Los testigos aportaron datos que permitieron abrir líneas investigativas y, en algunos casos, nuevas causas
Las nuevas pistas que surgieron en los juicios
Los procesos orales en causas de lesa humanidad se convirtieron en virtuales cajas de sorpresas que revelaron aspectos desconocidos del accionar represivo.
Por: Pablo Roesler
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ARMADA Y PREFECTURA. En la causa "Fuerza de Tarea Nº5, Armada Argentina y Prefectura Naval Sobre Delitos de lesa humanidad", que investiga el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, del renunciado Arnaldo Corazza y por la que la fiscalía prepara la elevación a juicio, descubrieron la existencia de un centro clandestino de detención que permaneció oculto durante 35 años. El hallazgo se produjo el 14 de enero de 2010 durante una inspección ocular realizada durante la instrucción por Corazza y de la que participaron dos ex detenidos y abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación, en un sector de la Isla Santiago, donde funcionó el hoy cerrado Liceo Naval Almirante Brown, ubicado en un predio lindero al de la Escuela Naval y la Base Naval de la Armada Argentina. Se trata de un galpón en el que los sobrevivientes lograron identificar el sector donde se ubicaban las celdas, que se extendían en hilera frente a una gran sala. También indicaron dónde se encontraba la sala de torturas y la de interrogatorio, donde, además, los fotografiaban. Ese centro había sido descripto en diversos testimonios de sobrevivientes, pero por primera vez los ex detenidos señalaron y reconocieron en el lugar el espacio donde permanecieron secuestrados luego de la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando la Marina encabezó un gran operativo de secuestros en Berisso y Ensenada, que apuntó a los trabajadores y gremialistas de Astilleros Río Santiago, el frigorífico Swift y Propulsora siderurgia (hoy Siderar). Ese nuevo sitio se sumó a los centros clandestinos que funcionaron en el Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), en el Hospital Naval, en la Escuela Militar Río Santiago y en la Prefectura Naval, todos bajo el mando de la Armada Argentina. "El descubrimiento de ese centro clandestino, que fue reconocido por los sobrevivientes, fue en ese momento algo sorprendente y beneficioso para la causa", explicó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Inti Pérez Aznar. "Pero lo importante de esa causa –continuó– es que investiga cómo se concentró la represión en ese circuito por la Marina en los primeros meses, en el que se dio un golpe directo al movimiento obrero." La presencia de la Armada en el cordón industrial de los distritos de Berisso y Ensenada fue letal. Pérez Aznar recordó que en la misma madrugada del 24 de marzo los marinos y prefectos recorrieron esas ciudades y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que luego primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas. Por eso, el fiscal federal Hernán Schapiro resaltó que "esta causa abre la primera línea de investigación en el circuito represivo de La Plata en el que se indaga el rol de la Armada en la región", y remarcó que analiza, puntualmente, "la Fuerza de Tareas 5, que tuvo un rol muy fuerte en la ciudad con vínculos con otros centros clandestinos como el de 1 y 60 y la Cacha".
CIRCUITO CAMPS. Pero también los juicios por delitos de lesa humanidad abrieron nuevas líneas de investigación sobre circunstancias o hechos que permanecieron ocultos durante tres décadas. En la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 del 19 de diciembre pasado por el proceso por el Circuito Camps, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela ordenaron investigar la responsabilidad del ex fiscal de Estado de la provincia, Alberto Rodríguez Varela, en el secuestro y las torturas a los miembros de la familia Graiver. Rodríguez Varela fue involucrado por las declaraciones testimoniales de Isidoro Graiver, hermano del fallecido dueño de Papel Prensa, David Graiver, por lo que los jueces pidieron remitir al Juzgado Federal N°3 su testimonio y los del canciller Héctor Timerman, de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, de su secretaria Silvia Fanjul, su socio Rafael Iannover, de su empleada Lidia Gesualdi, y, también, las declaraciones del imputado Norberto Cozzani. Isidoro, en su testimonio del 4 de junio del año pasado, recordó que en Puesto Vasco fue retirado de su calabozo junto a Papaleo y llevados a una habitación donde los esperaba el por entonces jefe de la Policía bonaerense Ramón Camps junto a Rodríguez Varela. "El nombre de Rodríguez Varela circulaba desde hacía tiempo como el de una de las personas cercanas a Ramón Camps y que tuvieron algún vínculo con el caso Graiver, sobre todo a partir del agradecimiento que Camps hace en su libro La otra campana del nunca más”, recordó Schapiro. En ese sentido, el elemento nuevo que se agregó a la investigación serían las declaraciones testimoniales del juicio en las que fue nombrado. El caso está siendo investigado por la fiscalía que esta semana presentó nuevos pedidos de prueba.
DIPPBA. Pero además, en el debate por el Circuito Camps los jueces ordenaron investigar el presunto rol de inteligencia que la extinta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) realizaba sobre las personas que luego serían secuestradas por las patotas de Ramón Camps. En el sexto punto de la sentencia, los jueces ordenaron "poner en conocimiento de los Juzgados Federales Nº 1 y 3, lo surgido en el debate respecto de la Dirección y Dependencia de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de sus integrantes en las causas residuales". El pedido había sido realizado por la abogada querellante por Justicia Ya! Guadalupe Godoy. "La Dippba quedó fuera de la investigación desde la causa 44 (de 1986)", explicó a Tiempo Argentino la abogada. "Lo que marcamos en los alegatos es que las responsabilidades penales son más amplias. Siempre se juzgó al brazo ejecutor de los tormentos y los homicidios, pero nosotros sostenemos que hay que ampliar ese concepto porque tiene la misma responsabilidad en los hechos el que seleccionaba los blancos que quien ejecutaba. Y la Dippba hacía esa selección de blancos." En su alegato, Godoy resaltó la prueba documental incorporada al debate. En concreto, "las planillas confeccionadas por el Batallón de Inteligencia 601", que referían a las víctimas Ana Teresa Diego y los chicos de la Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner, Horacio Ángel Ungaro, María Claudia Falcone y Daniel Racero. Esos documentos revelan que en el proceso de inteligencia participó la Dirección policial (por ese entonces bajo el nombre de Secretaría de Inteligencia) luego del pedido de búsqueda y captura, e inclusive en algún caso participó hasta en el resultado de ese pedido, es decir, en el secuestro que conllevó a la desaparición. La querella concluyó que la DIPBA "no solo tenía como misión la 'producción de inteligencia para la Jefatura de Policía, el Estado Mayor Policial y el Poder Ejecutivo provincial' sino que también podía realizar y/o coordinar operativos especiales, propios, conjuntos o combinados.
SERVICIO PENITENCIARIO: En 2010, el mismo tribunal juzgó y condenó a 14 ex penitenciarios por las torturas y homicidios cometidos durante la dictadura cívico militar en la Unidad Penal Nº9 de La Plata. En su alegato, Godoy –que en ese proceso representó la querella de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Justicia Ya, y querellantes particulares– remarcó "la falta de profundización sobre el rol que jugó el aparato de inteligencia del servicio penitenciario" con 16 familiares de presos políticos que fueron secuestrados y desaparecidos. "Los secuestros de los familiares de los presos políticos fueron realizados en diferentes lugares, pero es evidente que la selección de las víctimas de esos secuestros se realizaba en las colas de las visitas y los locutorios de la cárcel a través de los aparatos de inteligencia", detalló la abogada a este diario. En la sentencia que el 13 de octubre de 2010 condenó al ex jefe de la Unidad, Abel Dupuy, a prisión perpetua y a otros 13 penitenciarios a penas de hasta diez años de cárcel, el TOF1 tomó nota del pedido que no se transformó en una investigación concreta. "Esta investigación tiene una dificultad probatoria importante porque, por la propia dinámica de los aparatos de inteligencia, es muy difícil detectar quiénes los integraban", concluyó Godoy.
Les cocinaban a los detenidos
La sentencia del juicio por el Circuito Camps incluyó en sus considerandos una respuesta al pedido de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Inti Pérez Aznar y Hernán Navarro, y de Justicia Ya!, que representó Guadalupe Godoy: en el apartado siete del texto condenatorio, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad del vicario castrense "Emilio Grasselli y los funcionarios del Seminario Mayor San José de La Plata". Según se supo en las audiencias, ese sector de la curia enviaba la comida que, alternadamente, recibían los detenidos desaparecidos de la Comisaría quinta. Los jueces ordenaron la investigación a partir de los testimonios de las declaraciones de Estela de la Cuadra, Emilce Moler, Clara Teresa Bacchini, Rolando Acuña, Teresa Garín, Jorge Ricardo Reydó, Marta Manchiola, Lázaro y Zivana Aleksoski, Patricia Williams, Alejandro Marcelo Ciancio, Hugo Marini, Carlos De Francesco y Osvaldo Lovazzano, todos sobrevivientes o familiares de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en esa comisaría de diagonal 74, entre 23 y 24, de La Plata, y cuyos testimonios señalaron al vicario castrense, a quien los familiares concurrían a preguntar por la suerte de las víctimas, o revelaron que al estar detenidos supieron que la comida que les servían provenía del seminario ubicado a media cuadra de la seccional. En el fallo, los magistrados pidieron que se remita esa información "a los Juzgados Federales Nº 1 y 3 de La Plata, a fin que se investigue –en las causas residuales– la presunta responsabilidad del Secretario Privado del Vicario, Emilio Grasselli y de los funcionarios del Seminario Mayor San José de La Plata, en el marco de la última dictadura cívico-militar, de conformidad con lo solicitado por la Dra. Godoy".
El dato
Falta investigar
El rol de inteligencia penitenciaria en el secuestro de familiares de presos políticos.
Fuente:TiempoArgentino
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