En sus dos años y pocos meses de existencia, la Policía Metropolitana intervino en sólo cuatro conflictos. En todos hubo heridos y en uno dos muertos. La marca de origen que dejó el cuestionado Fino Palacios y la decisión del Gobierno de la Ciudad de dejar en manos de los propios policías la conducción de sus acciones.
POR QUE LA METROPOLITANA ES INCAPAZ DE MANEJAR CONFLICTOS SIN ABRIR FUEGO Y REPRIMIR BRUTALMENTE
Con la marca de nacimiento de la Federal
Sin respetar ninguna de las doctrinas de control sin violencia, amiga de la bala de plomo, incompetente hasta en cómo formarse frente a una protesta, la flamante fuerza acumula muertos y heridos en apenas treinta meses.
Por Raúl Kollmann
En primera fila, las escopetas, lo que contradice los más básicos manuales de manejo de protestas.Imagen: Leandro Teysseire
En dos años y unos pocos meses, la Policía Metropolitana intervino sólo en cuatro conflictos: el Parque Indoamericano, el Parque Centenario, la Sala Alberdi del Teatro San Martín y el Borda. En los cuatro casos hubo heridos y en el Parque Indoamericano muertos, con imputación concreta por doble homicidio contra un jefe y 33 efectivos de la Metropolitana que integraban el grupo del que salieron los disparos con postas de plomo, que mataron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña e hirieron a cinco personas más. Ninguna de las víctimas estaba enfrentando a nadie, sino que eran vecinos que se iban del parque. Hay dos razones de fondo de la simultaneidad entre acción de la Metropolitana y muertos o heridos en los cuatro casos. La primera es que el núcleo central de cuadros de la Metropolitana son los 900 que ingresaron en el primer año reclutados por Jorge “El Fino” Palacios. Provenían de la Federal y de una tradición de Rambos.
La segunda razón es que los jefes e integrantes de la Metropolitana tienen una gran autonomía: no aparecen los funcionarios del gobierno porteño en la escena de los hechos y las órdenes son abiertas, con margen a los policías para que actúen según su criterio. Por eso, los que el viernes portaban las escopetas aparecían muy adelante de las líneas de la Infantería y no detrás, en la retaguardia, como corresponde.
“El viernes se vio otra vez una policía de derecha”, señaló el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual legislador de Nuevo Encuentro Marcelo Saín. “Al primer contratiempo, rápido van al uso de la fuerza, a una represión indiscriminada, donde les pegan a todos, se llevan preso a cualquiera. Y, además, avanzaban unos, otros no, disparaban desde cerca. Un verdadero desastre en el que se reflejó otro rasgo de la policía de derecha: dejan hacer a los jefes de uniforme, no hay conducción de los funcionarios políticos.” De cuatro, cuatro La jueza Silvia Ramond indagó el lunes al comisionado mayor de la Metropolitana, Ricardo Ferrón, quien orgullosamente le confirmó que él estuvo al frente del grupo sospechado por matar a los dos vecinos del Indoamericano. Su segundo, de apellido Castillo, le dijo a la jueza que dispararon 400 tiros disuasivos, aunque ninguno admite –de acuerdo con la minuciosa investigación que hizo el fiscal Sandro Abraldes– que entre las postas de goma metieron postas de plomo en las escopetas 12.70, las mismas que se vieron el viernes en el Borda. No sólo los muertos del parque tenían en el cuerpo restos de proyectiles de plomo, sino también los cinco heridos. Y los tiros salieron del mismo grupo de metropolitanos en dos lugares distintos: el propio parque y Autopista Cámpora y Castañares. En ambos sitios estaban los comandados por Ferrón. Abraldes acusa a 33 integrantes de la Metropolitana de homicidio en agresión, que es cuando no se puede determinar exactamente quién disparó. En el conflicto por la Sala Alberdi, del Centro Cultural San Martín, en marzo se presentaron a la Justicia tres heridos con postas de plomo, también víctimas de la Metropolitana. Los médicos judiciales constataron que los proyectiles eran de plomo, rigurosamente prohibidos para cualquier efectivo que participe en un operativo de desalojo o que intervenga frente a una manifestación o concentración. Las postas de goma también pueden ser letales si se disparan desde cerca. Eso lleva a que la norma sea que los escopeteros estén detrás, en la retaguardia. El desalojo de los vecinos que se oponían al enrejado del Parque Centenario también terminó con heridos. El caso fue de los más grotescos, porque los vecinos no constituían una organización férrea ni agresiva, eran asambleístas que igualmente fueron reprimidos con balas de goma y el saldo fue de cuatro heridos. Con la del viernes, entonces, en dos años y medio son cuatro intervenciones de la Metropolitana en conflictos con manifestantes. Siempre hubo heridos, las escopetas se cargaron con postas de plomo al menos en dos casos; tiraron con balas de goma invariablemente a corta distancia, resultaron apaleados decenas de manifestantes y en los operativos se privilegió la violencia a las modernas normas de intervención que se usan en protestas sociales (ver aparte). Núcleo duro El núcleo duro de la Metropolitana son los jefes y oficiales que reclutó El Fino Palacios al principio, todos provenientes de la Federal y con el modelo de la Federal en las venas. Tras los escándalos del propio Palacios y el espía Ciro James, fueron apartados unos 30 o 40 hombres, pero el contingente principal de jefes y oficiales siguió intacto y en el centro de la fuerza. El ADN de la Federal se marcó en décadas. Una fuerza que fue un Estado en sí mismo, que guardaba los antecedentes de toda la población, incluyendo los que nunca habían cometido un delito; la fuerza que emitía los documentos y pasaportes, una prerrogativa que perdieron en estos años y que sólo se explicaba como gigantesco mecanismo de control social. La Federal ejerció durante décadas un fuerte dominio sobre la vida cotidiana –hasta hoy sigue otorgando certificados de domicilio–, la calle y, al mismo tiempo, su influencia se extendió a las bandas, los prostíbulos, la droga y un largo listado de ilícitos. La característica fundamental siempre fue el autogobierno, el poder de los comisarios, lo que se tradujo en que la Metropolitana la armó el comisario Palacios reclutando a su gente más cercana y cada uno de ellos a su vez convocó a quienes fueron sus oficiales subordinados a lo largo de la última década. Tras el escándalo Palacios hubo un tímido intento de poner una conducción civil, por lo que fue designado Eugenio Burzaco al frente de la Metropolitana. Pero ya por entonces todas las voces indicaban que los comisarios se subordinaban poco y nada, pero que además el gobierno de Mauricio Macri y el ministro Guillermo Montenegro –hijo de un capitán de navío– más bien respaldaba el modelo de que la seguridad es cosa de gente de uniforme. El tema se terminó blanqueando cuando Burzaco dejó el cargo y la fuerza quedó a cargo de la dupla de ex hombres de la Federal: Horacio Giménez y Ricardo Pedace. Mauricio Macri nunca se apartó un milímetro de Palacios, pese a que se le imputa encubrimiento en el caso AMIA, escuchas telefónicas ilegales y hasta se hizo público un diálogo del Fino con un reducidor de autos y marcador de la banda de secuestradores que mató a Axel Blumberg. El jefe de Gobierno respaldó objetivamente una forma de actuación policial que se tradujo en la Metropolitana. Eso permitió que los privilegios se fueron sumando. Los metropolitanos cobran sueldos que rondan el doble de la Federal y son los únicos exentos de una norma establecida hace años –por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman– y que impide que un funcionario porteño que cobra un sueldo pueda, a la vez, cobrar un retiro. O sea, si cobra de la Ciudad debe suspender su retiro. Los integrantes de la Metropolitana, que tienen algún retiro, cobran ambas cosas: sueldo y retiro. El poder de los comisarios se traduce en autogobierno y dinero. El modelo Oficialmente, la Metropolitana ha dicho que tiene tres mil efectivos, de los cuales unos dos mil vienen de la Federal, aunque lo importante es que los cuadros de mando salieron de allí. Es una policía con escasa capacidad, lo que se evidencia en que no cubre las zonas calientes: el sur de la ciudad, las villas. Su actuación se inició en barrios menos conflictivos como Saavedra, Villa Urquiza o Coghlan, y avanzó hacia otros barrios como Chacarita o Villa Crespo, pero la impresión es que para cubrir toda la Ciudad, y sobre todo los sectores conflictivos, hacen falta unos 13.000 hombres, cifra que ni por presupuesto ni por capacidad de formación la Metropolitana puede alcanzar. Aunque se hicieron anuncios de operativos antidrogas en villas, incluyendo un ingreso a la 31, la realidad es que no hay efectivos ni preparados ni especializados para que esos operativos sean exitosos. Sobre la Infantería, que es la que actuó el viernes, hay versiones cruzadas. Lo que se dice es que la Metropolitana no tiene efectivos suficientes y por lo tanto en la represión del viernes actuaron policías que durante la semana están en un patrullero. La falta de capacidad se traduce rápidamente en recurso a la violencia. El viernes, por ejemplo, la Metropolitana llegó a las siete de la mañana cuando no había manifestantes. Cualquier fuerza organizada pone vallas rodeando el lugar en el que se iba a hacer la demolición. Las vallas justamente evitan los choques, tal como sucede habitualmente frente a la Casa Rosada o el Congreso en días en que hay manifestaciones. Los empleados del Borda ingresaron al predio que querían defender y luego la Metropolitana tuvo que sacarlos, en lo que ya implicaba un contacto cuerpo a cuerpo. Encima algunos efectivos avanzaban, otros retrocedían y los escopeteros terminaron haciendo punta con sus armas. El recurso en el que confiaron fue el de la brutalidad, como ocurría antaño con la Federal. Y la ausencia de conducción civil redondeó todo. Cuando existe control de los funcionarios de gobierno las instrucciones son precisas: el operativo se debe hacer de tal manera, hasta en los mínimos detalles. Cuando el poder lo tienen los comisarios, las instrucciones son vagas: despeje el área. Esto es lo que ocurrió el viernes. Y no hubo muertos de pura casualidad: el desorden, la falta de diálogo con los manifestantes, la ausencia de autoridad política terminó en que le pegaron palazos y balazos –de cerca– a cualquiera que tuvieran delante. El pacto que no firmaron
A fines de marzo de 2011, la ministra de Seguridad Nilda Garré propuso a los 24 distritos del país un protocolo de actuación ante manifestaciones y protesta social. Diecinueve provincias firmaron; tres están evaluando (Corrientes, Córdoba y Santa Fe) y dos decidieron no firmar, Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. El texto es categórico y recoge las nuevas técnicas: La intervención de las fuerzas de seguridad será progresiva, empezando por el diálogo con los manifestantes. Los Poderes Eecutivos deben designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones. Se establecerá claramente la prohibición de usar armas de fuego a todo el personal que tenga contacto directo con los manifestantes. Queda prohibido el uso de pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos, no se pueden usar para dispersar una manifestación. Deben establecerse vallas para salvar la integridad de los que protestan y del personal. No puede haber ni vehículos ni personal sin identificar. Los efectivos deben garantizar la libre cobertura y queda prohibido impedir que se tomen fotografías, imágenes o testimonios.
LA CONTRADICCION ENTRE LO QUE DECLAMA Y HACE LA METROPOLITANA
El garantismo es virtual
Quien lea la página del instituto que forma a los policías porteños quedará impresionado con la brutal diferencia entre el discurso y los actos de sus graduados, muchos ex militares con vocación y formación de Rambo.
Por Gustavo Veiga
A los palos y balazos de goma contra médicos, pacientes psiquiátricos y manifestantes.Imagen: Télam
Hay algo que no cierra entre la visión que transmite el Instituto Superior de Seguridad Pública a los cadetes de la Metropolitana y la invasión del viernes al Hospital Borda. El instituto dice en su página oficial que pretende transmitir “las aptitudes necesarias para la intervención civilizada en los conflictos, de una manera absolutamente respetuosa de la dignidad humana y concibiéndolos como oportunidades para aprender a coexistir mejor”. A no ser que los pacientes psiquiátricos y los profesionales que los atienden no estén alcanzados por la coexistencia pacífica, el enunciado hace más ruido que el disparo de una bala de goma. La creciente y sostenida militarización de la fuerza que depende del gobierno porteño también ayuda a entender la represión brutal en el centro de salud mental. Cómo se pasa de la retórica garantista de la academia a los balazos, palazos y gas pimienta contra los que protestan sólo lo saben Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro. Este último intentaba explicarlo ayer durante la interpelación a la que fue sometido en la Legislatura. La síntesis visual de esa aparente contradicción es el efectivo de la Policía Metropolitana al que más se vio disparar en el Borda. Boina verde, anteojos oscuros y talante de Rambo, gatilló su escopeta una y otra vez contra la multitud que tenía delante. Siempre apuntó del tronco hacia la cabeza de los manifestantes, como si estuviera en plena cacería. Nunca lo hizo hacia el piso ni a la distancia que señalan los protocolos de acción policial. A su lado, otros uniformados igual de pertrechados tiraban encasquetados y con el rostro oculto detrás de pasamontañas. En España, por ejemplo, las normas que debe cumplir la policía indican que las balas de goma sólo se pueden disparar a una distancia mínima de 50 metros y contra el suelo para que no impacten directamente. Entre 1990 y 2012, 23 personas perdieron un ojo a causa de estos proyectiles en aquel país (http://www.centre delas.org). Quizá los que dispararon no hayan pasado por el ISSP y sean policías que llegaron de la Federal o la Bonaerense o algunos de los 142 ex marinos que abandonaron la Armada para sumarse a “una fuerza diferente para la seguridad que el vecino necesita”, como reza un slogan de la Metropolitana. En marzo, el diputado Julio Raffo, de Proyecto Sur, difundió datos que a su pedido le brindó el Ministerio de Seguridad. Al 25 de enero de 2013 “un 5 por ciento (186 efectivos) de la Metropolitana son o fueron militares. De éstos, un 76 por ciento (142 efectivos) pertenecen a la Armada. El 72 por ciento (135 efectivos) de los miembros que están o provienen de las Fuerzas Armadas están ubicados en los rangos operativos de la policía, estos son el de oficial y oficial mayor”. La ley Nº 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad prohíbe que miembros de las Fuerzas Armadas puedan integrar la Metropolitana. Pero el jefe de Gobierno se las ingenió por decreto (Nº 210/09) para incorporarlos igual. Para el legislador, los ingresantes “debían ocupar los mandos medios” pero no los puestos operativos, destinados a cumplir tareas en la calle. Su explicación: “La mayoría de estos hombres formados para la guerra y el exterminio del enemigo son ahora oficiales en contacto con los vecinos en la calle. En otras palabras, Macri firmó un decreto que viola la Ley de Seguridad Pública y tampoco lo respeta”. Después de analizar la información, Raffo concluyó que se está “cada día más lejos del paradigma de policía de proximidad y de generar la sensación de seguridad que los vecinos de esta ciudad necesitan”. El 31 de enero de 2010, en una nota titulada “La tropa de Burzaco” (por Eugenio, el ex jefe civil de la fuerza), Página/12 publicó nóminas de personal retirado del Ejército y la Armada suministradas por el Ministerio de Defensa. Incipientes, esas listas mencionaban a diez y once efectivos de aquellas armas, respectivamente. Eran los primeros que se sumaban a la Metropolitana. Había de todo: un teniente de fragata, infantes de Marina y personal de inteligencia. “Los compañeros y conocidos que entraron a la policía de Macri son oficiales y suboficiales. La gran mayoría está en un grupo especial, vendría a ser como el GEOF de la Federal y los demás quedaron como instructores”, decía en el mismo artículo un comando anfibio de la Infantería de Marina. El ministro Montenegro siempre estuvo muy cerca de la Armada. Estudió en el Liceo Naval y jugó al rugby en el club homónimo. Su padre fue capitán de navío y director de maestrías del Instituto Universitario Naval (IUN). Desde su nacimiento, la Metropolitana enhebró una serie de desaciertos y fracasos que abonaron su descrédito. Macri colocó a su frente al comisario Jorge “Fino” Palacios, procesado en la causa AMIA y en la de escuchas ilegales, donde comparte esa situación jurídica con quien fuera su jefe. Al mes y medio de asumir el cargo tuvo que renunciar. Durante su breve jefatura, llevó adelante el Plan Trienal de la Policía para el período 2009/2011, que contemplaba la compra en su primer año de un 42 por ciento de vehículos no identificados, un número que estaba muy por encima del registro de otras fuerzas. En aquella breve estadía de Palacios antes de ir a parar a la cárcel, Macri lo mimó con medidas como el veto al Comité de Seguimiento de la Metropolitana por la Legislatura. Los vetos a leyes aprobadas hasta por sus propios diputados siempre han sido coherentes con su concepción de una política de seguridad muy magra en el respeto a los derechos humanos. Les dijo no a los Foros de Seguridad Pública, al Comité para la Prevención de la Tortura y al Registro de Ex Presos Políticos. En su informe de marzo, Raffo señaló una irregularidad que continúa: “Podemos inferir que la Policía Metropolitana seguirá incorporando miembros de las Fuerzas Armadas por mucho tiempo más y en proporciones discrecionales cuando la ley lo prohíbe”. Y agregó que “Macri envió agentes a cursos de antiterrorismo (incluido espionaje) en la ‘Nueva Escuela de las Américas’ de El Salvador, donde se entrenaba a los militares durante la dictadura”. De ese combo de teoría y práctica represivas parece haber salido el protocolo de acción que el gobierno porteño aplicó en el interior del Borda, un hospital psiquiátrico que el próximo 11 de octubre cumplirá 150 años.
DURAS CRITICAS AL MINISTRO MONTENEGRO EN LA INTERPELACION LEGISLATIVA
“Usted tiene que renunciar”
Fueron ocho horas en las que la oposición le pidió a un impasible ministro de Seguridad porteño que se vaya. Montenegro habló de “ley y orden” como una manera “de vivir en democracia” en la ciudad.
Por Carlos Rodríguez
El ministro Montenegro junto al macrista Cristian Ritondo durante la interpelación
“Usted no tiene más que renunciar”, planteó el titular del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, en la primera intervención opositora en la interpelación al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, que se hizo ayer en la Legislatura por la violenta represión del viernes en el Hospital Borda. “Usted debe renunciar, dio la orden de invadir con 300 policías un hospital psiquiátrico”, argumentó el diputado Jorge Selser, de Proyecto Sur. “Estoy indignado por el nivel de hipocresía del ministro, que no tiene un grado mínimo de autocrítica. Lo que debe hacer es renunciar”, insistió Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos. La legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, comenzó serena y terminó a todo pulmón para pedir la renuncia del funcionario, a la vez que exigió “respuestas porque la Policía Metroplitana no puede seguir actuando así y los agentes que dispararon no pueden pertenecer más a la fuerza”. El ministro, además de aclarar que ni ha pensado en renunciar, nunca precisó quién dio la orden de reprimir y ni siquiera identificó a un agente de la Metropolitana que actuó con el rostro cubierto (ver foto) y que “invitaba a pelear a los trabajadores de ATE” que estaban en el Borda, confirmaron varios legisladores durante la sesión.
Uno a uno, todos los bloques opositores clamaron por lo mismo. Montenegro, impasible, contestó: “Mi designación fue hecha por el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) y ni él me ha pedido la renuncia, ni yo considero que sea necesario renunciar”. Hasta tuvo aire para apelar a una ironía: “Agradezco que lo hayan pedido en forma unánime; es una de las primeras veces que se ponen de acuerdo, pero no es mi idea renunciar”. Luego de escuchar una avalancha de críticas y reclamos, Montenegro hasta pareció olvidar las palabras más conciliadoras que había dicho al abrir la sesión, cuando llamó a “tener una clara autocrítica del procedimiento” de la policía a su cargo “para que este tipo de situación no se repita”. Sostuvo, en la apertura de la sesión especial, que “en algún punto, la violencia de ayer debíamos haberla tenido que tratar de otra manera” y reconoció que “este tipo de agresión no fue manejado por la Metropolitana”. Prometió, antes y después, que si “algún agente no cumplió con el protocolo (de intervención en manifestaciones públicas), va a ser investigado y sancionado”. Del comienzo moderado, Montenegro pasó a la ofensiva. Entonces aseguró que la Metropolitana, que llegó al Borda a las 6 de la mañana, lo hizo “para respaldar a una empresa constructora” para que diera “el puntapié inicial de una obra”, el centro cívico, aunque lo que se hizo en realidad fue demoler un taller protegido, vulnerando una resolución judicial vigente. La orden fue dictada en diciembre y ratificada el viernes por la noche –con el hecho consumado– por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Como se criticó la hora del operativo –se hizo antes del amanecer–, Montenegro volvió a ironizar: “En las obras se empieza a trabajar a las 6, como yo en la oficina del ministerio”. El ministro se llenó la boca, varias veces, con la necesidad de respetar “la ley y el orden” porque es “la forma de vivir en democracia”, pero negó lo evidente, que el gobierno porteño, a través de la Metropolitana, desconoció un fallo judicial preexistente, que ahora se torna abstracto porque ya no existe el bien que se quería proteger. Sin perder la calma, Montenegro dijo que el viernes a las 21, una hora después de recibir la amonestación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, acató en forma tardía la orden judicial que había desoído. “A las diez de la noche, sacamos la guardia de la Metropolitana que habíamos dejado en el lugar”. Le faltó admitir que custodiaban los escombros del ex taller protegido. Para llegar a esas conclusiones tuvo que reponerse de una avalancha de críticas por el violento operativo del viernes. La diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, acordó en que Montenegro “tiene que irse” porque la Policía Metropolitana “es la de Ciro James y Jorge ‘El Fino’ Palacios”, en alusión a la causa por las escuchas telefónicas en la que está imputado Macri y en el hecho de que se ha formado una fuerza de seguridad porteña encabezada por hombres echados de la Policía Federal por gravísimos casos de corrupción. “Esta no es la policía que hemos votado en la Legislatura, para proteger a la ciudadanía en democracia, esta es una policía como la Bonaerense que asesinó a Kosteki y Santillán.” Fueron varias las alusiones que se hicieron, durante los discursos de la oposición, a la similitud “entre los métodos que se aplicaban durante la dictadura y los procedimientos de la Metropolitana”, en referencia, también, a los operativos de represión ocurridos, en los últimos tiempos, en referencia no sólo al caso del Borda, sino también a los desalojos violentos del Parque Centenario y de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Fabio Basteiro identificó a “un señor de apellido Giménez”, de la Metropolitana, a quien los legisladores que estuvieron en el Borda –la mayoría, mujeres y hombres, fueron golpeados por los uniformados– le pidieron que intercediera para evitar incidentes. “En vez de encontrar una salida ordenada y pacífica, este señor hacia señas para que sus compañeros siguieran tirando contra las personas que estaban allí. Esta es la forma en la que se actúa en Macrilandia.” Basteiro sostuvo que, de lo sucedido, también son responsables, además de Montenegro, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y “hasta el propio jefe de Gobierno”. Rocío Sánchez Andía señaló la presencia de una supuesta “fuerza especial de la Metropolitana que actuó con la cara cubierta”, sin tener a la vista ningún tipo de identificación ni el nombre de los oficiales. Cuando se identificó como diputada ante uno de ellos, le mostró su credencial “y como toda respuesta me dijo: ‘Correte pendeja’”. Ella mencionó la presencia de un miembro de la policía “con el rostro cubierto, que provocaba a los trabajadores de ATE y que disparó” contra los presentes. Precisó que “cuando disparaban, apuntaban arriba de la cintura”. El diputado Aníbal Ibarra informó que uno de los médicos golpeados, Guillermo Puerta, hoy jefe de servicio del Borda, durante la dictadura estuvo seis años detenido; “hoy es testigo en la causa de La Perla”, el centro clandestino de detención que funcionó en Córdoba. “El estaba sentado en un banquito, allí le pegaron, lo detuvieron y lo acusaron de ‘resistencia a la autoridad’.” Ibarra, haciendo una comparación con lo que se vivió durante la dictadura, dijo que el del viernes fue “un operativo ilegal, secreto”. María Elena Naddeo criticó el hecho de que algunos medios de prensa dijeran que lo ocurrido fue “un enfrentamiento y no una represión, que es lo que fue”. Alejandro Bodart, del MST en Proyecto Sur, consideró que “todo estuvo preparado para reprimir”, dado que “luego de demoler el edificio del taller protegido, no se fue del lugar, cuando podía haberlo hecho”. Aseguró que la fuerza policial acciona de esa forma “porque sobre un total de 52 miembros del alto mando, 42 son oficiales que fueron echados de la Policía Federal; cuatro de ellos tienen el cargo de superintendente de la Metropolitana”. Bodart, al igual que otros legisladores, señalaron que hay elementos para pedir el juicio político de Macri. Los únicos diputados oficialistas que hablaron fueron Alejandro García y Martín Ocampo. Defendieron la “legalidad” del operativo y Ocampo, a sugerencia de una colega de su bancada –se lo “susurró” al oído y se escuchó en el recinto–, dijo que se quejan por lo ocurrido en el Borda, pero se olvidan de “Cromañón o de la tragedia ferroviaria de Once”. La sesión se cerró luego de ocho horas de debate.
HUMBERTO HERRERA-TESTIMONIO DE LA REPRESION
“Los internados estaban consternados”
Por Diego Martínez
“Nunca imaginé que tendría que ver esa imagen. Es muy difícil de elaborar y de procesar.” La imagen: cientos de policías pertrechados para la guerra repartiendo palos, gases y balas de goma contra enfermeros, médicos, pacientes y periodistas. Quien no sale del asombro es Humberto Herrera, carpintero que desde 1989 enseña(ba) su oficio en el Taller Protegido 19 del Hospital Borda, demolido el viernes por el gobierno porteño para concretar el sueño de Mauricio Macri de construir allí un centro cívico.
Humberto llegó antes de las siete de la mañana y se encontró con un escenario impensado. “Estaba todo cercado por la infantería. Habían abierto el portón que da a la calle Perdriel, lo rompieron porque estaba soldado. Por compañeros supimos que habían entrado operarios, que estaban adentro y ya habían sacado algunas cosas al parque”, relató. “Había una enorme cantidad de policías, un cordón que va desde el paredón de Perdriel hasta la Unidad 20. Es que hace falta mucha gente, son dos hectáreas las que el gobierno quiere tomar”, explica. “Empezamos a convocar y de a poco se fueron juntando trabajadores del Hospital y de organizaciones. Como sabíamos que el taller estaba protegido por medidas judiciales, pedíamos que se presentara un responsable del operativo y mostrara qué autorización tenía. Pero no nos permitían ingresar, tampoco a los periodistas. Se producen los primeros forcejeos y esta gente reacciona violentamente, empiezan los palos, empujones, con mucha agresividad, y se producen cuatro o cinco avanzadas de la infantería hacia los trabajadores tratando de hacernos retroceder”, relató. “Cuando llegan los primeros legisladores y muestran sus credenciales, primero no los dejan entrar, después consiguen una entrevista con alguien que admite que no tienen autorización y que tienen que retirarse. Les dan un plazo de diez minutos, y ahí empezamos a ver a través del cordón de infantería cómo se derrumbaba la construcción”, recordó Herrera. –¿Los pacientes ven la demolición de su taller? –Sí, hay pacientes que a esa hora están afuera de los pabellones. Algunos tienen actividades en instituciones como los talleres protegidos, pero otras implican trasladar elementos, actividades cotidianas del hospital. Además los pacientes andan con cierta libertad, no están encerrados. Los internos estaban consternados, no entendían bien qué estaba pasando. Hay distintos estados por los que atraviesan los pacientes. Esas patologías tienen mucho que ver con el registro de la realidad que se vive, pero en general todo el mundo estaba consternado. Herrera trabajaba en la rehabilitación de internos: enseñaba en el edificio demolido a fabricar muebles para hospitales y reparticiones públicas de la ciudad. “Desde que se deshabilitó, el Taller 19 estaba en otro edificio, mientras se hacían trabajos de mantenimiento y producción, sin pacientes todavía. Algunos que estaban en condiciones de salir fueron a otra sede, otros perdieron la continuidad del tratamiento. El nuevo taller está activándose lentamente y no reúne las condiciones que el gobierno dice, hay muchos problemas por el ruido y no hay espacio para que funcione un taller de carpintería y herrería. El típico Taller 19 es dificultoso que pueda volver a funcionar”, advierte. Herrera repasa de memoria algunas pérdidas provocadas por las palas mecánicas. “Este operativo avasalló con todo, incluso en TV se puede ver que todas nuestras pertenencias y herramientas quedaron tiradas a la intemperie.”
PABLO VILLAN, FOTOGRAFO>UNO DE LOS PERIODISTAS AGREDIDOS
“Tiraban a mansalva”
Por Diego Martínez
La represión de la Policía Metropolitana no reparó en enfermeras, pacientes y tampoco en periodistas. Pablo Villán, fotógrafo del diario Crónica, fue uno de los 16 cronistas y reporteros gráficos que se contabilizaron entre las víctimas. Consultado por Página/12, contó que durante los siete años en Crónica le tocó cubrir varios episodios de violencia pero nunca había visto “a la policía tirar a mansalva a todo lo que se mueva”.
“Cuando llegamos con un cronista la policía no nos dejaba pasar. Unos enfermeros y médicos metieron presión hasta que entramos todos, serían las diez y media. El clima era muy tenso. Ya los compañeros de ATE y CTA junto con los trabajadores del lugar denunciaban enfrentamientos. Media hora después empezó el foco en el que tuve el accidente”, contó. “Primero veo que la infantería se forma y agarran a una enfermera, una mujer con un bastón, y se la llevan para atrás entre cinco policías, incluidas varias mujeres. Veo a mi compañero filmando con el celular, me acerco para hacer la foto y me agarran desde atrás, me zamarrean, me tiran al piso. Primero un policía, después dos o tres más, todos con chombas de la Metropolitana. Ahí me doblo y me esguinzo el tobillo”, recuerda. “Mientras me zamarrean levanto los brazos para que me dejen y en ese momento alcanzo a ver a fotógrafos de La Razón y Télam, les pido que saquen fotos, y ahí me dejan y alcanzo a ver cómo se llevan a la enfermera. No le logro hacer la cara pero sí cómo la arrastran entre cuatro o cinco, uno de cada mano y de cada pie”, relata. Villán recordó que “después hubo varios focos de violencia hasta al menos las dos de la tarde”. Cuando con otros fotógrafos intentaron ubicarse detrás de los policías, uno les dijo “no pueden”. “¿Cómo que no se puede? Nunca lo había escuchado en mi vida. Pero no respondió nada, sólo dijo ‘váyanse’. No le dimos bolilla y seguimos trabajando, tratando de cuidarnos porque la represión era a mansalva”, apuntó. Entre las imágenes que quedaron grabadas en la mente del reportero recordó a “varias mujeres, enfermeras, doctoras o psicólogas, muy nerviosas, intentando trasladar a los pacientes desencajados a lugares seguros”. “También hice la foto de un chico que, mientras se hacían asambleas, estaba tirado en el pasto, pensando, como en otro mundo.” “Escuché a la tarde a Macri diciendo que eran todos activistas pero la verdad es otra: yo vi gente que estaba trabajando y que llamaba desesperada a sus colegas de otros hospitales”, destacó. Villán, de 35 años, siete como trabajador del diario Crónica, apunta que le tocó cubrir episodios de violencia pero “ver a la policía tirar a mansalva a todo lo que se mueva, no”. “Estuve en el Parque Indoamericano, fue más jodido pero sin policía de por medio”, apuntó.
OPINION
Elogio del señor Mauricio Macri
Por Mempo Giardinelli
Este artículo conlleva una implacable paradoja: por un lado y ante todo, la condena más enérgica al uso de la fuerza bruta policial en el Hospital Borda, donde se evidenció el neomenemismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su afán destructor de edificios históricos en aras de presumibles, repudiables negocios inmobiliarios.
Por el otro, una inesperada, sorprendente declaración del jefe de Gobierno porteño, que esta semana dijo que con una nueva conformación del Congreso, cuando sean mayoría los que hoy son opositores, promoverá la anulación de la reforma judicial que se ha aprobado. Y en eso tiene razón; es lo mejor que ha dicho jamás. Parto de la base de que al Sr. Mauricio Macri yo no le creo nada. Por sus dislates, su pobreza conceptual, su estilo cheto y su repetición de clichés y lugares comunes, incapaz como es de tener ideas propias. Y también por su manía de zafar siempre, su evidente haraganería y su reiterada ausencia cuando hay desastres que afectan a la ciudadanía. No me gustan sus furcios cuando en realidad no sabe qué decir, como tampoco me gustan su concepción educativa si es que la tiene, su política dizque cultural, su desprecio clasista hacia los pobres y marginados, sus bicisendas, el desastre ecológico que está haciendo con la destrucción de la Avenida 9 de Julio, los presumibles negociados como esas bicicletas que compró carísimas y ahora privatizará, sospecho, para favorecer a algunos de sus amigos, e incluso algunas oscuridades de su pasado como las exportaciones truchas de autos al Uruguay. Y por supuesto detesto su vocación autoritaria, como ya se vio varias veces y ahora con la feroz represión que ordenó en el Borda. Y sin embargo, ese mismo Sr. Macri anunció esta semana que cuando él y su partido tengan mayoría en el Congreso impulsará la anulación de la reforma judicial que acaba de sancionar el Congreso. Que es exactamente lo que se espera de un demócrata y por eso este elogio. Esperé dos días a ver si leía su desmentida, pero no. Lo dijo nomás. Lo que indica que lo cree. O que no se dio cuenta de lo que dijo. Pero bueno, en cualquier caso en esto le cabe un reconocimiento. Porque lo que dijo es lo que debe decir un político de oposición serio: que va a esperar a ganar las elecciones y entonces cambiar las leyes por las vías que ordena la Constitución. Perfecto. Corresponde entonces tomarle la palabra en este punto al Sr. Macri. Yo por lo menos se la tomo a la luz del mamarracho político que vemos a diario, en el que sobresalen discursos y modos incendiarios en boca de los señores Moyano o De la Sota, Miceli o Venegas, Aguad o Carrió, Sanz o Buzzi y tantos más, por citar sólo algunos, y desde luego todos siguiendo a coro la mentirosa y agresiva prédica antidemocrática del diario La Nación. A la vista de esos discursos pletóricos de odio de clase y desprecio por la verdad y las libertades que dicen defender, y a pesar incluso del uso brutal de su Policía Metropolitana, este enunciado del Sr. Macri merece un reconocimiento. Porque cuando parece que todos y todas en la oposición sólo quieren cosas horribles y antidemocráticas, y arrastran incluso a los más moderados, como Ricardo Alfonsín, y a los más confusos como Hermes Binner, a mí me parece que cabe este elogio. Porque esa oposición ciega, suicida e inconscientemente antinacional, que judicializa, cacerolea e insulta con tal de ganar centimiles en los diarios que los incitan a odiar militantemente, demuestra a diario ser incapaz de palabras sensatas como las que ha dicho, inesperadamente, este Sr. Macri. Que al menos en esta ocasión, y acaso sin saber lo que decía, ha dicho lo que debe decir un demócrata. Textualmente: “Revertiremos en el futuro con otro Congreso esta reforma que va en contra de la gente”. Lo que, traducido, significa que ahora se la banca y que en todo caso, cuando le llegue el turno, si es que le llega, se ocupará de proponer otras leyes con los cambios que considere necesarios. Como debe ser. Por eso este elogio al político conceptual e ideológicamente más pobre de la Argentina. Porque, asombrosamente, y aunque él mismo fue quien después ordenó la represión, con esto le tapó la boca a los odiadores seriales en que se han convertido la mayoría de los políticos de este país. Vaya ahora Macri y gane las elecciones, si puede. Y si logra una nueva conformación del Congreso, con mayoría propia, promueva la anulación de esta reforma judicial, si puede. Así se hace en democracia: con leyes, no con palos ni artilugios.
LA PRESIDENTA REPUDIO LA REPRESION DE LA METROPOLITANA EN EL BORDA
“Algunos deberían estar adentro”
Cristina Kirchner dijo que “sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico”, y reivindicó la política del Gobierno frente a las protestas. A través de Twitter también condenó la violencia en la marcha del 18-A.
CFK contó también su encuentro del último jueves con su par brasileña Dilma Rousseff.Imagen: EFE
“Sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico.” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó ayer Twitter para criticar el operativo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, que terminó en una violenta represión contra trabajadores, gremialistas, reporteros e internos de la institución. “Creo que afuera de los neuropsiquiátricos hay algunos que tendrían que estar adentro”, señaló con ironía la mandataria, que criticó la “protección mediática” al gobierno porteño. “No queremos reprimir. Preferimos pagar todos los costos. Es la política que llevamos adelante estos 10 años”, se diferenció CFK de la decisión de la administración de Mauricio Macri.
En una larga serie de posteos, que envió desde Río Gallegos, adonde viajó para pasar el fin de semana junto a su familia, CFK también recordó que se cumplió una década de las elecciones que llevaron a Néstor Kirchner a la Casa Rosada (ver aparte), se refirió al encuentro del jueves con su par brasileña Dilma Rousseff y condenó la violencia en la marcha del 18-A. “No se salvó nadie” “Vi la increíble represión en el Borda. ¿Por qué increíble? Sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico. Médicos, pacientes, periodistas, no se salvó nadie. Creo que afuera de los neuropsiquiátricos hay algunos que tendrían que estar adentro”, se refirió la Presidenta a los sucesos del viernes. Luego, recordó que “en el operativo del Borda estuvo el segundo jefe de la Metropolitana”, Ricardo Raúl Pace. “Supo ser jefe de la custodia de Néstor cuando era Presidente, como comisario mayor de la Policía Federal. Néstor lo separó cuando declaró que el Presidente no respetaba los protocolos de seguridad y era imposible cuidarlo de esa manera –relató Fernández de Kirchner–. Todo hace juego con todo. Ya lo dije, hay hombres irrepetibles y agrego un adjetivo más, visionario.” CFK también le dedicó unos mensajes al tratamiento que le dio la prensa a la represión, destacando los titulares de tres diarios que “llaman la atención”. “La Prensa: Graves choques. La Nación: brutal enfrentamiento entre militantes de ATE y la Metropolitana dejó 32 heridos. El gran diario argentino: una foto abajito, como no queriendo: Graves incidentes en el Borda, 36 heridos (se ve que La Nación contó mal)”, repasó. “Y eso que se llevaron esposado a un reportero gráfico de Clarín... ¿Se imaginan si esto lo hubiera hecho una fuerza de seguridad nacional?”, se preguntó. “Lo peor es que las autoridades políticas lo justificaron. Desbordes policiales o de las fuerzas de seguridad hay en todas partes del mundo. El gran tema es qué hace después el responsable político cuando esto sucede –reflexionó–. Qué pena lo que pasó y qué triste un país donde se mide con vara tan distinta. Impresionante protección mediática.” “Silencios que hacen ruido” Fernández de Kirchner también hizo referencia al encuentro que mantuvo con su par brasileña. “El jueves estuve dedicada por completo a la visita de Dilma. Terminamos casi a medianoche. Atraso total de papeles. A Dilma le pasa lo mismo. Siempre me cuenta que el tiempo parece no alcanzarle nunca. Si me lo va a contar a mí... Ser Presidenta no es fácil. No sé cómo será en Brasil, pero en Argentina, ¡mi madre!”, bromeó. También hizo referencia a cuando recibió a Pedro Robledo, el militante del PRO agredido por besarse con su novio en una fiesta, y a Demián Martínez Naya, otro adherente al mismo partido que fue golpeado por los manifestantes del 18-A cuando intentó impedir que ingresaran al Congreso. “Son los que estaban en contra de las 6 leyes de reforma judicial que enviamos al Congreso. De las 6. Qué raro. ¿Ni una sola les gusta? Bueno, tienen derecho. A lo que no hay derecho es a lo que veo en la pantalla de la compu. La agresión a un joven militante del PRO. Le gritaban ‘puto’, ‘marica’, ‘es de La Cámpora’. Parece ser que ser gay o de La Cámpora es algo horrible y muy malo para algunos energúmenos”, relató la Presidenta. “Demián no es gay y menos de La Cámpora. Sólo había ido a manifestarse contra las leyes al Congreso –continuó–. Es un chico normal que cuando vio que querían entrar al Congreso y romper todo se opuso e intentó pararlos. ¿Para qué? ¡Casi lo matan! ‘¡Soy militante del PRO!’, decía intentando defenderse. Lo que pasa es que para algunos el problema no es ser del PRO, radical, peronista o socialista, el problema lo tienen con la política. En el fondo, cuando los raspás un poquito, no creen que la democracia sea el mejor sistema. Añoran otros tiempos.” A continuación, CFK contó que durante la reunión, Demián le preguntó acerca de las vallas que dividen la Plaza de Mayo. “Para que la gente pueda seguir protestando y no pase lo del Congreso, lo que te pasó a vos”, le contestó. “Cuando aparecen los violentos, que odian, quieren destruir a los diferentes o que no piensan igual, pegan. Como a vos Demián que casi te matan. Ni siquiera por pensar diferente, vos también estabas en contra de las leyes. Pero las leyes sólo eran la coartada, querían romper todo”, concluyó. Por último, la Presidenta preguntó de forma retórica: “¿Por qué será que cuando suceden estos hechos de violencia terrible las instituciones no gubernamentales, esas que opinan de todo, sobre todo cuando hay que criticar al Gobierno, no critican públicamente estos hechos? ¿O será que enviar una ley al Congreso que no le conviene a algunos intereses es mucho más grave que pegar, destruir, romper? ¿Raro, no? A veces hay silencios frente a estos hechos que hacen demasiado ruido”. El recuerdo del 2003
CFK recordó también en Twitter las elecciones del 27 de abril de 2003, que llevaron a Néstor Kirchner a la presidencia. “Hace diez años estaba aquí en Río Gallegos. Todavía no había votado. Estaba en el despacho de la Gobernación con Néstor y otros compañeros. El televisor transmitía imágenes de la elección en todo el país. El ya había votado a la mañana. Fue con Florencia y su campera de siempre”, rememoró. “Lo demás ya se sabe –completó—. La verdad me cuesta mucho escribir sobre esto, será por eso que escribí tanto sobre otras cosas. Me conozco. Pero no quería que pasara este día sin decir nada. Sobre todo por él. Perdón y gracias por todo.”
Fuente:Pagina12
28.04.2013 Durante una extensa sesión especial en la Legislatura porteña La oposición exigió la renuncia de Montenegro por la feroz represión Los legisladores opositores en la Ciudad reclamaron la dimisión del ministro de Seguridad por su responsabilidad en el operativo de la Metropolitana en el Hospital Borda. El funcionario se justificó y negó un inminente paso al costado. Por:
Claudio Mardones
Un día después de la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del hospital neuropsiquiátrico José Borda, que dejó más de 50 heridos, todos los bloques de la oposición le pidieron la renuncia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, donde repitió los mismos argumentos que esgrimió el jueves el jefe de gobierno, Mauricio Macri, para justificar la brutalidad del operativo, que no contó con ninguna orden judicial. Sostuvo que "la violencia no fue generada por los efectivos, que fueron agredidos en diferentes circunstancias durante una hora y media", pero a la vez prometió "una clara autocrítica sobre cómo fue realizado el procedimiento, para que en definitiva este tipo de situaciones no se repita". Las explicaciones del ex juez federal que tuvo a su cargo la creación de la 26ª fuerza policial del país a partir de 2008 buscaron eludir la responsabilidad política del operativo represivo, con una añeja estrategia institucional que redujo la gravedad de los incidentes a "casos aislados" que serán "investigados y sancionados" por una "auditoría externa policial". No fue la primera cita del funcionario que ha transitado distintas partes del recinto para defender la creación de la fuerza en 2008 y la designación del ex comisario de la Federal Jorge "Fino" Palacios, que renunció poco después, ante el escándalo que desató la existencia de una red de escuchas ilegales dentro de la comuna. Ese caso lo obligó a responder duras denuncias realizadas en su contra ante la Comisión Investigadora que sesionó hace dos años.
"Si alguno de los integrantes de la fuerza no cumplió con el protocolo acordado, obviamente que va a ser investigado y sancionado como corresponde", disparó Montenegro apenas arrancó su exposición inicial luego de las 11:10. Al calor de esos argumentos, que repitió una y otra vez, Montenegro afrontó las ocho horas que duró la sesión especial convocada el viernes a pedido de todos los bloques opositores al macrismo, pero con un veloz acuerdo del PRO, que logró transformar la posible interpelación en una catarsis, pública y televisada, que comenzó pasadas las 11 de la mañana y concluyó después de las 19. Tras las explicaciones iniciales, cada uno de los 12 bloques opositores exigió la inmediata renuncia del funcionario por la represión dentro del hospital. En varios momentos, los legisladores macristas no pudieron evitar su incomodidad por los cuestionamientos que les prodigaron sus pares de la oposición, que los acusaron de no haber aparecido en ningún momento de la represión. El recinto estuvo repleto, repartido entre militantes del PRO y de la oposición, que estallaron en gritos y abucheos en distintos tramos de la sesión.
"La mayoría del oficialismo no puede consentir esta represión. Es notable que la intención es querer mostrar dureza, pero lo de ayer no tuvo nada que ver con una policía de cercanía, como la que define la Ley de Seguridad Pública", dijo Juan Cabandié, el primero de los representantes de cada bloque que tuvo 15 minutos para hacer preguntas y exponer argumentos. El presidente del bloque del Frente para la Victoria le recordó a Montenegro que la Ciudad, junto a Córdoba y Santa Fe, es uno de los tres Estados que no firmaron un protocolo federal de actuación ante manifestaciones en el espacio público que limita el uso de postas de goma sólo a casos de autodefensa. "Lo que pasó el viernes fue una afrenta para la Ciudad y por eso usted no tiene más que renunciar", cerró el legislador, que inició la cadena de pedidos de dimisión que luego reiteraron sus colegas.
Jorge Selser, médico y diputado de Proyecto Sur, se preguntó por qué esa sesión, por una cuestión tan grave, no era encabezada por la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, "tal como lo establece el artículo 80 del reglamento de la Legislatura". La chicana fue eludida por Cristian Ritondo, el vicepresidente segundo del cuerpo, que condujo toda la sesión. "Nunca hubo una situación así en un hospital de la Nación, usted jamás debería haber permitido el ingreso de la policía a un hospital", le gritó Selser. Y preguntó: "¿Por qué justifica la demolición del taller diciendo que tenía asbesto, si hay diez hospitales que tienen el mismo material? ¿Qué piensan hacer, tirar abajo el Moyano, el Rivadavia, el Penna?", bramó el médico del Partido Socialista Auténtico, antes de sumarse al pedido de dimisión. A su turno, Fabio Basteiro, dirigente sindical y jefe de la bancada de Buenos Aires para Todos, abrió el capítulo de los legisladores que vivieron la represión en vivo. "Vi cómo arrastraban a una enfermera con bastón y a una señora mayor por toda una cuadra", gritó Basteiro. "Es una vergüenza que nosotros seamos los victimarios y ustedes las víctimas, ¿se acuerdan de las pistolas eléctricas taser? ¡Imaginen lo que habría pasado! ¡Imaginen los heridos!", exclamó el dirigente de ATE, el gremio que tenía a cargo el taller de reinserción laboral y cuyos delegados fueron ferozmente atacados. El testimonio, fue ampliado por Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, que graficó otro de los amargos momentos de la mañana del viernes. "Cuando tratamos de pasar el vallado para pedir diálogo, la policía nos pegaba", relató la diputada y sacó una de la decena de fotos que se mostraron en la sesión. "Quiero saber quién es esta persona –señaló–. Cuando fui a cruzar las vallas me dijo: ‘Correte, pendeja.’ Soy legisladora, le contesté. ‘¿Y qué te pensás, que no te voy a tirar’, me dijo", recordó la joven al borde del llanto, antes de contar que los policías les "apuntaban arriba de la cintura y de cerca". "Esto es perverso, es un lugar donde están los locos más pobres, que no tienen a dónde ir", afirmó ante un Montenegro que la miraba fijo. Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, le recordó la cantidad de llamados para buscar una negociación que hicieron varios legisladores antes de las 7 de la mañana y durante la represión. "Tiene que irse porque no es la Metropolitana que votamos cuando la creamos. La Metropolitana de hoy es la Federal de las peores épocas", denunció la periodista. Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, denunció que fue "un operativo secreto que ingresó de madrugada" y le preguntó al ministro: "¿Por qué no esperaron a tener el respaldo judicial, al menos?" El ex alcalde le cedió parte de su tiempo a María Elena Naddeo, una de las legisladoras que presentó un amparo para frenar la construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda. La mujer, también testigo directa de la represión, le preguntó: "Como ex juez, ¿cómo no sabía que todos los amparistas estábamos esperando una decisión de la Cámara?", dijo en referencia a la Sala II del fuero contencioso, cuyos miembros ayer firmaron una resolución donde Macri y dos funcionarios fueron multados con 20 mil pesos cada uno, y quedaron al borde de una denuncia penal (ver recuadro). La catarata de señalamientos y denuncias fue desestimada por el ex juez, que contestó cada una de las preguntas, al punto que Gabriela Alegre lo llamó "ministro cara de piedra". "Vuelva a ser juez porque no sirve como ministro de Seguridad, porque usted es el responsable de esta represión ilegal", acusó. Montenegro, horas después, desmintió versiones de renuncia y les contestó, imperturbable: "No es mi idea renunciar, la designación fue hecha por el jefe de gobierno y sólo por su pedido o porque yo lo considere necesario voy a renunciar, y por el momento ni él me lo pidió ni yo creo que sea necesario." La oposición, insatisfecha, prometió nuevas interpelaciones para la próxima semana.
Intentos del pro de justificar el operativo
Las ocho horas del debate estuvieron marcadas por gritos y abucheos, en su mayoría de las víctimas de la represión para apoyar los pedidos de renuncia del ministro. O desde la bandeja del PRO, para gritarle a la oposición. "Obviamente no nos puso contentos lo de ayer (por el viernes), estamos evaluando todas las actividades. Nos entristece mucho la situación que vivieron varios legisladores y será investigado el accionar de la Policía para tratar (sic) de determinar si hubo responsabilidad", relativizó el funcionario, poco antes de que la última parte de la sesión fuera interrumpida varias veces por los alaridos de los legisladores hacia Montenegro, respondidos por bramidos de Ritondo que llamaban al orden. Los legisladores del PRO salieron del silencio sobre el final con una dura exposición de Helio Rebot, que acusó al kirchnerismo de "motorizar esto para ocultar que el Congreso avanzó sobre la República", en referencia a la reforma judicial. En su embestida, el legislador justificó la represión, pero no tuvo problema de hablar de los "compañeros del Partido Obrero" y recordar al joven militante Mariano Ferreyra, asesinado por una patota sindical, para defender a Montenegro. Carmen Polledo, a metros de Rebot, estalló con furia en su exposición y justificó la total ausencia de su bloque para evitar la represión, mientras que Martín Ocampo también apuntó contra Ibarra y chicaneó: “Montenegro vino a dar hoy explicaciones, pero durante la tragedia de Cromañón de 1994, usted, al día siguiente, estaba reunido con los empresarios de los boliches." La lista de tragedias que enumeraron los legisladores del PRO para eludir la responsabilidad de su gobierno fue rematada por Montenegro que, apoyado en su experiencia como ex juez federal, dijo que no había violado la resolución de la Sala II del fuero contencioso, que multó a Macri con 20 mil pesos.
28.04.2013
panorama político
Macri, el cordero y el lobo De la Bonaerense de Duhalde a la Metropolitana de Macri. Las justificaciones del PRO y cómo convertir a víctimas en victimarios.
Por:
Roberto Caballero
En la salvaje represión frente al Hospital Borda, el fotógrafo de Clarín José "Pepe" Mateos recibió un balazo de goma en la mandíbula, luego fue atrapado, esposado y, finalmente, llevado detenido por efectivos de la Policía Metropolitana. Es la primera vez que un reportero gráfico sufre un ataque semejante, simplemente por hacer su trabajo, en 30 años de democracia. Ni siquiera en la Masacre del Puente Pueyrredón, de 2002, en la que fueron asesinados los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la Policía Bonaerense, las fuerzas represivas se atrevieron a esposar y detener a un trabajador de prensa, en ejercicio de su actividad. Precisamente aquel día, fue "Pepe" Mateos, haciendo un formidable trabajo en el hall de la Estación Avellaneda del Roca, quien capturó las imágenes dramáticas que permitieron conocer la verdad y desbaratar el relato oficial duhaldista, que primero atribuyó esas muertes al devenir azaroso de un choque entre manifestantes sumamente violentos y prolijos agentes de seguridad que pretendían imponer orden en el caos desatados por culpa de los piqueteros. A Eduardo Duhalde –según interpretó hace pocos días el presidente del tribunal que entendió en el crimen de Mariano Ferreyra y condenó a la patota de la Unión Ferroviaria–, esos homicidios, los de Kosteki y Santillán, le costaron la salida anticipada de la Casa Rosada. Fue el comienzo de su declinación política: Duhalde nunca pudo regresar de aquella mentira, ni de aquellos crímenes, que Mateos con su cámara ayudó a no dejar impunes. Hay que hacer memoria. Regresar al contexto de época. Tras el estallido de 2001, los movimientos sociales reclamaban fuertemente por la realidad lacerante que se vivía en sus territorios, con fábricas cerradas, ollas populares y merenderos de emergencia para contener a los pibes que se desmayaban por hambre. Un tendal de pobres y desocupados inundaban el paisaje social luego de la debacle del modelo neoliberal. La protesta popular se extendía a lo largo y a lo ancho del país. La SIDE de Duhalde, encabezada por Carlos Soria –increíblemente asesinado por su propia esposa una década más tarde–, comenzó a instalar la idea de que los grupos piqueteros formaban una protoguerrilla que iba por el poder, a través de la lucha armada, con apoyo de las FARC colombianas. Y lo hicieron con el aval propagandístico de los medios hegemónicos. Hoy parece todo un despropósito, una invención, un absurdo del autor de estas líneas, pero conviene ir a los archivos para descubrir que este delirio monumental era materia de opinión editorial cotidiana en los diarios Clarín, La Nación y la radio del Grupo Hadad. A la demonización mediática, siguió una pertinaz campaña de acción psicológica que preparó el matadero argumental y físico de los militantes Kosteki y Santillán, dos supuestos guerrilleros del Conurbano profundo que entrenaban a los chiquilines de las barriadas en el combate cuerpo a cuerpo entre el pan duro y el mate cocido hirviendo. De no haber sido por la labor del fotógrafo Mateos, las muertes de Kosteki y Santillán hubieran sido culpa de "la crisis" –como tituló Clarín– o de los planes de insurgencia lisérgicos que las usinas del poder agitaban. Pero allí estaban las fotos que permitieron conocer lo que realmente había ocurrido. La escalada violenta contra la protesta social que Duhalde impulsaba para restablecer un orden roto por la propia rapiña de los grupos económicos y no por la desesperada hambruna de la muchedumbre, llegó a su límite.
Las vueltas de la historia volvieron a poner a "Pepe" Mateos en el centro de otra escena igual de violenta, casi once años después. La protagonista, esta vez, no fue la Bonaerense de Duhalde sino la Metropolitana de Macri. Cuando el reportero estaba tomando la imagen de la demolición del Borda, le tiraron posta de goma a la cara primero, y luego varios policías le impidieron hacer su trabajo, lo tumbaron y lo esposaron. Esa foto, la de la demolición, no debía existir. La cámara Nikon se le incrustaba en las costillas, mientras una rodilla policial lo mantenía en tierra inmovilizado. "No recuerdo una represión así", le dijo el hombre que retrató a los matadores del Puente Puyerredón al autor de estas líneas. Sobre el episodio, Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad macrista, el hombre que después de varios rodeos aceptó haber dado la orden de atacar con violencia inusitada a los manifestantes del viernes, afirmó: "Estaba golpeado. Fue un incidente. Él mismo le pidió disculpas a los policías." Lo dijo en la conferencia de prensa más vergonzosa que el oficialismo porteño haya dado en estos años. ¿Disculpas? Eso no existió ¿Golpeado? Sí, por una posta policial. Pero minutos antes de la mentira de Montenegro, Mateos había dado una entrevista a Radio Nacional, contando los hechos tal como fueron: "Me detuvieron y me esposaron para que no haga la foto de la demolición." Fueron los mismos policías que intentaron cortar los cables del móvil de CN23, atacaron al cronista de C5N y gasearon y balearon a todos los trabajadores de prensa que intentaban registrar lo que sucedía en Barracas.
Y lo que sucedía en Barracas, precisamente, no era "un choque entre policías y manifestantes", como reflejaba TN en sus zócalos. Era una represión policial salvaje, ordenada por la cúpula política del oficialismo porteño, que provocó ocho heridos, casi 50 detenidos y cinco horas de debate al interior del partido autonomista porteño PRO para afinar una estrategia de comunicación que justificara sus propios excesos ante la opinión pública.
Mauricio Macri culpó "a grupos violentos" por lo sucedido. No se refería a su policía desmadrada: sino a un gremio como ATE, a legisladores de media docena de partidos, médicos, enfermeros, internos del hospital y vecinos que se manifestaban en contra de la demolición de un taller de reinserción laboral emprendida por el gobierno municipal entre gallos y medianoche. Como si fuera un Ravi Shankar de consumo infantil, Macri se esforzó en presentar a la Metropolitana como un cuerpo de boy scouts y a sus funcionarios como monaguillos penitentes acosados por hordas barbáricas. Usó la conferencia de prensa para insistir, una y otra vez, con la idea de un jefe de gobierno que pretende gestionar y es atacado por bandas de irracionales, sin mencionar siquiera la palabra represión. Se ve que Jaime Durán Barba lo tiene bien adoctrinado. En el diccionario cínico del macrismo, una acción como la que llevó a cabo su policía –cuestionada desde su fundación– es apenas la inocente defensa de un predio deshabitado contaminado de asbesto, lo que representa un riesgo grave a la salud, que justificaría todo, absolutamente todo lo grave que pasó. Es decir: para defender la presunta salud futura de los vecinos y un supuesto terreno casi baldío, más de 200 policías con cascos, escudos, armas largas y cortas y gas pimienta en cantidades industriales que produjeron un zafarrancho en un hospital, donde se violó la seguridad física de los manifestantes, de los internos y de los profesionales, son secuelas gravísimas. No hay relación entre una cosa y la otra. No se puede provocar un daño mayor tratando de impedir uno menor. Y, mucho menos, hacerlo sin la orden de un juez competente. Sus funcionarios dijeron que no había orden de desalojo porque, al tratarse de un predio solitario, no había desalojo que concretar. Y, entonces, la represión, ¿quién la ordenó? Según confesó Montenegro, después de dar varias vueltas ante los periodistas que preguntaban, fue él. Pero en todo momento, se refirió a la represión como la respuesta "según protocolo para restablecer el orden" ante un ataque con piedras de "los violentos". Su versión es sospechosa. La policía que rodeaba el hospital no era de custodia. Era su cuerpo de élite represivo completo. Desde las 4 de la madrugada, más de 30 vehículos de la Metropolitana aguardaban en cercanías de la cancha de Huracán para intervenir. La noche previa, las Asambleas en defensa del Espacio Público habían realizado más de 25 cortes en distintos puntos de la CABA, con cacerolazos incluidos. ¿Se puede descartar que el macrismo haya aplicado en el Borda una represión aleccionadora para desalentar la expansión de futuras protestas de "los violentos", es decir, de aquellos que no están de acuerdo con sus políticas de gobierno y lo expresan de modo airado? Eso es lo que la Justicia o la Legislatura o, ambas a la vez, deberían investigar.
Cientos de miles de personas, muchas de ellas votantes del PRO, se manifestaron por las calles de la Capital Federal el 18A sin intervención de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno nacional. Una multitud de antikirchneristas se paseó por la ciudad ejerciendo su derecho al pataleo en absoluta libertad, sin que nadie amenazara su integridad física. Por el contrario, como en los sucesos del Borda, los que recibieron golpes y aprietes fueron los trabajadores de prensa a manos de ciertos manifestantes. Se sabe que la Casa Rosada baja una línea antirrepresiva, que hace de la tolerancia a la protesta y de la escasa injerencia policial en los asuntos callejeros, una política de Estado, enseñanza dolorosamente aprendida desde los tiempos de Kosteki y Santillán. También que el macrismo reivindica peligrosamente el discurso del orden a cualquier precio: los hechos del Borda lo confirman. Y que los diarios tradicionales lo acompañan: La Nación de ayer habló de "brutal enfrentamiento" y Clarín de "graves incidentes". En ambos casos, como Macri, evitaron el uso de la palabra represión.
No sería casual, más bien parece un eslabonamiento histórico derivado de la coincidencia ideológica, que la policía macrista haya detenido y esposado al fotógrafo que desnudó la Masacre del Puente Pueyrredón. El viejo caudillo de Lomas de Zamora apuntaba a "los piqueteros", como ahora lo hace Macri contra "los violentos". Un sujeto hostil imaginario, portador de malignos propósitos, justifica la versión animalizada del mundo que los que se pretenden partidarios del orden a cualquier precio vienen a combatir y disciplinar con la alegría del meter bala.
La contenida retórica de Mauricio Macri en la conferencia de prensa del viernes, lejos de aventar el temor a su radicalización represiva, configura la única certeza después de las escenas desgraciadas que el país observó consternado: la derecha con piel de cordero que pide diálogo y paz cuando es opositora, es la misma que se convierte en lobo cuando gobierna.
El golpe económico
El radical Ernesto Sanz ya dijo en su momento que la plata de la AUH se iba por la canaleta del vicio y de la droga. Ahora, confiesa que la economía debe empeorar para que la oposición tenga mejores chances en octubre. No importaría el bien común, según su criterio: sólo que al gobierno le vaya mal con los números, para ver si la sociedad rompe de una vez por todas con el conjuro kirchnerista.
Lo de Sanz es comparable al desliz revelador del sincericida Luis Barrionuevo, cuando dijo que había que dejar de robar durante dos años para sacar el país adelante. La frase del senador dejó al desnudo la estrategia del antikirchnerismo para acorralar al gobierno. Supone Sanz –y con él buena parte de la oposición– que el romance electoral del oficialismo con las mayorías electorales se debe pura y exclusivamente a la bonanza económica. Pero reducir la potencia política del kirchnerismo solamente a su éxito en las cuentas es mirar la realidad con un solo ojo. Y siempre es aconsejable, usar los dos: una sociedad que transita turbulencias en medio de una crisis internacional de envergadura quizá no quiera debilitar la fuerza parlamentaria del gobierno. En la crisis, se sabe, los pilotos de tormenta son los más cotizados. Al kirchnerismo, de todos modos, la boutade de Sanz podría servirle para no bajar la guardia. El dólar ilegal a 9 o 10 pesos hoy es una operación psicológica que impacta en un mercado reducido, pero si se mantiene a lo largo de los meses, podría complicar el escenario general de precios.
El poder empresario concentrado trabaja fuertemente para que haya una devaluación. El sector financiero pretende que el país vuelva a endeudarse en el mercado internacional. Como se ve, varios cooperan con Sanz.
Fuente:TiempoArgentino
28.04.2013 Borda: no habrá Centro Cívico hasta que la Justicia se expida Después de la brutal represión del viernes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad prohibió al Gobierno porteño hacer modificaciones o instalar estructuras del futuro edificio administrativo en el hospital de Salud Mental.
Luego de la feroz represión de la Policía Metropolitana contra médicos, internos, manifestantes y legisladores que se oponen a la construcción del Centro Cívico en terrenos del hospital Borda, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad le prohibió al Gobierno porteño hacer modificaciones o instalar estructuras del futuro edificio administrativo en el predio Además, multó con 20 mil pesos al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y a otros dos funcionarios porque desobedecieron la medida cautelar aún vigente, que prohibía el inicio de obras, y empezaron los trabajos sin esperar la resolución final del Tribunal. En su interpelación de ayer en la Legislatura, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, afirmó: "No voy a renunciar porque todo lo que hizo la Metropolitana estuvo de acuerdo a con lo que hasta ese momento había ordenado la Justicia. No estábamos ante una situación de usurpación ni de desalojo. No necesitábamos orden judicial". En ese sentido, citó un fallo del 19 de febrero de la jueza de primera instancia Andrea Danas, que dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba la obra, confirmada por la Cámara el 28 de diciembre. A fines del año pasado se presentaron dos amparos contra la construcción del Centro Cívico en el Borda. Uno fue impulsado por Marcelo "Nono" Frondizi, secretario general de la junta interna de delegados de Talleres Protegidos de Rehabilitación, y por Ernesto Balbiano, delegado de ATE. El otro fue encabezado por los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular. El primero recibió una cautelar favorable, que suspendió el decreto 121/12 del Ejecutivo que aprobaba los pliegos de condiciones para la licitación para construir el centro cívico.
El 28 de diciembre, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso unificó los dos amparos y suspendió el decreto hasta que dictase la sentencia definitiva o se cumplieran una serie de recaudos procedimentales, como la intervención del Consejo de Plan Urbano Ambiental y la realización de un estudio de impacto ambiental. La causa volvió a primera instancia.
Luego, el 19 de febrero la jueza Danas dictó un fallo que dio por cumplidos esos recaudos y levantó la cautelar que suspendía el decreto 121/12 y frenaba la obra. Aunque los impulsores de los amparos apelaron, el Gobierno porteño se aferró a ese fallo, después de un informe favorable del procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, ordenó el inicio de la obra el viernes con la protección de la Metropolitana. Luego del violento operativo de la Metropolitana, tanto Frondizi como Naddeo e Ibarra hicieron presentaciones ante la Cámara para frenar la obra. La Sala II les dio la razón en una resolución dictada a las 20 del mismo viernes, que recordó que el fallo de Danas fue apelado y que el Gobierno porteño contravino la decisión que la propia Cámara tomó el 28 de diciembre, cuando ordenó la suspensión de los pliegos de licitación. Además, entendió que el levantamiento de esa cautela no se encuentra firme, por lo que el Ejecutivo no podía avanzar con la obra. Además, resolvió reiterar la suspensión del decreto 121/12. Además, en un segundo fallo, la Sala II multó a funcionarios del Gobierno porteño por violar "las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe" y consideró que no lo hizo por negligencia, sino que procedió con "una verdadera intención" de desconocer las decisiones de la Cámara. Por este motivo les impuso una multa de 20 mil pesos a Macri, Chaín y Conte Grand. Fuente:InfoNews
28.04.2013 Las consecuencias del ataque a los enfermos del Borda "Ahora todo es cuesta arriba: se destruyó la salud de los pacientes" Especialistas evaluaron que el accionar de la Metropolitana agravará los cuadros y retrasará la recuperación de los internados. La Asociación de Psiquiatras de Latinoamérica dijo que el ataque no tiene precedentes a nivel mundial. Por:
Yésica De Santo
La Policía Metropolitana ingresó al hospital neuropsiquiátrico, de madrugada y sin orden judicial. Atacó a trabajadores, a la prensa y a pacientes psiquiátricos. Golpeó y disparó a quienes realizaban tratamientos permanentes y ambulatorios. A otros los sorprendió mientras hacían la caminata diaria por los jardines del hospital o cuando se acercaron con la curiosidad despertada por los ruidos de topadoras y tiros.
"Ahora todo es cuesta arriba", aseguró Juan Carlos Stagnaro, profesor titular y director del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, y secretario general de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL) en diálogo con Tiempo Argentino. El experto destacó que las principales consecuencias que podrían derivarse del accionar "terrorífico" de la Metropolitana son: "agravamiento y retraso de los cuadros, extensión de los tratamientos, y el peligro de abandono de tratamientos de aquellos pacientes ambulatorios, que por al estrés postraumático, ya no querrán asistir al lugar donde se los atacó". El estrés postraumático puede presentarse por medio de recuerdos de la situación vivida, amnesia, crisis de ansiedad, y aislamiento. A su vez, puede aparecer semanas o meses después de la situación traumática, y en el caso de pacientes psiquiátricos, se suma a sus patologías primarias. "Se trata de sujetos vulnerables, a los que semejante muestra de violencia los afecta mucho más", aseguró Horacio Vommaro, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
Gabriel Cavia, psicólogo del Borda manifestó que lo vivido es "inimaginable en democracia" y que "como mínimo, 18 pacientes fueron atacados" por centenares de efectivos policiales con uniforme antimotines. Algunos de ellos aún son atendidos en la enfermería del Borda y otros en el Hospital Penna. Entre las consecuencias a mediano y corto plazo que pueden presentarse en los pacientes se encuentran el agravamiento de los cuadros psiquiátricos y psicológicos. Además, los signos que ya comenzaron a notarse son trastornos del sueño y alimentación, y cuadros de irritabilidad. También pueden generarse reacciones de ansiedad, pánico e intentos de fuga.
Los pacientes que deambulaban por los jardines tienen distintas patologías psiquiátricas como psicosis, trastornos de personalidad, o depresiones severas, y fueron blancos de ataques y amenazas mientras miraban atónitos la destrucción del único taller que les quedaba. En ese lugar, ellos aprendían a usar las manos para construir muebles y a trabajar en equipo. Allí, en el lugar donde iban a ser cuidados, atendidos –ahí mismo– fueron maltratados. "Es como que a un recién nacido le pegue su mamá. No lo entenderá y lo afectará muchísimo –explicó Stagnaro–. Cuando se destruye algo, cuesta mucho más reconstruirlo, y aquí se destruyó la privacidad y el cuidado de los pacientes. El hecho es gravísimo por donde se lo mire."
Ahora, los profesionales del Borda extreman los cuidados. Se les está dando mayor contención desde la palabra y el abordaje medicamentoso e intentan estabilizarlos. Algunos psiquiatras de APSA se pusieron a disposición de los jefes de servicios del neuropsiquiátrico para ayudar en la asistencia.
REPUDIOS. Lo expresaron distintas organizaciones de profesionales de la salud mental como APSA, y la Facultad de Medicina de la UBA que mediante comunicados exigieron "una inmediata investigación de los graves hechos y el castigo a los responsables". La Asociación de Psiquiatras de Latinoamérica (APAL) también se sumó al repudio y manifestó el apoyo a las víctimas, "en especial con los pacientes, por el severo trauma físico y psicológico sufrido, de consecuencias aún impredecibles y la grave violación perpetrada a sus derechos humanos y los de sus familias". La organización consideró que "el hecho carece de precedentes en la historia de la psiquiatría mundial y merece nuestro más absoluto repudio y el de toda la comunidad latinoamericana".
28.04.2013 El blindaje mediático que favoreció a Mauricio Macri contrastes en las portadas de los matutinos porteños
El blindaje mediático de Clarín al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, llegó al extremo de que el periódico decidiera no publicar en su tapa de ayer la fotografía en donde José "Pepe" Mateos, reportero gráfico de ese diario, es llevado esposado por la Policía Metropolitana luego de recibir un balazo de goma en el mentón, durante la represión en el Hospital Borda.
La fotografía, tomada por un reportero gráfico de La Nación, fue confinada a un espacio reducido de la página 55 de Clarín. Mientras Tiempo Argentino, Página/12, La Nación y otros periódicos consignaron los hechos en el Borda como noticia principal, Clarín tituló “Presionan a los que sacaron dólares con tarjeta en el exterior”. Debajo, publicó otra foto donde un uniformado apunta a manifestantes, con el título “Graves incidentes en el Borda, con 36 heridos”.
Tiempo Argentino, tildado de “ultraoficialista” por Clarín, fue el único periódico de Buenos Aires que publicó en tapa la foto de Mateos esposado. Justamente, se trata del reportero gráfico que en 2002, también para Clarín, logró un testimonio gráfico del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de la Policía Bonaerense duhaldista. Aquella vez, Clarín tituló “La crisis causó 2 nuevas muertes” y en su volanta “no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros”.
Fuente:TiempoArgentino
27.04.2013 represión en el borda La oposición quedó disconforme con el descargo de Montenegro
La oposición porteña exigió la renuncia del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, en una sesión de interpelación por la brutal represión en el Hospital Borda, donde las bancadas antimacristas terminaron disconformes por las explicaciones del funcionario, defendido por los legisladores que responden a Mauricio Macri.
La interpelación en la Legislatura porteña se extendió por unas ocho horas, y sirvió para que el ministro rechazara la posibilidad de un alejamiento de su cargo, y para que el PRO hiciera una defensa cerrada del titular de la cartera de Seguridad, cuestionado por el accionar de la Policía Metropolitana en el hospital de Barracas. "Agradezco que lo hayan pedido en forma unánime, es una de las primeras veces que se ponen de acuerdo, pero no es mi idea renunciar. Mi designación fue hecha por el jefe de Gobierno y ni él me ha pedido la renuncia, ni yo considero que sea necesaria", afirmó. La postura adoptada por Montenegro generó el enojo de los bloques de la oposición que reclamaron su dimisión, pero también pidieron una "autocrítica" al funcionario por el accionar de la Policía Metropolitana, fuerza que depende de su ministerio, por el operativo que dejó al menos 50 heridos entre trabajadores, periodistas e incluso pacientes de ese centro de Salud. En ese marco, se registraron momentos de tensión en el recinto, sobre todo hacia el final de la sesión, por lo cruces entre los diputados de la oposición y del oficialismo, y ante algunos gritos e insultos que se escucharon desde las gradas, donde habitualmente se ubican los asesores de los parlamentarios. "Usted, ministro Montenegro no tiene más que renunciar", aseveró el legislador Juan Cabandié al hacer uso de la palabra y agregó que lo ocurrido ayer "fue un hecho trágico que se asemeja a las peores prácticas de las fuerzas armadas de nuestro país". Asimismo, el legislador del Frente para la Victoria adelantó que el lunes próxima presentarán un pedido de interpelación al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, de cuya cartera dependen las obras de construcción del Centro Cívico en los terrenos donde se registró la represión. En tanto, el titular del bloque Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro, herido durante el operativo de la Metropolitana, se mostró "indignado por el nivel de hipocresía" del funcionario que se presentó en la Legislatura "sin tener un grado mínimo de autocrítica. Lo que debe hacer es renunciar". En el inicio de la sesión conducida por el titular de la Legislatura, Cristian Ritondo, Montenegro admitió que "en algún punto, la violencia de ayer debíamos haberla tenido que tratar de otra manera". Insistió en que "este tipo de agresión no fue manejada por la Metropolitana", no obstante aclaró que si "algún agente no cumplió con el protocolo, va a ser investigado y sancionado como corresponde". La legisladora Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, reveló que fue amenazada por uno de los efectivos policial durante la represión y exigió también el distanciamiento del ministro de su cargo. "Queremos respuestas porque la Metropolitana no puede seguir actuando de esta forma y los agentes que dispararon no puede pertenecer más a la fuerza", reclamó. La diputada de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, por su parte, consideró que Montenegro "tiene que irse la Policía Metropolitana que actuó ayer no es la fuerza que votamos en la Legislatura, sino que es la de Ciro James y Jorge Palacios", en alusión a los acusados de montar una red de escuchas dentro de la fuerza de seguridad. En un duro discurso, la legisladora Gabriela Alegre llamó "ministro cara de piedra" a Montenegro, a quien también instó a "que vuelva a ser Juez porque no sirve como ministro de Seguridad, porque usted es el responsable de esta represión ilegal". "Esto es Mauricio Macri y Macri es lo más parecido a una dictadura militar que hay en la República Argentina", enfatizó.
27.04.2013 represión en el Hospital Borda Cabandié pidió la renuncia del ministro de Seguridad porteño
En la sesión especial de la Legislatura porteña, el diputado solicitó la renuncia a Guillermo Montenegro, por la represión de la Policía Metropolitana en los terrenos del Borda.
"Usted no tiene más que renunciar", aseveró Cabandie al hacer uso de la palabra en la sesión destinada a interpelar al funcionario del PRO para que dé explicaciones por el accionar a la Metropolitana en el operativo que causó heridas a 40 personas. En ese marco, Cabandié dijo que lo ocurrido ayer "fue un hecho trágico que se asemeja a las peores prácticas de las fuerzas armadas de nuestro país".
Cabandié pidió la renuncia de Montenegro
"Mauricio Macri quiso mostrar a un sector de la sociedad que tiene la dureza para llevar a cabo las distintas iniciativas de su gobierno, pero esa dureza no es más que un acto repudiable y asqueroso que no deberíamos vivir nunca más en la Argentina", manifestó el legislador y presidente del bloque del Frente para la Victoria.
28.04.2013 el martes ATE convocó a un paro nacional en repudio a la represión en el Borda
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Julio Fuentes, decidió un paro nacional para el martes 30 en repudio del "accionar represivo de la Policía Metropolitana y la Infantería contra empleados del Hospital Borda".
"En respuesta al accionar represivo de la Policía Metropolitana contra trabajadores del Hospital Borda de la ciudad de Buenos Aires y organizaciones sociales y gremiales, la ATE convoca a un paro nacional de actividades de todos los estatales para el próximo martes 30 de abril", puntualizó Fuentes en un comunicado. En el sitio de internet del gremio también se informa que "gracias a la masiva presencia de trabajadores y militantes de ATE frente a la dependencia de la Policía Metropolitana en el barrio de Parque Patricios, las ocho personas detenidas durante la brutal represión en el Hospital Borda ya fueron liberadas".
Fuente:Telam
El mensaje de Mauricio Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013 Por
Daniel Cecchini dcecchini@miradasalsur.com
(Telam)
La implementación de políticas neoliberales tiene, llegado un punto, como condición necesaria la represión de la protesta. La Argentina tiene experiencia en la materia: primero con la última dictadura, cuyo plan sistemático de eliminación de la disidencia política y social fue funcional a la aplicación de los lineamientos económicos del reagan-thatcherismo; y después con el menemismo y su coletazo delarruista, cuando la resistencia de los crecientes sectores excluidos por las políticas diseñadas por el Consenso de Washington fue reprimida salvajemente. La Europa actual –con España y Grecia a la cabeza– confirma una vez más esa articulación de hambre y sangre en el marco de la destrucción del Estado. En un país que hoy camina en sentido contrario, la represión ordenada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y perpetrada por su Policía Metropolitana en los terrenos linderos al Borda, así como sus verdaderos motivos, muestran cuál es el modelo alternativo que pretenden imponer la derecha vernácula y sus titiriteros mediáticos. Pero lo del jueves no fue un descuido –o un “exceso”– del gobierno porteño, que puso en evidencia algo que hubiera querido ocultar. Fue todo lo contrario: Macri quiso dar un mensaje con una enorme carga simbólica. En el universo neoliberal –y en su vernácula expresión macrista– las propiedades del Estado son, por sobre todas las cosas, materia de potenciales negocios. En el caso de los terrenos del Hospital Borda –además de tratarse de un negocio de 370 millones de pesos que favorece a tres empresas amigas del Gobierno de la Ciudad–, el simbolismo es extremo. Primero, porque se trata de terrenos declarados patrimonio histórico nacional, lo que impide cualquier intervención sin la autorización del Ministerio de Cultura de la Nación. Macri lo pasó por alto. Segundo, porque tampoco se había resuelto –como sostuvieron el propio Macri y otros funcionarios porteños– la medida de protección judicial sobre el predio. Macri la ignoró. Así lo confirmó la Cámara en lo Contencioso Administrativo la misma noche del jueves. Por eso, el jefe de Gobierno, uno de sus ministros y el procurador general fueron multados y serán denunciados por “desobediencia a un fallo judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y tercero, por tratarse de un predio destinado al tratamiento y la recuperación de excluidos de la sociedad. Para decirlo claro, para Macri era necesario rajar a los locos –que, para su mirada neoliberal, no sirven para nada– y así poder concretar un negocio empresarial. En su Historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault cuenta cómo en la Alta Edad Media los predios de los leprosarios –lugares de exclusión– se transformaron en fuente de ingresos para los monarcas y los señores feudales. De alguna manera, Mauricio Macri –como antes Carlos Menem– reproduce esa mecánica, ahora en tono neoliberal. Le faltó, eso sí y siguiendo al filósofo francés, una nave de los locos para meter a los pacientes del Borda y rajarlos de la ciudad remontado en Riachuelo.,para poder usar libremente los terrenos. Para que esté más buena Buenos Aires.
La Policía Metropolitana fue el instrumento. Entró al predio sin orden judicial y oculta por las sombras de la madrugada, violando la prohibición constitucional de la nocturnidad en los procedimientos. Montó un operativo, por lo menos desmesurado en cuanto al número de efectivos y su armamento, para proteger el accionar de las empresas. Pero no era suficiente: había que dar una señal. Por eso lo brutal de la represión. Que del lado de los manifestantes hubiera piedras y palos no justifica la salvaje, desproporcionada y deliberada actuación policial. Las fuerzas de la Metropolitana rompieron el protocolo al disparar las balas de goma al cuerpo de los manifestantes –y de periodistas, pacientes y curiosos– en lugar de tirar al suelo para que reboten y cumplan con su objetivo disuasorio sin causar mayores daños. Agredió a pacientes psiquiátricos que estaban completamente indefensos. Presionó, intentó amedrentar, golpeó, detuvo y amenazó a periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos. Las imágenes son claras: las armas policiales apuntan a sus cuerpos.
En su patética conferencia de prensa, Mauricio Macri intentó evadir dos preguntas que eran de cajón: quién había ordenado semejante operación represiva y quién había dado la orden de disparar. Con una torpe gambeta, respondió que los policías también son trabajadores y que habían reaccionado ante las agresiones de los manifestantes. Si esto fuera cierto, habría que disolver la Policía Metropolitana por dar semejante muestra de falta de profesionalismo, ineficacia y peligrosidad al “reaccionar” en lugar de cumplir con sus funciones. Por eso, algo más despierto que su jefe, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, prácticamente le sacó el micrófono para asumir la “responsabilidad política” de esas acciones. También habló de investigar “excesos” en la represión, una expresión de terribles resonancias para los oídos de los argentinos.
La verdad es otra: a la Policía Metropolitana se le ordenó actuar de la manera en que actuó, con la brutalidad con que lo hizo. Miradas al Sur pudo saber que la orden vino de las oficinas del propio jefe de Gobierno (ver nota de Eduardo Anguita en estas páginas).
Porque el jueves, en los terrenos del Borda, Mauricio Macri –hombre de pretensiones presidenciales– quiso enviar una imagen electoral a los argentinos. La del país que promete.
Artistas, locos y criminales Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013 Por
Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com
(Telam)
Mucho calor. Mucha tensión. En la madrugada del viernes 26, en silencio, se concentraban decenas de patrulleros y camiones de transporte de las fuerzas de choque de la Policía Metropolitana. La cita: Amancio Alcorta al 2500, frente al Tomás Ducó, el Palacio, el estadio de Huracán. En el Ducó, exactamente ocho días antes, había entrado una cantidad de barrabravas para apretar jugadores y al mismísimo técnico Juan Manuel Llop, que días después daba un paso al costado. Aquel día, en el vestuario, varios habían avisado al 911. Sin embargo, ninguna comisión policial se presentaba. Curioso. Esta madrugada, de calor y tensión, no había jugadores y Amancio Alcorta estaba atestada de policías armados hasta los dientes. La avenida estaba cortada. No pasaban los camiones. No estaban las chicas ni las travestis llegadas desde la villa Zabaleta que se hacen unos pesos dándoles un poco de compañía a los camioneros. Desde ya, se habían rajado los paqueros que a veces duermen, entre cartones, bajo las zonas techadas del Ducó. Las órdenes provenían del mismísimo jefe de Gobierno. Mauricio Macri supervisaba personalmente las operaciones y se las comunicaba directamente al jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, un ex comisario de la Federal exonerado después de la llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad. “Macri habla directamente con Giménez –confió un dirigente de la pata peronista del PRO a este cronista–. (Guillermo) Montenegro (ministro de Seguridad y Justicia) está pintado.” El plan era simple y eficaz: desplazarse sin hacer ruidos por Amancio Alcorta hasta Perdriel y meterse con sigilo a los terrenos del Hospital Borda con topadoras y barrer en pocos minutos el Taller Protegido de Rehabilitación número 19. “Copiado” dijo el oficial de Infantería a cargo de los efectivos, que llevaban al frente efectivos con armas cortas, escopetas con balas de gomas y también munición de posta. Las primeras, en la jerga de la Metropolitana y todas las policías bravas, son para disuadir. Para calmar sus culpas, los instructores les aclaran que, salvo excepciones, las balas de goma no matan a nadie. Las de posta, en cambio, son para matar. A los fierreros fanáticos, que abundan en las tropas de asalto policial, también les gusta el brenneke, esa munición que es escupida por esas mismas escopetas 12.70. El brenneke es un plomazo capaz de matar a un chancho salvaje o desparramar las tripas de algún violento muy díscolo. Digresión necesaria. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados con cartuchos de posta (plomo) escupidos por las temibles Itaka 12.70. Bien lo demostraron los abogados querellantes y los testigos de la masacre de Avellaneda aquel 26 de junio de 2002. Bien lo supo el reportero gráfico Pepe Mateos, que pudo retratar para Clarín aquel crimen. Claro, al día siguiente, por el matrimonio entre Clarín y el presidente Eduardo Duhalde, el título del matutino fue “La crisis causó dos muertos”. Para los editores de ese diario no se trataba de una ratonera criminal para disciplinar al pueblo sino un resultado natural. Los piqueteros morían por la crisis. Eran matados por segunda vez. “Copiado”, repitió el jefe del operativo a diez minutos de dejar despoblado el Ducó y estar frente al Borda por Perdriel. Su jefe le había aclarado que no iba con orden de juez alguno, ni acompañado por fiscal alguno ni llevaba la orden administrativa de ministro alguno. “Esta es la orden” le había transmitido el jefe de la Metropolitana. Además de las topadoras, sabiendo lo que venía, habían acordonado a unas cuantas ambulancias del SAME. Los médicos y enfermeros estaban más que nerviosos. No sabían lo que pasaba, pero la mayoría conocían vagamente el conflicto. Sucintamente: unos meses antes, la Legislatura porteña había logrado los votos para que la venta del Mercado del Plata sirviera de base para la instalación de la nueva sede del Gobierno de la Ciudad. Centro Cívico decidió bautizarlo Macri y la decisión era instalarlo en el corazón de Barracas, donde sus inversores habían tenido la astucia de comprar barato todos los edificios y terrenos lindantes. Pero hay algo más. Inquietante. La sede del gobierno tenía que instalarse sobre el Borda demolido. Una vieja tradición indica que los edificios –a veces religiosos, a veces políticos, a veces las dos cosas– emblemáticos de los vencedores tienen que estar sobre las ruinas de los edificios de los vencidos. Los Reyes Católicos y sus inquisidores destruían sinagogas y mezquitas para erigir iglesias. Macri había elegido, el jueves a la noche, en medio del clima político que consideraba propicio, enviar a sus fuerzas especiales a tirar abajo al taller protegido de rehabilitación psiquiátrica número 19. El lugar de “los violentos” como los mencionó decenas de veces Macri el viernes a la tarde en una conferencia donde se mostraba con la frialdad del perturbado. La represión encontró resistencia. Eran los maestros, los enfermeros, los que reciben apoyo y contención. Era ese tejido de la sociedad que no le tiene miedo a la locura porque sabe que los locos no son los otros ni hay que extirparla. Los nazis se ensañaban con los gitanos, los homosexuales y los locos. No sólo con los judíos y los comunistas. Las balas de goma y las topadoras quisieron terminar con algo notable. Todavía está en la web lo que ofrecen los violentos del taller protegido número 19. Vean qué violento: “Procedimiento de Ingreso: 1) El paciente debe ser derivado por el profesional tratante, quien continúa a cargo de la asistencia del mismo. 2) El postulante tiene que concurrir a la Institución (Suárez 2215, Dirección de Rehabilitación. L a V de 8 a 12 hs) para retirar los Formularios de Derivación: Ficha Médica, Ficha Social y Ficha de Control de tratamiento. Con la entrega de los Formularios se le comunica día y hora para la entrevista. 3) Ese día el postulante deberá presentarse con los formularios completos y, en lo posible, con un familiar o persona responsable. 4) La Entrevista de Admisión se orienta a la evaluación del paciente, con el fin de estimar sus posibilidades para acceder a este tratamiento de rehabilitación En la misma se tiene en cuenta: diagnóstico, historia de la enfermedad, estado actual, pronóstico, tipo de tratamiento, antecedentes laborales, educacionales y situación familiar. 5) Si el paciente es admitido, ingresa al Taller de Adaptación y Orientación. En caso contrario se le brinda la información pertinente a sus necesidades actuales”. “Copiado” repetía el jefe del operativo mientras las topadoras avanzaban sobre los edificios que albergan los legajos, las evaluaciones de los médicos, las pinturas de los pacientes, las comidas para el almuerzo de ese viernes 26. Junto a los resistentes, había periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que registraban, con oficio certero, la violenta represión. Pepe Mateos, el mismo que casi 11 años atrás registraba la masacre de Avellaneda, se adelantó para tomar posición y registrar cómo las topadoras hacían lo suyo. Recibió una bala de goma en la pera. Al lado suyo, también cámara en mano, avanzaba su colega de La Nación, Ricardo Plistupluk, que recibía balas de goma en el pecho. Este cronista habló largo rato ese viernes por la tarde con Mateos y le decía algo curioso: “Las balas de goma son raras. Al principio no sentís nada. Ricardo no se daba cuenta de que le habían tirado”. Poco después, unos grandotes con uniforme de combate reducían a Mateos. Quizás algunos de ellos o sus jefes supieran quién es Mateos. Quizá no les importe un pito. Pero varios de la Metropolitana son exonerados de la Bonaerense, precisamente eyectados después de la masacre de Avellaneda. Esos que lo redujeron no tenían ni idea de quién era el reducido. Pero la reducción incluyó que la cabeza de Mateos diera contra el piso y tuviera que quedarse durante ese día “en observación”. En el momento que lo tenían en el piso, por supuesto, le sacaron la cámara y lo esposaron por atrás. “Aflojame las esposas”, pidió. Al rato, alguien se ocupó de que así fuera. Sin esposas, llamó al diario. Lo llamaron a Montenegro, el que está pintado para las órdenes, según dicen alrededor de Macri. Mateos fue liberado. Por la noche, cuando le preguntaron por Mateos a Macri contestó cualquier cosa. Su acompañante, el pintado Montenegro, aclaró algo. Entre los periodistas que estaban en la conferencia de prensa circulaba con indignación que TN fue el último canal de noticias en dar al aire que a Mateos lo habían golpeado y detenido. Al día siguiente, ayer, Clarín mandó el tema abajo y con tipografía bastante pequeña. El título no era “La crisis causó dos muertos”. Esta vez fue “Graves incidentes en el Borda, con 36 heridos”. De Mateos ni noticia. La bajada, magnífica locura, decía: “La Metropolitana chocó con manifestantes contrarios a la obra del Centro Cívico”.
Macri logró su objetivo, pero con un costo muy alto Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013 Por
Felipe Deslarmes fdeslarmes@miradasalsur.com
A los cuerpos. La metropolitana violó los protocolos de operaciones y disparó directamente a los manifestantes./ Sin discriminar. La policía cargó contra manifestantes, pacientes, legisladores y trabajadores de prensa. (TELAM).
Represión en el Hospital Borda. La inédita y brutal represión desatada en un hospital público para avanzar en el negocio millonario que implica la construcción de un Centro Cívico en la zona sur de la ciudad revela a un gobierno capaz de cualquier atropello, incluso institucional, por lograr sus fines. Represión y negocios, la fórmula de Macri.
El viernes, el aparato represor de la Policía Metropolitana mostró su fase más violenta y desconoció en sus ataques: discapacidades, fueros parlamentarios y hasta la diferencia entre hombres con armaduras y personas indefensas, incluidos pacientes psiquiátricos y mujeres. Miradas al Sur estuvo allí desde temprano y habló con médicos, gremialistas y legisladores que intentaron frenar la brutal represión policial y la destrucción de los talleres protegidos. Luego de la crónica, resultarán todavía más inexplicables los dichos del jefe y la vicejefa del Gobierno porteño, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, respectivamente, cuando al finalizar la jornada respaldaron el “procedimiento policial”, frente a los mismos medios cuyos trabajadores fueron agredidos furiosamente, argumentando que lo importante era “no ceder ante los violentos” y que “esto se hace a favor de los que trabajan ahí y de los vecinos. No se entiende este nivel de agresión, no hay razón alguna. Cuatro de cinco gremios estuvieron de acuerdo”. Desde las 6, la mañana había empezado difícil para los trabajadores del Hospital Borda a los que impedían ingresar a cumplir sus funciones por lo que llamaron a sus representantes en el gremio y en la Legislatura para reclamar la defensa de sus fuentes de trabajo y para denunciar la instalación de un vallado, el ingreso de maquinaria pesada que incluía grúas, palas mecánicas y camiones pero, sobre todo, por la presencia de centenares de policías con armaduras modernas, gases e itakas. “La policía no fue a enfrentarse con nadie”, diría Vidal al atardecer. No parecía. Fundado en 1865, el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda está situado en la calle Dr. Ramón Carrillo 375, en la parte sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la pared de enfrente del psiquiátrico un graffiti advierte: “Se prohíbe el ingreso de cámaras al hospital. Lo que pasa aquí adentro NO SE PUEDE MOSTRAR”. Detrás de altas rejas, sobre la calle principal, hay una guardia privada controlando qué se ingresa en mochilas y bolsos. Desde la entrada, su fachada imponente en reparación muestra un pequeño estacionamiento y luego un gran bloque de concreto que sirve de frente a una estructura pabellonal de altas moles idénticas entre sí, separadas por espacios verdes. El extenso parque sobre Carrillo. Pasando esa mole hay un parque donde deambulan algunos pacientes que a veces se acercan a algún visitante para pedirle un cigarrillo o algún dulce. Una canchita de fútbol en desuso, un edificio en mal estado con paredes y persianas rotas, dan muestra de un abandono estatal. En algunos casos faltan directamente las ventanas y los marcos. La apatía llegó al punto de que durante más dos años distintas organizaciones reclamaran la reinstalación del gas; algo que no se efectivizó hasta que lo exigió la Justicia. Un pequeño patio sirve de congregación a un grupo de internos en el espacio donde se instala diariamente LT22 Radio La Colifata, una emisora gestionada por los internos que no cuenta con apoyo institucional y que busca resaltar de manera creativa que quienes allí viven son sujetos de derecho. Más allá: tierra, un pequeño edificio multicolor utilizado por el Frente de Artistas donde solidariamente realizan actividades con los internos y sus familiares tendientes a colaborar con su integración de una manera humana. Sobre la derecha, un paredón delimita la Unidad Penal 20 que recluye a inimputables. Siguiendo por el medio del terreno arbolado, una pequeña construcción donde luego se atendería a las víctimas de la violencia policial. Ya desde ahí se veía a unos 500 metros un vallado de chapas y a la Metropolitana con protectores, escudos, gases, rifles y bastones apostados para la guerra, en una actitud poco negociadora que no se condice con la vocación de amor y paz que pregona el jefe de Gobierno porteño adepto al Sri Sri Ravi Shankar. Ya con gremialistas, personal de Salud de otras instituciones, vecinos, legisladores y medios de comunicación presentes, posicionados enfrente de la Policía, comenzaba la primera de cuatro oleadas represivas. Una enfermera que necesita de un bastón para trasladarse fue arrastrada del brazo 100 metros hasta llevarla detenida. Los pedradas en respuesta a las agresiones no tardaron en aparecer. Diputados que mostraban sus fueros parlamentarios reclamando que la autoridad al frente del operativo se presentara, eran rociados con gas pimienta y salvajemente golpeados. Pacientes y familiares que deambulaban recibían disparos de balas de goma. Médicos y trabajadores eran golpeados con palos, empujados con los escudos y literalmente pasados por arriba. Uno de los primeros medios en llegar fue Crónica TV y el nivel de agresión que testimoniaban llevó a todos los medios a enviar corresponsables. En diciembre pasado se había aprobado, entre otras leyes, una que aprobaba la venta del Edificio del Plata, ubicado a metros del Obelisco y donde se establecía que el dinero producto de la venta se destinaría al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad administrativa en el sur de la ciudad. Según consta en la versión taquigráfica, el jefe del bloque macrista, Fernando De Andreis, dijo: “Votaremos el texto tal como está. Pero quiero decir que quedó en claro que no se avanzará en los terrenos del Hospital Borda”. Palabras reforzadas y repetidas por el compromiso del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo. Sin embargo, la demolición de los talleres protegidos responde a la intensión manifiesta de crear el Centro Cívico en esos terrenos. Cada hora que pasaba, se acercaban más vecinos, más medios y más políticos de todos los partidos, menos del PRO. La segunda oleada ocurrió pasadas las 8.30 y de democrática sólo tuvo que fue para todos por igual. Un policía que usaba una boina de costado y lentes oscuros emulando a algún boina verde de una película de guerra avanzaba disparando como si se tratara de bolitas de pintura. A sus costados, los policías avanzaban en línea, como en una demostración de práctica. Se adelantaron 100 metros y sostuvieron su posición mientras los presentes que habían retrocedido se acercaban a cuestionar sus métodos. Algunos filmaban con sus celulares los rostros debajo de los cascos aunque los más violentos tenían su cara tapada y no llevaban la identificación reglamentaria. Un fotoperiodista de Clarín había recibido un balazo de goma en la cara y en lugar de recibir atención médica fue llevado preso junto con otros detenidos. Se decía que en la guardia tenían orden de no atender a los heridos que no fueran internos y, por eso, se había improvisado un espacio de asistencia en un patio alejado. La Colifata nunca dejó de realizar su transmisión. Rodeado de los internos que habitualmente participan de esta actividad. Los parlantes reproducían sus observaciones de lo que ocurría: “A veces querés salir de acá corriendo; pero cuando ves los noticieros, querés correr para acá”. Uno de los separadores de la radio dice: “Los locos no son locos”. Al medio día, la concurrencia ya era masiva. Como si existiera la posibilidad de frenar tanta ferocidad haciéndoles comprender lo impopular de su accionar. La violencia pronto alcanzaría la categoría de obscena. Los trabajadores de prensa intentaban testimoniar lo que ocurría y mientras entrevistaban a los profesionales de la salud, gremialistas y legisladores allí apostados, los policías volvieron a avanzar, disparando balas de goma en todas las direcciones y rociando con gas pimienta a quien les opusiera alguna resistencia. La violencia iba creciendo y la represión era cada vez más salvaje. A un costado, el periodista de C5N mientras eran atropellados por las líneas policiales le gritaba a su camarógrafo que grabara en tal dirección y el camarógrafo que intentaba mantenerse en pie sosteniendo la cámara giraba su cabeza hacia donde creía estaba su compañero y, con los ojos como dos pelotas de ping pong rojas tajadas horizontalmente, y llorosos y ciegos, le respondía: “¡No puedo! ¡Me tiraron gas pimienta! ¡No veo una mierda!”. Un poco más allá, un delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibía un itakazo con perdigones de goma a menos de un metro lo que le dejó 13 agujeros en la espalda, en un círculo muy pequeño, a la altura de los riñones. Cayó al piso de tierra, pedregoso, y le pasaron por arriba lastimándole además los brazos. Cuando pudo levantarse, notó que a su lado, en el piso, un cartel en lona plástica amarilla abandonaba la consigna: “Disculpá las molestias”. Damián Vilela es ese delegado de ATE, en diálogo con Miradas al Sur denunciaba: “Me dispararon de al lado, ni siquiera respetaron la distancia mínima... y me apuntaron al riñón, para romper”. La Policía obligó a los concurrentes a replegarse algo más de 200 metros y se detuvieron. La gente volvió a juntarse cada vez con menos paciencia. Pero una orden hizo que la guardia retrocediera hasta el vallado, luego hacia la izquierda y finalmente se retiró detrás de las chapas. Luego de un breve desconcierto, algunas organizaciones decidieron concentrarse e improvisar una asamblea que decidió, como primera moción, que un grupo de 50 personas fuera con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) a la Comisaría 4ta para exigir la liberación de los detenidos. Ismael Jalil, de Correpi, expresó: “La lectura que hacemos nosotros es la misma que sostenemos desde hace tiempo y que tuvo su mayor corolario cuando el Indoamericano, sólo que esta vez no participó La Federal, y que no es distinta de la represión de La Rioja, Catamarca o San Juan. Sabemos que el gobierno de Macri es capaz de cualquier accionar con tal de concretar sus negocios inmobiliarios, pero lo que sí notamos es una resistencia popular cada vez mayor. También sabemos que cuantos más seamos, más difícil se les va a hacer seguir con esta metodología porque quedará en evidencia”. Mientras tanto, la asamblea evaluó lo ocurrido comprendió que mientras ocurría la represión, detrás del vallado las topadoras terminaban de demoler los talleres. Un grupo de ATE realizó una asamblea interna aparte para decidir si se convocaba a un paro, pero eran interrumpidos por los primeros asambleístas que reclamaban que se hiciera un planteo conjunto. Mientras tanto, un grupo pequeño con los rostros tapados, exacerbados por la violencia recibida y la tensión del ambiente, comenzaba a retirar las chapas para constatar que no había quedado nada de los talleres y que la Policía, lejos de irse, estaba esperando ese momento. Fue el momento en que volvieron a escucharse los disparos y volvieron a responder con piedrazos. El diputado Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) recibió dos balazos de goma, palazos y gas pimienta en los ojos directamente: “Esto comenzó temprano y fue terrible, pero lo peor es que montaron todo este aparato represivo como un distractivo para poder demoler”. Remarcó que la Justicia todavía no se había expedido respecto de la anulación o no de la cautelar que impedía la construcción del Centro Cívico en esos terrenos y subrayó que la Legislatura podría haber sido un elemento catalizador del conflicto. “Lograron su objetivo a costa de 10 detenidos y más de 50 heridos.” Calificó la agresión como de irresponsable y advirtió que pudo haber muertos. “Fue una situación caótica. No respetan ni las instituciones.” Estaban presentes también los legisladores del Frente para la Victoria: Juan Cabandié, Horacio Pietragalla, Francisco Tito Nenna y María Rachid; el diputado Alejandro Bodart y Rafael Gentili del Mov. Proyecto Sur; la diputada de Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón. También la ex diputada y dirigente del MST Vilma Ripoll, quien indicó a Miradas al Sur que “macri logró su objetivo, pero tendrá un costo muy alto”, en referencia a que logró derribar los talleres pero que deberá pagar un alto costo político. “Esta brutal represión que la Policía Metropolitana desató contra trabajadores, pacientes, familiares y Legisladores nos recuerda las fuerzas de ocupación de las peores dictaduras cando ingresaban con topadoras y tanques”, observó el diputado Edgardo Form (Frente Nuevo Encuentro) y agregó que aparecieron por la madrugada para tomar por sorpresa a todos. “La Policía se hizo presente para proteger a la empresa que derribó los talleres protegidos vulnerando las normas de la Justicia, porque está vigente la cautelar que impedía que lo hicieran... está más que justificado un pedido de apelación y de pase al costado”. El legislador y médico Jorge Selser (Partido Socialista Auténtico) observó: “El macrismo ha asumido con el único objetivo de hacer negocios y su ambición, no tiene límites”. Recordó que este tipo de represión es inaudito en los terrenos de un hospital público. “Tengo 60 años y he vivido dos dictaduras, la del ’66 y la del ’76; nunca había visto una represión así en un hospital”. Y si bien hay decisiones que deberán tomarse en conjunto con su bloque y con los demás bloques de la Legislatura, “debemos llamar a una sesión especial donde estén presentes los responsables de todo esto y pedir las renuncias correspondientes. Creo que el caso amerita un pedido de juicio político contra Macri”. Poco después, cerca del pabellón, un artista que concurre eventualmente al Borda para dar una mano, hablaba con otro. Por atrás, se le acerca un interno con claras marcas de angustia en su rostro, un padeciente. Le toca el hombro y le pide un abrazo. El artista acude y ese encuentro que duró un par de minutos alivió su penar. Fuente:MiradasalSur
Un día después de la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del hospital neuropsiquiátrico José Borda, que dejó más de 50 heridos, todos los bloques de la oposición le pidieron la renuncia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, donde repitió los mismos argumentos que esgrimió el jueves el jefe de gobierno, Mauricio Macri, para justificar la brutalidad del operativo, que no contó con ninguna orden judicial. Sostuvo que "la violencia no fue generada por los efectivos, que fueron agredidos en diferentes circunstancias durante una hora y media", pero a la vez prometió "una clara autocrítica sobre cómo fue realizado el procedimiento, para que en definitiva este tipo de situaciones no se repita". Las explicaciones del ex juez federal que tuvo a su cargo la creación de la 26ª fuerza policial del país a partir de 2008 buscaron eludir la responsabilidad política del operativo represivo, con una añeja estrategia institucional que redujo la gravedad de los incidentes a "casos aislados" que serán "investigados y sancionados" por una "auditoría externa policial". No fue la primera cita del funcionario que ha transitado distintas partes del recinto para defender la creación de la fuerza en 2008 y la designación del ex comisario de la Federal Jorge "Fino" Palacios, que renunció poco después, ante el escándalo que desató la existencia de una red de escuchas ilegales dentro de la comuna. Ese caso lo obligó a responder duras denuncias realizadas en su contra ante la Comisión Investigadora que sesionó hace dos años.
Luego de la feroz represión de la Policía Metropolitana contra médicos, internos, manifestantes y legisladores que se oponen a la construcción del Centro Cívico en terrenos del hospital Borda, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad le prohibió al Gobierno porteño hacer modificaciones o instalar estructuras del futuro edificio administrativo en el predio
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