el gobierno de juan manuel santos ya había rechazado la propuesta
Las FARC retoman el diálogo de paz con un nuevo planteo de reforma constitucional
Los negociadores de la guerrilla consideran que para hablar de la participación política de miembros de la agrupación en necesario antes ir a una Asamblea Constituyente para establecer nuevos mecanismos democráticos.
Los equipos negociadores del Gobierno y las FARC retomaron las sesiones conjuntas en la mesa de negociación en Cuba luego de haberse tomado una semana trabajando por separado en las propuestas sobre la participación política, el segundo punto de la agenda del proceso que intenta poner fin a más de 50 años del conflicto colombiano.
"La almendra de la participación política está en la construcción de la democracia y de la transformación estructural del Estado", indicó la guerrilla en un comunicado leído por su número dos y jefe de su equipo negociador, "Iván Márquez", alias de Luciano Marín Arango.
Tras llegar a finales de mayo a un acuerdo sobre la cuestión agraria, las partes iniciaron el pasado 11 de junio el décimo ciclo de los diálogos de paz, una ronda que concluirá el próximo sábado. A su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) reiteraron su reclamo de convocar en Colombia una Asamblea Constituyente.
"No estamos hablando de una Constituyente para después del abandono de las armas, sino de una Constituyente como tratado de paz y nuevo contrato social. La Constituyente es más que un escenario de refrendación (de un eventual acuerdo de paz); es el espacio que define la paz", destacó la guerrilla.
"¿Por qué tenerle miedo a la opinión del pueblo, a la verdadera democracia? El ejercicio del poder constituyente es sin duda, genuina expresión de la afirmación de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo", comentó el guerrillero, según consigna la agencia Prensa Latina.
En su declaración, las FARC cuestionaron además el sistema judicial colombiano, afectado a su juicio por la "corrupción" y la "politiquería" e invitaron a la sociedad colombiana y a las facultades de derecho de las universidades del país a que se pronuncien sobre una reforma de la justicia.
El pedido de una Asamblea Constituyente en Colombia se convertió en una de las principales demandas de la guerrilla en las conversaciones oficiales que intentan la paz en el país sudamericano, según publican las agencias EFE, Ansa, DPA.
Las FARC inauguraron el nuevo ciclo de la negociación pidiendo un aplazamiento de las elecciones previstas en Colombia para 2014, cosa de organizar un proceso constituyente, propuesta que fue rechazada rotundamente por el presidente Juan Manuel Santos.
Fuente:TiempoArgentino
Sus defensores dicen que no afectará el juzgamiento de delitos de lesa humanidad
Colombia: la reforma del fuero penal militar agita las aguas en el colectivo de DDHH
Paradójicamente, los EEUU que entrenaron a los militares del Plan Colombia ahora alertan sobre la posible "impunidad" de los delitos de lesa humanidad.
Bogotá.- La Cámara de Diputados de Colombia aprobó una ley que reglamenta la reforma constitucional del fuero penal militar, cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que entienden que la nueva organización estatutaria podría brindarle impunidad a los uniformados. El proyecto, uno de los principales que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pasará a conciliación con el Senado y luego a revisión a la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, reiteró anoche que la propuesta, que incluye 100 artículos, "no le está abriendo la puerta a la impunidad", sino que, por el contrario, "significa seguridad jurídica y cero impunidad", reportó DPA.
Colombia: la reforma del fuero penal militar agita las aguas en el colectivo de DDHH
Bogotá.- La Cámara de Diputados de Colombia aprobó una ley que reglamenta la reforma constitucional del fuero penal militar, cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que entienden que la nueva organización estatutaria podría brindarle impunidad a los uniformados. El proyecto, uno de los principales que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pasará a conciliación con el Senado y luego a revisión a la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, reiteró anoche que la propuesta, que incluye 100 artículos, "no le está abriendo la puerta a la impunidad", sino que, por el contrario, "significa seguridad jurídica y cero impunidad", reportó DPA.
Asimismo, el representante Óscar Bravo, defensor de la iniciativa, afirmó que los delitos que estén por fuera del servicio seguirán siendo investigados por la Fiscalía General. "Delitos que cometan militares de lesa humanidad, genocidio, delitos sexuales y falsos positivos no serán juzgados por la justicia militar sino por la Fiscalía General de la Nación como cualquier delincuente", explicó Bravo.
La enmienda, que reforma tres artículos de la Constitución, crea un Tribunal de Garantías Penales encargado de servir de juez de control y de dirimir eventuales conflictos de competencias entre las instancias penales civil y militar.
El texto de la reforma señala que los tribunales marciales se encargarán de investigar y sancionar "los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio". "En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado", señala la enmienda.
La aprobación se da en medio de las críticas y advertencias hechas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que hicieron un llamado de alerta ante la posibilidad de que casos como las ejecuciones de civiles queden en la impunidad.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advertió que la reforma le genera dudas porque en su opinión no da garantías para que los militares acusados de cometer violaciones de los derechos humanos sean condenados. Vivanco afirmó que Colombia puede perder la asistencia militar de Estados Unidos, pues ese país supedita la ayuda a que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas sean remitidas a la justicia ordinaria.
El experto chileno agregó que la ampliación del fuero militar no sólo pondría en riesgo la ayuda estadounidense, sino que Colombia quedaría en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI) porque se trataría de un retroceso en la defensa de los derechos humanos.
Fuente:Telam
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