CÓRDOBA: Informe sobre los millonarios gastos publicitarios de De la Sota.

Córdoba. Informe sobre los millonarios gastos publicitarios de De la Sota
La campaña permanente
Por Guillermo Posada
17.04.2013

Con anuncios retóricos y apoyo mediático, la propaganda le costó a la provincia más de 200 millones de pesos sólo durante 2012. El Grupo Clarín hegemoniza la pauta. Impugnación opositora en el Tribunal de Cuentas.

El 2013 va a estar mejor”, anunciaron a fines del año pasado algunas de las cientos de gigantografías del gobierno cordobés que aún decoran las rutas de la provincia. Además de admitir que el 2012 no fue de lo más llevadero –conforme las encuestas que la propia administración delasotista encarga asiduamente–, la cartelería es una breve muestra de la fastuosa inversión en publicidad que la Casa de Gobierno viene encargando, sobre todo en medios de comunicación, locales y de la Capital Federal.

No es que la tercera gestión de José Manuel de la Sota tenga mucho que mostrar, ni en educación, ni en salud, ni en obras públicas. Menos si se trata de avances en materia previsional o gestión financiera del propio gobierno.

Pero el gobernador y su equipo de comunicación parecieran convencidos que todos aquellos déficits pueden subsanarse con anuncios retóricos, y apoyo mediático donde la pauta publicitaria funciona como la sangre al cuerpo.

Los decretos firmados hasta el momento por el gobernador De la Sota, primero el Nº 804 –del 30
de julio de 2012– por casi 80 millones y segundo el Nº 47 –del 30 de enero de este año– por poco más de 127 millones, completaron un gasto de 207 millones de pesos en publicidad oficial. “Esto es una muestra clara de que en Córdoba no hace difusión de actos públicos sino lisa y llana propaganda del gobernador en aras de su presunta candidatura presidencial para el 2015”, dice el legislador del Frente Cívico y Social Ricardo Fonseca, que accedió a los decretos.

Pero el dirigente sostiene que, en realidad, la pauta podría duplicar esa cifra ya que el gobierno emite decretos en 2013 sobre gastos del 2012 para eludir que se conozcan estos gastos. Tal es el caso del 47. “Es una estrategia para que no salte el escándalo público mientras transcurre el año. Sobre todo porque el presupuesto provincial del año pasado fue de 180 millones. Pero las rendiciones que manda Finanzas, de las ejecuciones presupuestarias, de los distintos ministerios, agencias y empresas estatales nos van mostrando trimestre a trimestre que los gastos en pauta llegan, por lo menos, a 470 millones”, sostiene Fonseca.

Estas cifras contrastan con las subejecuciones presupuestarias, esto es los gastos planificados en el presupuesto pero no ejecutados, en el ejercicio 2012: 440 millones en Infraestructura, 268 millones en Educación, 95 millones en Agua y Energía y 5.600.000 millones en Seguridad.

En esa línea, se difundió la semana pasada el desastroso estado del sistema de Salud Mental de la provincia, donde el abandono a los pacientes, la infraestructura derruida y la falta de personal del servicio psiquiátrico del Hospital de Bell Ville ganaron títulos en los medios de todo el país. De la misma forma, esta revista informó sobre las escuelas que funcionan en contenedores y la política de seguridad que choca de frente con los derechos humanos –al punto de contar con un jefe de policía acusado de amenazar al hijo de a una víctima de la dictadura– en momentos en que una ola de delitos asolaba a la provincia el verano pasado. De más está decir que la infraestructura vial, aun con la aplicación del impuesto provincial a las naftas con la supuesta intención de contar con fondos frescos de inversión, se encuentra entre las realidades más ruinosas que viven los cordobeses.

Clarín, el más favorecido. Partida entre los decretos conocidos hasta el momento, la pauta publicitaria del gobierno provincial favorece especialmente a los medios de información propiedad del Grupo Clarín, Canal 12 y La Voz del Interior. Esto surge del anexo documental de los dos decretos en cuestión, donde se detalla con precisión los montos pautados en cada empresa contratada.

De allí se desprende que Canal 12 (Telecor SACI) acaparó el 44% de los 18 millones de pesos de inversión que ordenó en ese rubro el decreto 804/12 y el 50% de los 30 millones que redondeó el decreto 47/13.

A su vez, el diario La Voz del Interior recibió el 75% de los 8.430.000 del primer decreto, denominado “gráfica cba”, el mismo porcentaje del segundo, que destinó 30 millones de pauta. Como si eso fuera poco, el diario Día a Día (Contenidos Mediterráneos S.A.) sumó el 12% de ambos decretos. De esta forma, los medios gráficos del Grupo completaron el 87% de la pauta.

Es a nivel radial donde Clarín pierde en comparación con otros medios ya que la radio Cadena 3 tuvo en suerte contar con el 75% de los 8.292.000 del 804/12 e igual porción de los 12 millones del 47/13. Aquí, Radio Mitre Córdoba sólo alcanzó el 17%.

Más allá de los montos en sí, ya que obviamente el bloque de medios hegemónicos cuenta con el nivel de penetración más alto en el mercado de la información, vale señalar que son esas mismas empresas las que se quejan del manejo discrecional de la pauta oficial, sin mencionar que figuran como las más favorecidas a nivel local. Así, critican administraciones donde no se ven favorecidos pero omiten señalar cuando reciben beneficios que superan, incluso, las propias cuotas de mercado.

Las expresiones de dicha postura, que estos medios cordobeses vienen sosteniendo hace tiempo, pueden comprobarse con facilidad sólo buscando en los archivos digitales de La Voz del Interior. El 17 de agosto de 2008, la edición dominical del matutino tituló “El poder silenciador de la pauta oficial”, al citar un informe de la Asociación por los Derechos Civiles que, según el diario, alertó sobre la “censura sutil” (sic) que significa el manejo de la publicidad.

Algún lector podría tomar ese titular como la explicación de la protección mediática que parece favorecer al gobernador de Córdoba, pero esa interpretación quedará a su libre albedrío.

Los decretos también detallan la pauta que la administración delasotista invierte en el interior de la provincia, así como en la Capital Federal. En este último caso, el nivel de erogaciones no puede encontrar otra explicación que la necesidad de instalar al mandatario provincial, de cara a la disputa electoral que lo desvela.

Mientras el decreto 804/12 destinó 27 millones de pesos a los medios porteños, el 47/13 les agregó otros 45 millones para las ansias presidenciales de De la Sota.

En el Tribunal de Cuentas. Con mayoría oficialista, el Tribunal de Cuentas de la provincia no puso objeciones al primer decreto citado (804/12), que habilitó un gasto por 79.811.000 pesos, conforme lo dispuesto en el decreto 1677 de 2010 que regula la materia.

Aquel dictamen tuvo el voto en disidencia del vocal juecista José Alberto Medina. En los fundamentos de su postura, Medina hizo una serie de consideraciones que vale señalar sobre el carácter que debiera tener la publicidad oficial, en contraste con lo que sucede en la práctica.

En ese sentido, el vocal opositor se quejó porque la Secretaría de Comunicación provincial envío contratos con los medios sin aclarar qué campañas específicas se difundieron ni cuál fue su alcance específico, por lo que el Tribunal no debe visarlo ya que significaría “otorgar una conformidad en blanco al Poder Ejecutivo”.

Medina sostuvo que debe conocerse con anterioridad el contenido y su alcance “porque de otro modo se convierte en la excepcionalidad de una contratación directa”, negada por ley a partir de determinados montos concretos que están superados por la pauta publicitaria en cuestión.

“No se me escapa –argumento el vocal– la conveniencia económica de acordar con anticipación en el mercado de la publicidad, pero ello no habilita a asegurar sumas de dinero por la dudas, en contratos genéricos cuyo objeto de difusión se definirá en el futuro”. Esto es así porque al no puntualizarse el contenido del acto administrativo, en los términos que debe evaluar el Tribunal de Cuentas, torna “el accionar del gobierno como incontrolable”.

Además, criticó la contratación directa en forma global porque impide el control del organismo, ya que no puede corroborar si el egreso responde estrictamente a la publicidad estatal, poniendo un manto de dudas sobre el destino efectivo de los gastos controlados.

Medina cuestionó también la propaganda oficialista, disfrazada de actos de gobierno que “desvía las sumas de dinero cuantiosas que podrían invertirse en cumplir con las obligaciones del Estado”. “Una cosa es el carácter público de los actos de gobierno, otra es la publicidad de los actos de gobierno –en tanto difusión masiva necesaria para conocimiento de la población–, y una tercera es la propaganda gubernamental”.

Con sentido común, el voto en disidencia explica que es indiscutible “que cualquier gobierno apele a los medios de comunicación para hacer saber aquellos asuntos atinentes a la marcha del Estado, que deben ser conocidos por todos”. Por caso, cita la necesidad de alertar sobre riesgos de incendio, prevenir epidemias, notificar planes de vacunación, difundir formas o fechas de pagos de impuestos.

Pero al mismo tiempo, finaliza Medina, debe separarse los conceptos de publicidad oficial y propaganda gubernamental, para que el Estado disponga discrecionalmente de fondos, según las necesidades, pero que no los utilice de forma arbitraria a favor de una determinada gestión, produciendo censura encubierta o manteniendo medios afines.

El presupuesto provincial estipuló para este año un gasto en publicidad de 258 millones, monto que se queda bastante corto, atento a la masiva pauta que viene proyectando el gobierno provincial. Para ejemplo vale señalar que el Carnaval de los Cuartetos habría alcanzado un gasto publicitario cercano a los 10 millones de pesos (entre propaganda en medios locales y trasmisiones televisivas en Capital Federal), pero la administración provincial nunca informó oficialmente cuánto invirtió en difundir el evento. Lo único que dijo es que todo el carnaval costó tres millones. Pocos le creyeron.
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Difícil de cobrar

Una de las consecuencias del manejo masivo de pauta publicitaria del gobierno provincial consiste en maniatar a los medios locales. Ricardo Fonseca lo había advertido en Veintitrés el 28 de febrero pasado, en una entrevista titulada “No quiere voces que lo critiquen”, cuando afirmó que el gobierno provincial no liquidó la mitad de la pauta que contrató en 2012. “Las empresas periodísticas acreedoras del gobierno pueden verse presionadas para callar voces críticas si quieren cobrar”, afirmó el legislador.}

Un caso testigo es el diario La Mañana, que reclamó en marzo pasado el pago de más de un millón de pesos por publicidad adeudada de 2010, 2011 y 2012. Sucede que el matutino tiene una postura opositora al gobierno provincial y afín al kirchnerismo. Diferente era la realidad cuando el mismo diario era una espada siempre dispuesta para publicar la voz oficial de la mano de su director Fernando Aimaretto, actual funcionario provincial a cargo de la comunicación (ver “El guardián”, Veintitrés, 4 de abril de 2013).

En un escrito enviado al gobernador, Carlos Cajal, abogado de la firma Medios del Interior S.A., que es la dueña del matutino, denunció que el caso es “una clara discriminación hacia la empresa (…) en tanto que desde hace tiempo no publica y además cuando lo publica no abona nada”. El letrado afirmó también que “no se han pactado nuevas pautas publicitarias desde que asumió el actual gobernador para nuestra empresa, siendo que antes se tenía una pauta normal y habitual como cualquier medio” y anunció que de no cobrar lo adeudado iniciaría el reclamo correspondiente en la Justicia contencioso administrativa.

Al margen de los giros de la línea editorial de una medio, responsabilidad de empresarios que compran y venden o que se acercan y se alejan según el interés concreto, son los trabajadores de prensa quienes sufren las consecuencias de los incumplimientos en los pagos. En el caso de La Mañana, los problemas salariales se suceden desde principios de año y fueron motivo de sucesivas denuncias públicas de parte del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN).

La UCR también protesta

El radicalismo se quejó a principios de año por la utilización de la pauta oficial para promocionar al gobernador, con la leyenda “Gobernación De la Sota” en cada gráfica, spot televisivo y mensaje radial o vía Internet. “Si bien no viola las leyes, constituye una gran falta de ética”, señaló el bloque de legisladores de la UCR, por medio de Rodrigo de Loredo.

El legislador manifestó en su momento que “el gobernador José Manuel De la Sota, en su afán de ser candidato a presidente de la Nación, hace una inmensa inversión en publicidad. La decisión de salir a publicitar su gestión con su nombre propio en período vacacional obedece al repudiable afán de solventar su campaña presidencial con los impuestos de los cordobeses”.

El parlamentario radical recordó que el año pasado el radicalismo presentó un proyecto en la Unicameral para regular la publicidad oficial, pero la iniciativa fue rechazada “in limine por el oficialismo”. De Loredo explicó que la difusión de los actos de gobierno bajo la firma de De la Sota no constituye una ilegalidad porque “Córdoba integra el cupo de las pocas provincias argentinas que carecen de un Código de Ética pública para sus funcionarios, pese a contar en la Legislatura con proyectos en ese sentido que el oficialismo nunca consideró”.

Fuente:Veintitres