Cautelar a reglamento
Cristina Kirchner anunció un proyecto para reglamentar las medidas cautelares para los casos de un eventual riesgo patrimonial por parte del Estado.
Las iniciativas judiciales fueron recibidas con aplausos y cantitos desde los palcos.
Desde hacía tiempo el Gobierno tenía entre ceja y ceja lo que se dio en llamar la “cautelarización” de la Justicia. Medidas cautelares que se prorrogaban infinitamente impidiendo que se pusieran en práctica decretos presidenciales o leyes votadas por el Congreso. Por eso, entre las medidas presentadas para modificar el funcionamiento judicial la presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para reglamentar el funcionamiento de las cautelares con el objetivo de que “vuelvan a su verdadero lugar y funcionalidad” en las causas cuyas repercusiones sean exclusivamente de carácter patrimonial, como es el caso de los dos artículos objetados de la ley de medios por el Grupo Clarín. Además, anunció también un proyecto de ley de Responsabilidad del Estado porque “el Estado no puede ser tratado igual que una empresa”.
Una de las controversias respecto de las cautelares se dio a comienzos de 2010, cuando una jueza de primera instancia en lo Contencioso hizo lugar al planteo presentado por partidos opositores para suspender el decreto de la Presidenta que creaba el “Fondo del Bicentenario” por el que se disponía que se utilizaran las reservas del Banco Central para pagar deuda. Hicieron falta nuevos decretos y la intervención de la Cámara para que la situación se destrabara.
Fue una situación política grave en momentos en que la oposición –a través del llamado Grupo A– tomó el control del Congreso. Pero, sin dudas, la situación que terminó por enfurecer al Gobierno fue la cautelar planteada por el Grupo Clarín respecto de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, referidos a los plazos de desinversión y posesión de licencias de medios. Pese a que la Corte Suprema consideró que no estaban en peligro derechos constitucionales sino que, en el peor de los casos, podría darse un perjuicio patrimonial, la cautelar se mantiene en vigencia aún hoy a la espera de un fallo sobre la cuestión de fondo. En los hechos, le permitió al Grupo Clarín no cumplir lo establecido por una ley votada por amplia mayoría en el Congreso desde hace más de tres años.
“La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho, en fuente de injusticia, de inequidad y denegación de justicia”, sostuvo Cristina Kirchner ayer en su mensaje a la Asamblea Legislativa.
Agregó que estas medidas “detienen la administración de justicia”, porque impiden la discusión de la cuestión de fondo, y explicó que las cautelares de carácter patrimonial contra el Estado “son un absurdo porque el Estado no puede insolventarse, ni ser declarado en quiebra”. Habló de una gran “industria del juicio” en casos como los reclamos salariales en Gendarmería o Prefectura y lamentó que la fórmula utilizada sea “juez subrogante toma la cautelar y luego se declara incompetente. Es la fórmula perfecta: ‘Me voy y dejo el entramado de la cautelar, esa es la fórmula”.
La diputada oficialista Diana Conti ya había presentado un proyecto para reglamentar las cautelares pero el anunciado ayer sería diferente y habrían trabajo en él los técnicos del Ministerio de Justicia. Aunque no se especificaron detalles, la Presidenta habló de una “reglamentación, no una eliminación” de estos recursos, que sólo deberían interponerse contra el Estado frente al peligro de un riesgo inminente, como podría ser un caso de impacto ambiental.
Tuvo tiempo para una ironía. “Muchos especularon con que no iba a ser reelecta en 2011 y por eso dieron las cautelares, pero acá estamos. Por eso digo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar”, insistió.
Por otro lado, la Presidenta indicó que “si vamos a sancionar un nuevo Código Civil y Comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado” porque las normas vigentes se hicieron cuando sólo regían los acuerdos “entre privados”. “Observo que cuando estaban los privados, nadie le hacía juicio a nadie. Una vez que pasa al Estado todo se convierte en litigioso”, dijo, y añadió: “El Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular, necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco para castigarlo”. Con todo, tampoco añadió detalles sobre el contenido del proyecto que enviará en este mes al Congreso.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
02.03.2013
La presidenta repasó los diez años de gestión, defendió el acuerdo con Irán y advirtió que la Argentina no dará un tratamiento especial a los "buitres"
Cristina envía al Congreso proyectos para democratizar el Poder Judicial
Incluyen la elección por voto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el acceso democrático a los cargos judiciales, la reglamentación de las medidas cautelares, la difusión de las declaraciones juradas de los magistrados y la creación de tres cámaras de Casación.
Por: Felipe Yapur
Como anticipó Tiempo Argentino en su edición del domingo pasado, la presidenta anunció que las iniciativas llegarán en los próximos días y con ellas se pretende otorgar una condición de "democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución".
El discurso presidencial fue uno de los más extensos de la historia reciente de la Argentina: duró poco más de tres horas y media. Nada de lo allí expresado fue al azar, y los temas se fueron concatenando alrededor de un eje que fue el desarrollo del programa político que comenzó el 25 de mayo de 2003, continúa en estos días que la mandataria definió como "la década ganada".
La presidenta buscó demostrar cómo el país fue subiendo peldaño a peldaño para salir del infierno, la figura con la que Néstor Kirchner graficaba la situación política, social y económica que vivía la Argentinas, tras la crisis terminal del Estado neoliberal de los noventa.
En ese marco, la anunciada democratización del Poder Judicial no puede ser leída como caprichosa y mucho menos improvisada. Y es que la presidenta relató, con cifras y porcentajes, cómo se fueron aplicando políticas y los resultados obtenidos. Por caso, el pago de la deuda con el FMI o la reestructuración de la deuda aceptada por el 93% de los acreedores fue condición necesaria para llevar adelante planes de infraestructura, políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y la reindustrialización del país que, desde 2003 a la fecha, duplicó el PBI industrial.
Para que nada de ello tambalee ni se resquebraje el proceso político económico, es que advirtió que sólo se podría pagar a los fondos buitre "en las mismas condiciones que a los acreedores que apostaron por la Argentina, porque si no estaríamos estafando a ese 93 por ciento."
Cada definición, con sus respectivas cifras o porcentajes, fue acompañada por aplausos (se contabilizaron 100), vítores y cánticos. En los palcos se agolparon funcionarios, artistas, dirigentes gremiales y la joven militancia que acompaña al gobierno nacional.
Estos sectores fueron los más bulliciosos y alegres de la jornada y festejaron, al igual que los legisladores del FPV, la ocurrencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien lanzó globos con la leyenda "Clarín miente" y gorras que llevaban la misma frase. En las bandejas a ambos lados del escaño central desde donde habló la presidenta se acomodaron gobernadores, ministros, familiares de la mandataria, la procuradora Alejandra Gils Carbó y los miembros de la Corte, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.
Rostros de incredulidad y algún comentario por lo bajo predominaron entre la oposición. Pero el silencio se ganó a todos, incluso a los oficialistas, cuando la presidenta afirmó en dos oportunidades que "no se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos". La frase, contundente en sí misma, da cuenta de la importancia que CFK le otorga al modelo político por encima del puesto que ocupa, sin que ello implique que abandone su condición de jefa política.
Cuando la presidenta comenzó a desglosar los proyectos de ley que enviará en los próximos días, el rostro de Lorenzetti fue pasando por diferentes expresiones. No fue para menos. Al fin y al cabo, cuando CFK recordó que es imposible imponer por ley el pago del Impuesto a las Ganancias a los miembros de la justicia porque esa norma ya existe, y también una acordada de la Corte, de la época menemista, que los eximió del pago de ese tributo. "Pueden hacer 20 leyes y 20 discursos pero la última palabra la tiene la Corte", dijo CFK y Lorenzetti puso cara de póker.
Hacia el final de su discurso, la presidenta se sumergió en este proceso de democratización de la Justicia y que "no ha sucedido por múltiples razones", dijo.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, lo que pretende el Ejecutivo es modificar la forma de elección de sus miembros: "La propuesta de ley va a ser que la totalidad de los miembros sean elegidos por el pueblo. Ni los jueces, ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos."
Allí mismo anunció que impulsará la creación de una nueva instancia superior en los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional, con sendas Cámaras de Casación, tal cual sucede en el fuero Penal. Con este proyecto lo que se busca es disminuir el número de causas que llegan a la Corte Suprema, un reclamo histórico realizado hasta por los propios integrantes del máximo tribunal.
Sin perder tiempo, CFK también anticipó su intención de democratizar el acceso al sistema judicial "porque no puede ser un lugar donde se acceda a través de conocidos. Todo ciudadano que reúna los requisitos está en condiciones de ingresar a través de concurso público", dijo, y advirtió que si los postulantes superan el número de las vacantes podrán elegirse por un sorteo como se aplicó para el otorgamiento de los créditos para viviendas del plan Pro.Cre.Ar. Añadió que "debe haber acceso a la información para que todo el mundo sepa cuáles son las causas que están en manos de los jueces."
En ese marco, anunció que remitirá un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que "se transformaron en una verdadera distorsión del derecho". Este será, seguramente, uno de las iniciativas que más rechazo tendrá de la oposición.
En el menú de proyectos también está la ley de responsabilidad del Estado con la que se busca a los procesos judiciales contra el Estado un tratamiento particular, "no privilegiado pero tampoco para castigarlo", que no está contemplado en el Código Civil y Comercial.
Por último, se refirió a una ley de transparencia del poder público para que todos los ciudadanos tengan acceso a las declaraciones juradas de los que integran los tres poderes del Estado.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
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