“La reforma sirve para sanear la Justicia”
La jefa de los fiscales y referente del movimiento “Justicia legítima” está convencida de que “hay que quebrar el elemento corporativo judicial” y asegura que “traer gente ajena a la corporación judicial puede ayudar”.
Por Irina Hauser
Imagen: Bernardino Avila
Alejandra Gils Carbó empieza la entrevista riéndose, mucho y fuerte, ante una pregunta sobre la comparación de la reforma judicial con un golpe de Estado, planteada por la oposición, que le atribuye al Gobierno pretensiones de impunidad y manejo de la Justicia. “Me parece realmente una comparación tan descabellada”, justifica su reacción. La procuradora general, que tiene liderazgo en el movimiento “Justicia legítima”, respalda los proyectos del Poder Ejecutivo, que ve esenciales para “sanear la Justicia”, y postula que el razonamiento debe ser contrario al de sus críticos: ella advierte que ha sido históricamente la familia judicial tradicional la que convalidó los golpes cívico-militares cuando “minorías poderosas vieron peligrar” su intereses políticos y económicos; que esa es la lógica que ha perdurado en el tiempo, con jueces dóciles antes las presiones corporativas, y que es la que ha alejado el sistema judicial de la ciudadanía. Según Gils Carbó, la judicialización de los proyectos es parte de esa maquinaria que intentará frenar cualquier cambio.
Aquí, analiza las propuestas y cuestiona el paro convocado por el gremio judicial que, acota, siempre reclamó el ingreso por concurso a tribunales. En medio del bullicio de un encuentro de “Justicia legítima” en Tandil, que es parte de un recorrido por distintos puntos del país, Gils Carbó le dijo a Página/12: “Esta reforma tiene el acierto de tocar puntos que hacen quebrar un funcionamiento corporativo disfuncional, por ejemplo a través del ingreso democrático. ¿Quién puede criticar que se ingrese a la Justicia de manera igualitaria? Por efecto de las designaciones por padrinazgo y parentesco hoy tenemos la misma clase de jueces, con intereses elitistas alejados de los intereses de la sociedad, que hace unos cincuenta años, con el modelo aristocrático”.
–¿Pero usted diría que todo el Poder Judicial es así de elitista? –le preguntó este diario.
–No, claro. Si no, no existiría “Justicia legítima”. Pero es preponderante. La Justicia ha sido adiestrada en legitimar la dictadura y el vaciamiento neoliberal, además del carácter corporativo de los poderes fácticos. Por mi propia experiencia como fiscal, puedo decir que cuando aparecen las corporaciones se quiebran las normas. He hecho decenas de denuncias por temas económicos de este tipo en el Consejo de la Magistratura, que no tuvieron destino.
–¿Algún ejemplo?
–Uno tuvo su origen cuando la Cámara Comercial decidió negarme la intervención en grandes concursos preventivos donde litigaban acreedores y ahorristas contra grandes compañías que querían aplicarles quitas a sus derechos de propiedad ante su situación de indefensión. En medio de esos procesos donde había tanta asimetría, que eran escandalosos, a uno de los jueces, José Luis Monti, le detectaron un depósito de un millón y medio de dólares que no pudo explicar. Había lavado y evasión fiscal, no hablar de enriquecimiento ilícito. Pero la denuncia fue rechazada porque ya estaba jubilado. Ese hombre sigue yendo a los actos de la Cámara, hay mucha degradación.
–¿Piensa que una mayor representación de académicos y científicos en el Consejo de la Magistratura va a cambiar esa lógica de protección a jueces?
–Algo hay que hacer. Traer gente ajena a la corporación judicial puede ayudar. En el Consejo hoy están los funcionarios políticos que tienen su interna; los abogados y los judiciales son los que traban cualquier tipo de acto importante. Los académicos tienen la mentalidad de un ciudadano. La situación actual es inadmisible.
–Si tanto los consejeros académicos/científicos, como los jueces y abogados se postularán con partidos políticos (para ser elegidos por el pueblo) ¿eso no los pone en situación de tener lealtad partidaria? ¿Los acuerdos políticos garantizan que no habrá protección?
–A mí me votaron en el Senado representantes del pueblo, y no respondo a ningún partido político. Una persona con trayectoria no es una marioneta. No está necesariamente encuadrada. Desde ya, quebrar el elemento corporativo judicial me parece esencial. Así no podemos continuar, perjudica a la sociedad. Hay que sanear la Justicia y el órgano que la controla debe funcionar.
–Las asociaciones, y también jueces sueltos, se quejan de que la reforma pretende cambiar la mayoría actual de dos tercios requerida en el Consejo para iniciarles juicio político o elegirlos, por una mayoría absoluta (la mitad más uno). Eso, dicen, los vulnera y deja a merced de la mayoría política.
–Supongo que la causa de esta medida (cambiar las mayorías) es la inoperancia actual del Consejo de la Magistratura. ¿Alguien tiene una idea mejor? Que traiga su propuesta. Hay una trenza de redes corporativas en el Consejo que brinda impunidad a los magistrados. Es una cuestión muy grave. De todos modos, las medidas serán debatidas en el Congreso.
La forma y el fondo
–Estos días surgieron voces, como la del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que adhieren a “Justicia legítima”, que dicen que la reforma planteada no soluciona problemas de fondo y que no acercan el sistema judicial a la gente.
–Pienso que la reforma como está planteada ataca varios temas esenciales, y uno es el del Consejo, que tiene que controlar a los jueces pero no funciona. Lo que necesita la gente, además, es que la Justicia sea un servicio a la comunidad, no un sector privilegiado que defienda intereses privilegiados. El Cipce (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) hizo un estudio de grandes fraudes bancarios y cómo terminan por prescripción. Deberíamos estar horrorizados por esto, porque demuestra que donde hay grandes intereses en juego, hay vínculos aceitados para manejar la Justicia. Los cíclicos golpes cívico-militares ocurrieron cuando minorías poderosas veían peligrar su hegemonía política, y con el fin de dictar políticas públicas en función de intereses privilegiados. La deuda externa astronómica o la administración de los fondos de los jubilados por parte de entidades financieras sin fines asistenciales ni de solidaridad, fueron posibles porque hubo un Poder Judicial que lo legitimó. Hoy es la pelea por la concentración económica, pero lo cierto es que el Poder Judicial está adiestrado para defender intereses corporativos. Esto planteamos en “Justicia legítima” y estamos recorriendo regiones, y en todos lados hay un reclamo de democratización. Pienso que el Inecip debe reclamar una reforma procesal, que fue anunciada por la Presidenta, pero que tampoco es garantía de un saneamiento en la Justicia.
–¿No ayudaría una reforma procesal?
–Puede ser, pero fíjese que en la provincia de Buenos Aires se aplica el sistema acusatorio (donde los fiscales tiene un papel preponderante en el impulso de las investigaciones) y no se produjo un saneamiento en la Justicia. Los jueces, por ejemplo, se desentienden de lo que pasa en las cárceles, de la violencia que hay allí, a pesar de que les compete. La reforma, tal como está planteada, sirve para sanear la Justicia, y va a ser a corto plazo.
–¿A corto plazo? Ya se anuncian varios planteos de inconstitucionalidad una vez que se apruebe, la judicialización parece irrefrenable.
–Puede ser a corto plazo. Ya se habla de judicializar este tema porque hay intereses enormes de quienes manipulan la Justicia y de jueces por mantener el sistema de impunidad. De acuerdo con mi experiencia, es evidente que hay sectores extra e intra tribunales donde van a tratar de frenar la reforma. Esto no significa que no pueda haber mejores proyectos u opiniones. Pero no se puede mantener las cosas como están. Desde “Justicia legítima” tratamos de promover un cambio cultural, comprometido con los temas sociales y el interés colectivo. La Justicia que tenemos está centrada en las formas y la falsa neutralidad.
Cautelares
–¿Para qué son las medidas cautelares y qué cambiará si se aprueba la reforma del sistema de medidas cautelares?
–Una medida cautelar es una medida provisoria que dicta el juez para garantizar el cumplimiento de una sentencia. Si uno demanda a un particular, le puede embargar un inmueble para que no se insolvente. El Estado, no tiene este riesgo de insolvencia pero en realidad lo que ha llevado a que esto sea planteado en el proyecto elevado es el abuso de las cautelares. Hay corporaciones con poder económico que tienen en la gatera y las reparten para evitar que se apliquen leyes de la democracia o con pretensiones como vaciar el sistema jubilatorio, frente a lo cual los ciudadanos están inermes.
–Frente al proyecto de limitar las cautelares se llegó a hablar de que los jubilados ya no van a poder hacer juicios, ni les van a dar remedios, o que corre peligro el dinero en cajas de seguridad, y hasta la vivienda que podrá ser fácilmente expropiada.
–Todo es falso. Lo único que persigue el proyecto es evitar que las medidas cautelares puedan seguir utilizándose para neutralizar políticas públicas dirigidas al interés general. Eso es un acto de corrupción. Cuando estaban las AFJP, y se pagaba 100 pesos de jubilación, ¿alguien salió a decir algo? ¿Por qué nadie hablaba de esto cuando les hacían comprar títulos sobrevaluados de empresas privadas? Hay grandes intereses creados y van a dar una dura batalla.
–Hay ONG, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que plantean problemas de constitucionalidad del proyecto de cautelares, y señalan que –por ejemplo– no garantiza el acceso a la protección de derechos de los sectores más vulnerables, poniendo incontables requisitos para demostrar si están en riesgo la vida, la salud o la alimentación.
–No lo tengo bien estudiado, pero además no puedo opinar porque es muy posible que tenga que dictaminar cuando lleguen los planteos de inconstitucionalidad.
Corte y recortes
–¿Cree que tres nuevas Cámaras de Casación realmente van a agilizar el sistema o van a burocratizarlo más?
–Van a ordenar las cosas como corresponde. No puede estar la Corte resolviendo todos los casos de arbitrariedad, hay muchos tribunales donde hay cooptación en las segundas instancias. No es prolijo para el estado de derecho. Lo prolijo es que haya Cámaras intermedias, como en muchos otros países.
–¿Qué son los casos de “arbitrariedad”?
–Las sentencias que se apartan mucho de las constancias de la causa y del derecho en las que interviene la Corte excepcionalmente aunque no sean cuestiones de derecho federal (como planteos de inconstitucionalidad). Las nuevas Cámaras de Casación captarían esos casos.
–En la Corte perciben una intención de recortarles poder y, en concreto, el manejo de la administración del presupuesto del Poder Judicial. ¿Usted qué piensa?
–Que el proyecto está pensado para respetar la Constitución, que dice que es el Consejo de la Magistratura el que tiene que manejar el dinero del Poder Judicial. Hasta ahora lo maneja la Corte por una decisión ajena al texto constitucional. Por lo tanto, que se restituya al Consejo es una preocupación sectorial de la Corte, alejada del ciudadano común, que lo que le importa es tener acceso a la justicia. No me parece que en estos últimos diez años la Corte se haya planteado cosas básicas que tienen que ver con el funcionamiento de las institucionales. El comunicado (de diciembre) de la comisión de independencia judicial de la Corte convalidó prebendas y el famoso turismo judicial de jueces que se negaban a separarse de la causa de la ley de medios. En una causa donde había que tener la mayor asepsia, la ciudadanía tuvo que ver todas estas desprolijidades. Ahí salimos nosotros (“Justicia legítima”), que no queremos una Justicia de acuerdo a los vientos políticos y los poderes fácticos.
–¿Y qué le parece el anuncio de paro de la Unión de Empleados de la Justicia para la semana que viene?
–No veo cuál puede ser el agravio del gremio frente a la reforma. No significa que haya cambios en la política salarial. (Julio) Piumato está llamando a un paro por una reforma que favorece neutralizar las prácticas de la familia judicial, donde solo se entraba por padrinazgo y que él mismo cuestionaba. Si ahora está en contra deberíamos cuestionarnos la representatividad del gremio. En el encuentro de “Justicia legítima” en Tandil había representantes gremiales y estaban todos desconcertados frente a esto.
–Para instalar el ingreso democrático (por examen) para trabajar en tribunales, no haría falta una ley sino reformas reglamentarias. La Corte no las implementó. La defensoría, sí. ¿Ustedes en el Ministerio Público Fiscal?
–Nosotros próximamente vamos a reformar el reglamento de concursos para magistrados, para que sean más rápidos, transparentes y den igualdad de oportunidades. Las designaciones que hice desde que fui nombrada en la Procuración, para las que estoy facultada, las hice para armar áreas esenciales que no pueden esperar. Privilegio los efectos sociales para que haya, por ejemplo, una procuraduría de drogas, que es un flagelo social, una generadora de todo tipo de delincuencia. Tengo facultades para la designación.
–¿En qué quedó su iniciativa para que los fiscales paguen Impuesto a las Ganancias?
–Yo tengo que preservar la igualdad salarial y el régimen tributario (de los fiscales) en relación al de los magistrados. Por lo tanto, voy a tener que esperar lo que digan los jueces de la Corte. Ellos no quisieron consensuar un mecanismo para que todos empiecen a pagar Ganancias, entonces tenemos que esperar.
–A partir de la discusión que se plantea en torno de los proyectos del Poder Ejecutivo se habla de “internas” en “Justicia legítima”.
–En absoluto. Incluso sacamos un comunicado apoyando la reforma y nadie llamó para quejarse. Lo que hay es reflexión y debate.
–El ideal de una “Justicia legítima” supone que hay una “Justicia ilegítima”. ¿En qué consiste esa ilegitimidad?
–En la distancia de la magistratura con los intereses de la comunidad, es eso. El sistema de administración de justicia debe estar al servicio de la sociedad, no de legitimar grandes inequidades.
EL TAMAÑO SI IMPORTA: CAUTELAR A LOS DESPROTEGIDOS Y NO A LOS PODEROSOS
El fuerte y el débil
El impulso democratizador responde al bloqueo del Grupo Clarín a la ley audiovisual mediante medidas cautelares. Vistos a través de este prisma, algunos proyectos enviados al Congreso son excelentes. Hay otros buenos, regulares y malos, y es dudosa la constitucionalidad del que regula las medidas cautelares. Si el problema es el Grupo Clarín no hay por qué desamparar a los condenados de la tierra. La oposición blande la Constitución pero reclama que no se aplique al Consejo de la Magistratura.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Leandro Teysseire
Desde el oficialismo nadie ha querido disimular que el debate sobre la denominada democratización de la Justicia es consecuencia del bloqueo a la ley de servicios de comunicación audiovisual que el Grupo Clarín logró mediante medidas cautelares. Este sinceramiento es un buen punto de partida para analizar la batería de proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que ambas cámaras están tratando, bajo una intensa presión política y mediática. La simultánea decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de aquella ley completa el panorama. El análisis de los proyectos no avala las lecturas extremas. Ni consumarán la revolución copernicana que pregona el gobierno ni peligran las instituciones como repiten los pastorcitos de la oposición, siempre dispuestos a anunciar una catástrofe inminente con tono jubiloso. Uno de ellos llegó a formular el original concepto de “excluidos morales”, que serían los asistentes al caceroleo del jueves 18. Algunos de los proyectos son excelentes, otros son buenos, los hay regulares y también malos e incluso uno que incurriría en restricciones inconstitucionales a derechos básicos. Todos regulan la relación entre el poder político y el sistema de Justicia, pero no inciden en las actitudes judiciales ante los diversos conflictos propios de la exclusión social y la desigualdad. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de la violencia o la desidia institucional, con o sin trenes y/o inundaciones. Desmenuzar a fondo cada proyecto requeriría más tiempo que el disponible. Pero la reacción de las fuerzas opositoras, amuchadas para rechazarlos en los medios antes de conocer su contenido, y la práctica rabiosa con que decidieron enfrentarlos, mediante la deserción del trabajo legislativo y las comparaciones con el fascismo o con el golpe militar de 1976, tiende a convalidar la premura que objetan. Esto conforma un círculo vicioso en que oficialismo y oposición se complementan y cada uno se aproxima un paso a la caricatura con que lo dibuja el otro. Los mismos que se escandalizaron cuando CFK dijo que la privatización había secuestrado los goles, proclaman ahora que la desaparecida es la República. Un ex fiscal especializado en rechazar hábeas corpus durante la dictadura llamó ahora megalómana que no tiene vergüenza a la presidente. Mejor que la ópera italiana sería revisar los textos.
Armonías y conflictos
La táctica oficial sugiere conocimiento del grado de dificultad de cada uno. Aquellos sobre los que existe consenso social y político ingresaron por la Cámara de Diputados, donde al gobierno no le sobran votos. En cambio, la cómoda mayoría oficialista en el Senado recibió aquellos proyectos que suscitan perplejidades o rechazos. Diputados tratará esta semana las normas que hacen a la transparencia: accesibilidad a la declaración jurada de los funcionarios de todos los poderes del Estado, publicidad de las acordadas y resoluciones de cada tribunal e ingreso por mérito al escalafón judicial (que es aquello contra lo que reaccionó Julio Piumato anunciando un paro de 72 horas, algo que no hizo cuando su patronal, que es la Corte Suprema, le vedó la participación en la obra social que atiende a sus afiliados). Tal vez sea este último punto el que mejor ventile la sofocante atmósfera de la familia judicial, expresión que es mucho más que una metáfora, ya que Zutano contrata al hermano de Mengano que designa a la hija de Perengano quien ya le consiguió un lugar al tío de Zutano y todos ellos comparten gustos y amistades con los abogados que representan intereses económicos, conformando un territorio hostil a los sectores populares. Durante las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema dio pasos valiosos en cuanto a la publicidad de sus actos, pero el sistema que aplica aún es incompleto e impreciso y no permite saber cuántas y cuáles causas sobre determinado tema esperan sentencia en el máximo tribunal, por ejemplo en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, los expedientes cambian de carátula y/o de número en cada instancia, lo cual refuerza la dificultad. Una parte de este problema sería salvado por el proyecto del Poder Ejecutivo, al requerir que se especifique el número de cada uno, su carátula, el objeto del pleito, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones, estado procesal y fecha de ingreso a cada tribunal. Pero bajo el argumento de resguardar el derecho a la dignidad y al honor de las personas seguiría siendo imposible acceder a una causa por el nombre del acusado, lo cual es poco razonable. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes.
El Papa y San Lorenzetti
El Senado discutirá la creación de nuevas cámaras de casación, la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares en causas en las que sean parte el Estado o sus entes descentralizados. Si de verdad se instalan los nuevos tribunales de Casación (y no ocurre como con la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida) podrán cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de un Tribunal Constitucional. También aliviarán la tarea de la Corte, que despacha una cantidad absurda de causas por año, para lo cual termina delegando las decisiones en funcionarios inferiores. Pero es imposible impedir que así dilaten los plazos, lo cual no favorece el acceso a la justicia de los sectores populares. La elección popular de los consejeros va en sentido opuesto a las lógicas corporativas y favorece el acceso de sectores hasta ahora marginados, siempre que se asegure que, aun dentro de las nóminas presentadas por los partidos, representen a los jueces y los académicos, como sugiere la reforma de la ley 26.571, para que los partidos puedan postular extrapartidarios. La inclusión de todos los candidatos en la misma boleta sábana también podría moderarse con el sistema proporcional de distribución de cargos, lo que daría lugar a más de una minoría e incrementaría la diversidad de opiniones. Tampoco parece lo más conveniente que su elección coincida con la de presidente, donde se acentúa la polarización. Sigue pendiente una discusión a fondo sobre algunas de las cuestiones que se tocaron en los paneles de discusión de Justicia Legítima: la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías; la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro; la oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias, como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros; la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir. La reforma del Consejo de la Magistratura es el proyecto que mayores resistencias provoca en la Corte Suprema, cuyo presidente anunció que no opinará porque el tribunal deberá pronunciarse una vez que el Congreso sancione las leyes. Esta filosa advertencia fue seguida por un encuentro con jueces y camaristas que fueron incitados a formular pronunciamientos públicos y por la oportuna publicación de una carta del Papa Francisco, quien le dijo que hablaría con Dios sobre él. Este recurso al teléfono celeste ilustra a quienes fantaseaban que se desentendería de la política local. De convertirse en ley, devolvería al Consejo de la Magistratura las facultades que le asignó la Constitución y le expropió la Corte, de “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados” y “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial”. Los denodados republicanos que saldrán a la calle el martes en defensa de la Constitución entienden que el cumplimiento estricto de su artículo 114 procura reducir el poder de la Corte y controlar a la Justicia. Para gente con una visión tan pesimista sobre sus propias posibilidades, sólo queda rezarle a San Lorenzetti.
Con cautela
No sólo es dudosa la constitucionalidad del proyecto que limita las medidas cautelares, tampoco apunta con precisión a los poderes fácticos que preocupan al gobierno y que poseen capacidad económica para costear los abogados más caros y mejor conectados. En cambio, afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan medidas cautelares y recursos judiciales sencillos y rápidos para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando se trata de relaciones de contenido patrimonial entre el Estado y las empresas, la regulación es valiosa, porque el Estado protege el interés social y la voluntad popular. Pero hay muchas situaciones en las que aún sin estar en juego “en forma directa” la vida, la salud, la alimentación ni el medio ambiente, las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales, como la protección de los migrantes contra la expulsión y su derecho a la educación; la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas; la suspensión de normas que limitan en forma inconstitucional la libertad personal; la defensa de la libertad sindical o la exigencia de acciones positivas del Estado, de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad. No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos. Es posible evitar los abusos que se han conocido en estos años y al mismo tiempo garantizar la tutela judicial de sectores a los que les cuesta acceder a una defensa rápida y eficaz de sus derechos. Si los requisitos para su admisibilidad son casi imposibles de sortear y se exige una contracautela que obra como valla para quienes no tienen bienes o posibilidad de acreditar ingresos que solventen los gastos del proceso, y si además la apelación suspende el efecto de la cautelar, terminará por crecer la brecha que se pretende reducir y la herramienta sólo seguirá disponible para quienes puedan costear los mejores servicios jurídicos y estén dispuestos a hacer un complejo recorrido por los vericuetos judiciales hasta la sentencia definitiva. De haber regido esta regulación, ninguna medida cautelar hubiera impedido la demolición de la ESMA dispuesta por Menem, ni la privatización del PAMI. Tampoco podrían haberse suspendido los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense, evitando daños irreparables mientras se discute su constitucionalidad. Al restringirse las medidas de no innovar a “una conducta material” del Estado, quedan excluidos todos los actos administrativos formales y sólo se puede reclamar contra los hechos consumados. La fijación de plazos estrictos condiciona a la víctima de una violación de derechos y no al juez y a la otra parte, salvo que una regulación específica les exija un comportamiento diligente (con deberes agravados) para llegar rápido a una decisión de fondo y no que se supedite todo al plazo de vigencia de la cautelar. Ni pensar qué ocurriría en las provincias, si una legislación similar se reprodujera en cascada.
Si el problema es el Grupo Clarín no hay por qué desamparar a los condenados de la tierra.
Legitimidad democrática
Por Horacio Verbitsky
En contraste con la saludable iniciativa que el Poder Ejecutivo denomina de democratización de la Justicia, el oficialismo nacional y el de dos provincias, promueven la destitución de jueces y funcionarios que superan con creces el test de legitimidad democrática, mientras no avanzan los procedimientos contra otros que son emblema de los vicios y complicidades que se deberían desterrar.
La destitución del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias y del defensor oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil Julián Axat, ambos de La Plata, es promovida por un grupo de legisladores para quienes las órdenes del ministro Ricardo Casal son deseos, como su ex Subsecretario de Relaciones Económicas con la Policía, Guido Lorenzino, quien no tiene parentesco con el honorable ministro de Economía de la Nación. Afirman que ambos actuaron en la causa de los muertos durante la
inundación por fuera de su competencia, lo cual no es cierto. Axat realizó la presentación luego de recibir llamados sobre menores desaparecidos o muertos durante el desastre y de recorrer las zonas afectadas, donde distintos testigos le dijeron haber visto bebés y niños arrastrados por el agua. Como no han sido cubiertos los cargos creados por ley de Defensor provincial de Niños y de Defensor Público en lo contencioso sobre derechos económicos, sociales y culturales, debe actuar un defensor penal. La ley 14442 lo pone a salvo de “influencias o presiones de las autoridades”, para procurar que se cumpla para sus defendidos con los tratados de protección a los derechos humanos, la Constitución y las leyes. La competencia contencioso administrativa está fijada por el artículo 4º de la ley provincial 14.214 de hábeas data, cuando se trata como en este caso de averiguar datos en registros y archivos. Por orden del ministro Casal, Axat y Arias no pudieron ingresar a la morgue, lo cual reforzó su curiosidad. Así comenzaron a encontrar cuerpos de personas muertas como consecuencia del temporal, que eran computadas como casos no traumáticos y excluidas del listado. Dos declaraciones bajo reserva de identidad, una ante el fiscal Juan Condomí, del Opus Dei y La Cámpora (sic), y otra ante una instructora de la oficina de denuncias penales, indican que entre la morgue judicial y el Registro de las Personas, ambos dependientes de Casal, se acordó una operatoria ilegítima para ocultar el número de víctimas. Un médico de la morgue narró que se alteraron los protocolos establecidos, de modo que las víctimas pasaran a identificarse por un número y no con la carátula correspondiente a una investigación penal. Un abogado del Registro provincial de las Personas narró que su directora, Natalia Panella, ordenó que las defunciones traumáticas se inscribieran sin la intervención judicial que marca la ley y sin tomar las huellas digitales de aquellos no identificados. Médico y abogado, que no se conocen entre sí y trabajan en dos lugares distintos, coincidieron que en la morgue había sesenta cadáveres. Otro testimonio mencionó un alto número de cuerpos que se hallarían en el hospital naval, cosa que hasta el cierre de esta nota nadie había verificado o desmentido. Con los procedimientos descriptos, es posible la rotación de cadáveres en los mismos sesenta casilleros numerados, mientras se sepultan o creman otros, lo cual tornaría imposible determinar el número real de víctimas. La hostilidad del gobierno provincial hacia el juez y el defensor no es nueva. Axat y Arias denunciaron que la policía provincial extorsiona a jóvenes y si no roban para ellos los matan. Como abogado del estudio de Héctor Granillo Fernández, Condomí defendió hace una década en una causa penal al ahora intendente viajero Pablo Bruera, quien fue sobreseído por el juez Guillermo Atencio, el mismo al que ahora acudió Casal para que desplazara a Arias. Sobre Atencio penden tres juries de enjuiciamiento, el último por un allanamiento irregular a la casa de la ex pareja del Secretario de Fiscalía Leandro Rubio, que litigaba por alimentos, del que también participó Condomí. Aquí también, la familia judicial.
Al mismo tiempo, en Mendoza, se inició el proceso de destitución contra el juez de Menores Ramón Pérez Pesce, por haber concedido “un inusitada cantidad de hábeas corpus preventivos”, en favor de “jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada”. En una comisaría de San Rafael todos los detenidos por “averiguación de identidad” eran albañiles, changarines o desocupados, y ningún profesional. Esto demuestra “la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales, y el alto nivel de discriminación”. La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y una serie de organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el desplazamiento del juez constituiría “una muestra más de un Poder Judicial subordinado a los intereses de minorías corporativas”.
La misma amenaza pende sobre el juez federal Daniel Rafecas, en este caso por los mensajes que intercambió con el abogado de José Núñez Carmona, Nachito Ignacio Danuzzo Iturraspe. Esa imprudencia merece una sanción disciplinaria, pero no la destitución. El procedimiento fue impulsado por el oficialismo y apoyado por la UCR, que no perdona la rigurosa instrucción del juez en la causa contra el ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Desde la Procuración General, Rafecas coordinó hace una década la comisión de fiscales que comprobó cien procedimientos policiales fraguados. Gracias a ese trabajo fueron dados de baja 150 jefes, oficiales y suboficiales de la Policía Federal y se desterró esa práctica vil de maquillar estadísticas deteniendo sin causa a personas vulnerables. Parte de esa experiencia fue volcada en su tesis doctoral “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”. Juez desde 2004, es el que mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad. En el Cuerpo de Ejército I relevó más de veinte centros clandestinos por los cuales pasaron 1200 víctimas y detuvo a un centenar y medio de represores. La semana pasada arrestó al ex jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, absuelto en el juicio de 1985, en cuyo domicilio secuestró actas secretas de la Junta Militar y material de Inteligencia. Entre sus líneas actuales de investigación está el secuestro de empresarios que fueron torturados en Campo de Mayo para despojarlos de sus bienes. También procesó al jefe y subjefe de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, por el espionaje político que fue denunciado por un funcionario de la Inteligencia naval en 2006. En 2010 logró la recuperación pacífica del intrusado Club Albariños, y detuvo, procesó y envió a juicio oral a nueve responsables del delito. Rafecas es uno de los asistentes a los encuentros de Justicia Legítima.
Al mismo tiempo, sigue en funciones el juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Ri-ggi, cuyo juicio político fue solicitado como consecuencia de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra. José Pedraza, el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, el agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid fueron procesados por digitar el sorteo de modo que la causa recayera en la sala que presidía Riggi, de modo de conseguir la libertad de los miembros de la patota e impedir el arresto de Pedraza, que aún estaba en libertad. Aráoz fue relator de Riggi hace más de veinte años en el fuero penal económico y su primer acto como juez federal subrogante fue nombrar como secretaria a Laura Riggi, la hija de su protector. Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. El viernes 19 se anunciará el fallo por el asesinato de Ferreyra, mientras el juez que estuvo a punto de impedirlo sigue en funciones.
Por la ventana
Por Horacio Verbitsky
Luis María Cabral preside la Asociación de Magistrados. En ese carácter opinó que la reforma judicial que impulsa el gobierno es inconstitucional porque se propone “eliminar el sistema de un poder que controla la legitimidad de los actos de los otros poderes”, cosa que no se desprende de ninguno de los proyectos oficiales. Cabral es juez subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal, donde fue designado con un procedimiento escandaloso, emblemático de los que han sumido a la Justicia en el descrédito y abierto espacio para las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo: sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias, según denunció el fiscal general Jorge Auat, quien lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum. Pero la Cámara lo confirmó luego de un áspero proceso de discusión interna, del que Cabral participó en defensa de sí mismo, en vez de excusarse, como es de estilo. Las posiciones se dividieron, cinco a cinco, dado que Cabral opinó pero no llegó a tanto como votar. Sin embargo, él fue quien propuso la salida que se adoptó: que se rechazara el planteo pero se limitara su subrogancia al primer semestre de 2013 y se diluyera el caso con una acordada que también tocara otros casos por completo distintos. “De otro modo, me estarían echando por la puerta trasera”, dijo, en un diálogo de extrema franqueza corporativa. Sólo el juez Alejandro Slokar mantuvo su posición adversa y se pronunció por la conclusión inmediata de la subrogancia ilegal de Cabral. Auat y Slokar integran Justicia Legítima.
RESPALDO A LAS INICIATIVAS DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Voces a favor del cambio
Al cruce de las críticas opositoras salieron los diputados oficialistas Julián Domínguez y Diana Conti y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales. El juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se mostró entusiasmado con el debate.
Julián Domínguez, Diana Conti y Eugenio Zaffaroni hablaron sobre la reforma judicial.Imagen: Rafael Yohai, Télam y Pablo Piovano.
“Hace mucho tiempo esperaba que los políticos empezaran a discutir el tema judicial”, aseguró Zaffaroni, quien sostiene que “la estructura de un poder del Estado es un problema político” del que “los políticos nunca se hicieron cargo” de resolver. “No digo que lo que se está haciendo ahora esté bien o esté mal, no estoy abriendo un juicio, lo que me entusiasma es que se discuta”, destacó.
El titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, aseguró que “en el marco de los 30 años de democracia ininterrumpida, el gran desafío es construir más igualdad y nuevos derechos” y que en ese sentido “no puede haber una Justicia para ricos y otra para pobres”. El diputado señaló que “el proyecto que regula las medidas cautelares se hace pensando en un Estado que garantiza salud y educación, no en un Estado desertor de su responsabilidad social” y llamó a “generar un acceso a la Justicia que iguale las condiciones de todos los ciudadanos”.
Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, respaldó la aplicación del voto popular para designar a los miembros de ese organismo, ya que actualmente funciona como “un cuerpo muy corporativo”, ya que algunos representantes se eligen “sobre un colectivo de 680 jueces”. El funcionario sostuvo que “el Poder Judicial no tiene la legitimidad que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que da el voto popular”, de forma tal que “se ha buscado una fórmula de equilibrio para que las representaciones dentro del Consejo de la Magistratura sean equilibradas”.
Respecto de la iniciativa para aumentar el número de consejeros, Ordiales consideró que “se puede funcionar bien o mal, con más o menos miembros, todo depende de la organización y las funciones que tengan”. Según recordó, “el Consejo de la Magistratura de 20 miembros funcionaba relativamente bien, con algunos problemas” y “el Consejo de los 13 miembros también funcionó relativamente bien hasta que dejó de hacerlo por el bloqueo del sector minoritario”.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Diana Conti, señaló que el objetivo de ese proyecto es que “la ciudadanía, a través del voto, tenga su palabra” lo que “es diferente de decir que el Gobierno quiere cooptar un órgano para luego cooptar a los jueces”. Para Conti, si bien “el debate es duro, es interesante porque pone en evidencia el sentido corporativo de los que están en contra de este proyecto” que “plantea cambios culturales pero dentro del marco constitucional argentino”.
“Estoy segura de que el pueblo argentino va a terminar obteniendo un grado de felicidad mayor con esta reforma porque va a tener una incidencia clara respecto de un poder que tiene que prestar un servicio de Justicia, que se ha encerrado en sí mismo, salvo excepciones, y que no es igualitario para pobres y ricos”, concluyó la legisladora.
OPINION
Todas las batallas y la madre que la parió
Por Alejandro Slokar *
La reforma judicial tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado, y sus relaciones con la sociedad, nada menos que en un año electoral. En ese contexto, las tensiones al interior del Judicial, y en la política en general, son inevitables pero también buenas.
Difícilmente alguien pueda oponerse a los postulados de democratización, transparencia, agilidad, publicidad, etc. Lo que algunas interpretaciones cuestionan es el encuadre constitucional de algún proyecto, a mi ver, sin una argumentación suficiente y con clichés banales. Si la reforma entra en el terreno de lo constitucionalmente posible, sólo cabe discutir en términos de preferencias o gustos sobre mejores propuestas. Lamentablemente, aun cuando desde todos los sectores políticos se asume la crisis del Judicial, no hay modelos que se formulen y el debate sigue ausente.
Peor aún: se anticipa un escenario de judicialización de la reforma para obturar su efectiva vigencia en caso de consagrarse la ley; claro, cautelares mediante. Ello reafirma lo endógeno y corporativo, esto es, jueces que revisan leyes sobre jueces. En definitiva, algo nada lejano a la escandalosa acordada del ’96 que exime el pago de impuesto a las Ganancias.
En verdad, no hubo cambios institucionalmente virtuosos que hayan partido del interior del Poder Judicial, porque sectores corporativos con resistencia a los cambios siempre lo impiden en defensa del statu quo. Quizás algo similar a los desafíos del papa Francisco ante la estructura del Vaticano.
Al interior del Judicial, la espina dorsal de la reforma es el proyecto que procura la modificación del Consejo de la Magistratura. Es el más trascendente porque pone en juego el gobierno del Poder Judicial y su cabeza, al aclarar definitivamente la ingeniería institucional que se estableció en 1994.
En el reparto de tareas, la Constitución reformada le encomendó al Consejo la administración en general del Poder Judicial y la ejecución de su presupuesto, mientras la Corte Suprema –que hasta entonces tenía esas facultades– quedaba como máximo tribunal con competencia en los diversos ámbitos del derecho.
Lo que ocurrió en casi veinte años fue una traslación de las llamadas facultades de “superintendencia” del Consejo a la Corte, con pretendido fundamento en leyes anteriores a la reforma, y todo –o casi– en ese rubro siguió funcionando como si el Consejo no existiera, cuando es el ámbito que desde una representación amplia y plural –contra todo verticalismo autocrático– tiene constitucionalmente esa tarea.
La iniciativa en ese sentido claramente reafirma la Constitución y clarifica el ámbito de competencias: los jueces deben dictar sentencias y es al consejo al que le corresponde administrar. Más aún: obliga a la Corte a que en tres meses se transfieran todas las dependencias técnico- administrativas que no tengan relación directa con la función jurisdiccional. No hay que olvidarse de que, más allá de las tradicionales como la Obra Social, en el último tiempo las áreas creadas se fueron extendiendo cada vez más, a la vez que el ingreso de causas cada vez es mayor.
Para ello la vía de creación de una instancia intermedia como la Casación, de modo de descongestionar la labor de la Corte acercándola al modelo estadounidense, también es trascendente. Morello enseñaba que nadie puede negar la conveniencia de organizar un “filtraje” razonable y previsible ante la invasión de recursos a la Corte, tanto más cuanto se ha acrecentado la posibilidad del rechazo por aplicación del certiorari (art. 280), o la perpetuación de los caracteres pretorianos de uso frecuente para los rechazos. Es este estrechamiento del sistema de recursos lo que potencia la relevancia de la casación para satisfacer la tutela judicial efectiva.
* Juez de la Cámara Nacional de Casación.
LA OPOSICION JUNTO FIRMAS CONTRA LA REFORMA
De campaña por las esquinas
Dirigentes de la oposición al gobierno nacional recorrieron ayer esquinas selectas de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de recolectar firmas para oponerse a los proyectos de reforma judicial que trata el Congreso. Referentes del radicalismo, el PRO, Libres del Sur y la Coalición Cívica ofrecieron a los vecinos un petitorio –que por el momento no se presentará ante nadie– bajo el lema “Lo único que puede frenar la reforma a la Justicia es la sociedad”. Adelantaron que el escrito se podrá seguir firmando en los próximos días y reiteraron que el martes al mediodía harán un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales.
Las mesas en Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito apuntaron a alertar a los porteños sobre “las consecuencias que tendrá en su vida cotidiana” la reforma judicial. La movida “Por una Justicia independiente” se concentró en las esquinas de Cabildo y Juramento, Coronel Díaz y Santa Fe, Pueyrredón y Santa Fe, y el corredor ubicado en Rivadavia desde Avenida La Plata hasta Acoyte.
Los diputados Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza (Unión Por Todos) se mostraron al mediodía en Callao y Santa Fe. Pinedo destacó la “buena recorrida” y explicó que se realizó con el fin de concientizar “sobre la colonización judicial”. Bullrich celebró la unión de la oposición para rechazar “el intento de control total de la Justicia por parte del gobierno nacional”.
Hasta la avenida Rivadavia llegaron los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), junto con Sergio Abrevaya (Podes) y Laura González Velasco, referente de Libres del Sur por la Ciudad y los radicales Javier González Fraga y Rodolfo Terragno. “Los proyectos supuestamente democratizadores esconden el monstruo de querer controlar el Poder Judicial. Por eso estamos acá, escuchando a la sociedad”, dijo Donda. Gil Lavedra señaló que “es necesario que el pueblo se oponga firmemente a las iniciativas del Gobierno, que tienen por efecto arrasar con la independencia de los jueces, maniatar económicamente a la Corte Suprema y esterilizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado”. “Estamos juntando firmas para que la gente nos ayude a ponerle un freno al Gobierno”, dijo Prat Gay. “Sabemos que los números en el Congreso no nos dan, pero la reacción de la gente puede hacer cambiar de decisión a algunos diputados”, advirtió.
OPINION
Una reforma en proceso
Un debate profundo, la primera virtud de la reforma. La postura opositora, entre el silencio y el statu quo. Se vota en el Consejo, una polémica con historia. Los avances indiscutidos y las molestias de la Corte. Lo que falta en los proyectos oficiales: el servicio a los ciudadanos y el juicio por jurados. Reflexiones sobre avisperos y tableros pateados.
Por Mario Wainfeld
“Cuando se sabe qué va a pasar es que no va a pasar nada.” Fútbol, dinámica de lo impensado.
Dante Panzeri
Dante Panzeri
La respuesta sectorial sacudió el silencio corporativo. Sacó a jueces, fiscales y funcionarios judiciales del cono de silencio, catalizó un fascinante estado de asamblea. El primer saldo memorable ya se insinúa. Una revuelta cultural, un desafío inmenso y promisorio. Cuestionar a los popes del derecho y la magistratura, poner en entredicho su arrogancia, su jerga críptica, su caja de herramientas aristocráticas, sus privilegios antirrepublicanos, la elusión impositiva, la distancia con la gente del común. El oficialismo abrió una caja de Pandora en un cementerio privado, he ahí su mayor mérito. Muchos integrantes del Poder Judicial, abogados y estudiosos (para nada autómatas, esbirros o seguidores sin pensamiento propio) intervienen en el juego que, a fuer de democrático y pluralista, no tiene un final definido de antemano.
Desde la vereda de enfrente se propone el quietismo, la resignación absoluta al penoso statu quo. Se acusa al kirchnerismo de buscar ventaja política, que es proceder habitual de cualquier partido democrático. Sus adversarios, contradictoriamente, hacen centro en un argumento de oportunidad: recusan cualquier cambio (aun aquellos que consideran pasables o necesarios) alegando que el kirchnerismo sacaría rédito de ellos. Se resignan o se entusiasman con un programa conservador (o paralizante) al extremo por temor a que el kirchnerismo tenga más muñeca o poder que ellos. Las reformas virtuosas, según este discurso, deberán esperar hasta que el contingente oficialismo sea vencido en las urnas. El daño se considera menor a un virtual aprovechamiento del kirchnerismo. Son puntos de vista, acaso encubridores de un conservadurismo que no se franquea.
En paralelo, los medios dominantes y la oposición auguran una catástrofe electoral inminente del Frente para la Victoria (FpV). Y, al mismo tiempo, vaticinan que se quedará con una mayoría avasallante en el Consejo de la Magistratura merced a esos votos. No es un relato muy coherente que digamos, lo que tal vez explica que se enuncie a voz en cuello, para disimular.
Vamos a por otra incongruencia. Los senadores opositores se quejan porque no se abre el debate de los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso. Y ratifican su profecía, hurtando el cuerpo. Ya lo hicieron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), siguiendo directivas expresas del Grupo Clarín. Fue un papelón, improductivo por demás. Los diputados de la oposición, atinadamente, ya discuten si no es más sistémico y racional discutir en comisiones y recinto. Ojalá prime el tino y sumen sus razones a la controversia, que siempre esclarece, aunque no consigan frenar las leyes.
El oficialismo suma su ración a la estridencia de la polémica con apologías exorbitantes sobre un conjunto de leyes de dispar valuación que son insuficientes.
Los integrantes de “Justicia legítima” se siguen autoconvocando y reuniendo. Sus próximos pasos, si son coherentes, serán “ir por más”. Validar lo que suman los proyectos que ya tienen estado parlamentario y remarcar que, para ese cambio cultural y político, sigue faltando lo esencial.
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Un Consejo indefendible: Para analizar las modificaciones al Consejo de la Magistratura es forzoso recorrer su breve y frustrante historia. La Constitución de 1994 lo creó, resultó un Frankenstein, errático y torpe: jamás funcionó bien. Desactivar esa quinta rueda del carro, un injerto de la experiencia europea, exigiría una reforma constitucional. Esa perspectiva es entre difícil e imposible en la actual correlación de fuerzas y (tal parece) en la que dejarán las elecciones de octubre. Así las cosas, hablando del tablero real para variar, sólo quedan como recurso disponible las reformas legislativas. Se trata, convengamos, de ensayo y error. El anterior intento kirchnerista no produjo un Consejo dinámico y eficaz. Entre otras variables, apunta con agudeza el joven jurista Lucas Arrimada, “implicó que la Corte concentrara (o retuviese) más poder del que constitucionalmente le corresponde administrar, debilitando –aún más– al Consejo de la Magistratura”. Dicho en idioma llano, tan exótico al universo de las togas: antaño se puso en manos del Tribunal (o por ser más precisos de su presidente Ricardo Lorenzetti) una caja interesante. Un presidente re reelecto, con caja, es siempre un actor poderoso. El proyecto que entró al Congreso quiere revitalizar al Consejo en ese aspecto. Corre un eje de poder público, lo que escuece a los cortesanos aunque nadie lo sincere. Hablar de plata y de su relación dialéctica con el poder es feo y poco refinado, sobre todo para quienes dominan el escenario.
El oficialismo quiere politizar el Consejo, al cronista esa iniciativa le parece válida y hasta lógica. Designar y remover a los jueces fue siempre una función política en la tradición argentina y en muchas otras. El recurso al voto popular es novedoso y por lo tanto es un enigma cómo resultará. “Lo que hay”, el término concreto de comparación, es decepcionante.
En la experiencia comparada hay ejemplos con ciertas similitudes. Por ejemplo en España, el órgano similar se llama “Consejo Superior del Poder Judicial”. Sus integrantes son todos abogados. Su mecanismo de integración es acaso demasiado intrincado para esta reseña pero se puede subrayar que salvo el presidente (que es el titular de la Corte Suprema) son elegidos por las dos cámaras del Parlamento, por un método indirecto. Hay propuestas de corporaciones en algunos casos pero lo que dirime es la votación de los parlamentarios, con mayorías muy exigentes (tres quintos del total). El Consejo, chimentan por ahí, funciona a disgusto de casi todo el mundo.
La votación popular, en principio, enaltece. Al cronista no le da asquito y le parece más representativo en tendencia que una camarilla de pocos miles de letrados, por lo que pide disculpas. La intervención ciudadana no es garantía de eficiencia, pero compite con la nada misma. Las alertas sobre una ofensiva feroz e inminente deberían ser teñidas con un baño de realismo. La reforma, seguramente, deberá pasar la prueba ácida de demandas de inconstitucionalidad, como la padece la LdSCA. En el Foro no se niega a nadie un vaso de agua, un faso, una cautelar o una sentencia berreta de inconstitucionalidad. El itinerario, cabe inferir, será largo. En el mejor de los casos para el oficialismo, comenzará recién en 2014, al borde del final del mandato de la presidencia.
Sumar académicos no letrados es un añadido original. Se trata de personas versadas y no del craso populacho, no se capta por qué tanto encono, si el furor no es mero reflejo corporativo. Si se lee en proyección y con un mínimo olfato político y cultural: no será tan sencillo que esos consejeros actúen como soldados al servicio del oficialismo “de turno”. Pensar que psicólogos o científicos afamados tengan la disciplina partidaria de un Carlos Kunkel o un Gerardo Morales es muy aventurado, insinúa este cronista.
Para redondear, retocar al Consejo es imperioso. La Constitución acota el marco de reformas posibles. Apostar al cambio es la única vía posible. El tiempo discernirá si el forzado y estrecho camino elegido fue funcional. Tal vez el saldo sea imperfecto, pero es bien posible que no sea el Apocalipsis o la dictadura revivida. No lo fueron la eutanasia de las AFJP, los canjes de la deuda pública, la reestatización de YPF, la “malvinización de las relaciones internacionales”. Habrán sido buenas, regulares o malas, cada quien dirá. Pero ninguna fue el fin del mundo.
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A vuelo de pájaro: Las propuestas del Ejecutivo no pueden ser desmenuzadas en una sola columna. Por eso, se repasan las demás a vuelo de pájaro, para reingresar en ellas en otras notas.
Las referidas a la democratización para el ingreso a la carrera judicial son un logro. Habrá que ver cómo se implementan para redondear el juicio favorable. También lo son las reglas referidas a mejorar la información y a transparentar la evolución patrimonial de los servidores públicos. A los magistrados no les agradan ni medio tamaños pasos adelante: los visibilizan y les recortan poderes internos. Pero no tienen cómo alegarlo y entonces callan o se suman, monosilabeando, a los merecidos plácemes.
Hasta acá llegan, a su ver, las normas que innovan tomando riesgos, regulando situaciones, instituciones o prácticas que son regresivas en sesgo. O sea, el costado virtuoso de las reformas.
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El efecto rebote: La restricción a las medidas cautelares es un reflejo defensivo frente a abusos conocidos y chocantes. “Todos” los reconocen, la discrepancia se centra en los plazos y restricciones fijadas. Se excluyen las medidas para demandas que conciernan a la vida, la libertad, la salud, derechos alimentarios o ambientales. Con esas excepciones, el cronista no atisba una inconstitucionalidad gruesa y general. Los jueces pueden mantener cautelares durante un año: no es un lapso irrisorio. Pero es bien factible imaginar juicios particulares (no de corporaciones poderosas) en los que las nuevas restricciones importen una denegación de justicia. Es un proyecto de virtud dudosa, por ser piadoso.
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El flanco ausente: El flanco más débil o, mejor, ausente son medidas referidas al acceso a los tribunales de los ciudadanos de a pie. Los pleitos contra el Estado tienen gran importancia política, pero el gran escenario de la Justicia son los juicios de ciudadanos comunes. Un consenso bastante extendido muestra que los juicios son disfuncionales y caros. Que los trámites escritos y largueros priman sobre la oralidad, que debería ser la regla. Que faltan tribunales de cercanías para asuntos de baja monta. Que hay abusos de prisión preventiva (66 por ciento de los presos en la provincia de Buenos Aires son procesados sin condena). Que el juicio por jurados (sin ser una solución mágica) sería una forma genuina de acceso de los ciudadanos al Poder Judicial, empoderados como protagonistas. Que, hoy y aquí, hay demasiados juzgados vacantes u ocupados por jueces subrogantes, lo que ralenta al paroxismo los trámites. El Ejecutivo, que está en mora con los nombramientos, es principal responsable de la falencia.
Este punteo parafrasea, con criterio propio, una de las mejores notas publicadas en estos días. La publicó el jurista Alberto Binder en el portal mdza on line. Se titula “Promesas grandes, plan pequeño”. El cronista no comparte plenamente el escepticismo del enfoque ni lo discutirá. Pero destaca la calidad del análisis. Sugiere su lectura íntegra. Citemos un párrafo, distante del ditirambo o de la desolación republicana: “El plan que ha presentado el Poder Ejecutivo nacional es una versión pobre, escuálida y timorata de ese proyecto. La reacción de la oposición es previsible, funcional al empobrecimiento del debate y sin muchas ideas. La sociedad se queda, en consecuencia, sin chicha ni limonada”.
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Gente que busca gente: El cronista, que fue abogado y aprendió mucho de derecho penal siendo periodista, asume que estos temas son áridos y difíciles para divulgar. Los especialistas repudian las simplificaciones, los lectores promedio abominan contra la jerga y el internismo de los “letrados”. En pos de trazar un puente acude a ejemplitos sencillitos, apenas imaginarios.
La causa Clarín es importante, por ahí esencial, pero no es lo único que ocurre en el Foro. Es un juicio de una corporación contra el Estado, todos los que actúan son profesionales.
La sal de los tribunales vive en otros pleitos, protagonizados por gentes sencillas. Como, digamos, “Kramer contra Kramer”. Una pareja que se divorcia, afronta problemas con los hijos y el patrimonio. Necesita jueces atentos y humanos, decisiones veloces plenas de sensibilidad. Tal vez asesoramiento de especialistas. Presteza y calidad. No abundan.
O, ya que estamos, “Argañaraz contra McDonald’s”. Un laburante echado de una multi que crea un régimen especial, a menudo ilegal, bien amañado en lo formal. La asimetría de las partes se agrava si el juicio se alarga: facilita que la patronal (y a menudo el Tribunal) chantajeen al acusado ofreciéndole la opción del mal arreglo contra un juicio eterno. Los tribunales nacionales del Trabajo están a un tris de colapsar por falta de nombramientos. Adivinen quién gana en ese contexto.
O, imaginemos, “López contra ART avara”. El trabajador se enferma o accidenta, la ART le liquida una incapacidad menor a la real. López está apretado: o acepta la capciosa oferta o tendrá por delante un largo proceso, de resultado incierto. De acuerdo con una ley reciente, deberá competir de visitante ante los tribunales civiles, un referí sospechado de bombero. El Gobierno denuncia con razón que hay fueros que favorecen indebidamente a una de las partes y defiende al Estado de esas contingencias. Pero en paralelo, desguarnece a un trabajador sometiéndolo a un fuero individualista y pro patronal en consecuencia.
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“Justicia” para pobres: Las contiendas entre particulares son un mundo, un hito en la vida de cualquier persona. Quienes han transitado sus pasillos oyeron “n” veces “jamás entré a Tribunales”, dicho por personas forzadas a hacerlo. Seguramente lamentarán el debut: serán desdeñados, maltratados, desoídos, invisibilizados y se retirarán insatisfechos. Las propuestas del Ejecutivo nada abordan ese universo, que es la sal y la pimienta del servicio judicial: los ciudadanos, que votan y que requieren satisfacción de sus derechos.
En las causas penales, supone el cronista no especializado, los acusados o las víctimas litigan a menudo contra el Estado, contra la máquina que combina jueces, policías, fiscales y una prensa salvaje. Cargos amañados, pruebas dibujadas, aislamiento del acusado. En ese territorio, los pobres pierden. Su libertad es un bien poco valioso. Su tiempo, un factor ignoto.
No ha de ser casualidad que la mayoría de los participantes en “Justicia legítima” estén ligados al derecho penal.
Que el pueblo sea el sujeto central en la democratización de la Justicia no depende sola ni esencialmente de los megajuicios contra el Estado ni de las medidas cautelares, ni de avances en la formación de los elencos, que llevarán años.
Sí de la batalla cultural que comienza, de la erección de nuevos juzgados, de códigos procesales que propendan a la celeridad y la inmediación (jueces que vean a las partes y no se escuden en la actividad de los empleados).
Las nuevas Cámaras de Casación merecen un abordaje complejo. Pero hay un hecho indiscutible: prolongarán la duración de las causas. Todo lo contrario de lo que requiere un sistema plagado de papel y de recursos que eternizan los trámites.
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Juego abierto: La frase de Panzeri, en rigor una cita del filósofo español Julián Marías, alude a una característica del kirchnerismo: la propensión a patear avisperos, a remover aguas estancadas, a arriesgar en los cambios. El futuro, en una sociedad poliárquica y movilizada como la argentina, jamás se conoce. La cuestión es mover el tablero e intentar conducir desde la primacía política.
Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner cambió la Corte menemista por la actual, prefirió los eventuales costos de la innovación a la certeza. Pudo haber designado jueces con formación y con “cultura política” más afín con el Gobierno. Digamos, como León Arslanian o, para otro “palo” Ricardo Gil Lavedra.
O como lo fue Juan Carlos Maqueda, para el ex presidente Eduardo Duhalde. Son figuras valorables, más predecibles que las actuales. Kirchner, es casi seguro, esperaba de los nuevos cortesanos más afinidad pero optó por arriesgar con la novedad. Líder nada ingenuo, ansiaba otro desarrollo pero no podía ignorar a lo que se exponía.
Como con la ley de medios, el matrimonio igualitario, la muerte digna, el Gobierno se hizo vanguardia de demandas existentes, promovió el debate.
Las consecuencias posteriores no están pautadas ni dependen solo de la voluntad oficial.
Las propuestas que hemos sobrevolado defraudarían si fueran el final del camino. Es más lógico tomarlas como parte de un proceso que suma protagonistas, demandas, contradicciones. La sociedad civil y los sectores del Poder Judicial que han salido a escena ayudarán a definir lo que vendrá. Pueden, deben y desean hacerlo. El cambio recién empieza.
Tener Códigos
Por Mario Wainfeld
La Constitución norteamericana es, en varios aspectos, más federal que la Argentina. Por ejemplo, en la nuestra hay códigos de fondo que son nacionales, en el Norte cada Estado dicta los suyos. Por eso, en algunos hay pena de muerte y en otros no, algo impensable en estas pampas.
La Presidenta apuntó, con razón, que la actualización de códigos avejentados o desactualizados forma parte de la “Democratización de la Justicia”.
Es valioso el afán de darle coherencia a un Código Penal emparchado, empiojado por reformas de distinto signo, con penas incongruentes. Se convocó a juristas valorados, de un arco amplísimo en lo político ideológico. Nada hubo de sectarismo ni de partidismo, enhorabuena. La labor insumirá un tiempo prolongado, sus pininos son impecables.
El proyecto de Código Civil y Comercial, que unifica a los que eran dos en el pasado, ya tiene estado parlamentario. Es una ley ómnibus, de miles de artículos. Será imposible encontrar alguien que concuerde con todo el texto o aun que lo conozca a fondo.
El aggiornamento era imprescindible. La valoración de las reformas se irá midiendo cuando se debata el proyecto en el Congreso. Fortalecida y envalentonada por la llegada del papa Francisco, la jerarquía de la Iglesia Católica quiere reabrir un debate que se había cerrado sobre ciertas temáticas que le dan urticaria y que avivan sus tradicionales reflejos intervencionistas. Su ideología en lo atinente a ampliación de derechos y secularización se conocen. Su integrismo, imponer sus criterios confesionales al conjunto de la sociedad, siempre acecha.
En el contexto de una reforma judicial que confronta con el poder de las corporaciones, sería aciago que una de las más poderosas y reaccionarias recuperara terreno, al calor de una coyuntura política favorable.
El paquete de leyes para democratizar la justicia
Los ejes del debate que abrió la reforma del Poder Judicial
Opositores y oficialistas, ONGs y juristas salieron a objetar o defender las iniciativas enviadas al Parlamento. Los argumentos combinan mito, verdades relativas y algunos prejuicios.
Por: Martin Piqué
ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL. Este es uno de los puntos más cuestionados por la oposición y los magistrados. "El proyecto oficial maniata a la Corte económicamente", planteó el jefe del bloque de Diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. La queja del diputado alude a una cuestión fundamental del proyecto, que consiste en restituir definitivamente una de las potestades del Consejo de la Magistratura previstas en la Constitución. El artículo 114 de la Carta Magna, en su tercer punto, establece que el Consejo debe "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". El problema es que, hasta ahora, dada la parálisis en su funcionamiento, el Consejo delegaba el manejo cotidiano del presupuesto en la Corte Suprema, que cuenta con un secretario general de administración. Es cierto que algunas leyes vigentes –las de Autarquía del Poder Judicial (23.853), la de Administración Financiera y la de Presupuesto– facultan a la Corte a administrar y reasignar partidas presupuestarias. Pero esa no es la función que le asigna la Carta Magna. "Lo que marca este camino es la primacía de la Constitución", argumenta el abogado, investigador y docente universitario Gabriel Chamorro.
MAYORÍA ESPECIAL O MAYORÍA ABSOLUTA EN EL CONSEJO. El paquete de leyes propone cambiar el régimen de mayoría especial (las 2/3 partes de los votos) por uno de mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros). Este cambio, en caso de ser aprobado, permitirá agilizar el funcionamiento del órgano de control. Otro hecho a tener en cuenta es que, dado los tiempos de instrumentación de las nuevas leyes, y siempre en el caso de que sean aprobadas, la nueva composición del Consejo comenzará a funcionar cuando termine el mandato de Cristina Fernández.
ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CONSEJEROS. La oposición y las asociaciones de jueces de tendencia conservadora plantean que este cambio –que podría definirse como el corazón de las reformas– violenta la Carta Magna. El artículo 114 de la Constitución regula las funciones, la forma de elección y la composición del Consejo. La definición de este tema promete llegar a la propia Corte: el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, ya sugirió que los cambios se judicializarán y llegarán al tribunal que preside.
CRÍTICAS A LA PROPORCIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS QUE SERÁN ELECTOS POR EL VOTO POPULAR. El CELS advierte que la propuesta que está en el proyecto sólo prevé la incorporación de dos espacios –mayoría y minoría– repartiéndose la proporción de la siguiente forma: cuatro académicos, dos abogados y dos jueces por el partido mayoritario; dos académicos, dos abogados y dos jueces por la minoría. El CELS plantea que se modifique el reparto y se agregue a una segunda minoría, o sea, un tercer partido.
CÁMARAS DE CASACIÓN EN LOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CIVIL Y COMERCIAL, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El CELS y la diputada Victoria Donda (FAP) alegan que crear una nueva instancia para esos fueros reforzará "la verticalidad" y la "burocratización". La jefa de Estado argumentó que esta propuesta apunta a que la Corte se inspire en el modelo de EE UU, donde el máximo tribunal trata sólo 90 casos al año. "Es un almacén de ramos generales", ironizaba el supremo Carlos Fayt. En este punto, hay un dato contundente: con el sistema actual, la Corte interviene en muchas más causas de lo previsto en su función originaria (la controversia sobre cuestiones "federales"), tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 48, y sin plazos para dictar sentencia. En cambio, las Cámaras de Casación tendrán que hacerlo en un tiempo determinado.
NUEVA REGLAMENTACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO. Este es otro de los puntos más discutidos del paquete de leyes. "Los ciudadanos quedarán inermes frente al poder del Estado", se indignó Gil Lavedra. La regulación de los amparos y las cautelares apunta a que esas medidas provisionales no reemplacen a una sentencia definitiva, una práctica habitual en estos tiempos y que suele perjudicar al erario público. Por eso se establece el plazo razonable de seis meses y la obligación de dictar sentencia definitiva al cumplirse ese período. El CELS, que está de acuerdo con acotar las cautelares impulsadas por empresas contra el Estado por "cuestiones pecuniarias no alimentarias", propone reglamentar de forma diferenciada las medidas provisionales que tutelan derechos esenciales de las personas y que impiden las violaciones de los DD HH por parte de los Estados.
El cels objetó el proyecto que regula cautelares
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fijó ayer posición sobre las propuestas del gobierno para reformar la Justicia, y opinó críticamente sobre la creación de Cámaras de Casación y el límite a las medidas cautelares, por presentar "problemas de constitucionalidad".
En un documento difundido en la tarde de ayer, la entidad aseguró que "valora y acompaña la iniciativa de dotar de contenido político a las discusiones sobre el sistema judicial, la mayoría de las veces enmascarado como neutral con argumentos tecnocráticos".
Y si bien señaló que "algunos de los proyectos en análisis representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial", advirtió que "otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad", reprochó. "Se podría afectar seriamente a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva. Las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad", señaló el documento, que, a modo de ejemplo, recordó que "la ESMA podría haber sido derribada si no se hubiera logrado frenar su destrucción con un amparo y una medida cautelar que dio cuenta de la urgencia de la situación hasta que se resolviera la discusión de fondo". En esa línea, admitió que "resulta legítima la regulación de estas medidas para reconocer que se trata de relaciones entre el Estado y los particulares", pero opinó que "la forma en que se las propone regular pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales" y "darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales". La entidad destacó, en cambio, "la idea de que se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos y estadísticas del sistema judicial".
Fuente:TiempoArgentino
14.04.2013
La oposición no quiere cambiar la realidad
Esta Justicia está cuestionada por una sociedad cívicamente madura y no sólo por el kirchnerismo.
El kirchnerismo es el principal problema que tiene el statu quo nativo. Eso mismo lo hace políticamente solvente, culturalmente interesante y, hasta ahora, electoralmente imbatible. Sus críticos, en general, defienden lo que había, y lo que había no funciona todo lo bien que argumentan los antikirchneristas rabiosos desde la tribuna mediática generosamente habilitada por Héctor Magnetto y sus socios; más bien ocurre lo contrario.
Con el Poder Judicial, ahora, está pasando eso. Podrá la oposición política y mediática denunciar que se viene "un golpe contra el único poder independiente" de la República, de cara al "18A", que suponen multitudinario, pero es más dramáticamente evidente para la mayoría que "la justicia" hace rato que se corrió la venda y le guiña el ojo cómplice a los poderes fácticos, con un desparpajo que ofende al sentido común de la ciudadanía, la kirchnerista y la que no lo es.
Cuando la UCR, el FAP, la Coalición Cívica, el peronismo disidente del peronismo, y los diarios La Nación y Clarín se unen para defender lo que a todas luces es una causa perdida, parecen envueltos en los trazos grandilocuentes de una utopía finlandesa inexistente en un país capitalista periférico como el nuestro, donde "la justicia" funciona desde siempre como paraguas legitimador de los privilegios permanentes de los dueños del poder y del dinero.
Son minorías políticas que quieren seguir siéndolo. No tienen voluntad de poder, ni interpretan la realidad desde la óptica del cambio de época. Sólo se acunan en el discurso conservador para mantener sus dietas de diputados o senadores.
La oposición no quiere cambiar la realidad: disfruta de que sea inamovible. Sólo así se explica que defiendan un estado de cosas indefendible. La cautelar que ampara a La Nación en su batalla impositiva contra la AFIP –que lleva diez años– y la que beneficia a Clarín por la Ley de Medios –hace tres años y medio– son casos testigo de una desigualdad jurídica naturalizada desde los medios hegemónicos.
Pero no lo es menos el caso de Marita Verón, que desnuda la macabra comprensión judicial hacia las mafias que manejan la trata de personas en el país. O los 21 años que el atentado a la Embajada de Israel lleva impune. O los 19 de la AMIA. O los 30 años de democracia que el poder más anquilosado y conservador del país se tomó para sentar a desgano en el banquillo a los responsables civiles del genocidio.
Esta "justicia" está cuestionada por una sociedad cívicamente madura, y no sólo por el kirchnerismo gobernante. El paquete de leyes para democratizar su funcionamiento es un reclamo generalizado.
Con alguna razonabilidad, podría argumentarse que lo que propone el Ejecutivo es insuficiente: no se crean nuevos juzgados para garantizar una mayor accesibilidad ciudadana al servicio de justicia, se desecha la oportunidad de discutir el sistema de juicio por jurados y no se limitan temporalmente las apelaciones de ANSES en los litigios a jubilados, cuya situación podría verse agravada por la creación de una nueva instancia –la de Casación–, que estiraría los plazos de sentencia firme.
Por eso mismo, que la oposición se niegue al debate, o directamente lo boicotee, tiene una única finalidad: que las cosas sigan tan mal o pésimo como hasta ahora.
La fórmula opositora para objetar la reforma aleja la posibilidad de mejorar una propuesta oficial que tiene cosas muy buenas (elección popular de los consejeros, blanqueo patrimonial de jueces, concurso democrático para el ingreso a la carrera judicial, limitación temporal de las cautelares) y otras que no lo son tanto.
Incluso "Justicia Legítima", el colectivo de jueces, fiscales y funcionarios que apoyan en general el paquete de medidas que Cristina Kirchner envió al Congreso, presenta visiones con matices y disidencias entre sus integrantes que mejorarían la calidad de la discusión parlamentaria. Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña, uno de los referentes más relevantes del grupo, que se hizo conocido con la ya histórica solicitada de diciembre pasado y su encuentro de febrero en la Biblioteca Nacional, plantea que la creación de nuevos tribunales de casación no es aconsejable.
Para la oposición, sin embargo, todo es impugnable porque en su versión apocalíptica, lo único que buscaría esta reforma sería la impunidad de los funcionarios oficiales. No registran siquiera que dentro del Poder Judicial hay una inmensa corriente que avala la democratización, y no está de acuerdo con el discurso único que baja Ricardo Lorenzetti en alianza con los sectores más conservadores de la judicatura.
El propio Freiler, por caso, es muy crítico de Norberto Oyarbide, juez connotado como permeable a los intereses kirchneristas. Esta corriente judicial democrática debería ser más escuchada en los medios por el sólo antecedente de que la Ley de Medios, finalmente exitosa, tuvo defensores más tenaces y efectivos entre los comunicadores que sabían del asunto que entre los voluntaristas pero a veces fácilmente jaqueables voceros oficiales.
Es verdad: hay mayoría parlamentaria para que las cosas salgan tal como desea el Ejecutivo, y esto pone muy nerviosa a la Argentina conservadora. No preocupa el número esta vez: los dictámenes de comisión fueron favorables en el Senado. Pero cualquier discusión es una oportunidad pedagógica para elevar el debate, siempre.
Y la oposición, en cambio, decidió abaratarlo, reducirlo a posturas bipolares, presentar todo como si fuera un atajo directo a la monarquía K. Hay que tener cuidado: desertan de las vías institucionales a la espera de una crisis que por su ansiada excepcionalidad, capaz incluso de voltear a un gobierno sin concurso de las urnas, los exima de dar explicaciones a futuro.
"Lo único que puede detener esto es la gente", se entusiasma Ricardo Gil Lavedra en La Nación, diario que agita el 18A. "El radicalismo acusó al Gobierno de ser un 'grupo faccioso'", titula Clarín, en una nota sin firma que termina atribuyendo a todos los opositores el siguiente texto: "Ha llegado el momento de decir basta y movilizarnos en cada rincón del país."
Carrió pronostica, según su especialidad: "Estamos virando de un democracia constitucional de origen a una dictadura." El ex fiscal del juicio a las juntas, el radical Julio Strassera, como si tuviera a Videla enfrente, dice: "La presidenta no tiene vergüenza." Francisco De Narváez echa más leña al fuego, mientras viola la Ley Electoral con su campaña de "Ella o vos":
"La presidenta quiere a la Justicia de rodillas." El senador radical Sanz, que se ve que viaja poco, mete miedo: "No existe en ningún lugar del planeta una concepción de que, quien gana una elección, maneja a los jueces." Carlos Melconian, del PRO, que sin embargo aparece en los programas como si fuera consultor económico independiente, se toma la cabeza:
"Si desaparece la división de poderes, desaparece la República." Desagraciado verbo el de "desaparecer". Lo usó la dictadura, lo usaron los productores de la Sociedad Rural de Santa Fe, lo usa ahora el candidato macrista. Ciertas palabras deberían ser dejadas en paz.
¿No sería mejor que todos ellos, en vez de regodearse en su retórica inflamada para que Clarín les dé un destacado en página 6 con foto, se sienten en sus bancas a discutir las leyes que envió el Ejecutivo al Parlamento? Eso sería trabajar.
La única manera de defender la democracia en serio que tiene un legislador. Lo demás, es hacer el trabajo sucio de los que no quieren que nada cambie, mientras las corporaciones festejan porque sus privilegios siguen impúdicamente intactos.
Fuente:TiempoArgentino
Alejandra Gils Carbó emitió su opinión acerca de los proyectos por reformar la Justicia y consideró que "tiene el acierto de tocar puntos que hacen quebrar un funcionamiento corporativo disfuncional, por ejemplo a través del ingreso democrático".
"Hoy tenemos la misma clase de jueces, con intereses elitistas alejados de los intereses de la sociedad, que hace unos cincuenta años, con el modelo aristocrático", argumentó la funcionaria en una entrevista en Página 12.
Gils Carbó aseguró que una mayor representación de académicos y científicos en el Consejo de la Magistratura puede ayudar a que se termine con "la corporación judicial", según sus palabras.
"La gente necesita que la Justicia sea un servicio a la comunidad, no un sector privilegiado que defienda intereses privilegiados", concluyó la procuradora general de la Nación.
Otra de las voces que emitieron su opinión acerca del tema fue la de el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien llamó a "generar un acceso a la justicia que iguale las condiciones de todos los ciudadanos".
Asimismo, consideró que "no puede haber una justicia para ricos y otra para pobres, y esto significa más derechos", coincidiendo sin querer con las palabras de la anteriormente citada procuradora de la Nación.
El titular de la Cámara baja señaló: “El humanismo social y cristiano requiere de un Estado que cumpla el rol subsidiario que las corrientes del liberalismo mercantilista no entienden ni plantean".
El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, también mostró su entusiasmo al debate y expresó que "hace tiempo esperaba que los políticos empezaran a discutir el tema judicial".
Fuente:DiarioRegistrado
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