El informe que puede decidir la extradición del ex juez Otilio Romano lo señala como cooperador necesario
El escrito hecho por la fiscalía de la Corte Suprema chilena es lapidario. Rechaza cada una de las defensas del ex magistrado y asegura que este omitió investigar delitos de lesa humanidad. Descargá el informe de la fiscalía chilena.
Según el informe que lleva la firma de la fiscal Monica Maldonado, lo hecho por Romano entre 1975 y 1983 lo definen como “cooperador necesario”, según la Justicia chilena, por lo que corresponde su extradición a la Argentina, para ser sometido a un juicio histórico en donde los sentados en el banco de los acusados serán todos ex miembros de la Justicia Federal.
Para llegar a esa conclusión, Maldonado sostiene que los delitos cometidos durante la última dictadura y en 1975, cuando las Fuerzas Armadas ya poseían el control para realizar operativos, son imprescriptibles, tanto en Argentina como en Chile.
Asimismo, desarma la defensa esgrimida por Romano, quien ha sostenido desde el principio que la acusación en su contra se trata de “una persecución política” y “que él simplemente cumplía con sus obligaciones, que nunca fue parcial en sus decisiones, y que no habría omitido realizar las pesquisas pertinentes, y que aunque las hubiese ordenado, ellas no habrían impedido la actuación clandestina de los servicios de seguridad”.
Sin embargo, Maldonado se mostró de acuerdo con el requerimiento de la Justicia argentina y afirmó que “la impunidad ofrecida en los hechos por el extraditable a los agentes de represión estatal fue una contribución útil y decisiva para que se pudiesen producir la reiteración de delitos de lesa humanidad que se han acreditado”, y agrega que “si efectivamente se hubiera llevado a cabo siquiera alguna investigación, la impunidad no se habría convertido en una alternativa en la mira de los autores materiales”.
La fiscal fue más allá y afirmó en su escrito que “la función del ex fiscal era indagar más que omitir diligencias o incluso archivar expedientes”.
En cuanto a la otra defensa aducida por la defensa de Romano, sobre que la competencia era de la Justicia militar y no de la federal, Maldonado sostiene que “esta argumentación no resiste análisis, pues su función era indagar y luego de llegar a la convicción de que los hechos habían sido cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, proceder a declararse incompetente. No realizó diligencias y tampoco se declaró incompetente en ocasión alguna”, explica la fiscal, lapidariamente.
Finalmente, Maldonado asegura que “es posible atribuir la participación de Romano en los hechos imputados en calidad de cooperador necesario”.
Romano forma parte del grupo de ex jueces federales que será sometido a juicio por delitos de lesa humanidad, aunque en su caso, primero debe resolverse la extradición.
El resto del lote está formado por Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
En el caso de Miret y Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura, luego de que este considerara que no estaban aptos para seguir ocupando sus cargos tras las denuncias por delitos de lesa humanidad y la investigación llevada adelante por el ex fiscal general de la Justicia Federal, Omar Palermo.
Fuente:DiarioUnoMdza
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