Año 6. Edición número 258. Domingo 28 de abril de 2013
Por Marcos Taire. Periodista
sociedad@miradasalsur.com
Reclamo. Familiares de detenidos-desaparecidos presentes en los juicios que actualmente están en marcha./ Reconocimiento. Visita de sobrevivientes a los lugares de secuestro y detención./ El mal. El general Bussi, la cara de la represión en la provincia.
Los primeros detenidos mantenidos en cautiverio allí en forma ilegal, clandestina y secreta datan de agosto de 1974. El grupo de tareas creado por iniciativa de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada de Infantería, funcionaba ya en forma independiente y con absoluta libertad de acción.
Desde su creación, el campo de concentración dependió del D-2, Departamento de Inteligencia de la Policía provincial. A partir de la Operación Independencia el organismo pasó a denominarse Servicio de Información Confidencial (SIC) y en la jerga policial se lo conoció como “Confidenciales”. Desde el inicio de sus actividades, el campo estuvo bajo las órdenes de los comisarios Marcos Fidencio Hidalgo y Roberto Heriberto Albornoz (a) Tuerto, pero a partir del lanzamiento de la Operación Independencia se desempeñó por encima de ellos un supervisor militar que dependía de la Quinta Brigada.
Antes de comenzar la operación militar, Hidalgo fue enviado como director de la Cárcel de Villa Urquiza, lugar que se transformó en un apéndice importantísimo en el circuito represivo. Albornoz quedó como jefe del centro clandestino de la Jefatura y pese a la presencia del coordinador militar, siempre tuvo independencia en su accionar. Algunos testimonios señalan que Albornoz se refería a los coordinadores militares con desdén y subestimaba sus opiniones, cuando no criticaba algunas de sus acciones. En más de una oportunidad se le escuchó decir que eran ineficientes y no sabían de qué se trataba. Lo único que Albornoz reconocía a sus jefes militares era la decisión de encarar la “lucha antisubversiva” con una metodología que él compartía, es decir, ilegal, clandestina y feroz.
En este campo de concentración se desempeñaron en forma permanente más de medio centenar de policías. Se sabe también que en el tiempo que funcionó hubo desafectaciones de personal, la mayor parte de las veces sancionados, los que fueron relevados por otros policías. También algunos de sus integrantes fueron reprimidos por violar el secreto de su accionar o suministrar información a familiares de los desaparecidos.
El grupo operativo era el más numeroso del total de personal policial dentro de este campo, con alrededor de 30 efectivos. Tenía una organización administrativa y burocrática como cualquier dependencia policial, con oficinistas, guardias y servicio médico. En este caso, un médico, el doctor Ricardo Galdeano, supervisaba las torturas, pero también se sabe, por testimonios de sobrevivientes, que hubo otros médicos que revisaron en varias oportunidades a los detenidos, brindándoles una mínima atención.
Los gobiernos elegidos a partir de 1983 no hicieron el más mínimo esfuerzo por identificar a los represores que actuaron en este campo, a pesar de contar con sus legajos, fichas personales, etc. No hubo voluntad de hacerlo y la mayoría de los integrantes del grupo que se desempeñó en el SIC continuó trabajando en la repartición policial hasta su jubilación. Ese hecho fue determinante para que muchas personas se negaran a testimoniar sus padecimientos, en el convencimiento de que el poder de sus secuestradores y torturadores continuaba incólume a pesar de la reinstauración democrática.
Un ejemplo de lo anterior fue el caso de Juan Carlos Clemente, un ex militante peronista secuestrado, torturado y asimilado forzadamente a la Policía, que tres décadas después recién se animó a presentar ante la Justicia una enorme cantidad de documentación que había ido sacando del SIC durante su cautiverio. Se trata del mayor caudal documental existente en el país sobre los crímenes de lesa humanidad. Su aporte, más el testimonio de otro ex detenido desaparecido –Juan Martín– son las pruebas más concluyentes sobre el circuito represivo que tuvo al SIC de la Jefatura de Policía como lugar central. Curiosamente, una abogada de la querella y una familiar de víctimas de la represión acusan a Clemente y Martín por su “colaboración” e intentan criminalizarlos. Un caso similar se registró con otra ex detenida desaparecida, prisionera durante un año en el Arsenal, que ya en democracia fue detenida y mantenida presa durante un año y medio, acusada por las mismas personas.
El campo. El campo de concentración ocupaba dos conjuntos de construcciones. Ambas daban a la calle Santa Fe, es decir, los fondos de la Jefatura. Entre ambas construcciones estaba el portón de acceso, el que le daba unidad al conjunto. Del lado este del portón estaban los calabozos destinados a las personas secuestradas. Del lado oeste se encontraban las salas de tortura.
El conjunto estaba separado del resto de la Jefatura, desde donde estaba restringido el paso. Sólo podía ingresar desde allí el personal del campo y personas que portaban una autorización especial. También lo hacían algunos personajes importantes, entre los que, se sabe, estaba la máxima autoridad de la Iglesia de aquel momento, monseñor Blas Victorio Conrero, arzobispo de Tucumán. Sin embargo, casi todo el movimiento de personal, así como también de prisioneros, se realizaba a través del portón que daba a la calle Santa Fe.
Al entrar por el portón, los vehículos disponían de una plaza de estacionamiento que se encontraba al frente y hacia la derecha, es decir hacia el costado de los calabozos donde estaban los secuestrados. Esta playa podía verse desde la esquina de Santa Fe y Junín. Hay testimonios de personas que identificaron a los vehículos operativos de la patota, estacionados en el lugar y hasta llegaron a ver a algunos prisioneros. En este caso, fueron vistos en momentos en que se encontraban parados, aguardando ser trasladados y cuando eran subidos a un vehículo.
Los secuestrados, al llegar al lugar, eran llevados a un salón que se encontraba en el área de interrogatorios. Allí permanecían con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. En algunos casos se los obligaba a permanecer sentados o acostados, en otros parados hasta dos o tres días.
La mayoría de las veces los secuestrados eran interrogados apenas ingresados al lugar. Otras veces recién a los dos o tres días. Siempre, en todos los casos, las víctimas eran golpeadas salvajemente antes del interrogatorio propiamente dicho.
En el lado oeste del salón había dos oficinas destinadas a los interrogatorios. Una estaba equipada para la aplicación de la picana eléctrica. La otra era destinada a los golpes, tanto con las manos y los pies como con objetos contundentes. En este último lugar también se aplicaba el submarino húmedo, introduciendo la cabeza del prisionero en un recipiente con agua y el submarino seco, colocándosele en la cabeza una bolsa de plástico.
Al salón de interrogatorios se ingresaba desde la playa de estacionamiento. Apenas se pasaba la puerta había a ambos lados dos oficinas, una administrativa y otra de armamentos. En el otro extremo, es decir cruzando todo el salón donde estaban alojados los prisioneros, después de pasar las oficinas donde torturaban, había otras dos oficinas. Una era ocupada por el médico y otra por el jefe del campo. Un jardín con pasto y flores separaba al salón de la calle Santa Fe.
En el lado opuesto, es decir hacia la calle Junín, estaban los calabozos donde permanecían las personas secuestradas que ya habían sido interrogadas y/o que se las consideraba “subversivas”.
Esa parte de la edificación tenía dos salas grandes para albergar prisioneros en forma colectiva y un conjunto de calabozos individuales. Los salones tenían capacidad para aproximadamente 20 prisioneros cada uno, mientras había alrededor de 15 calabozos individuales.
Los secuestrados en este campo llegaron a estar hasta cinco y seis meses, aunque de algunos se registró su paso por poco tiempo –minutos, horas– para luego ser trasladados seguramente para su asesinato. Los hombres de la inteligencia militar podían resolver nuevas sesiones de torturas e interrogatorios en cualquier momento. También los prisioneros eran llevados a otros centros clandestinos, requeridos por los interrogadores, probablemente por haber obtenido declaraciones que vinculaban a las víctimas.
Los secuestrados eran trasladados en cualquier momento y a cualquier hora. Había tres formas de traslado. La primera, en vehículo legal, generalmente llevados a la Cárcel de Villa Urquiza, “blanqueados”. La segunda era en algún coche operativo, en el baúl o en el piso entre los asientos, hacia otro campo para continuar el martirio de las torturas y los interrogatorios. El tercer modo de traslado se hacía en un camión que tenía la leyenda “Transporte Higiénico de Carnes”. Según los represores, este traslado era hacia algún “pozo”, es decir el lugar donde las víctimas eran asesinadas y sus cuerpos desaparecidos.
Confesión criminal
Antonio Bussi, a poco de asumir la intervención militar de Tucumán, en 1976, desplazó al jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Arrechea, designando en su reemplazo a Mario Albino Zimermann, también teniente coronel. Con ese motivo se realizó un acto en el cual Arrechea pronunció ante Bussi y la tropa formada un discurso revelador, una verdadera confesión criminal. He aquí una síntesis de su discurso:
“…esta policía (…) ya conoce el perfume trágico de la pólvora, no se espanta, como corceles jóvenes, por el estruendo de las granadas o la lluvia de plomo de las ametralladoras. Ya sabe, por experiencia propia, que la molicie sin ideales, que la vida cómoda y sin objeto generoso, es la vida de los sentidos, el apacible desarrollo del ser, pero que todo eso no vale lo que cien noches pasadas a la intemperie, lejos de todo placer y de todo amor, defendiendo la integridad, el derecho y la esperanza de un sistema de vida genuino.
Ya sabéis que descansa en gran parte sobre vuestra pericia, la tranquilidad y el progreso de una gran provincia, como reposa el niño en el regazo maternal. Ahora sí, sois los ciudadanos de una provincia poderosa, porque sois soldados, porque sus armas de guerra no constituyen para vosotros un misterio peligroso, un azar sangriento, una caja proterva de sorpresas terribles. Ya tenéis adquirida la ciencia espantable, anticristiana, maldita cien veces de Dios, pero imprescindible y salvadora, de los pueblos históricos, de las naciones heroicas: aquella ciencia enlutada de matar, pero de matar sistemáticamente, lacónica y sigilosamente al mercenario traidor, al enemigo de la patria, que es como quien dijera al enemigo de una fe jurada, al adversario de una religión querida, al flagelador de una madre bendita, al sacrílego profanador de una hostia inmensa.”
Bussi ordenó que este discurso no se publicara y en su reemplazo envió a los medios una crónica con los resultados administrativos del año de gestión de Arrechea. Un periodista de La Gaceta, enterado de la orden de Bussi, una vez que tuvo redactada la crónica la depositó en el archivo del diario y así logró que este texto no se perdiera. Arrechea no sólo no fue castigado sino que fue enviado como jefe del Comando de la Zona Sur del Operativo Independencia, con sede en el ex ingenio Nueva Baviera. Allí organizó un feroz grupo de tareas integrado con policías provinciales que sembraron el terror en el interior tucumano. Arrechea, un brasileño nacionalizado argentino, nunca estuvo detenido, jamás se presentó a declarar y permanece prófugo, probablemente en la difusa frontera noreste de nuestro país, de donde es oriundo y donde tiene fuertes lazos familiares y políticos.
El horror ignorado y desconocido
La denominada “Megacausa Arsenales II - Jefatura II”, que se realiza actualmente en San Miguel de Tucumán, echa luz sobre un horror hasta ahora poco conocido, cuando no ignorado. Probablemente porque los hechos ocurrieron lejos, en una pequeña provincia del noroeste argentino.
Este juicio oral por crímenes de lesa humanidad se extenderá, probablemente, por más de un año. Ya prestaron declaración casi 200 testigos, de un total que se estima oscilará entre 600 y 800. En las audiencias que se realizan en la sede del Tribunal Oral Federal de Tucumán participan 41 imputados. Ocho de ellos lo hacen desde el penal de Ezeiza y uno desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por problemas de salud, a través de videoconferencias. El resto asiste a las audiencias, a donde son llevados en vehículos para transporte de presos desde la cárcel de Villa Urquiza de la capital tucumana. El grupo de imputados está integrado por 15 oficiales del Ejército, 6 gendarmes,16 policías, dos civiles y un sacerdote.
El centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía fue el primero en la provincia, ya que registra detenidos y secuestrados desde fines de 1974. El de Arsenales fue el más grande y tenebroso y existió desde 1976 hasta mediados de 1978.
Días atrás autoridades judiciales y testigos realizaron una inspección ocular al CCD de la Jefatura. Próximamente ocurrirá lo mismo en el campo de concentración ubicado en terrenos del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. En este lugar, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense realizó importantes hallazgos de restos humanos, de los cuales varios ya fueron reconocidos. Todos ellos fueron asesinados en ese lugar y pese a haber sido incinerados sus restos, los científicos pudieron rescatarlos y reconocerlos.
En el final de la primera etapa de esta causa, los fiscales y las querellas son optimistas en cuanto creen haber logrado pruebas irrefutables del papel central que ocupó la Jefatura de Policía y particularmente el Servicio de Información Confidencial (SIC), en la organización y ejecución del circuito criminal puesto en práctica por los militares. En tal sentido, destacan que casi todas las víctimas de este período pasaron por el campo clandestino de detención que funcionaba en el SIC. Allí los prisioneros eran seleccionados por los represores y su suerte era definida en una reunión de la llamada Comunidad de Servicios de Inteligencia, donde decidían si quedaban detenidos o se los sometía a la “disposición final”, que era lisa y llanamente el asesinato individual o colectivo. Esta Comunidad estaba integrada por los responsables de los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, de las Policías Federal y Provincial, de Gendarmería y de la SIDE.
La encabezaba el jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y jugaba un rol importante el jefe de la Policía tucumana.
A juicio del doctor Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la querella, “se confirmaron las relaciones entre los dos centros clandestinos de detención y el accionar de la maquinaria de muerte y exterminio de disidentes políticos. Estas personas, a las que el régimen catalogó de subversivos, en su mayoría eran obreros azucareros y estudiantes universitarios y secundarios”. Según el abogado, se probó “el modus operandi del SIC-Jefatura al mando del prófugo Arrechea y su sucesor Zimermann (el que trasladó a 25 mendigos a Catamarca), fallecido en 2010 durante el juicio Jefatura I. También el papel de los organizadores policiales Roberto Tuerto Albornoz y Marcos Hidalgo y una temible tropa que ejecutaba las órdenes de torturas, apropiación de bienes, robos, violaciones y asesinatos. Aquel staff policial, hoy en su mayoría ancianos, es una parte de los 41 imputados que tiene esta megacausa”. El doctor Lobo Bugeau estima que en este circuito represivo hubo casi 3.000 víctimas y destaca que “en este auténtico genocidio vivido en la provincia se encuentran el senador Dardo Molina, el empresario José Chebaia y la alfabetizadota Nélida Sosa de Forti”.
Fuente:MiradasalSur
Domingo 28 de Abril de 2013
Los testimonios de Arsenales remecerán el TOF
Desde esta semana, el Tribunal comenzará a escuchar las pericias e historias relacionadas con el centro de detención y exterminio. Se esperan relatos inéditos. Pasarán frente a los jueces los peritos que hallaron e identificaron restos de desaparecidos en las fosas.
Los mataron a quemarropa. Los cuerpos de los tres cayeron dentro del pozo. Dos murieron en el acto. Cuando les estaban arrojando leña para quemarlos, él pidió rematar con su arma al que aún respiraba. Sus superiores no accedieron. Estas siete líneas que forman parte de la declaración de un testigo que cumplió funciones en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga apenas permiten dimensionar las atrocidades y el horror que allí se vivieron. Testimonios e historias como esta comenzarán a ser desandados por primera vez en una sala de audiencias este jueves en el marco de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II". Ocurre que durante la semana pasada se concluyó en el Tribunal Oral Federal local el abordaje de los casos de la ex Jefatura.
De acuerdo con los expedientes, dentro del circuito represivo montado en la provincia durante la última dictadura cívico- militar, en la Jefatura se habrían centralizado las detenciones ilegales ocurridas en el Gran San Miguel. Mientras que el Arsenal habría funcionado como un campo de "concentración y exterminio". Las fosas comunes de inhumación con restos de desaparecidos son una de las pruebas contundentes.
Uno de los últimos testimonios, precisamente, sirvió para vincular ambos centros y para ratificar lo que otros declarantes habían dicho: gran parte de los secuestrados eran alojados primero en la dependencia policial y, tras ser interrogados y torturados, definían el pase de alguno de ellos a la militar. Oscar Conte estuvo detenido entre mayo y septiembre de 1977. La mayor parte de su cautiverio fue en la Jefatura, pero estuvo dos semanas en Arsenales. Fue secuestrado junto a Marta y Rolando Coronel (eran padre e hija) , víctimas de la Megacausa (estaba circunstancialmente en su casa, porque estaba de novio con una prima de Marta). "A Marta la llevaron en un auto y con Rolando nos pusieron en una camioneta. El gritaba que no nos maten, que yo no tenía nada que ver. De pronto no se lo escucha más y sólo se siente un ronquido, como si no le entrara el aire. Es lo último que escuché de él", relató. Se cree que el hombre murió en ese momento y que ella falleció luego por las torturas. Ambos permanecen desaparecidos.
Conte se convirtió en el número 37 cuando llegó al Arsenal. Allí sufrió tormentos. Pudo ver y reconocer a desaparecidos. Durante su declaración en la causa Jefatura I (2010) aportó los nombres. También describió las formas de tortura y cómo era la organización de ambos centros.
Testimonios inéditos
"En Arsenales, todo será nuevo. Porque no hubo un juicio previo, como con la Jefatura", adelantó el secretario del TOF, Mariano García Zavalía. Explicó que ordenarán los testigos de un modo diferente. Los primeros que pasarán frente a los jueces serán los generales, que aportarán al contexto de los hechos. Allí estarían incluidos los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que hallaron e identificaron restos en las fosas.
Luego, seguirán los sobrevivientes de episodios de la época, que también darán este tipo de información. "Es probable que tras los generales, se efectúe la inspección ocular en el predio. Finalmente, abordaremos los casos particulares del expediente", detalló. Durante mayo se concretará la primera etapa de testimonios y en junio se visitaría el Arsenal. Mientras que los alegatos de las partes podrían escucharse después de julio y la sentencia, cerca de septiembre.
Luego de que concluya la megacausa, habría una seguidilla de juicios orales de casos más chicos. Entre ellos, el caso del secuestro y desaparición del ex vicegobernador Dardo Molina o la presunta usurpación de los terrenos sobre los que se construyó el pueblo de Capitán Cáceres.
Lo caracterizan como el mayor centro de exterminio del NOA
Antonio Domingo Bussi era el comandante a cargo de la V Brigada.
El centro clandestino de detención y exterminio más grande de la región estaba ubicado en una parte del predio de la Compañía de Arsenales "Miguel de Azcuénaga", sobre la ruta nacional 9 (Las Talitas). Dependía de la V Brigada, cuyo comandante era el represor Antonio Domingo Bussi. De acuerdo con los testimonios que figuran en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II", funcionó entre 1976 y 1978. Hay testimonios que ubican al propio Bussi frente a los crímenes que se habrían cometido allí.
En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, los fiscales federales ad hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos (oficina Tucumán) efectuaron una detallada descripción de su papel en el circuito represivo y de su fisonomía.
La caracterización está basada en los testimonios de sobrevivientes, los de personas que cumplieron servicio allí y en los informes de peritos judiciales. En la documentación, se afirma que a comienzos de 1976 comenzaron a ser llevadas allí personas detenidas ilegalmente en centros más pequeños como la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef), el "Reformatorio" o el "Motel". También eran transferidos allí quienes eran alojados en la ex Jefatura de Policía.
De acuerdo con la investigación, el acceso estaba a tres kilómetros de la entrada principal. El llamado "galpón N° 9"- que constituía el Centro en sí- estaba rodeado de alambre tejido. Dentro de ese perímetro había dos baños de material y tres casillas de madera que funcionaban como salas de tortura.
Las pericias dan cuenta de que en el galpón había alrededor de 30 o 40 celdas. Cada box (de madera y cemento) era pequeño y tenía un número, que pasaba a denominar al detenido. También constataron que hubo un tendido eléctrico hacia las casillas para proveer de energía a las picanas.
Los secuestrados eran sometidos a cruentas torturas para obtener información sobre su entorno y lograr nuevas detenciones. Los tormentos que sufrían los detenidos iban desde de la aplicación de descargas eléctricas o enterramientos hasta ataques sexuales. Las víctimas permanecían vendadas y atadas o encadenadas y rotaban constantemente. Según la investigación, era porque se producían fusilamientos masivos cada 15 días.
En el lugar habrían actuado militares y gendarmes.
Las fosas
La investigación para la localización de las fosas comunes comenzó en 2005. Los primeros hallazgos datan de inicios de 2011. Se detectaron restos óseos. A fin de ese año, se hallaron cuerpos completos, varios de ellos maniatados. Había balas y cubiertas. Allí se identificaron restos de 12 desaparecidos. Entre ellos, Ricardo Salinas, Damián Márquez, Pedro Corroto, Juan Ángel Giménez y Rosario Argañaraz.
Fuente:LaGaceta
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