Advierten sobre la deuda del Consejo de la Magistratura con la investigación de los delitos de lesa humanidad
Los jueces que frenaron causas de la represión nunca fueron sancionados
Olivera Pastor, Baldi Cabanillas, Villafuerte Ruzo y Montezanti son algunos de los magistrados denunciados ante la comisión de disciplina. Sus casos fueron desestimados o archivados luego de vencer el plazo para su tratamiento.
Por: Gerardo Aranguren
"La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura", señaló en la semana la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al opinar sobre el proyecto para modificar el organismo. El mecanismo para lograrlo es el no tratamiento o el congelamiento de las denuncias, que luego se diluyen con el tiempo. Si no fueron desestimadas antes, estas denuncias se archivan luego de tres años de permanecer sin tratamiento.
Desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, el coordinador Pablo Parenti explicó que no existe en el Consejo "un espacio real para que un juez que comete mal desempeño deba rendir cuentas seriamente".
Este problema, señaló Parenti, se puede explicar por varias circunstancias. "La lógica corporativa tiene un fuerte impacto, fue fundamental, y después, el Consejo tuvo muy poca actividad por diferentes crisis políticas", sostuvo, y agregó: "De las instituciones vinculadas al ámbito judicial, creo que el Consejo es la que menos cumplió su deber en estos años, por lo menos en lo que se refiere a las causas de lesa humanidad. Si nos guiamos por las sanciones, deberíamos concluir que los juicios nunca tuvieron dificultades."
Uno de los casos testigo es el del ex juez subrogante Olivera Pastor, designado por la Cámara Federal de Salta en Jujuy. Allí debió hacerse cargo de las causas por delitos cometidos en la última dictadura, entre ellos la represión a trabajadores del Ingenio Ledesma de Carlos Blaquier.
Sistemáticamente el ex juez rechazó más del 80% de las indagatorias pedidas por la fiscalía, entre ellas el pedido al poderoso empresario azucarero, y elevó sólo partes de algunas causas, generando un retraso irreparable en la investigación de estos delitos en la provincia. La Cámara de Salta y su titular, Rabbi Baldi Cabanillas, respaldaron la estrategia dilatoria y rechazaron los recursos presentados por la fiscalía y querellas.
El 8 de marzo de 2012, este magistrado debió renunciar a su cargo por la presión popular, luego de una multitudinaria marcha que le reclamaba el avance de las causas que mantenía frenadas. Los mecanismos institucionales para sancionarlo no se pusieron en marcha: no avanzaron las denuncias presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo, una de ellas impulsada desde 2010 por el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. En el camino, varios proyectos para desestimar las denuncias tampoco lograron ser aprobados y finalmente, con la renuncia, su caso quedó abstracto.
Además de respaldar la estrategia de Olivera Pastor, Rabbi Baldi Cabanillas también lo sostuvo en su cargo. El camarista, quien recientemente se apartó de resolver el procesamiento de Blaquier por integrar junto al empresario azucarero la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, también fue denunciado ante el Consejo y ante la justicia penal por intentar beneficiar a su cuñado, el represor Alejandro Marjanov.
Se trata de un hecho denunciado por el entonces fiscal de Bahía Blanca Abel Córdoba en 2011, cuando se produjo la detención de Marjanov, quien fuera segundo jefe del Batallón de Comunicaciones en Bahía Blanca y está casado con una hermana de Rabbi Baldi.
Según consta en el expediente, luego de que Marjanov fuera detenido, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el registro de su casa en San Salvador de Jujuy. Si bien el operativo debía ser secreto, alguien se lo informó a Rabbi Baldi, quien se comunicó con el encargado del allanamiento para, luego de presentarse como camarista, pedirle que "se lleve a cabo con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana". Al llegar al domicilio, otra de las hermanas de Rabbi Baldi esperaba en la casa y dijo conocer el objetivo del operativo. El camarista habría "llevado a cabo una acción consistente en prestar ayuda a Marjanov para eludir la investigación judicial", señaló Córdoba en su denuncia.
Otro de los jueces seriamente cuestionado y jamás sancionado es el magistrado de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Entre las acusaciones contra el juez figuran las demoras en el avance de los juicios (se iniciaron 100 causas desde 2005, pero recién el 3 de julio de 2012 comenzó el primer debate oral). También se le reprocha haber extraviado un expediente por el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale.
Al no prosperar la denuncia en el Consejo, el fiscal de San Nicolás Patricio Murray inició una recusación para apartarlo de las causas por delitos de lesa humanidad. El caso llegó a la Corte Suprema. La procuradora Gils Carbó consideró que el juez adoptó "una posición parcial" en contra de estos procesos ya que "a su juicio la decisión de perseguir penalmente en esos casos implicaba la violación de derechos fundamentales de los imputados".
A comienzos de marzo, en una decisión que pasó casi desapercibida, el Consejo archivó la denuncia contra el camarista de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti, quien integró la nómina de agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la última dictadura. "Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración", señala la resolución, que reconoce que en todo ese tiempo no trató la causa, y el plenario del Consejo decidió archivar la denuncia sin investigarla.
Fuente:TiempoArgentino
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