30 de junio de 2013

CHILE.

30.06.2013
los líderes de las protestas por la educación desmienten a un ministro
Estudiantes chilenos: "En las marchas no hay piqueteros argentinos"
Tras la multitudinaria manifestación del miércoles, el titular del Interior había acusado de desmanes a grupos llegados de Argentina.

Los estudiantes chilenos rechazaron duramente las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien había comparado a los encapuchados de las marchas estudiantiles con los "piqueteros" argentinos, y aseguraron que se trata de un intento por desviar el tema de la demanda de educación pública, gratuita y de calidad.

"Es la táctica de los 'piqueteros' argentinos. Esa coordinación todavía existe, hay contacto con los argentinos que operan sorprendiendo con interrupciones en el tránsito y tratando de lograr la mayor perturbación", afirmó Chadwick en referencia a la acción de encapuchados este miércoles, en el marco del paro nacional por la educación, quienes bloquearon calles con fogatas y lanzaron bombas molotov a la policía.

"Este es el grupo más organizado dentro de los encapuchados. Hay lugares que ellos escogen (para atacar) y otros que los deciden sobre el momento", añadió el polémico funcionario.

Moisés Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, rechazó "tajantemente" los dichos del ministro. En diálogo con The Associated Press, instó al secretario de estado a "evitar los enfrentamientos y la violencia, y hacer un llamado con propuestas, con diálogo, para de una vez por todas resolver este conflicto".

Por su parte Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, aseguró a la misma agencia que las declaraciones de Chadwick "responden a la lógica que hemos visto estas últimas semanas de que, como el gobierno no sabe qué hacer con la educación, intenta desviar el tema y esto es reforzar simplemente ese intento".

El miércoles pasado, más de 100.000 personas marcharon por Santiado de Chile en reclamo de una educación de calidad y gratuita. Hubo incidentes cuando encapuchados causaron daños a inmuebles públicos y ocasionaron cortes de calles estratégicas, con lo que que miles de habitantes de Santiago protestaran por los medios de información por haber llegado tarde a sus trabajos.

"Queremos hablar sin eufemismo alguno: no son estudiantes, son delincuentes, son extremistas. En esta oportunidad han actuado de forma simultánea, coordinada y preparada para efectos de provocar en el día de hoy (por el miércoles) estas acciones de violencia", dijo entonces Chadwick en rueda de prensa.
El ministro exhortó a los dirigentes universitarios a condenar la violencia y frenar a los encapuchados.

Fielbaum, el presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, reivindicó "el derecho a la protesta" para agregar que esto ocurre "especialmente cuando nos damos cuenta de que la protesta ha sido la única forma con la cual se ha logrado cambiar los límites de lo políticamente posible en Chile".

Las protestas estudiantiles empezaron en mayo de 2011 y no han cesado. Los universitarios presionan por una educación de calidad, gratuita, el fin del lucro en las universidades privadas y mayores aportes estatales a los planteles públicos y semiprivados, y los secundarios exigen que la administración de sus escuelas retorne de las municipalidades.

No es la primera vez que autoridades chilenas acusan a grupos argentinos de provocar desmanes del otro lado de la cordillera. En enero de este año, sin apñortar ninguna prueba, Chardick sugirió que la violencia en el sur de Chile por la reivindicación de tierras ancestrales mapuches podía estar siendo financiada desde la Argentina.
Fuente:TiempoArgentino

29.06.2013
Chile
Los chilenos votan en elecciones primarias
Los chilenos irán a las urnas por primera vez en la historia para elegir en primarias abiertas y obligatorias a los dos candidatos presidenciales, uno oficialista y otro opositor, que pelearán en las elecciones de noviembre.

Dos aspirantes por la alianza oficialista, y cuatro por la opositora Nueva Mayoría buscan el voto de los afiliados a los partidos a cada una de las coaliciones y, fundamentalmente, de los independientes.

Por la oposición, pelean la candidatura Claudio Orrego, Andrés Velasco, José Antonio Gómez y la ex presidenta Michelle Bachelet, a quien señalan como ganadora todas las encuestas, y por la alianza gobernante los postulantes son Andrés Allamand y Pablo Longueira.

Dentro el pacto opositor, Bachelet es candidateada por los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD); Velasco, exministro de Hacienda, es independiente; Orrego es propuesto por la Democracia Cristiana (DC); y Gómez lleva la bandera del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD).

Dos exministros compiten dentro del oficialismo: Allamand, de Renovación Nacional, fue titular de Defensa; y Longueira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Economía.

Según una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), cuatro de cada 10 jóvenes no participarán del proceso de mañana, aunque el 58 por ciento de los encuestados considera que las primarias son "muy importantes" para la democracia, y el 74 por ciento asegura haber visto propagandas de los candidatos.

El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, explicó que "el 92 por ciento de los jóvenes dice tener conocimiento sobre las primarias en el país", pero cuando se les pregunta por su  participación "manifiestan una baja motivación".

Por otra parte, una encuesta nacional de MORI reveló que sólo un 12 por ciento del electorado nacional se acercaría a votar en las primarias.
De este mismo estudio se desprende también que un 67 por ciento votará por Nueva Mayoría y un 33 por ciento en las de la alianza gobernante, y Bachelet y Allamand aparecen como los probables ganadores en esta primera instancia.

A los encuestados, MORI les pidió también opinión sobre la reforma constitucional, punto que logró un apoyo del 46 por ciento. Un 64 por ciento, además, juzgó "factible" establecer una Asamblea Constituyente que modifique la Carta Magna.

Si bien desde el 31 de enero del año pasado rige la Ley que regula la inscripción automática y el voto voluntario, mañana podrán votar, además de los independientes, los afiliados a los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, por la Democracia, Radical Socialdemócrata, Comunista, Izquierda Cristiana y  Movimiento Amplio Social en las primarias de la oposición.

En la pulseada oficialista, junto a los independientes, podrán participar los electores inscriptos en Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.

Aunque más de 13 millones de ciudadanos integran el padrón, las encuestas vaticinan una alta abstención y una cifra de votantes de entre 1 millón 500.000 y 2 millones de personas.

En todo Chile serán 1.371 los locales de votación, y en 10 distritos electorales, además, se realizarán votaciones para aspirantes a diputados.

Los militares ocuparon las sedes electorales e instalaron sus equipos en los centros, una treintena de ellos colegios que habían sido tomados por grupos de estudiantes desalojados en la madrugada del jueves por la policía, en pocos casos de manera pacífica y en la mayoría mediante el uso de la fuerza.

De los 406 locales de votación de la Región Metropolitana, 322 son controlados por el Ejército, 58 por la Fuerza Aérea y 26 por la Policía de Carabineros.

Según informó la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, por las primarias el comercio tendrá que cerrar sus puertas, porque para los empleados del sector será "feriado irrenunciable", aunque las pequeñas empresas podrán abrir sus puertas a sus clientes, con la obligación de conceder 2 horas a sus empleados para que puedan asistir a sufragar.

El gerente comercial y de Asuntos Corporativos de Metro, Álvaro Caballero, explicó que el subterráneo comenzará a operar a las 6.30 de mañana para facilitar el traslado para todos los capitalinos. Las mesas estarán abiertas de 8 a 18, según lo dispuesto por el Servicio Electoral. 
Fuente:Telam 

29.06.2013
El caso, por ser previo al golpe, no pudo ser encuadrado como crimen de lesa hum
Chile: Homenaje a Leonardo Henrichsen, quien pudo filmar su propio asesinato, en 1973

Leonardo Henrichsen, reportero muerto en cumplimiento del deber 
Fotograma de la última secuencia que filmó Henrichsen, donde aparecen los soldados que le dispararon... 
Santiago de Chile.- (Corresponsal) La alcaldesa de esta Capital, Carolina Tohá, encabezó hoy un acto de homenaje por los 40 años de la muerte del corresponsal argentino sueco Leonardo Henrichsen, quien grabó su propio asesinato durante el llamado "tancazo" del 29 de junio de 1973, meses antes del comienzo de la dictadura en Chile. El acto contó además con la presencia del concejal por Santiago Ismael Calderón; el coordinador de Comité Ciudadano de Memoria Democrática, Francisco Estévez; la hija del homenajeado, Josephine Henrichsen; el cineasta Patricio Guzmán; y representantes de las embajadas Argentina y de Suecia.

En representación de la embajada argentina, el ministro Marcos Bretón, llevó la palabra del embajador Ginés González García para recordar a "este valiente periodista que dio su vida por una pasión, la búsqueda de la verdad". Betrón reseñó que el Congreso argentino dictó en 1989 la ley 23.689 que estableció el 29 de junio como el Día del Camarógrafo y subrayó que el ejemplo de Henrichsen "seguirá vivo invitando a luchar contra la indiferencia y a bregar por los DDHH".
  
Por el Comité de la Memoria, Estévez destacó que el asesinado camarógrafo "es hijo de la Argentina, es hijo de Suecia, es hijo de Chile, es hijo del mundo". Josephine Henrichsen, a su turno, agradeció a los organizadores y expresó que "la diferencia entre la sociedad y la familia de Leonardo es que precisamente en el momento que la sociedad lo conoce, nosotros lo perdimos".
  
Henrichsen trabajaba para Radio y TV Suecia, fue asesinado en pleno centro de Santiago por el cabo Héctor Bustamante Gómez, según la información que dio a conocer 30 años el periodista y ex consejero del Colegio de Periodistas Ernesto Carmona.
  
El militar disparó primero con un revólver y luego ordenó a sus subordinados que tiraran con sus fusiles. Una bala atravesó el cuello del camarógrafo, que murió al llegar al hospital.
 
Según la justicia chilena, Henrichsen fue catalogado como víctima de derechos humanos de segunda clase, desestimando la chance de que fuera considerado crimen de lesa humanidad, porque ocurrió antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

La jueza Rommy Rutheford, del segundo juzgado del crimen de Santiago, falló en 2006 que el homicidio había prescripto. Tampoco prosperó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
  
En 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago encomendó al ministro Jorge Zepeda Arancibia investigar los asesinatos de Henrichsen y la suerte de otros tres ciudadanos argentinos desaparecidos tras el golpe (Oscar Héctor Bugallo Celuzi, Miguel Ángel Lacorte y Héctor Garzán Morillo), diligencia judicial que formalmente aún sigue en curso.
  
El periodista Ernesto Carmona contó al diario Cambio 21 que poco tiempo antes de la muerte del soldado que asesinó a Henrichsen, recibió amenazas de muerte por revelar el nombre del entonces cabo segundo. "Si tomé en cuenta esas amenazas fue sólo porque una de esas llamadas la recibió mi señora; fue ella quien me obligó ir a interponer una denuncia. Para mí si eres inocente no tienes para que amenazar", contó Carmona.
  
El asesino del camarógrafo, Bustamente, falleció de una neumonía asociada al cáncer pulmonar que padecía, el 18 de diciembre de 2007, sin ser juzgado y en completa impunidad.

Josephine subrayó que su familia está segura de que el teniente Bustamante disparó primero y no lo impactó, y por eso dio la orden a los conscriptos para que dispararan. "Sabemos que se tomó declaración a los conscriptos y uno de ellos aceptó ser el culpable. Queremos justicia y no nos vamos a cansar de buscarla. El hecho es claramente un crimen de lesa humanidad", afirmó, y lamentó que "no hay voluntad ni compromiso de la corte para encontrar a los culpables".
  
La alcaldesa Tohá agregó que "siempre en esta sociedad se trata de aprender de las cosas horribles que pasaron después del golpe y no repetirlas, pero quizás más útil hubiera sido aprender de lo que pasó antes, para poder detener lo que después sucedió".
Fuente:Telam

Hombre rico, hombre pobre 
Año 6. Edición número 267. Domingo 30 de junio de 2013
Por Miradas al Sur internacional@miradasalsur.com
Chile. La distinta vara del Poder Judicial para medir la tenencia de estupefacientes entre el hermano de un conductor de TV y el sobrino de un senador. Droga y corrupción política.
No es nada nuevo entre analistas políticos que la militarización contra el narcotráfico asumida y auspiciada desde Estados Unidos esconde a su vez motivos geopolíticos. Entre las “nuevas amenazas” del orden post-comunista, el Pentágono destaca el terrorismo, las catástrofes naturales y las drogas. Este escenario, según el Ministerio de Defensa norteamericano, consolidaría las nuevas amenazas para la paz y la estabilidad emanadas desde la “difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos de ilícitos, pandillas y terrorismo, cuyos efectos pueden verse acentuados por los desastres naturales y una marcada desigualdad económica”. 

El documento “La política de defensa para el hemisferio occidental”, de octubre de 2012, considera que el narcotráfico es un asunto de seguridad y defensa hemisférica, donde el ejército de Estados Unidos sería el principal articulador en la lucha contra estos “males”. Ante la incapacidad de financiar sus operaciones armadas, no sólo buscaría incidir aún más en la agenda de paz, soberanía y estabilidad de Latinoamérica, sino que espera compartir los costos de militarizar un problema como el narcotráfico.

El caso de México es paradigmático en la región. El enfoque militar hacia el narcotráfico causó la muerte de al menos 70.000 personas, según cifras conservadoras para el período 2006-2012. Durante la presidencia de Felipe Calderón, del PAN, se implementó la llamada “Estrategia Nacional de Seguridad”, iniciada con el Operativo Conjunto Michoacán, que desplegó más de cinco mil efectivos de la policía federal fuertemente armados en el Estado del mismo nombre. En la actualidad, esta guerra, que no tiene un enemigo preciso y que hace recaer la violencia contra la población más humilde del país, aumentó un 78% el gasto público en defensa, inflando un negocio que organismos internacionales consideran de US$32.000 millones, sólo en el país azteca.

Sin embargo, muchos Estados comenzaron a recapacitar en cuanto al enfoque militarista como estrategia para disminuir el tráfico y consumo de narcóticos. En 2001, Portugal despenalizó el consumo de casi todas las drogas, incluida la cocaína y la heroína. Un estudio del abogado e investigador norteamericano Glenn Greenwald del año 2010 publicado por el Cato Institute demostró que el número de encarcelamientos por tráfico de drogas había disminuido, en tanto la despenalización no había tenido efectos adversos en la tasa de consumo de drogas en el país lusitano. Además, el porcentaje de heroinómanos que se inyectan había bajado del 45% al 17% gracias a los programas de desintoxicación. El nuevo enfoque disminuyó el porcentaje de adictos portadores de VIH de un 56% a un 20%, al mismo tiempo que aumentó el número de inscritos en programas de sustitución de drogas de 6.000 casos en 1999 a 24.000 en 2008. Así, considerar al drogadicto como un sujeto de derechos amparado por la ley y ofrecerle los mecanismos de superación de la adicción parecería un mejor camino que criminalizar el consumo de sustancias psicotrópicas, concluye el informe.

En cuanto a la región, en la actualidad Uruguay lidera el programa de implementación de políticas públicas tendientes a regular el narcotráfico. A pesar de haber encontrado una seria oposición y haber tenido un avance irregular, en la actualidad, la política de drogas (en específico el caso de la marihuana) contempla el monopolio estatal en cuanto a la regulación de la producción, distribución y venta del producto. Con la puesta en marcha de listas secretas de compradores, el proyecto de ley autoriza al Estado a asumir “el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados”. “El Estado no plantará, sino que habrá un mecanismo de otorgamiento de licencias a particulares a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Éstos podrán importar semillas desde bancos legales que ya existen”, consignó recientemente El Espectador. En cuanto al acceso al cannabis, se implementarán tres modalidades: autocultivo, “clubs de membresía” y adquisición en farmacias. La existencia de listas de usuarios permitirá regular el acceso y controlar el narcoturismo, para no entrar en contradicción con otros países de la región, donde tanto la adquisición como la venta del producto son penadas por ley.

Un Estado que aplica este tipo de políticas es Chile. La penalización de la marihuana por medio de la ley 20.000 equipara la adquisición y distribución del cannabis al de la cocaína. En otras palabras, ambas son consideradas “drogas duras”. Así, para 2013, el 28,5% del total de imputados por el delito de tráfico de drogas recibían una medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, de este total el 18,7% resultaba absuelto de los cargos. “Detrás del robo, este grupo de delitos es el segundo a nivel nacional en el que se producen esta clase de errores (imputados que permanecen en prisión preventiva sin que merezcan ser condenados)”, destaca Jonathan Valenzuela, académico de la UACh.

Sin embargo, y al igual que en otros países de la región, el Poder Judicial chileno enfrenta una serie de cuestionamientos por la arbitrariedad de los fallos. Recientemente se llevó a cabo una fuerte campaña pública debido al caso de Manuel Lagos. El productor y hermano del presentador de televisión Sergio Lagos fue sorprendido en un allanamiento de la Policía de Investigaciones con 630 gramos de marihuana en las dependencias de su productora Evolución. Por orden del octavo juzgado de garantía, se encuentra en prisión preventiva desde el 17 de mayo, sin posibilidad de dejar el recinto penitenciario. A su favor, se realizó un masivo evento musical en el que asistieron más de 30.000 personas y que contó con destacadas personalidades del ámbito artístico, cultural y musical del país. Y si bien la defensa de Lagos insiste en que la marihuana fue adquirida para uso personal, la fiscalía supone que se trata de una red de tráfico de drogas, por lo que el productor deberá permanecer encarcelado mientras dure el proceso.

En contraste, en octubre de 2011 el sobrino del senador Hernán Larraín (UDI), Benjamín Echeverría Larraín, fue detenido con 20 mil dosis de cocaína. Perteneciente a una de las familias más ricas de Chile, el publicista de 41 años fue sorprendido con casi dos kilos de cocaína de alta pureza importada desde Bolivia. Si bien el imputado quedó en prisión preventiva, poco tiempo después fue liberado bajo el cargo de “libertad vigilada”. La defensa aludió que el “ambiente familiar” podría ayudar a la “rehabilitación”. Y si bien la fiscalía pidió 10 años de prisión, a mediados de 2012 el Tercer Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a una pena de 5 años de cárcel con el beneficio de libertad vigilada y el pago de 40 UTM ($ 1.587.560 pesos).

De esta forma, el accionar de los tribunales no sólo parece arbitrario por la naturaleza de las sustancias en cuestión, sino también por el carácter de clase de los imputados. Mientras el caso de Lagos movilizó la solidaridad y profundizó la campaña en favor de la despenalización del consumo de marihuana, la condena que excluye el presidio para Larraín muestra lo errado del accionar de la Justicia. Una vez más, el Estado chileno se coloca bajo el paradigma de la criminalización al consumo y ampara a narcotraficantes, en especial cuando estos pertenecen a las clases dominantes de la sociedad.
Fuente:MiradasalSur

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