Exceso de discreción
Crónica de una carta de camaristas escrita por un cortesano. De cómo el juez Hornos distrajo a sus pares y de cómo confesó. Lorenzetti, entrada triunfal y maniobras tras el escenario. El manejo del presupuesto judicial: lo que media entre las costumbres y las normas constitucionales. Reuniones, cenas y mensajes cruzados.
Por Mario Wainfeld
Imagen: DyN
Los presidentes de las Cámaras nacionales y federales del país estaban cómodamente sentados en un salón señorial, como suelen serlo los que ocupan parte del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Su doble puerta es de material noble: bastó entornar una de sus hojas para que entraran sus señorías de a dos o tres. De pronto, se abrieron las dos puertas de par en par e ingresó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, flanqueado de modo solemne por integrantes de Ceremonial. Los magistrados se pusieron de pie, casi en actitud marcial. Coreografía extraña en un estamento del Estado republicano, no tan exótica en un poder que gusta mostrarse aristocrático, en la jerga y en los ritos.
Los jueces integran la Junta Nacional de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales. “La Junta”, que así la llamaremos en lo sucesivo, no es un organismo previsto en la Constitución ni en ninguna ley. No posee, por ende, facultades judiciales específicas. La creó Lorenzetti y sus prácticas versan sobre cuestiones de ordenamiento interno (Superintendencia, en jerga), también sobre la relación con las Obras Sociales. Suele reunirse una vez al mes, la Corte se hace cargo de los pasajes de los jueces asentados en el interior. Su presidente es Gustavo Hornos, que también lo es de la Cámara Federal de Casación Penal.
Hornos le entregó a Lorenzetti una carta firmada por amplia mayoría de los miembros de la Junta, no por todos. La misiva es conocida por el lector asiduo de los diarios, por lo que diremos lo mínimo. Presentaba una serie de reclamos y críticas respecto de los proyectos para “Democratizar la Justicia” enviados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Lorenzetti la recibió, prometió estudiarla, luego le habló a la concurrencia.
Elogió al conjunto (incluyendo a la Corte) y se encargó de que colaboradores suyos les comunicaran la holgada situación presupuestaria del Máximo Tribunal y de su Obra Social. Sobre ésta, se comentó que su solvencia es tan grande que podría cubrir todos sus gastos por un año, aun sin recibir un peso en ese lapso.
Luego, la carta siguió un periplo y sufrió recortes, también divulgados en estos días. Lo interesante, el centro de esta nota, es que Lorenzetti mismo había redactado la carta que recibió, con pompa y circunstancia.
El Supremo se la envió a Hornos, quien la circuló entre sus pares como si fuera de su personal autoría. Luego se vio obligado a reconocer la fuente y a pedir reserva a los demás camaristas.
No es la primera vez que Lorenzetti, un político hábil y hasta florentino, apela a esa carambola. En su momento, Página/12 informó que junto a su colega Juan Carlos Maqueda fue el real escriba de una carta indignada suscripta (esa vez) por organismos representativos del Poder Judicial y un puñado de sellos de goma. Su texto indignado y desafiante se arrogaba la representación de todo el Poder Judicial. Eso motivó el nacimiento de “Justicia legítima”, un colectivo de jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales que no se vieron representados en la diatriba. Y entraron en escena con una solicitada en la que (a diferencia de la precocinada por Lorenzetti) firmaron con nombre y apellido.
Este tramo de la historia continúa y se permite alguna repetición, que es el episodio al que volvemos.
Las fuentes personales de esta columna son participantes en los hechos que ya reseñamos y que pidieron reserva de identidad. También permitieron acceso al material escrito: varios e-mails intercambiados entre los jueces. Por cierto, no de todos, lo que deja pendientes algunas circunstancias sobre las que no se trazan hipótesis ni reconstrucciones opinables. Entre el material ignoto están los intercambios entre los jueces Hornos y Lorenzetti.
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“Exceso de discreción”: Se sabe sin resquicio para dudas que Lorenzetti concibió el texto original. Lo revelan dos e-mails de Hornos, dirigidos a sus pares de la Junta.
Lo primero que hizo Hornos fue enviar un esbozo de carta sugerido para el debate de sus colegas. La forma de redacción sugería, inequívocamente, que el texto obedecía a su inspiración. Propuso un debate entre todos sobre su alcance y escritura definitiva. Como es de manual entre personas versadas, afectas a la escritura y de perfil alto, abundaron las propuestas de agregados y cambios. Las diferencias, explican dos de los concernidos, no eran tan amplias pero sí muy abundantes y exigentes. El tono general que primaba, según esos protagonistas, era de reclamar en términos más severos. Graciela Medina, presidenta de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, fue una de las más enardecidas. Cuasi unánimemente se exigía un encuentro colectivo con Lorenzetti el lunes 15 de abril.
Ante el acaloramiento imperante y creciente de los corresponsales, Hornos cursó otro correo electrónico general, fechado el sábado 13, dos días antes. Confesó que la carta era de Lorenzetti, que la idea era no retocarla. Que la reunión clamorosamente reclamada por las bases estaba fijada de antemano, para ese lunes, a las 19.30. O sea, sinceraba la conducción plena del presidente de la Corte, que antes había omitido consignar.
La información sustraída dista de ser una minucia. “G. H.”, que así firmó el e-mail, la explicó con mínimos circunloquios. Textualmente expresó, sin temor a la prosa rimada: “En la seguridad de que todos comprenden la trascendencia de la situación, quiero manifestarles que he cometido, tal vez, un exceso de discreción”. El púdicamente apodado “exceso de discreción” era falsear la autoría del proyecto de carta. Hornos encareció, unas líneas abajo: “Entiendan que aquella nota que califiqué como ‘sugerida’, me fue enviada con pedido expreso de ser circulada sin cambios, lo que así hice”.
Nadie en sus cabales podría dejar de percibir quién había sido el remitente. Por si hiciera falta, el correo agrega detalles de paliques previos con Lorenzetti. Hablando del cónclave con éste, por el que clamaban otras Señorías, confiesa que estaba pactado. “La reunión a la que ahora se viene haciendo referencia ya había sido convenida para el día lunes alrededor de las 19.30. Por otra parte, le expresé al Presidente CSJN el esfuerzo personal y funcional que muchos de ustedes hacen para estar aquí el lunes.”
Acaso esforzado por matizar las novedades, G. H. añadió: “Sin embargo, como somos nosotros los que vamos a firmar, coincido en mejorarla y corregirla”. Corregirla... ma non troppo, porque cerraba el párrafo convocando a la unanimidad “pero en lo posible respetando los puntos temáticos que en ese original se proponían. Por otra parte, tratándose de un texto con pluralidad de firmantes, debemos todos una concesión en procura del mejor acuerdo”.
Unas horas después, Hornos clausuró el debate que supuestamente había abierto, o mejor dicho entornado. Fue parco: “Comenzado ya el domingo y próximo el lunes (sic, la redundancia) parece estéril seguir criticando el documento que he circulado por pedido expreso de hacerlo sin cambio”.
El documento (ya se contó) llegó el lunes a manos de Lorenzetti, quien lo acogió como si fuera una novedad y prometió leerlo, lo que no le era necesario.
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Libaciones y cambio de barajas: El lunes 22, una semana después de la sobreactuada entrega de la carta consabida, todos los jueces mencionados se congregaron otra vez en la Ciudad Autónoma. Los pasajes, en esta ocasión, los sufragó la Asociación de Magistrados, a cuyo comedor fueron invitados a cenar. Lorenzetti participó de la tenida, donde se departió amablemente, en general. Hubo algunos amagos aislados de rezongo superados por la buena onda. La degustación de un buen menú, notables vinos y excelente champagne seguramente estimularon el consenso.
En el ínterin, Lorenzetti había barajado y dado de nuevo: cambió las cartas. Con fecha 18 de abril envió una suya y otra firmada sólo por Hornos al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Se suprimían reclamos centrales de los camaristas referidos a la elección popular de sus integrantes, a su composición y al régimen de mayorías.
El lunes 22, mientras los magistrados cenaban, Domínguez y el diputado Agustín Rossi se encontraron en la Casa Rosada con Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zaninni. Se decidió tener en cuenta los reclamos de la Corte y de las Cámaras y retocar el proyecto de reformas al Consejo de la Magistratura. Se dejó sin efecto la transferencia del manejo del personal y el presupuesto respectivo que venía detentando la Corte.
Y se admitió, respecto de la iniciativa para democratizar el ingreso al Poder Judicial, que los jueces pueden designar algunos de sus colaboradores directos. Todavía no se conoce cómo se traducirá esta modificación en el proyecto aprobado por Diputados, que está en órbita del Senado.
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Ya tengo el poder: La Corte mantuvo la caja, que es un recurso imprescindible para gobernar, tanto como una herramienta de poder. En el camino, lanzó el rumor de un amague de renuncia en bloque, algo bien extraño en un cuerpo que aúna siete individualidades muy poco proclives a la acción colectiva.
Con o sin renuncia virtual, el episodio fue un avance sobre el proyecto del Ejecutivo. Una demostración de poder, a la que el kirchnerismo decidió conceder.
Lejos estuvo del haber sido contubernio entre Lorenzetti y la presidenta Cristina, denunciado por la diputada Elisa Carrió.
El acuerdo, el aval de los demás supremos manifestado en otra carta, la lectura de los medios dominantes fortalecen a Lorenzetti como protagonista.
La jugada también tiene costos para él. El documento colegiado se sustituyó por uno firmado sólo por Hornos, con menos ítem. La tala del pliego de peticiones y el modo en que se cambió el sabó suscitaron la cólera de muchos integrantes de la Junta. Se sintieron usados, por decirlo con un eufemismo. Por ejemplo, el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Héctor Guisado, se enfadó de lo lindo: desbrozó lo escrito por Hornos, lo que sumó otro mail a las cadenas. Escribió: “pude advertir que, en el primer párrafo el Dr. Hornos invocaba su calidad de presidente de la Cámara de Casación Penal y de presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras y utilizaba el modo singular. Pero en los demás párrafos empleaba el modo plural (‘le agradecemos’, ‘vemos’, ‘queremos’ –tres veces–, ‘consideramos’ –dos veces–, y ‘no podemos’), con lo que se sugería que estaría hablando en representación de todos nosotros. Pero yo, al menos, no fui consultado ni informado acerca de esta nueva nota”. Hubo varias adhesiones. El juez Mariano Lozano, presidente de la Cámara Federal de General Roca, aconsejó desensillar hasta que aclarara: reconoció la falta de congruencia, se esperanzó “espero que haya alguna explicación a lo acontecido”. Y encareció a Sus Señorías que guardaran secreto.
Los magistrados no lo han hecho del todo. La bronca es extendida y hace más blanco en Lorenzetti, el numen de la maniobra, que en Hornos, a quien tampoco le ahorran denuestos. Con los elementos de que dispone este cronista no es posible explicar por qué Lorenzetti acortó el documento que él mismo propuso desde el vamos. Pueden urdirse especulaciones lógicas, que se evitan en esta nota.
La deriva de los hechos continuará, como otras tantas. Vamos a por una conclusión transitoria, sobre el eje de este artículo.
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Republicanos intermitentes: El cambio en las reformas mantuvo a la Corte en el control de la caja judicial. Es un dato relevante porque, en la mirada del cronista, es el único aspecto clavadamente inconstitucional del proyecto en cuestión.
El artículo 114, inciso 3, de la Carta Magna establece, sin dejar margen a dudas, que corresponde al Consejo: “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de Justicia”.
Cierto es que la Corte ejerce esa facultad desde hace años, sin que haya tronado el escarmiento ni hayan protestado jueces, legisladores, académicos o ONG inflamados de republicanismo. La costumbre aceptada, empero, no deroga la norma.
El argumento utilizado por la Corte (unánimemente) es la gobernabilidad. Aducen que el Consejo es un organismo colegiado (sotto voce añaden, con igual razón, que su “funcionamiento” es fatal), lo que conspira contra la ejecutividad de la labor. Llegaron a hablar de paralización de “la Justicia”.
Contraponer gobernabilidad versus legalidad es un razonamiento pragmático, acaso más parental al peronismo que al remilgado Poder Judicial. También viene al caso recordar que el Congreso, que es colegiado y conflictivo, administra sus recursos.
Lo ostensible es que hay un doble standard en la cultura política doméstica, respecto de las inconstitucionalidades. Las que aluden al campo propio se resignan en nombre de la eficiencia o de la costumbre. Las otras suscitan oleadas de indignación y clamores apocalípticos.
Algo similar acontece con los reclamos de transparencia, fair play y visibilidad con que tanto se interpela a otros poderes del Estado. Por lo visto, la “Justicia independiente”, empezando por su primera figura, juega entre bambalinas con cartas marcadas cuando viene a cuento.
Linchamiento ad hoc
Por Mario Wainfeld
El senador radical Mario Cimadevilla denunció a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de fiscales ad hoc.
Asombrosamente, un fiscal dio curso a la denuncia lo que motivó el cuestionamiento inmediato de varios organismos de derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e H.I.J.O.S. Capital (ver más en página 10). La iniciativa es un disparate que, de concretarse pondría en riesgo los juicios que investigan las violaciones de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.
Poder designar velozmente fiscales en ciertas causas es imprescindible por varios motivos. El primero entre ellos es que su prolongación dificulta que una sola persona pueda trabajar indefinidamente como fiscal o como defensor. Los abogados son personas que viven durante los pleitos: se enferman, se embarazan, dan a luz y cien peripecias humanas más. Como esas megacausas no deben suspenderse por plazos largos se “caerían” si no mediaran designaciones ad hoc.
Otra razón es la necesidad de “mover” fiscales a jurisdicciones provinciales en las que, por lazos familiares o afinidades ideológicas, “la Justicia” local rehúsa o cajonea los procesos contra los represores. Nombrar fiscales de otras comarcas es un imperativo al que debió recurrir, a menudo como método, el anterior procurador Esteban Righi, en su encomiable labor en la búsqueda de verdad y justicia.
La bronca con Gils Carbó, por su pertenencia a “Justicia legítima” (JL), es el verdadero móvil del pretendido linchamiento, penoso en su fundamentación.
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Ya que de JL hablamos, sus integrantes siguen reuniéndose en distintas provincias. La aceleración de los proyectos de reforma judicial del Ejecutivo los va obligando a redefinir posiciones. Las iniciativas en cuestión, tal como expresara el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni. “no abren ni cierran nada, más bien abren un debate”. Son, opina este cronista, como mucho un primer paso.
Pero queda mucho por cambiar, en especial en lo que hace al acceso ciudadano a los tribunales. Algunos integrantes de JL están circulando un proyecto de solicitada sentando posición sobre lo que se discute en el Congreso y “yendo por más”. Insistirán en aspectos esenciales no contemplados por ahora como la creación de nuevos tribunales, la mayor oralidad, la aceleración de los trámites. La solicitada, esperan, se difundirá antes de fin de mayo. Para esa fecha están pensando otra gran reunión, similar a la primera que tuvo como sede la Biblioteca Nacional. Esta ocurrirá en la provincia de Buenos Aires, quizás en La Plata o en la Universidad de San Martín. Poner más sal y más propuestas en el debate, he ahí una consigna incitada por la movida oficial pero no saciada.
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Ya que de fiscales hablamos, algo que podría comenzar a moverse sería la reforma del Código de Procedimientos Penal. Hay un proyecto, hecho durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que cuenta con la aprobación de muchos de los juristas, magistrados y académicos mejor orientados. Entre otras cuestiones, pone las facultades investigativas a cargo de los fiscales y limita la plenipotencia de los jueces federales, lo que incluiría por ejemplo a Norberto Oyarbide. Limita la prisión preventiva (cuyo abuso es un flagelo en la realidad penal cotidiana) y establece su revisibilidad cada tres meses. Empodera a las víctimas y le da lugar institucional durante los procesos. Fomenta la oralidad y propende a abreviar los trámites. Evita que los testigos declaren “n” veces en distintas instancias.
El proyecto está hechito. Seguramente merecería un lifting, una amplia polémica pública y un debate a fondo en el Congreso. Sin urgencia pero sin rémoras.
Claro que cambiar las reglas de trámite no viene solo. Para poner en acto la reforma haría falta crear nuevos juzgados, dotar de elementos técnicos a las fiscalías, ampliar el personal. O sea, un esfuerzo fiscal que deberían impulsar el Ejecutivo y el Congreso.
De eso se trata, también y en sustancia, la democratización del Poder Judicial. De renovar normas y asignar más dinero, bien direccionado. La “batalla cultural” recién comienza. Y las campanas de ponerse las pilas y hacer cambios a fondo suenan por los tres poderes del Estado.
COMUNICADO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Apoyo a la procuradora
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación.Imagen: Bernardino Avila
Los organismos de derechos humanos explicaron que “esta clase de designaciones”, objetadas judicialmente por el senador Mario Cimadevilla, “constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado”. En este sentido, destacaron la creación de “equipos de trabajo específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio por los crímenes ocurridos en la ESMA o en Campo de Mayo”, los cuales, según la denuncia, “deberían desmontarse”. El CELS, Abuelas, Familiares, H.I.J.O.S. y Madres Línea Fundadora creen que de esa forma se comprometerían seriamente los juicios en marcha e incluso los ya concluidos.
Para los organismos de derechos humanos “la denuncia interesada para atacar estas facultades legales encierra, en realidad, una mirada conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General en particular” y que “por medio de una denuncia penal y de una campaña mediática que pretende maximizarla, se intenta disciplinar y frenar procesos de cambio profundos en la administración de la Justicia”.
Las cinco agrupaciones señalaron que los nombramientos realizados por la procuradora “se ajustan a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a fenómenos sociales y criminales específicos” como delitos “complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad que hasta ahora no han tenido respuesta, como son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
“Reafirmamos que estas decisiones deben ser sólo el inicio de un proceso de cambio estructural –concluyeron– y de una transformación más general del sistema judicial para que las prisiones dejen de estar pobladas de personas pobres y vulnerables.”
Reflexiones sobre la reforma de la Justicia después de una sesión agitada
Por Sebastian Abrevaya
RICARDO GIL LAVEDRA, UCR
“Viola la Constitución”
–¿Van a presentarse en la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la reforma propuesta por el Ejecutivo?
–El partido va a hacer esa presentación pero todavía no fue sancionada la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Vamos a actuar institucionalmente como partido, ya sea solos o con otra fuerza. Es una evidencia, un hecho incontrovertible, que el proyecto viola el espíritu y la letra literal del artículo 114 de la Constitución Nacional, en cuanto los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden ser sujetos de una mayoría electoral.
–Carrió denunció un pacto espurio entre Ricardo Lorenzetti y la Presidenta. ¿Comparte esa denuncia?
–La Corte es sin dudas una de las mejores cosas que ha hecho este Gobierno, con una integración de gente verdaderamente honorable, que ha demostrado, durante todos estos años, una gran independencia. Y precisamente esa independencia es la que la hizo caer en desgracia con el Gobierno.
–Además de Lorenzetti, Carrió lo acusó a usted personalmente de pactar con el oficialismo, ¿qué le responde?
–Ya somos grandes. Ya todo el mundo la conoce a Carrió y me conoce a mí. Con lo cual yo no tengo nada que decir. Lo que sí creo es que ella está teniendo actitudes y estrategias funcionales al Gobierno y al kirchnerismo. Yo jamás he hecho política echando sombras y sospechas.
–El diputado kirchnerista Carlos Kunkel aseguró que hubo conversaciones con el bloque radical pero que les pidieron que fueran secretas. ¿Fue así?
–Eso es una estupidez. Pero bueno... “Kunkel y Carrió un solo corazón”. Nuestro voto nunca estuvo en discusión. Kunkel vino a decirnos que ellos querían cambiar el artículo de la trampa electoral y nosotros le dijimos “sentate a hablar con Tunessi” (el diputado Juan Pedro Tunessi). El le dijo cómo debería cambiarse el artículo pero le dijimos que tenía que ser una iniciativa de ellos porque nosotros íbamos a votar en contra igual. Nadie puede pensar que nosotros íbamos a cambiar el voto.
–Varios dirigentes opositores hablaron de fraude durante la votación. ¿Cree que hubo fraude?
–No, me parece que fue una sumatoria de cosas. Me da vergüenza que esto haya terminado de esta manera porque sinceramente el Congreso tiene que tener otra actitud frente a la ciudadanía, que espera otra cosa de nosotros. El modo en cómo se nos impuso, se nos ninguneó, se nos destrató. Sinceramente, lo que estalló fue el intento artero, abiertamente antirreglamentario y anticonstitucional, de votar todo junto. Eso provocó insultos y gritos. Eso directamente era un robo. Cuando el oficialismo aceptó luego, como correspondía, votar artículo por artículo, la sesión ya tenía un cargamento emocional terrible. Y cuando se produce la votación del artículo 2, por el cual todo el mundo estalló, el oficialismo de bronca y el no oficialismo de alegría, luego vino la rectificación inmediata. En fin, más allá de las cuestiones reglamentarias, fue el corolario de un procedimiento que estuvo determinado siempre por la imposición que produjo entonces un estallido en una noche cargada de tensiones.
STELLA MARIS CORDOBA, FPV
“Hay impotencia política”
Por S.A.
–¿Qué balance hacen de la sesión? La oposición se fue denunciando fraude y que habían violado el reglamento...
–Me parece que hace mal que se genere ese clima. Nosotros desde el 2009 al 2011 cuando la oposición tenía mayoría, nunca nos hemos comportado así. Cuando nos toca perder nos la bancamos y respetamos las reglas de la democracia. Advierto que en el último mes hay una escalada de actitudes de intolerancia, de una impotencia política de la oposición porque no logra establecer un liderazgo en la cámara que les permita negociar modificaciones en pos de los proyectos que se presentan. Ha sido poco edificante no sólo el debate, sino la actitud de la oposición durante todo el tratamiento de este paquete de leyes.
–La oposición sostiene que la responsabilidad es del oficialismo...
–La oposición se victimiza porque todo lo que se ha hecho era reglamentario. No se ha tomado ninguna determinación que no se haya tomado en otras oportunidades. Hemos soportado la manifestación de la gente convocada por la oposición que estaba en contra de los proyectos. Lo cual implica una modalidad de participación popular que está bien. Nosotros podríamos haber pedido que se movilicen agrupaciones kirchneristas que apoyan a Cristina pero para contribuir y bajar los niveles de enfrentamiento no lo hicimos. Pero me parece que el maltrato, que un diputado de la oposición le haya tirado una botella de agua a Agustín Rossi en medio de la sesión es indignante. Y también hay un escenario y un montaje sincronizado de algunos medios de comunicación, en connivencia con dirigentes de la oposición. Me da vergüenza ajena que partidos de la oposición, como el radicalismo, que en otro momento han sido representativos de sectores populares, se sumen a este discurso de demonización de los partidos políticos. Hay sectores que están tratando de promover el desgaste del Gobierno en un año electoral y no logran articular un liderazgo que le proponga otra cosa a la gente más que el caos, la agresión y azuzar fantasmas que generan mala onda en la gente.
–¿Qué le parecen los planteos judiciales pidiendo la inconstitucionalidad de los proyectos?
–No advierto ningún tipo de constitucionalidad. Los proyectos responden al 114 y sus artículos concordantes. No creo que vaya a prosperar pero están en su derecho de plantearlo. Lo cierto es que estamos cambiando algunos paradigmas de la Justicia argentina. Hay mucha gente que tiene una comunidad de intereses asociada al sistema actual que se resiste al cambio y a la quita de privilegios desde las asociaciones de magistrados, colegios de abogados, algunas organizaciones. Cambios como éstos no generan una actitud pasiva. Que podamos proponer ahora abrir las puertas al ingreso a la Justicia, yo que veo cuando alguien quiere ingresar y no puede porque no es amigo o familiar de un juez es importante. Y bueno, algunos se van a resistir a ese cambio.
–Carrió denunció un pacto espurio entre Lorenzetti y Cristina Fernández por esas modificaciones, ¿qué le parece?
–A mí eso me causa gracia porque si no aceptamos modificaciones es porque somos cerrados y autoritarios, cuando se escuchan las voces y las propuestas de un sector importante como la Corte y abrimos el proyecto le llaman pacto. Carrió nunca va a estar de acuerdo con nada que signifique dar pasos adelante porque está para oponerse. Han sido modificaciones fruto del consenso después del diálogo.
Fuente:Pagina12
Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Beinusz Szmuckler. Ex miembro del consejo de la magistratura
Eduardo Anguita: –Empecemos por el tema que convoca a la mayoría de los medios. ¿Qué se está reformando? ¿Qué significa esta modificación del Consejo de la Magistratura que usted integró durante cuatro años del 2002 al 2006?.
Beinusz Szmuckler: –Me parece que el origen de esto está en el lanzamiento de este movimiento denominado Justicia Legítima, integrado por una cantidad de jueces, de defensores públicos, de fiscales, que salió como reacción frente a las posiciones de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la justicia Nacional, que a fines del año pasado había publicado un documento con un contenido de defensa corporativa muy fuerte, que mereció esa respuesta. Yo creo que esto es como un punto de partida. Es evidente que hay que transformar la Justicia. En esto creo que no hay diferencia, todo el mundo dice: “Sí, hay que reformarla porque esta Justicia no sirve”. No sirve a los intereses del pueblo, de la gente, que va a buscar soluciones a sus problemas en ese ámbito. Hay también una inmensa mayoría que no recurre a la Justicia, porque no tiene posibilidades de acceder, por diversas razones económicas, culturales. Un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un trabajador que está reclamando un derecho alimentario, puede durar seis, siete, ocho, diez años. Eso no es justicia. Un asunto de alimento de familia también puede durar dos, tres, cuatro años. Y hablo de los asuntos más comunes que llegan a la Justicia.
Beinusz Szmuckler: –Me parece que el origen de esto está en el lanzamiento de este movimiento denominado Justicia Legítima, integrado por una cantidad de jueces, de defensores públicos, de fiscales, que salió como reacción frente a las posiciones de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la justicia Nacional, que a fines del año pasado había publicado un documento con un contenido de defensa corporativa muy fuerte, que mereció esa respuesta. Yo creo que esto es como un punto de partida. Es evidente que hay que transformar la Justicia. En esto creo que no hay diferencia, todo el mundo dice: “Sí, hay que reformarla porque esta Justicia no sirve”. No sirve a los intereses del pueblo, de la gente, que va a buscar soluciones a sus problemas en ese ámbito. Hay también una inmensa mayoría que no recurre a la Justicia, porque no tiene posibilidades de acceder, por diversas razones económicas, culturales. Un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un trabajador que está reclamando un derecho alimentario, puede durar seis, siete, ocho, diez años. Eso no es justicia. Un asunto de alimento de familia también puede durar dos, tres, cuatro años. Y hablo de los asuntos más comunes que llegan a la Justicia.
E.A.: –Lo interrumpo para poner un caso patético: uno de los juicios a María Julia Alsogaray se extendió tanto que no la pudieron condenar porque los plazos procesales habían terminado.
B.S.: –Claro, pero no es un caso único. Tuvo transcendencia porque es María Julia Alsogaray; pasa lo mismo con cualquier juicio por corrupción de funcionarios públicos, que siempre es una corrupción donde solamente se toca una de las puntas porque el corruptor desaparece, aparece el corrupto. Pero el promedio es 14 años, entonces la mayoría de los juicios prescribe y quedan impunes los autores. Por un lado, tenemos la impunidad de los que tiene poder, poder económico, poder político, poder judicial. Y, por el otro, no hay justicia para los pobres que están presos o que tienen en trámite una causa penal donde está en riesgo su libertad, que también demora tantos años... Pero esas causas, en general, no son las que prescriben. Calcule que de los presos que hay, entre el 70% y 80% salen después en libertad absueltos. Es decir que estuvieron en prisión y, justamente, no se pudo probar que hubieran cometido delito. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar el código procesal, los códigos procesales, tanto el civil y comercial como el penal. Porque si no, el cambio de la denominada legislación de fondo, es decir, el código penal, el código civil, el código de comercio, esa reforma sola no sirve, porque en realidad las causas se resuelven más que por la cuestión de fondo, por problemas procesales. Entonces si no hay un procedimiento que agilice no vamos a tener justicia, porque una Justicia de esta lentitud no es justicia. Este problema no está atacado en la reforma, esto hay que tenerlo claro. Entonces digo, es un punto de partida para democratizar internamente al Poder Judicial. En ese orden está el tema del ingreso del personal judicial, los que están debajo de los jueces, desde secretario para abajo, que la ley plantea que tienen que ser por concurso para que pueda acceder cualquier ciudadano. En esto hubo un retroceso en el Congreso, por presión de la Corte, donde se excluyó a los secretarios, que puede designarlos el juez.
E.A.: –Este retroceso tuvo que ver con la carta que recibió Lorenzetti firmada por jueces y camaristas federales el día 18 de abril, que fue la transmitida al presidente de la Cámara de Diputados y que motivó que Elisa Carrió hablara sobre un supuesto pacto entre el Gobierno y el presidente de la Corte.
B.S: –Claro. Yo soy muy respetuoso de la gente pero la verdad es que a Elisa Carrió no la podemos computar, hoy, como un referente de nada. Se pasa la vida descubriendo cosas que después nunca se prueban.
B.S: –Claro. Yo soy muy respetuoso de la gente pero la verdad es que a Elisa Carrió no la podemos computar, hoy, como un referente de nada. Se pasa la vida descubriendo cosas que después nunca se prueban.
E.A.: –La realidad es que ahí, la familia judicial, que tiene oídos muy sensibles, hizo llegar eso a la Corte, la Corte lo trasladó y rápidamente el Frente para la Victoria, tratando de hacer equilibrio, dijo “bueno, aflojemos un poquito”.
B.S: –Sí, es verdad, pero me parece que haberle hecho caso a la Corte es un retroceso; primero, por el tema de los secretarios, pero también por el resto del personal. Otro tema es que hay una inconstitucionalidad vigente hoy, y que se iba a resolver con la ley del Consejo, que es que el artículo 114 de la Constitución establece claramente que el manejo del presupuesto del Poder Judicial lo tiene el Consejo de la Magistratura, lo que no afecta a la Corte porque la Corte, en la constitución histórica, y sigue vigente, tiene su propio presupuesto y puede designar su propio personal. Pero ha habido, en estos últimos años sobre todo, una especie de cesión de espacio por parte del Consejo y prácticamente hoy la Corte maneja todo el tema presupuestario, personal, etc. Se dice que el Consejo de la Magistratura no es, no tiene condiciones para resolver rápidamente este tipo de problemas. Lo cual no es cierto porque en el 2004, siendo yo consejero en un Consejo de 20 miembros encabezado por el presidente de la Corte, el organismo resolvió en 30 días un conflicto que tenía paralizada la oficina de notificaciones con 180.000 cédulas sin diligenciar. Entonces no era que el Consejo no estaba en condiciones de resolverlo, era una disputa de poder porque cada territorio interno permite colocar gente, tener gente que responde a uno o a otro, etc. Esto no es fácil de corregir. Esta no es una ley, por buena que sea, que va a resolver esto. Esto es un problema que debe involucrar a la sociedad, porque el tema de la Justicia no es un tema de especialistas, de abogados y de jueces, el tema de la Justicia es un tema que nos interesa a cada uno como ciudadanos, porque es el último recurso que tenemos frente a cualquier situación conflictiva que no tiene otra salida.
E.A.: –Uno tiene mucho más contacto con el Poder Judicial que con el Poder Legislativo. Los ciudadanos de a pie terminan en litigios por motivos familiares, laborales, penales, civiles, comerciales, y conocen más un estrado judicial que la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados
B.S: –Así es, lo cual es lamentable también porque en realidad los diputados son representantes del pueblo, deberían tener un contacto muy estrecho con su representado. Pero bueno, ésta es la realidad.
B.S: –Así es, lo cual es lamentable también porque en realidad los diputados son representantes del pueblo, deberían tener un contacto muy estrecho con su representado. Pero bueno, ésta es la realidad.
E.A.: –Acerca del Consejo de la Magistratura, lo que se puede ver son las aristas más políticas, lo que se comenta en la prensa. Están quienes dicen: “¿Por qué no va a poder elegirse por voto popular algo que es esencialmente político?”, un ámbito político como el Consejo. Y hay quienes –con una visión contraria al Gobierno– dicen: “Lo que quieren los K es una mayoría automática para poder sacarse de encima o asustar a cualquier juez o fiscal”.
B.S: –Claro, éste es el tema central en el debate. En estos asuntos me parece que hay que ser clarito y no tener discurso hipócrita: todos los Poderes, acá y en el resto del mundo, todos los Poderes Ejecutivos quieren tener una Justicia que los acompañe. Eso es normal. Negar esa realidad es un absurdo. De la misma manera que los que no están en el Poder Ejecutivo quieren tener una Justicia que cuestione al Poder Ejecutivo. Esto es normal, es parte de la lucha. No quiere decir que esta realidad uno tiene que aceptarla así, yo creo que hay que tratar de modificar eso, en el sentido de que la Justicia tiene que actuar de acuerdo con las normas que regulan nuestra vida en sociedad. Acá, por supuesto, hay como una imagen ilusoria de que la ley resuelve todo, eso no es verdad. Pero también es cierto que el pacto que está subyacente en la Constitución es el que tiene que guiar a los jueces, porque eso es lo que garantiza la subsistencia del sistema. Sistema con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
B.S: –Claro, éste es el tema central en el debate. En estos asuntos me parece que hay que ser clarito y no tener discurso hipócrita: todos los Poderes, acá y en el resto del mundo, todos los Poderes Ejecutivos quieren tener una Justicia que los acompañe. Eso es normal. Negar esa realidad es un absurdo. De la misma manera que los que no están en el Poder Ejecutivo quieren tener una Justicia que cuestione al Poder Ejecutivo. Esto es normal, es parte de la lucha. No quiere decir que esta realidad uno tiene que aceptarla así, yo creo que hay que tratar de modificar eso, en el sentido de que la Justicia tiene que actuar de acuerdo con las normas que regulan nuestra vida en sociedad. Acá, por supuesto, hay como una imagen ilusoria de que la ley resuelve todo, eso no es verdad. Pero también es cierto que el pacto que está subyacente en la Constitución es el que tiene que guiar a los jueces, porque eso es lo que garantiza la subsistencia del sistema. Sistema con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
E.A.: –De eso se trata la democracia. Que uno un día pueda estar de acuerdo y al otro día vea el rumbo de los acontecimientos y diga: “A mí me gustaba este presidente o este gobernador y ahora no me gusta” y sin embargo el sistema tiene que seguir.
B.S: –Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos justamente en esta reforma, porque la Presidenta fue la autora de la ley que está vigente, y ahora se dio cuenta de que no sirve. Pero vamos al centro del debate: ¿puede elegir el pueblo a los consejeros? ¿Esto es constitucional o no es constitucional? Si uno lee simplemente el artículo 114, se le podría dar la razón a los que dicen que es inconstitucional porque dice: “Son los representantes de los abogados, los representantes de los jueces, el representante del sector académico”... Pero la Constitución no se puede ver por un artículo aislado, hay que verla en su conjunto. Si uno quiere interpretarla de acuerdo con lo que quisieron los constituyentes, hoy tendríamos que estar pensando qué quisieron los constituyentes de 1853, porque lo que no se reformó en el ’94 es la Constitución histórica.
B.S: –Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos justamente en esta reforma, porque la Presidenta fue la autora de la ley que está vigente, y ahora se dio cuenta de que no sirve. Pero vamos al centro del debate: ¿puede elegir el pueblo a los consejeros? ¿Esto es constitucional o no es constitucional? Si uno lee simplemente el artículo 114, se le podría dar la razón a los que dicen que es inconstitucional porque dice: “Son los representantes de los abogados, los representantes de los jueces, el representante del sector académico”... Pero la Constitución no se puede ver por un artículo aislado, hay que verla en su conjunto. Si uno quiere interpretarla de acuerdo con lo que quisieron los constituyentes, hoy tendríamos que estar pensando qué quisieron los constituyentes de 1853, porque lo que no se reformó en el ’94 es la Constitución histórica.
E.A.: –Una aclaración: estamos hablando de los constituyentes del año ’94, uno de los cuales fue Cristina Fernández de Kirchner, y el Consejo surgió en ese debate... el artículo 114 es de la Constitución reformada en el ’94.
B.S: –Yo no tengo dudas de que lo que quisieron los constituyentes es lo que dice el artículo. Lo que se plasmó ahí fue su voluntad. Y de hecho lo que se aplicó fue eso, los abogados eligen sus representantes, los jueces eligen sus representantes y los legisladores designan los legisladores. Y los claustros al representante académico. Pero yo creo que hay que interpretar ese artículo en relación con un artículo sustancial que es el 33, que establece como principio rector la soberanía popular. Además hay una doctrina de la corte Suprema de Justicia que dice que cuando hay dos normas que aparecen en oposición entre sí hay que buscar la salida que permita la subsistencia de ambas. Esto quiere decir que tenemos que buscar una fórmula que permita la elección popular, porque no puede ser que 900 y pico de jueces designen tres consejeros... cien mil abogados van a tener tres consejeros y el resto del pueblo va a elegirlos, pero ¿con qué elección? Si se mantiene la situación actual, ¿cuál es el grado de democracia que esto representa? ¿Dónde está la soberanía popular? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que sean elegidos por el pueblo. Hay que encontrar la fórmula que permita reglamentariamente que sea el pueblo el que elija. Va a tener que elegir jueces, abogados y académicos.
B.S: –Yo no tengo dudas de que lo que quisieron los constituyentes es lo que dice el artículo. Lo que se plasmó ahí fue su voluntad. Y de hecho lo que se aplicó fue eso, los abogados eligen sus representantes, los jueces eligen sus representantes y los legisladores designan los legisladores. Y los claustros al representante académico. Pero yo creo que hay que interpretar ese artículo en relación con un artículo sustancial que es el 33, que establece como principio rector la soberanía popular. Además hay una doctrina de la corte Suprema de Justicia que dice que cuando hay dos normas que aparecen en oposición entre sí hay que buscar la salida que permita la subsistencia de ambas. Esto quiere decir que tenemos que buscar una fórmula que permita la elección popular, porque no puede ser que 900 y pico de jueces designen tres consejeros... cien mil abogados van a tener tres consejeros y el resto del pueblo va a elegirlos, pero ¿con qué elección? Si se mantiene la situación actual, ¿cuál es el grado de democracia que esto representa? ¿Dónde está la soberanía popular? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que sean elegidos por el pueblo. Hay que encontrar la fórmula que permita reglamentariamente que sea el pueblo el que elija. Va a tener que elegir jueces, abogados y académicos.
E.A.: –Usted fue invitado al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Me gustaría que precise algunas observaciones que hizo en ese momento a la luz de su experiencia como ex miembro del Consejo, como jurista y como militante popular.
B.S: –Lo que más me preocupa es el tema del Consejo de la Magistratura porque es el órgano de selección de los jueces y en todo caso de acusación de los jueces por mal desempeño. Estoy de acuerdo con la elección popular, pero que no vayan en boletas partidarias. Creo que es muy negativo que vayan en boletas partidarias porque esto da la imagen de dependencia de los que van a elegir a los jueces. Hay que tener cuidado porque la oposición dice: “Bueno, ahora los jueces van a ser de los partidos”. No, estamos hablando del Consejo de la Magistratura, los que elijen a los jueces. Pero igualmente, los que eligen a los jueces, si están obligados por un compromiso partidario, ya no tienen la independencia que tienen que tener para seleccionar. Porque una de las falencias de la ley, o del proyecto todavía en trámite, es que no tiene una definición del perfil del juez, es decir, qué juez necesita la sociedad argentina. Tiene que ser un juez que esté comprometido en serio, no porque va a dar un examen como si fuera la facultad, para aprobar. Sino que hay que ver la biografía, la historia del candidato a juez, qué ha sido de su vida, qué compromiso real ha tenido con los derechos humanos, que militancia ha tenido, que conocimiento tiene de la realidad social, política, económica del lugar donde va a dictar sentencia, qué criterio tiene frente a casos concretos donde se enfrenta el poderoso con el débil.
B.S: –Lo que más me preocupa es el tema del Consejo de la Magistratura porque es el órgano de selección de los jueces y en todo caso de acusación de los jueces por mal desempeño. Estoy de acuerdo con la elección popular, pero que no vayan en boletas partidarias. Creo que es muy negativo que vayan en boletas partidarias porque esto da la imagen de dependencia de los que van a elegir a los jueces. Hay que tener cuidado porque la oposición dice: “Bueno, ahora los jueces van a ser de los partidos”. No, estamos hablando del Consejo de la Magistratura, los que elijen a los jueces. Pero igualmente, los que eligen a los jueces, si están obligados por un compromiso partidario, ya no tienen la independencia que tienen que tener para seleccionar. Porque una de las falencias de la ley, o del proyecto todavía en trámite, es que no tiene una definición del perfil del juez, es decir, qué juez necesita la sociedad argentina. Tiene que ser un juez que esté comprometido en serio, no porque va a dar un examen como si fuera la facultad, para aprobar. Sino que hay que ver la biografía, la historia del candidato a juez, qué ha sido de su vida, qué compromiso real ha tenido con los derechos humanos, que militancia ha tenido, que conocimiento tiene de la realidad social, política, económica del lugar donde va a dictar sentencia, qué criterio tiene frente a casos concretos donde se enfrenta el poderoso con el débil.
E.A.: –Si uno analiza, por sociología política, en la elección de jueces no va a encontrar un perfil proporcional a la sociedad argentina, porque en general el voto al peronismo proviene de sectores que no necesariamente tienen estudios terciarios. El 80% o 90% de los asalariados, de las clases postergadas, votan al peronismo. Sin embargo, entre los sectores medios y medio altos y particularmente en carreras liberales como las de derecho, el voto es esquivo al peronismo.
B.S: –Si se elijen candidatos con amplitud, en el sentido de que los magistrados tengan la posibilidad de que cada uno de los que se presentan, la cabeza de esa lista, puede ser candidato, ahí vamos a tener un perfil, si bien el grueso de la familia judicial tiene una tendencia conservadora, burocrática, trata de cuidar el puestito, también es cierto que hay una porción que es democrática, progresista y que es avanzada y puede tener un candidato propio. Además, que no haya campaña electoral del tipo de la política clásica. Que sólo haya una biografía del candidato impuesta por el Estado en los medios de comunicación. Y nada más. Y que la gente, el pueblo, el conjunto del pueblo tenga que elegir un juez porque la Constitución así lo establece.
B.S: –Si se elijen candidatos con amplitud, en el sentido de que los magistrados tengan la posibilidad de que cada uno de los que se presentan, la cabeza de esa lista, puede ser candidato, ahí vamos a tener un perfil, si bien el grueso de la familia judicial tiene una tendencia conservadora, burocrática, trata de cuidar el puestito, también es cierto que hay una porción que es democrática, progresista y que es avanzada y puede tener un candidato propio. Además, que no haya campaña electoral del tipo de la política clásica. Que sólo haya una biografía del candidato impuesta por el Estado en los medios de comunicación. Y nada más. Y que la gente, el pueblo, el conjunto del pueblo tenga que elegir un juez porque la Constitución así lo establece.
E.A.: –¿Y cómo se presentarían esas listas?
B.S: –Hay que armar un reglamento que establezca equis cantidad de firmas para presentarlas, con sentido democrático, es decir, que no deje afuera a las minorías. Se puede hacer, es un aspecto técnico jurídico. Hay que rescatar la parte política, ir más allá de las circunstancias. Supongamos que sacamos una ley que creemos perfecta. Al día siguiente que sale esa ley, la lucha se reinicia. Los beneficiados por la ley van a tratar de que se aplique, y los perjudicados salen a pelear para evitar que eso no funcione.
B.S: –Hay que armar un reglamento que establezca equis cantidad de firmas para presentarlas, con sentido democrático, es decir, que no deje afuera a las minorías. Se puede hacer, es un aspecto técnico jurídico. Hay que rescatar la parte política, ir más allá de las circunstancias. Supongamos que sacamos una ley que creemos perfecta. Al día siguiente que sale esa ley, la lucha se reinicia. Los beneficiados por la ley van a tratar de que se aplique, y los perjudicados salen a pelear para evitar que eso no funcione.
E.A.: –Tenemos un ejemplo que está en la tapa de todos los diarios, que es el Grupo Clarín poniendo cautelares por la ley de medios desde el 2009. Entonces acá, por más que se aprueben los límites a las cautelares va a ser como el perro que se muerde la cola, va a haber una cautelar sobre las cautelares y, por supuesto, sobre el Consejo.
B.S: –Claro, está cantado. Por eso yo creo que hay que desdramatizar la cuestión. Sobre todo esta dramatización que hace la oposición con esto de que se hunde la República. En definitiva, estos jueces que tenemos hoy son los que van a decidir sobre la cautelar, la constitucionalidad, etc.
B.S: –Claro, está cantado. Por eso yo creo que hay que desdramatizar la cuestión. Sobre todo esta dramatización que hace la oposición con esto de que se hunde la República. En definitiva, estos jueces que tenemos hoy son los que van a decidir sobre la cautelar, la constitucionalidad, etc.
E.A.: –Ahora, estamos por empezar mayo, esta ley se va a tratar el 8 de mayo, o sea que cuando esté promulgada, va estar cerca del 25 de mayo, por poner una fecha. Las elecciones legislativas son el 27 de octubre, si tiramos esto para atrás, llegamos a las elecciones. Esto ya está, es decir que va a estar totalmente oficializado.
B.S: –Claro, entonces no va a tener efecto en la elección. Es evidente que existe este peligro.
B.S: –Claro, entonces no va a tener efecto en la elección. Es evidente que existe este peligro.
E.A.: –¿No va a tener efecto o el Frente para la Victoria va a decir: “Yo pongo mis candidatos en todo el país porque hay una ley promulgada?. Y otras fuerzas políticas van a decir: “Yo no la pongo porque esa ley está en el limbo”.
B.S: –Bueno, eso es evidente. ¿Pero quién lo va a resolver? Lo va a resolver la Justicia Electoral ¿no?.
B.S: –Bueno, eso es evidente. ¿Pero quién lo va a resolver? Lo va a resolver la Justicia Electoral ¿no?.
E.A.: –La Justicia Electoral que uno la ve más bien como un organismo casi administrativo, de una importancia capital para controlar los votos, ahora va a tener una decisión política tremenda.
B.S: –Lo que pasa es que la inconstitucionalidad en realidad va a ir a la Justicia, va a ir al fuero contencioso administrativo, pero cuando se presenten las boletas, si se diera esa situación irá a la Justicia Electoral. Es decir, esto va a quedar empantanado, lamentablemente. Aunque si adoptaran las propuestas que yo puedo hacer, igual para esta elección no juega. Ésta es mi opinión, me puedo equivocar.
B.S: –Lo que pasa es que la inconstitucionalidad en realidad va a ir a la Justicia, va a ir al fuero contencioso administrativo, pero cuando se presenten las boletas, si se diera esa situación irá a la Justicia Electoral. Es decir, esto va a quedar empantanado, lamentablemente. Aunque si adoptaran las propuestas que yo puedo hacer, igual para esta elección no juega. Ésta es mi opinión, me puedo equivocar.
E.A.: –¿Puede ser que esto quede en un litigio que llegue a la corte, en el sentido de que, supongamos, unos dicen: “Yo meto los consejeros”, el Frente para la Victoria lo haría, creo yo; otros dicen: “No los meto”, se vota y queda en el limbo?
B.S: –Y sí, esto en definitiva lo va a resolver la Corte. Va a llegar, porque la primera y segunda instancia son apelables por todos, por el que pierde. A la Corte llega; ahora, que llegue a la Corte antes que las elecciones y lo resuelva... yo creo que la ley de medios ha sido una expresión muy clara de que la Corte, a la que yo respeto mucho y la rescato como la mejor corte en la historia Argentina, en el tema de la ley de medios con el Grupo Clarín, después de un año que tenía una cautelar, le dice al juez que dictó la cautelar dicte una sentencia en un tiempo razonable... en vez de tomar cartas en el asunto. La ley de medios es fundamental para la democracia. Es un tema de gravedad institucional para mí. Porque acá tenemos un grupo monopólico que tiene una cantidad impresionante de medios a su disposición que monopoliza, y que todo lo que puede tener es un perjuicio económico, porque el argumento fundamental es que la venta rápida los perjudica. Bueno, el perjuicio económico tiene una vía que es la de acción de daños y perjuicios y el Estado es siempre solvente para pagar si ha habido un perjuicio. Sin embargo, esto está tramitando como si estuviera afectado un derecho fundamental de libertad de expresión, etc. Y la Corte dijo que no era libertad de expresión, pero no tomó las medidas para resolver. Yo en este sentido soy muy crítico de la Corte. Hay otro tema. Se plantea que el Poder Judicial es el poder contramayoritario, y esto viene desde la Constitución de los Estados Unidos. Porque su función es evitar que la mayoría sojuzgue a la minoría. Ahora, ¿en qué parte de la historia la mayoría ha sojuzgado a la minoría? Siempre es la minoría la que ha sojuzgado a la mayoría. Entonces, lo que necesitamos es un Poder Judicial que acompañe los procesos de cambio. No la Corte menemista de la mayoría automática. Si no que esté consustanciada con los cambios del país y que defienda los intereses de la mayoría.
B.S: –Y sí, esto en definitiva lo va a resolver la Corte. Va a llegar, porque la primera y segunda instancia son apelables por todos, por el que pierde. A la Corte llega; ahora, que llegue a la Corte antes que las elecciones y lo resuelva... yo creo que la ley de medios ha sido una expresión muy clara de que la Corte, a la que yo respeto mucho y la rescato como la mejor corte en la historia Argentina, en el tema de la ley de medios con el Grupo Clarín, después de un año que tenía una cautelar, le dice al juez que dictó la cautelar dicte una sentencia en un tiempo razonable... en vez de tomar cartas en el asunto. La ley de medios es fundamental para la democracia. Es un tema de gravedad institucional para mí. Porque acá tenemos un grupo monopólico que tiene una cantidad impresionante de medios a su disposición que monopoliza, y que todo lo que puede tener es un perjuicio económico, porque el argumento fundamental es que la venta rápida los perjudica. Bueno, el perjuicio económico tiene una vía que es la de acción de daños y perjuicios y el Estado es siempre solvente para pagar si ha habido un perjuicio. Sin embargo, esto está tramitando como si estuviera afectado un derecho fundamental de libertad de expresión, etc. Y la Corte dijo que no era libertad de expresión, pero no tomó las medidas para resolver. Yo en este sentido soy muy crítico de la Corte. Hay otro tema. Se plantea que el Poder Judicial es el poder contramayoritario, y esto viene desde la Constitución de los Estados Unidos. Porque su función es evitar que la mayoría sojuzgue a la minoría. Ahora, ¿en qué parte de la historia la mayoría ha sojuzgado a la minoría? Siempre es la minoría la que ha sojuzgado a la mayoría. Entonces, lo que necesitamos es un Poder Judicial que acompañe los procesos de cambio. No la Corte menemista de la mayoría automática. Si no que esté consustanciada con los cambios del país y que defienda los intereses de la mayoría.
E.A.: –Con respecto al argumento que bate la mayoría de los medios opositores respecto de que quieren esta reforma para tapar la corrupción con María Julia absuelta, aunque condenada en alguna otra causa, el caso de Felisa Miceli, ¿y cuántos más? En un país donde uno puede poner en sombra muchos de los actos que tienen que ver con el contador, ¿qué nos pasa en ese tema?
B.S: –Creo que en eso tenemos una falencia histórica. ¿Y si miramos para atrás en la historia argentina?, cuéntenme cuántos casos de corrupción hemos tenido juzgados y condenados. Esto es real. Ahora, que esto sea producto de un interés desde el Gobierno de que esto quede en impunidad, lo único que tenemos son elementos subjetivos. Yo siempre digo, yo soy abogado no psicólogo. Pero en la práctica esto es una responsabilidad de los jueces. Si los jueces no son responsables hay que juzgarlos y removerlos. Para que no tengan ninguna duda, yo me fui del Consejo dejando dos asuntos terminados para el enjuiciamiento de Oyarbide, y algunos otros, que han muerto ahí. Porque en la historia Argentina los jueces, como fueron designados por un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias, en su época fueron los conservadores y radicales, después fueron radicales y peronistas, y se repartieron los cargos. Entonces, todos tienen amigos, políticos que los protegen. De todos modos le quiero decir, en los primeros 8 años de los consejos de la magistratura hubo más enjuiciamiento que en toda la historia Argentina.
B.S: –Creo que en eso tenemos una falencia histórica. ¿Y si miramos para atrás en la historia argentina?, cuéntenme cuántos casos de corrupción hemos tenido juzgados y condenados. Esto es real. Ahora, que esto sea producto de un interés desde el Gobierno de que esto quede en impunidad, lo único que tenemos son elementos subjetivos. Yo siempre digo, yo soy abogado no psicólogo. Pero en la práctica esto es una responsabilidad de los jueces. Si los jueces no son responsables hay que juzgarlos y removerlos. Para que no tengan ninguna duda, yo me fui del Consejo dejando dos asuntos terminados para el enjuiciamiento de Oyarbide, y algunos otros, que han muerto ahí. Porque en la historia Argentina los jueces, como fueron designados por un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias, en su época fueron los conservadores y radicales, después fueron radicales y peronistas, y se repartieron los cargos. Entonces, todos tienen amigos, políticos que los protegen. De todos modos le quiero decir, en los primeros 8 años de los consejos de la magistratura hubo más enjuiciamiento que en toda la historia Argentina.
E.A.: –Bueno, esto es muy interesante porque revela que si bien estamos discutiendo sobre una institución de pocas personas es un motor de dentro del poder judicial.
B.S.: –Era, porque este Consejo actual yo diría que es inexistente. En dos años se llamó casi a tres concursos. Tenemos casi 200 vacantes en la justicia nacional y federal sobre un universo de 900 cargos. Esas vacantes son ocupadas por otros jueces subrogantes que reciben un pago extra de un tercio más de su sueldo. Yo me pregunto, si el juez ese es full time, entonces, ¿cómo está su propio juzgado? ¿Con qué rapidez saca las cosas? Si te está sobrando tiempo, bueno, tampoco hay que pagárselo. Y si va de subrogante no hay por qué pagar de más.
B.S.: –Era, porque este Consejo actual yo diría que es inexistente. En dos años se llamó casi a tres concursos. Tenemos casi 200 vacantes en la justicia nacional y federal sobre un universo de 900 cargos. Esas vacantes son ocupadas por otros jueces subrogantes que reciben un pago extra de un tercio más de su sueldo. Yo me pregunto, si el juez ese es full time, entonces, ¿cómo está su propio juzgado? ¿Con qué rapidez saca las cosas? Si te está sobrando tiempo, bueno, tampoco hay que pagárselo. Y si va de subrogante no hay por qué pagar de más.
E.A.: –En alguno lugares hay subrogantes cubiertos, porque los reglamentos lo contemplan, por abogados del lugar del pueblo donde está ese juzgado... jueces federales. Y muchas veces se escucha en las asociaciones de magistrados o en los colegios de abogados que se le echa la culpa al Poder Ejecutivo porque prefiere tener, dicen, una situación relativamente irregular. ¿Esto es cierto?B.S: –En una parte puede ser cierto. Pero tomemos los datos objetivos. Éstos indican que este gobierno ha tenido muchos fallos en contra de los jueces. Entonces o es poco eficaz para conseguir que los jueces se sometan o no hay tal sometimiento. Aparte hay otra cosa a tener en cuenta, puede haber jueces que pueden estar fallando a favor del Gobierno porque es el poder. Pero al día siguiente, cuando hay una situación diferente... cuando fue la 125, ¿se acuerda la cantidad de fallos en contra que tenía el Poder Ejecutivo? Porque los jueces olfatean y dicen: “Acá me parece que se viene la oposición”, entonces sacan fallos en contra. Y después se revierte. Así es el juego. Todo el mundo opera. El famoso juego de las presiones. Yo sostengo esto, y no lo sostengo sólo yo, un juez que no puede soportar las presiones tiene que renunciar.
E.A.: –Smukler, usted que preside el Observatorio de la Justicia, que integra la Asociación americana de juristas desde el año 1964 y sigue vinculado firmemente a las organizaciones populares, ¿cómo ve usted la Argentina más allá de estas circunstancias?
B.S: –Creo que tenemos un proceso muy interesante, complejo, contradictorio muchas veces, porque digamos que no se ha atacado realmente a los centros del poder económico a fondo. No hay un cambio de la estructura económico-social. Lo que hay es una política más popular, de mejor distribución del ingreso, de democratización, se han ampliado enormemente los derechos, y sobre todo, para mi gusto fundamental, la política regional, el papel que está jugando la Argentina en la construcción de la unidad regional latinoamericana y caribeña. Mercosur, Unasur, la Celac. Porque la verdad es que es muy difícil para un país aislado liberarse solo, necesita del apoyo de un conjunto. Me parece que la Argentina ha jugado un papel extraordinario en esto, desde Néstor Kirchner en adelante. La semana pasada, cuando se reunió en Lima la Unasur para apoyar a Maduro en Venezuela, significó un papel extraordinario porque se está enfrentando a la política imperial contra la que hemos luchado toda la vida.
B.S: –Creo que tenemos un proceso muy interesante, complejo, contradictorio muchas veces, porque digamos que no se ha atacado realmente a los centros del poder económico a fondo. No hay un cambio de la estructura económico-social. Lo que hay es una política más popular, de mejor distribución del ingreso, de democratización, se han ampliado enormemente los derechos, y sobre todo, para mi gusto fundamental, la política regional, el papel que está jugando la Argentina en la construcción de la unidad regional latinoamericana y caribeña. Mercosur, Unasur, la Celac. Porque la verdad es que es muy difícil para un país aislado liberarse solo, necesita del apoyo de un conjunto. Me parece que la Argentina ha jugado un papel extraordinario en esto, desde Néstor Kirchner en adelante. La semana pasada, cuando se reunió en Lima la Unasur para apoyar a Maduro en Venezuela, significó un papel extraordinario porque se está enfrentando a la política imperial contra la que hemos luchado toda la vida.
Fuente:MiradasalSur
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