decisión judicial
En una histórica sentencia se ordenó restituir tierras a una familia campesina en Colombia
La Justicia dispuso restituir 11 hectáreas de tierras a campesinos despojados. La cuestión de la tierra es uno de lo puntos del diálogo entre el gobierno y las Frac.
Un juez agrario del departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, dictó la primera sentencia que ordena restituir 11 hectáreas de tierras a una familia campesina que fue despojada por bandas criminales, informó hoy la Unidad de Restitución de Tierras.
Tras el fallo del juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, se entregará el terreno a una pareja de propietarios y sus hijos, en la región de El Zulia.
Las 11 hectáreas fueron abandonadas por sus dueños "a raíz de las constantes instigaciones de la banda criminal `Los Urabeños`", dice un comunicado de la entidad gubernamental.
En ejecución de sentencias anteriores ya se recuperaron tierras arrebatadas, en casos emblemáticos, por la "Casa Castaño", en Córdoba, y por las FARC, en el municipio de Ataco, en el departamento de Tolima, según publica hoy la agencia EFE.
El Gobierno colombiano reiteró su indeclinable propósito de aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "con igual rasero y sin distingos de quién fue el despojador".
"La política de restitución de tierras, plasmada en la Ley 1448 de 2011, se continúa aplicando con toda determinación y sin distinguir quién fue el despojador o quién determinó el abandono forzado, puesto que tan víctimas son las que recibieron el agravio a manos de la guerrilla, como las que lo recibieron por obra de los paramilitares y otras organizaciones criminales", afirmó el saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La decisión del juez coincide con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la semana pasada señaló que las víctimas de las bandas criminales también deben ser amparadas por la Ley de Víctimas.
De todas maneras, aún existía en la región alta presencia de estructuras armadas y las llamadas bandas criminales, derivadas de grupos paramilitares y del desmonte de los carteles del narcotráfico de la década de los noventa.
En 2007, integrantes de ese grupo armado irrumpieron en la parcela hoy amparada por el fallo y, mediante amenazas de muerte obligaron a la familia a abandonarla. Además les impusieron vender sus tierras a una persona en específico y a un precio irrisorio.
Desde entonces, los propietarios y su familia adquirieron la calidad de desplazados y, radicados en Cúcuta, padecieron dificultades a causa de su condición de víctimas.
Los beneficiados con el fallo, no habían ni siquiera podido volver a tener noticias del predio.
La sentencia ordena no cobrarles impuestos a los predios y también que las autoridades militares y de policía velen por la seguridad de los propietarios.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta un programa de restitución de tierras que tiene como objetivo devolver más de 3,5 millones de hectáreas en el transcurso de su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.
Tras el fallo del juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, se entregará el terreno a una pareja de propietarios y sus hijos, en la región de El Zulia.
Las 11 hectáreas fueron abandonadas por sus dueños "a raíz de las constantes instigaciones de la banda criminal `Los Urabeños`", dice un comunicado de la entidad gubernamental.
En ejecución de sentencias anteriores ya se recuperaron tierras arrebatadas, en casos emblemáticos, por la "Casa Castaño", en Córdoba, y por las FARC, en el municipio de Ataco, en el departamento de Tolima, según publica hoy la agencia EFE.
El Gobierno colombiano reiteró su indeclinable propósito de aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras "con igual rasero y sin distingos de quién fue el despojador".
"La política de restitución de tierras, plasmada en la Ley 1448 de 2011, se continúa aplicando con toda determinación y sin distinguir quién fue el despojador o quién determinó el abandono forzado, puesto que tan víctimas son las que recibieron el agravio a manos de la guerrilla, como las que lo recibieron por obra de los paramilitares y otras organizaciones criminales", afirmó el saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La decisión del juez coincide con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la semana pasada señaló que las víctimas de las bandas criminales también deben ser amparadas por la Ley de Víctimas.
Despojos
La historia del despojo se remonta a 2004, cuando en Norte de Santander se registró un proceso de desmovilización en el que más de mil integrantes de las autodefensas dejaron las armas.De todas maneras, aún existía en la región alta presencia de estructuras armadas y las llamadas bandas criminales, derivadas de grupos paramilitares y del desmonte de los carteles del narcotráfico de la década de los noventa.
En 2007, integrantes de ese grupo armado irrumpieron en la parcela hoy amparada por el fallo y, mediante amenazas de muerte obligaron a la familia a abandonarla. Además les impusieron vender sus tierras a una persona en específico y a un precio irrisorio.
Desde entonces, los propietarios y su familia adquirieron la calidad de desplazados y, radicados en Cúcuta, padecieron dificultades a causa de su condición de víctimas.
Los beneficiados con el fallo, no habían ni siquiera podido volver a tener noticias del predio.
La sentencia ordena no cobrarles impuestos a los predios y también que las autoridades militares y de policía velen por la seguridad de los propietarios.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta un programa de restitución de tierras que tiene como objetivo devolver más de 3,5 millones de hectáreas en el transcurso de su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.
Fuente:Telam
21.05.2013
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Autoridades colombianas comenzaron a estudiar la extensión de esta práctica y descubrieron que se desarrolla hace tiempo a lo largo de todo el país y que en los últimos años fueron varias las jóvenes embarazadas por esta práctica.
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