Uruguay ya tiene matrimonio igualitario
Es el segundo país en la región, después de Argentina, que avanza en materia de los derechos sociales. La iniciativa fue impulsada por el gobernante Frente Amplio y obtuvo el apoyo de varios legisladores opositores.
El proyecto de ley fue refrendado con 71 votos a favor y 21 en contra, y celebraron los miembros del Movimiento LGBT.Imagen: EFE
Fuentes legislativas informaron que el resultado de la votación, que se realizó después de cuatro horas de sesión parlamentaria, no estuvo exenta de polémica. La aprobación se produjo gracias no sólo al voto del bloque oficialista Frente Amplio, impulsor de la iniciativa, sino también de un buen número de parlamentarios opositores. Uno de los aspectos controvertidos de la jornada fueron las observaciones que el diputado opositor Jaime Trobo, del Partido Nacional (Blanco), hizo del procedimiento legal por el cual se llegó a la aprobación. Fuentes legislativas indicaron que durante la discusión los legisladores admitieron que la ley aprobada en el Senado contenía errores, lo que en teoría debería haber forzado a los diputados a realizar cambios y a convocar una nueva votación en una sesión conjunta de las dos Cámaras.
Como solución, “el Frente Amplio dijo que una vez que se promulgue, va a redactar una ley modificativa de ésta” para su posterior aprobación, agregaron las fuentes. Al respecto, Trobo afirmó: “No se pueden votar cosas a sabiendas de que vamos a tener que modificar esos errores jurídicos u horrores jurídicos”.
La Cámara ya había aprobado la iniciativa en diciembre por 81 votos afirmativos sobre un total de 87, pero como la semana pasada se le realizaron modificaciones durante su tratamiento y aprobación en el Senado (donde fue cosechó 23 de los 31 votos de esa cámara) volvió a Diputados. Por ello fue necesario que la Cámara baja ratificara el nuevo texto antes de que el presidente José Mujica la promulgue.
El primer artículo del proyecto aprobado en la Cámara baja señala que la institución del matrimonio “implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de éstos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil”.
Uno de sus aspectos más llamativos tiene que ver con la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que será acordado por los dos cónyuges o mediante sorteo en caso de falta de acuerdo y que alcanzará también a los matrimonios heterosexuales.
También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación “in vitro”, por la reserva de la identidad de los donantes de esperma. En medio del proceso legislativo, la Iglesia católica pidió a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa que, a su juicio, va “en contra del proyecto de Dios”.
Ayer, la Conferencia Episcopal Uruguaya recordó, además, las críticas que efectuó a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina el papa Francisco mientras se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. “Está en juego la identidad y la supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos”, destacó en su momento el actual Papa. En opinión de la Iglesia uruguaya, la ley representa un nuevo retroceso en un ordenamiento jurídico que ha fundado su existencia en el respeto y la defensa de la institución familiar, “base constitucional de nuestra sociedad”.
Advirtió también que en el país “se legisla siguiendo modelos provenientes del extranjero” y criticó que ello se hace “sin el debido análisis antropológico y sin profundizar las consecuencias” que las alteraciones legales conllevan para el conjunto de la sociedad uruguaya en el tema de la familia.
El matrimonio homosexual es legal en España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y Argentina, así como en seis estados de Estados Unidos, la capital mexicana, el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas.
El diputado Sebastián Sabini, del oficialista Frente Amplio, dijo que la aprobación del proyecto significaba “un gran avance en materia de derechos sociales” que “complementan la inclusión que estamos llevando a cabo en lo político y económico”. Además, Sabini reconoció como un antecedente muy importante la sanción en Argentina de un proyecto similar en 2010 porque ayudó mucho a abrir el debate en Uruguay. “Es importante que toda la región avance de forma conjunta”, agregó.
En esa misma línea, el vocero del movimiento Ovejas Negras, Federico Graña, resaltó la buena noticia que significa la rápida aprobación de la iniciativa, y la puso en la línea de otros buenos proyectos en la materia, como el argentino. Graña confirmó que la agrupación convocó a una conferencia de prensa al final de la sesión para reflexionar sobre una ley que calificó de histórica y para agradecer a mucha gente que hizo posible esta conquista.
Fuente:Pagina12
Se opone por esta razón a que se libere al policía Ricardo Zabala
Uruguay: Fiscal dictaminó que el asesinato del maestro Julio Castro es un crimen de lesa humanidad
El del pedagogo Castro es un caso emblemático: fue la primera desaparición forzada denunciada en Uruguay
La fiscal María Camiño dictaminó que el homicidio del maestro Julio Castro, ocurrido en el año 1977, durante la dictadura militar, es un delito de lesa humanidad, por lo que no prescribió ni prescribirá nunca, informó en el curso de una entrevista que le concedió al semanario montevideano "Subrayado".
Uruguay: Fiscal dictaminó que el asesinato del maestro Julio Castro es un crimen de lesa humanidad
La fiscal María Camiño dictaminó que el homicidio del maestro Julio Castro, ocurrido en el año 1977, durante la dictadura militar, es un delito de lesa humanidad, por lo que no prescribió ni prescribirá nunca, informó en el curso de una entrevista que le concedió al semanario montevideano "Subrayado".
Camiño basó su dictamen en la normativa internacional, a la que adhiere Uruguay, y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
La fiscal dijo que no tuvo en cuenta la ley que anuló la ley de Caducidad, y que recientemente fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Por esta razón, Camiño se niega a conceder la libertad al ex policía Ricardo Zabala, procesado por el homicidio del maestro Julio Castro.
La defensa de Zabala solicitó la libertad del procesado en base a que la ley que anuló la ley de Caducidad es inconstitucional.
La Suprema Corte entendió que ya prescribieron los delitos cometidos en la dictadura (1973-1985) y que la ley aprobada por el Frente Amplio (y declarada inconstitucional) no puede declarar inprescriptibles eso delitos con retroactividad.
La fiscal entiende que, al menos el homicidio de Julio Castro, es un delito de lesa humanidad y como tal no prescribe y Zabala deber permanecer procesado y encarcelado.
Fuente:Telam
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