70% de quienes viven en hogares de clasificadores son menores de 30 años
UYPRESS
En la capital hay 2206 hogares cuyos integrantes trabajan en tareas de recolección y clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); esto abarca a 3188 personas; el 70% de estas son menores de 30 años.
Estos datos cuantitativos y cualitativos sobre la población de clasificadores que existe en Montevideo se presentaron este viernes 17 en la Intendencia Municipal de Montevideo (IM) con presencia de autoridades de Desarrollo Social de la Comuna, integrantes del Proyecto Iniciativa Medio Ambiente y Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e investigadores del Instituto de Estadística de la Universidad de la República (Udelar); así como organizaciones de clasificadores.
El estudio tomó una muestra representativa de 5 mil hogares sobre 34 mil; recorriendo zonas sobre las que se tenía información por el programa de regularización de asentamientos (PIAI) y por relevamiento de la División de Tierra y Hábitat de la IM120 manzanas, y zonas sobre las que no se tenía información.
Todas ubicadas en el 'anillo perimetral' que rodea a la ciudad, a izquierda y derecha de la avenida Garzón y hacia la izquierda de Av. General Flores. La muestra de 5 mil hogares abarca 120 manzanas.
De allí surge que 2206 hogares trabajan en tareas de recolección y clasificación en Montevideo. De estos, los investigadores encuestaron en 2027 que no habían sido relevados por la IM.
Los restantes 179 estaban vinculados al PIAI. Al menos una o dos personas de estos 2027 hogares trabajan en la clasificación de RSU, dando un total de 3188. Hacia el final de la presentación esta cifra fue cuestionada por varios de los presentes, en especial clasificadores, ya que hasta ahora la IM tenía censados a 7500 clasificadores e incluso el sindicato UCRUS sostenía que eran cerca de 15 mil -si se considera a sus familias-.
En estos 2027 hogares, el estudio estableció que la clasificación es 'la principal fuente de ingreso', 'lo cual suponemos que es un problema para la Intendencia', dijeron desde el Instituto de Estadística. De las 3188 personas, 1462 solo recolectan y clasifican y 1056 solo recolectan: estas tareas son realizadas mayoritariamente por varones de entre 18 y 49 años.
De las 670 que 'solo clasifican' un 64% son mujeres de entre 18 y 49 años y un alto porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 14 años. La mayoría de las tareas de recolección en la calle se realizan en contenedores o volquetas (80%), el resto en complejos de viviendas y en ecopuntos dispuestos por la IM.
Como medios de transporte los clasificadores utilizan 1100 carros (entre tracción a sangre, pie y bicicleta): 738 carros con caballos, 602 tirados a manos y 526 en bicicleta. En el estudio más cualitativo, para caracterizar a esta población de clasificadores, se tomaron tres muestras: 409 hogares de clasificadores; 402 hogares de vecinos de clasificadores (que no clasifican) y 400 hogares de asentamientos con baja densidad de clasificadores.
Los hogares de clasificadores se caracterizan por presentar 'condiciones más desfavorables' que las de sus vecinos que no clasifican; son hogares jóvenes y numerosos: el 70% de sus integrantes tiene menos de 30 años y viven 4 personas por hogar en promedio.
Además, presentan bajo nivel de instrucción entre sus integrantes: el 44% tiene Primaria Incompleta, de los cuales la mitad son menores de 21 años y los niños e entre 8 y 15 años repitieron al menos una vez algún nivel de Primaria.
Un quinto de esta población tiene multiempleo (realizan changas, trabajos de construcción o de vigilancia), pero el 80% no tiene acceso a jubilación.
Por último son 'más vulnerables a tener peores condiciones de vivienda'. Solo el 12% no presenta problemas de vivienda, mientras que el 32% tiene peligro de derrumbe o de inundación.
Además tienen alta exposición a lugares tóxicos, por trabajar con los RSU en sus casas y Necesidades Básicas Insatisfechas, ya que el 97% presenta 'algún tipo de pobreza' y un 60% de estos tiene 'pobreza crónica': 'está más arraigada y por eso es más difícil de revertir' dijeron desde PNUD.
Al momento de las preguntas y el debate con las personas que asistieron a la presentación, se destacó el cuestionamiento a la cifra total de hogares que realizan tareas de clasificación, así como no tomar indicadores como la salud y el trabajo infantil.
Fuente:Argenpress
UN EX JEFE TUPAMARO ACUSADO DE TRAIDOR REAPARECIO MISTERIOSAMENTE
La vuelta de Amodio Pérez y su historia
Héctor Amodio Pérez había llegado a pertenecer a la dirección tupamara.Imagen: EFE
La historia del MLN Tupamaros, la organización guerrillera de los años ’70 en la que militaron el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y otros funcionarios del gobierno de ese país, saltó a la primera plana con un giro novelesco con la aparición de Héctor Amodio Pérez, uno de sus más altos dirigentes que fue acusado por sus compañeros de haber sido uno de los traidores más grandes de la organización. Después de 40 años, Amodio Pérez se comunicó por Internet, se supone que desde España, con la publicación El Observador, que le hizo llegar quince preguntas. En las respuestas, Amodio Pérez rechaza haber delatado a otros guerrilleros, pero reconoce haber colaborado en la reestructuración de las fuerzas represivas.
Pérez reconoce que en junio de 1972 comienza a colaborar con los militares uruguayos, aunque acusa a otro de sus compañeros por la entrega de una cárcel del pueblo. “El que dio los datos para la ubicación de la cárcel del pueblo fue Wassen –afirma–, lo que acordamos él, Wolff y yo, hecho que hoy es aceptado, asumido e incluso perdonado, pero que en mayo de 1972 fue el punto de partida para mi acusación.”
El ex guerrillero relata una supuesta negociación con los militares, acordada por la dirección de los Tupamaros a través de algunos presos. “Cuando Alicia (Rey Morales, su compañera) fue trasladada al batallón Florida, retomé la iniciativa de (el teniente) Méndez como medio de lograr nuestra libertad. No nos quedaba otra alternativa.” En ese relato, Amodio acusa a Hernández Huidobro, Rosencoff y Maneras, tres miembros de la conducción tupamara, de haber delatado como colaborador al senador Enrique Erro.
Amodio Pérez también deja traslucir sus críticas contra el líder histórico de Tupamaros, el fallecido Raúl Sendic (“de cuya biografía se han borrado todos los errores y horrores cometidos por él o en su nombre”).
Indica que su intento de aportar a la organización de la represión sólo duró unos días por el intento de secuestro de Méndez (el militar que le había planteado la colaboración con la represión) “fraguado entre Fernández Huidobro y el propio Wassen, que Alicia y yo desbaratamos”. El salvataje del teniente Méndez (“esto fue lo fundamental”) se sumó al pedido del general Cristi de que testificaran ante la Justicia contra el senador Enrique Erro.
También asegura que su pareja no fue detenida, sino que se entregó “para facilitar la fuga de quienes la acompañaban, entre ellos el actual presidente uruguayo, el señor José Mujica Cordano, en esos momentos, el compañero Ulpiano”.
Los militares pusieron en libertad a Amodio Pérez y su pareja, quienes permanecieron en la más cerrada clandestinidad hasta esta comunicación donde acusa “a quienes se han servido de la mentira para ocultar su responsabilidad en la debacle del MLN”.
Fuente:Pagina12
22.05.2013
La pieza legislativa busca regular los servicios de comunicación audiovisual
Mujica envió al Congreso el proyecto de ley de medios
El objetivo es conformar un sistema con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal.
Los SCA que serán regulados a partir de esta pieza legislativa son la radio, la televisión y otros prestados por medios de comunicación audiovisual. El proyecto los define como "servicios de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional" y, por lo tanto, de especial interés público. Por ello, sostiene que "es deber del Estado asegurar el acceso universal" a los SCA para "contribuir así a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual, que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas". Por ello, señala el proyecto, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control".
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación –el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA)– que tendrá como funciones las de "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" del sistema, y contempla la figura del ombudsman del sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción local, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa. Pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en época electoral, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre "autorregulación ética" para los titulares de SCA a partir de un código "determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve" la futura ley. También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento".
Fuente:TiempoArgentino
21.05.2013
La esposa de Mujica, presidenta de Uruguay
La senadora Lucía Topolansky quedará desde mañana como presidenta de Uruguay por cuatro días, luego de que su esposo y presidente José Mujica emprenda una gira de 10 días por China, España e Italia y el vicepresidente Danilo Astori comience hoy un viaje protocolar a Colombia.
En noviembre de 2010 también quedó a cargo del país luego de que Mujica realizara un viaje no oficial a España y Astori una visita oficial a Corea.
Mujica inicia el miércoles el viaje más importante de su gobierno, durante el cual buscará en China y España "conseguir inversiones para el puerto de aguas profundas y reactivar el ferrocarril", según detalló a Télam el canciller Luis Almagro.
Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori viajará hoy a Cali (Colombia) para participar de la Séptima Cumbre de la Alianza del Pacífico, grupo subregional del que Uruguay asistirá como país observador.
De esta convocatoria participarán los presidentes de los cuatro Estados parte: México, Colombia, Chile y Perú.
Además de Uruguay, se sumarán como observadores España, Canadá, Guatemala, Australia, Japón y Nueva Zelanda.
Fuente:InfoNews
21.05.2013
Uruguay
Mujica envió el proyecto de ley de medios audiovisuales para “limitar la formación de monopolios”
El presidente uruguayo, José Mujica, envió al Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pretende regular el sector, por considerarlo de interés público, mediante nuevas reglas que permitan un sistema con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal.
Mujica resaltó que el proyecto "tiene mucha importancia para el país", al presentar este martes durante una reunión con sus ministros en la residencia presidencial de Suárez los detalles de la iniciativa de 13 capítulos y 183 artículos.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca "regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual" con "reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores", según el texto enviado al Parlamento y que deberá debatir primero la Cámara de Diputados.
El Gobierno define en este texto a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como "servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional" y, por lo tanto, de "interés público".
Por ello, sostiene que "es deber del Estado asegurar el acceso universal" a los SCA para contribuir "a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas".
Por ello, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control", señala el texto.
Otro importante cambio propuesto es "la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA" que propone el proyecto, por el que también se busca limitar la concentración de estos medios.
Al respecto, se busca pasar de la "situación precaria y revocable" de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones "con plazos determinados y renovables".
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre "autorregulación ética" para los titulares de SCA a partir de un código "determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve" la eventual futura ley.
También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento", según el texto girado al Parlamento.
La propuesta incluye la obligatoriedad de emitir a través del servicio de radiodifusión de televisión abierta, en directo y simultáneo, los partidos en instancias definitorias de torneos internacionales de las selecciones nacionales de fútbol y básquet.
Fuente:Telam
Uruguay
Mujica envió el proyecto de ley de medios audiovisuales para “limitar la formación de monopolios”
El presidente uruguayo, José Mujica, envió al Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pretende regular el sector, por considerarlo de interés público, mediante nuevas reglas que permitan un sistema con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal.
Mujica resaltó que el proyecto "tiene mucha importancia para el país", al presentar este martes durante una reunión con sus ministros en la residencia presidencial de Suárez los detalles de la iniciativa de 13 capítulos y 183 artículos.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca "regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual" con "reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores", según el texto enviado al Parlamento y que deberá debatir primero la Cámara de Diputados.
El Gobierno define en este texto a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como "servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional" y, por lo tanto, de "interés público".
Por ello, sostiene que "es deber del Estado asegurar el acceso universal" a los SCA para contribuir "a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas".
Por ello, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control", señala el texto.
Otro importante cambio propuesto es "la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA" que propone el proyecto, por el que también se busca limitar la concentración de estos medios.
Al respecto, se busca pasar de la "situación precaria y revocable" de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones "con plazos determinados y renovables".
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre "autorregulación ética" para los titulares de SCA a partir de un código "determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve" la eventual futura ley.
También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento", según el texto girado al Parlamento.
La propuesta incluye la obligatoriedad de emitir a través del servicio de radiodifusión de televisión abierta, en directo y simultáneo, los partidos en instancias definitorias de torneos internacionales de las selecciones nacionales de fútbol y básquet.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca "regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual" con "reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores", según el texto enviado al Parlamento y que deberá debatir primero la Cámara de Diputados.
El Gobierno define en este texto a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como "servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional" y, por lo tanto, de "interés público".
Por ello, sostiene que "es deber del Estado asegurar el acceso universal" a los SCA para contribuir "a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas".
Por ello, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control", señala el texto.
Otro importante cambio propuesto es "la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA" que propone el proyecto, por el que también se busca limitar la concentración de estos medios.
Al respecto, se busca pasar de la "situación precaria y revocable" de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones "con plazos determinados y renovables".
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre "autorregulación ética" para los titulares de SCA a partir de un código "determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve" la eventual futura ley.
También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento", según el texto girado al Parlamento.
La propuesta incluye la obligatoriedad de emitir a través del servicio de radiodifusión de televisión abierta, en directo y simultáneo, los partidos en instancias definitorias de torneos internacionales de las selecciones nacionales de fútbol y básquet.
Fuente:Telam
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