MÉXICO.

VIERNES, 22 DE MARZO DE 2013
México manifiesta inconformidad por comercialización internacional bienes arqueológicos
XINHUA 
El Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), manifestó hoy su desacuerdo con la comercialización internacional de objetos culturales protegidos, particularmente de bienes arqueológicos de esa nación. 

En un comunicado, la dependencia señaló que tal práctica "despoja a estos bienes únicos e invaluables de su esencia cultural, histórica y simbólica, convirtiéndolos en mercancías o meras curiosidades". 

Asimismo, indicó que en el caso de la subasta de bienes arqueológicos que la sucursal parisina de la casa Sotheby's programó para los días 22 y 23 del mes en curso, y que incluye piezas que conciernen a México, el Gobierno federal envió una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, en la que solicitó a éste su intervención para hacer del conocimiento de las autoridades francesas competentes las conclusiones asentadas en el dictamen técnico elaborado por el INAH.

El catálogo de la subasta mencionada fue analizado por expertos del INAH, según el cual existen elementos para sustentar que de los 130 objetos anunciados como procedentes del territorio mexicano, 51 son bienes arqueológicos propiedad de la nación, y el resto piezas artesanales de reciente manufactura. 

Además, se ofreció a autoridades francesas cooperación y asistencia técnica para dilucidar cuestiones relativas a las piezas arqueológicas que conciernen a México a ser subastadas y con relación a las medidas que, de ser el caso, decidieran adoptar. 

En tanto, el 11 de marzo pasado, la Embajada de México en Estados Unidos dirigió al director general de la casa Sotheby's, cuya matriz se encuentra en Nueva York, un comunicado por medio del cual se le solicitó información acerca de las piezas a ser ofertadas en París, que corresponden a México. 

"En virtud de su importancia para el pueblo de México, se solicitó al director general de la firma subastadora retirar las piezas de la venta y se hicieron de su conocimiento las conclusiones de los expertos del INAH en el dictamen técnico antes referido", agregó.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ, Fiscalía) mexicana, el tráfico y la comercialización de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y sacros de la nación se han convertido "en un flagelo que afecta seriamente el patrimonio nacional mexicano". 

VIERNES, 22 DE MARZO DE 2013 
Conservadurismo de la Iglesia ya no influye en feligresía 
Por Adriana Franco Rosales (CIMAC)
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentó ayer en el Museo Memoria y Tolerancia el libro “De la brecha al abismo: los obispos ante la feligresía en México”, que muestra como el discurso de la jerarquía católica sobre los derechos sexuales y reproductivos ya no genera tanto impacto en la opinión pública. 

Ivonne Szasz Pianta, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México (Colmex), aseveró que existe un abismo de distancia entre la opinión de los obispos y la feligresía, según los datos que muestra el libro mediante la Encuesta de Opinión Católica 2009.

Así, el 86 por ciento de los que profesan el catolicismo están a favor del uso del condón, el 73 por ciento opina que la población adolescente debe tener acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo la pastilla de anticoncepción de emergencia, y el 79 por ciento considera que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, entre otros datos. 

Ivonne Szasz señaló que mientras el clero intenta imponer una moral única en un contexto social de extrema desigualdad, entre el pueblo religioso predominan la pluralidad, la diversidad y la laicidad, sobre todo en las y los jóvenes con mayor grado de estudios, que critican el doble discurso de la Iglesia. 

Sin embargo, los temas que aún están muy polarizados entre la feligresía son la interrupción legal del embarazo (ILE) y el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo. El 25 por ciento está de acuerdo con la ILE, mientras que el 60 por ciento considera que el aborto sólo debe ser legal por ciertas causales. 

El periodista Emiliano Ruiz Parra, autor del libro “Ovejas negras. Rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI”, recordó la declaración de un sacerdote que acusaba a la Iglesia católica de “estar secuestrada por la obsesión con la moral sexual, y que en lugar de dilapidar esa energía en cuidar los cuerpos de los demás debería cuidar de los más pobres”. 

Ruiz Parra expresó que para la jerarquía católica no existen las mujeres concretas sino sólo como abstracción, un cuerpo entendido como incubadora de un feto al que considera un ente autónomo. 

El sociólogo de las religiones Bernardo Barranco Villafán afirmó que la jerarquía católica mexicana está al borde del abismo, porque su conservadurismo no es congruente con el desprestigio de su autoridad moral, lo que la conduce a una crisis sin precedentes. 

La Iglesia no está preparada, añadió Barranco, para enfrentar la cotidianidad, su formación intelectual es muy baja y basada en el pensamiento de la Edad Media, por lo que la distancia con la modernidad es inmensa, tanto que se apropian del discurso de los Derechos Humanos, pero sólo para revertir su contenido.  

El sociólogo enfatizó que se debe dar seguimiento a la relación entre la jerarquía católica y el Estado mexicano, toda vez que la Iglesia busca reformar el artículo 24 constitucional para impartir clases de religión en la educación pública, tener candidaturas a puestos de elección popular, y ser dueños de medios masivos de comunicación. 

El ex sacerdote Alberto Athié Gallo, quien renunció al ministerio religioso en 2003 tras denunciar los abusos a menores de edad cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, apuntó que hay una gran contradicción entre el discurso teológico sobre la sexualidad y los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes pederastas y encubiertos por el clero. 

Expresó que existen razones para preocuparse ante el arribo del Papa Francisco, ya que cuando era cardenal declaró que “las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos políticos”, además de discriminar abiertamente a la comunidad homosexual y oponerse al aborto, aún en caso de una violación sexual. 

VIERNES, 22 DE MARZO DE 2013 
¿Y la seguridad social a parejas LGBT? 
Por Antonio Medina Trejo (CIMAC) 
Este mes de marzo se cumplen seis años de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Convivencia y tres del reconocimiento legal a los matrimonios civiles y concubinatos entre parejas del mismo sexo. 

El primero, propuesto en 2001 por un grupo amplio de activistas y organizaciones civiles, liderados por la ex diputada Enoé Uranga Muñoz, de la segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y el segundo propuesto, igualmente, por grupos de la diversidad sexual y encabezado por el ex diputado David Razú, durante la quinta Legislatura de la ALDF.

En el caso de la primera, se logró un amplio consenso legislativo luego de seis años de cabildeo al más alto nivel, que consiguió la aprobación el 9 de noviembre de 2006. 

Esa propuesta fue boicoteada por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, lo que limitó en su momento el consenso de la mayoría perredista. 

Fue hasta que Alejandro Encinas, jefe de Gobierno en tránsito, congruente con sus convicciones como hombre de izquierda liberal, la ratificó el 16 de noviembre sin ningún problema. 120 días después, el 16 de marzo, comenzaron a unirse las parejas bajo esa figura legal. Sin duda, un hecho histórico, no sólo para México, sino para toda América Latina. 

En el caso del matrimonio, con el capital ganado en la opinión pública y el camino surcado por las Sociedades de Convivencia por más de un lustro, se logra un proceso más corto, aunque intenso en la argumentación y el cabildeo desde el mismo gobierno, que permite la modificación legislativa al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles en un lapso de dos años. 

Lejos de lo que se creía, el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, apoyó totalmente la iniciativa y dio la batalla contra grupos que se opusieron una vez que pasó la ley. 

Sin duda, los procesos de ambos avances legislativos estuvieron siempre cargados de incertidumbres. Los sectores conservadores, congruentes con sus posturas en contra del reconocimiento de derechos hacia grupos LGBT, actuaron en consecuencia. Bloquearon todo lo que pudieron. 

En el caso de las Sociedades de Convivencia se inmiscuyeron sacerdotes a la ALDF para “couchear” desde el recinto legislativo a diputados panistas. El cardenal Norberto Rivera no dejó de tirar línea al Jefe de Gobierno desde su púlpito de la Catedral, y Jorge Serrano Limón, férreo defensor de “la moral y las buenas costumbres” (antidemocráticas) arremetió con sus estrategias mediáticas cada que la propuesta se discutía en comisiones o en tribuna.

Las incongruencias de algunos legisladores de izquierda o de otros partidos que no fueran del PAN pusieron en vilo ambas propuestas en diferentes momentos, pues como si se tratara de niños intercambiando estampitas en la escuela, condicionaban su voto a cambio de otros votos en propuestas de otras índoles. 

Al final, ambas iniciativas ciudadanas pasaron. Sociedades de Convivencia el 9 de noviembre de 2006, muy acotada y con candados que los perredistas no estuvieron dispuestos a defender, y matrimonio, el 21 de diciembre de 2009, con el riesgo de sacrificar el componente de adopción sin que esto sucediera al final. 

La posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran adoptar causó una gran controversia, de hecho, al interior del movimiento LGBT. Posiblemente nunca se sabrá realmente lo que sucedió, pero estuvo a punto de omitirse la adopción en la propuesta final. 

Hay quienes aseguran que el tema lo estaban cediendo a cambio de otras propuestas legislativas, mientras que otros grupos dicen que presionaron con un arduo cabildeo de muy alto nivel hasta el último momento para que la aprobación integrara adopción.

Hay versiones encontradas con respecto a este tema, lo que ha generado una irreconciliable división entre líderes del movimiento LGBT, que ha obstaculizado que se avance estratégicamente en los estados. 

A pesar de ese desgaste y el rompimiento entre líderes por disputarse la corona del triunfo de los avances legislativos, lo bueno es que hoy en día, cuando menos cuatro familias homoparentales de la Ciudad de México, tienen bebés adoptados a través del DIF o de la Procuraduría de Justicia del DF. 

Tres parejas más están en pleno proceso de adopción en la capital, en donde sin duda, algo bueno está sucediendo con la consecución de estos y otros avances legislativos sobre diversidad sexual. 

El gran pendiente: Seguridad social 

Lo que hasta el momento no se ha logrado en México es que las parejas que se han unido en matrimonio, Sociedades de Convivencia o el Pacto Civil de Solidaridad, accedan de manera automática a la seguridad social, que es, para cualquiera de los casos, un derecho laboral fundamental. 

Es decir, ya se discutieron hasta el cansancio los argumentos legales, de Derechos Humanos, culturales, políticos y de derecho internacional, para que las parejas del mismo sexo que se unen legalmente accedan a los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero hasta ahora quienes acuden a cualquiera de estas tres alternativas de unión legal no tienen seguridad social, que es un tema de fundamental importancia en la vida cotidiana de estas familias, sobre todo cuando hay hijas o hijos de por medio. 

El motivo radica, además de la evidente homofobia de Estado, en que la seguridad social en México es un derecho laboral federalizado y las leyes antes mencionadas son de carácter local. 

Se ha necesitado emprender un proceso de demanda ante el IMSS y el ISSSTE para que un pequeño grupo de parejas del mismo sexo tengan la seguridad social. 

De hecho, la organización civil Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo ha denunciado el caso de dos parejas, una de Nuevo León y otra de Morelos, donde las personas derechohabientes ante el IMSS han fallecido, y hasta el momento el instituto “no ha reconocido a la y el cónyuge, respectivamente, los derechos de viudez como la pensión”. 

En fechas recientes, la activista Lol Kin Castañeda dirigió una carta a Enrique Peña Nieto solicitando se acelere el proceso de aprobación de la reforma en materia de seguridad social, argumentando que “aún sin entrar en vigor dichas reformas, el derecho laboral a compartir seguridad social también entre cónyuges de parejas del mismo sexo tiene cabida… bastaría que hubiera una interpretación de ambas leyes en clave de no discriminación y la voluntad política por parte de Su Gobierno, para garantizar los derechos con los que ya contamos y comenzar a modificar el resto de leyes, códigos y normas que vulneren o restrinjan el reconocimiento a los Derechos Humanos de cualquier persona”.

El Senado tienen la pelota en su cancha desde 2011 para ratificar las leyes de las dos principales instituciones de seguridad social y reconocer finalmente los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, que al momento suman mil 970 uniones matrimoniales, poco más de 850 uniones en Sociedades de Convivencia, mientras que en Coahuila hay 330 parejas unidas por el Pacto Civil de Solidaridad. 

De ser congruente la actual Legislatura, debería aprobar sin mayor complicación la propuesta de acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo, superando los lamentables criterios que pretextaron en la 61 Legislatura sobre una iniciativa enviada por la ex diputada Enoé Uranga Muñoz, que pugnaba por integrar al DF y Coahuila a la seguridad social hacia parejas LGBT –por tener leyes locales que permiten las uniones entre personas del mismo sexo–, argumentando que de aprobarse esa reforma “se tendría un impacto aún indeterminado en las finanzas del IMSS y del ISSSTE”. 

Sería una vergüenza que el Senado se guiara por tan endeble criterio que ha negado derechos a centenares de parejas LGBT, cuando en la realidad esos cientos de personas ya han aportado de manera individual sus cuotas durante su historia laboral, tal como lo han hecho las personas heterosexuales. 

De ahí la necesidad de que las primeras accedan a seguridad social una vez que se unan legalmente a través de cualquiera de las figuras legales existentes, como sucede de manera automática con las parejas heterosexuales. 

Si bien se apela a que el Jefe del Ejecutivo federal reaccione ante esta violación del derecho a la seguridad social de las miles de personas LGBT que están unidas por alguna figura civil; el Senado tiene en este momento la responsabilidad histórica de actuar en consecuencia de los avances legislativos de los último años hacia el sector de la diversidad sexual. 

De no hacerlo, demeritará su calidad moral como poder del Estado y una vez más se tendrá que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que delibere un asunto del cual ni el Ejecutivo ni el Legislativo tuvieron la capacidad de resolver. 

Antonio Medina es Docente en la carrera de Comunicación y Cultura en la UACM.
Fuente:Argenpress