31 de marzo de 2013

LOS LAZOS ENTRE ECONOMÍA y DICTADURA.

Los lazos entre Economía y Dictadura 
Año 6. Edición número 254. Domingo 31 de marzo de 2013
Por Felipe Deslarmes
politica@miradasalsur.com
Civiles. El informe revela la participación directa de civiles en la apropación de empresas. (TELAM).
En un acto conmemorativo por el 37° aniversario del golpe de Estado, en la sede de la Comisión Nacional de Valores, su presidente, Alejandro Vanoli, presentó los avances del Informe que prueba casos en que integrantes del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se adueñaron de empresas y acciones.
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, presentó el lunes 25 de marzo pasado, el avance del informe “Economía, Sistema Financiero y Dictadura” que busca iluminar la relación del sistema económico con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, en un acto en que se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia (por el 24 de marzo). Estuvieron presentes, entre otros, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el titular de la CTA, Hugo Yasky; el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Juan Carlos Fábrega, y José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El informe, que tendrá acceso público a partir de mediados de abril próximo, fue producido por la Oficina de Derechos Humanos del organismo, un espacio creado por decisión del directorio, en especial de Vanoli, quienes ya habían estado trabajando causas vinculadas a derechos humanos en relación al caso Papel Prensa y por distintos pedidos de juzgados que habían solicitado actas para ser presentadas en juicios de lesa humanidad. Teniendo en cuenta que el organismo estatal poseía información de envergadura se decidió, hace un año, generar un área de investigación sobre las problemáticas del paso de la dictadura a través de la CNV.

De esta manera, primero se firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que lleva las firmas del entonces titular, Eduardo Luis Duhalde, del actual subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén y de Vanoli.

Se delimitaba así el marco para la creación de una oficina que conformaron la antropóloga Celeste Perosino, el historiador Bruno Nápoli y el sociólogo Walter Bosisio (ver nota aparte), quienes, con un criterio interdisciplinario, rastrearon las más de 500 actas del organismo entre 1976 y 1983 y otros archivos. Parte de ese material estaba digitalizado, pero sumaron nuevas fuentes como archivos que encontraron perdidos, mal cuidados o extraviados; cruzaron esa información con causas de distintos juzgados y retomaron entrevistas a víctimas, con lo que conformaron una base de datos inicial que les permitió elaborar una serie de hipótesis de investigación, y gracias a las cuales pudieron conectar situaciones, actores y empresas pensando el contexto sociopolítico de la época.

Si bien la investigación continúa y que proyectan seguir profundizando casos y conectándolos con otros, en este primer informe ya puede verse lo vinculado con 130 financistas y empresarios secuestrados donde once de ellos permanecen todavía desaparecidos, y donde la mayoría fueron liberados sólo después de haber sido desapoderados de sus empresas.

Son casos emblemáticos: el Banco de Hurlingham; Celulosa; Canale; Siderúrgicas Grassi; La Agrícola; Financiera Río Paraná; Finsur S.A; Casa de Cambio Brasilia; el caso de los hermanos Iaccarino, que estuvieron en la presentación del informe y a quienes les quitaron todas sus empresas en operatorias sobre las que el equipo de investigación encontró rastros en el Banco Nación, y también el caso de Eduardo Saiegh, que hasta el momento de su secuestro, en octubre de 1980, era dueño del Banco Latinoamericano y accionario de la línea aérea Austral y a quien torturaron en la propia sede central del Banco Nación, a metros de la Casa de Gobierno, para desapoderarlo.

El primero en hablar en la presentación del informe fue Vanoli. Comenzó con un homenaje a Carlos Gustavo Cortiñas, trabajador desaparecido de la CNV, hijo de Nora Cortiñas. Luego, recordó el trabajo y la denuncia del periodista Rodolfo Walsh en un nuevo aniversario de su desaparición y recordó que en su “Carta Abierta a la Junta Militar” explicaba que en la política económica de la dictadura debían buscarse no sólo la justificación de sus crímenes sino la de una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos: la miseria planificada. Vanoli presentó el informe y habló de las dificultades que enfrentó el equipo para su realización; sea por la falta de una cultura histórica en el cuidado de archivos o por extravíos deliberados de material. Habló de civiles que resultaron partícipes necesarios y observó que el informe busca determinar cuál fue el rol del organismo que ahora preside en tiempos de Juan Etchebarne; de los movimientos de empresas que cotizaban en la Bolsa, de la estructuración del sistema financiero y de los delitos de represión económica durante la última dictadura. Remarcó que “las consecuencias de la represión económica siguieron hasta el 2003” y rememoró el aporte de la CNV en la elaboración del informe “Papel Prensa, la Verdad”, sobre la apropiación de la única productora de papel de diarios en la Argentina que en la dictadura pasó a manos del Grupo Clarín y de los diarios La Razón y La Nación. Subrayó luego que deliberadamente se perjudicó o benefició a determinados grupos económicos. Para Vanoli, la última dictadura impuso un cambio estructural que generó un “genocidio económico” cuyas consecuencias siguieron presentes hasta la crisis del 2001. Pero reconoció que desde el 2003 se empezó un proceso de “reversión de estas consecuencias”.
Luego expuso el economista Arturo O’Connell, ex director del Banco Central, quien revisó las grandes acciones económicas desde el ’55 en adelante. Habló del Consenso de Washington y de cómo organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dieron apoyo económico inmediato al gobierno de facto; también reconstruyó las maniobras con las que en el año ’82 se estatizó la deuda privada. “La memoria tiene que servirnos para saber en beneficios de quiénes se hizo”, afrimó, para luego concluir que “el financiamiento externo es negativo para el crecimiento interno”.

Para Alén, los civiles involucrados fueron igual o más responsables que los militares “porque fueron sus jefes”. Lamentó que José Alfredo Martínez de Hoz haya muerto impune, y advirtió que “una Justicia tardía, deja de ser Justicia”.

Más tarde, expuso el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quien habló de la “dictadura cívico-militar-religiosa” que comenzó en el ’55; sostuvo que el Estado de bienestar se rompió en el ’76 y reveló también que la matriz de zonas y subzonas en la que se dividió el país después del golpe ya estaba preparada desde la Masacre de Trelew, en agosto del ’72. Recordó que el objetivo de exterminio fue avalado por la jerarquía de la Iglesia y reveló que en uno de los informes, los militares señalaban como fuerza amiga a la Iglesia y a la Sociedad Rural.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, habló de “persecución selectiva para apropiarse de empresas”. Sostuvo que casos como despidos masivos que normalmente no serían considerados delitos de lesa humanidad, así como algunos cambios internos de personal, en el contexto en el que se dieron en la dictadura, sí podrían serlo. Valoró del informe que aporta los datos que las estadísticas niegan o esconden: la inequidad. “Si estos hechos del informe constituyen crímenes de lesa humanidad, significan que no están prescriptos y, por lo tanto, se debe juzgar para determinar a los responsables”, puntualizó Gils Garbó.

Para el economista Eduardo Basualdo, el informe demuestra que los cambios económicos y sociales del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional fueron tan determinantes como en su momento lo fueron el proceso de la oligarquía terrateniente o el proceso industrialista. Finalmente, frente a un auditorio de pie, mencionó a cada uno de los desaparecidos de YPF.

Cerrando el evento, el historiador y periodista Osvaldo Bayer, revisó la historia de la familia Martínez de Hoz y remarcó que “ésta es la primera vez que los dictadores están en la cárcel común y se los sigue juzgando”. Calificó al informe como de imprescindible y profundo, y convocó: “Sigamos en ésa línea; sigamos luchando para cumplir con los ideales de los revolucionarios de mayo”.
Fuente:MiradasalSur

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