COLOMBIA.

27.06.2013
El problema de la tierra como eje principal
Unos datos aislados sobre la violencia en Colombia 
He dudado mucho con este texto. Porque para una mirada distraída pareciera que se trata de una crítica a un pueblo que amo, Colombia. Lo que me decidió es la lectura superficial que se hace en Argentina sobre un tema complejo como "la seguridad". 

Por: Eduardo De la Serna

Se vuelve muy difícil escribir algo donde se intente mostrar una realidad tan diferente a la nuestra de Argentina… Especialmente porque quienes no la conocen, ni la vislumbran, no pueden menos que mirarla o pensarla "desde nuestra realidad" y es precisamente eso lo que aquí quisiéramos evitar. ¿Cómo explicar el gusto de una fruta tropical a quien nunca la ha saboreado? Podrá buscar en internet fotos del fruto, podrá saber que es dulce, o agrio, que tiene "un aire" a otra fruta conocida, pero nunca –hasta que no lo pruebe– sabrá cuál es el verdadero sabor.

Mirar la experiencia de muchísimos migrantes que viven en nuestros países y que después de 50 años siguen sin entender la cultura, y la (infra)valoran con sus propios criterios y parámetros, tan diferentes, puede servir para ilustrar la dificultad de comprender, pero tampoco lo aclara suficientemente.

Para entender desde Argentina la realidad de Colombia, por ejemplo no basta con conocer cuatro o cinco datos, especialmente porque muchos los comprenderán desde nuestra realidad (o desde nuestra percepción de la realidad, o –peor aún–desde la realidad que nos hacen creer que vivimos). Por otro lado, siempre está la mirada subjetiva, o la propia experiencia (que es indiscutible, pero siempre parcial): una persona que es asaltada en la ciudad más segura del mundo, no tendrá esa percepción; del mismo modo que quien caminó por la noche varias veces en lugares peligrosísimos sin que le ocurriera nada, relativizará mucho esa otra realidad. Lo que voy a anotar es sobre el tema de la violencia, sin detenerme en los cientos de agrupaciones y colectivos que luchan por los Derechos Humanos, que trabajan por la paz y la vida, en ambientes religiosos, sociales, ONG y demás. Escribo sobre la violencia, pero estas personas y grupos no deberían desconocerse e ignorarse. Merecen todo nuestro respeto, en especial por la amenaza constante y sistemática de sus vidas (haber viajado con custodia o en camionetas blindadas me permite comprenderlo).
Colombia está marcada por la violencia desde hace demasiado tiempo. Una guerra civil prolongada ("la guerra de los mil días", 1899-1902), el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (9 de abril de 1948) que desencadena un largo conflicto y violencia interna de diez años (1948-1958) que fue 'solucionado' por un acuerdo de alternancia en el poder entre conservadores y liberales (lo cual da una temporaria solución a la violencia pero aniquilando a su vez la democracia).

"El problema" de la violencia tiene un eje principal: la tierra. Los amagos de "reforma agraria" siempre quedaron en eso, en "amagos"; los terratenientes, los hacendados y ganaderos son demasiado poderosos. No es por azar que el primer tema en el diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en la Habana (2013) sea sobre el tema de la tierra (acuerdo logrado el 26 de mayo de 2013; restan los faltantes cinco temas del diálogo para la firma de los acuerdos). Es a partir de esto que surgen varios levantamientos campesinos y bandoleros, hasta que finalmente emergen las organizaciones guerrilleras (FARC, 1964; ELN, 1964 y M-19, 1970) nacidas especialmente en medios campesinos. Estas organizaciones guerrilleras provocaron a su vez, como contrareacción el surgimiento de agrupaciones paramilitares a partir de la década del '70, alentadas por empresarios (hacendados y ganaderos, precisamente), y políticos, conformándolas con la apariencia de "cooperativas de autodefensa" que contaron finalmente con aval oficial del gobierno colombiano (Ernesto Samper y César Gaviria) de defenderse e intervenir "con cualquier arma y medio actual o futuro" creándose así finalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Es imposible "olvidar" en este mismo contexto –y sumarlo– la proliferación de la violencia provocada por los carteles de la droga: los carteles de Cali y de Medellín y luego el "del Valle" que finalmente alimentó de fuerzas armadas y sicarios a los grupos paramilitares; la violencia de los cárteles, particularmente significativa en el caso de Pablo Escobar, es expresión de la gravedad de la situación. El conflicto interminable provoca el desplazamiento forzado de más de 5,2 millones de colombianos (lo que representa más del 10% de la población del país). Las cifras oficiales reconocen 260 mil desplazados en el año 2012. Cantidades inmensas de personas llegan a las ciudades mes a mes aumentando las poblaciones y dejando los campos libres para que guerrilleros y paramilitares siembren coca, palma, ejerzan la minería ilegal. La realidad muestra que en pasados acuerdos de paz, durante la tregua, las guerrillas de las FARC aprovecharon para rearmarse y reposicionarse boicoteando así el proceso, o que en otros acuerdos de paz que concluyeron en la desmovilización y desarme de grandes agrupaciones guerrilleras, estas fueron masacradas una vez desarmadas e inermes.

La violencia paramilitar desplazando poblaciones enteras a causa del terror sembrado de masacres, descuartizamientos y fosas comunes o cientos de cadáveres arrojados al río, revela la gravedad de la situación. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (ex M-19), afirmó que son tantos los desaciertos y errores de las guerrillas que han logrado algo único en América Latina y es que la derecha sea popular. El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, que alentó, fomentó y apoyó el paramilitarismo (hasta el punto que el 35% del Congreso eran legisladores provenientes de lo que se llamó la "para-política"… –resulta patético escuchar al jefe paramilitar Salvatore Mancuso hablando ante el Congreso y escuchar a los senadores aplaudir de pie su discurso que finalizó con "Dios salve a Colombia"–) debió mostrar –ante presiones de los EE UU–que alentaba el desarme de los grupos paramilitares con un remedo de ley ("Justicia y Paz") y que a quienes reconocieran sus crímenes y colaboraran con la justicia se les aplicarían escasas penas –la pena prevista por dicha ley es de ocho años de cárcel a autores confesos de masacres (en realidad el presidente Uribe propuso una ley, la de "Alternatividad Penal" que la Corte Constitucional modificó en la ley de "Justicia y Paz", que a pesar de las decenas de recovecos e injusticias, ha ayudado en parte a frenar la impunidad). Es así que paramilitares como José Ever Veloza, alias H.H., que confesaron más de 3000 crímenes sólo tuvieron pocos meses de prisión, y cuando empezaron realmente a colaborar con la justicia dando información, fueron extraditados a EE UU en horas de la madrugada–. Sin sus principales cabecillas –algunos matados por sus propios miembros, como es el caso de Carlos Castaño, uno de los fundadores de las AUC matado por su propio hermano, otros extraditados como "don Berna" o el mencionado Salvatore Mancuso– los grupos se dividieron en bandas "autogestionadas" hoy conocidas como Bacrim: Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras.

Los centros de atención a las víctimas de Bogotá, por ejemplo (son siete en la ciudad) escuchan más de 300 personas por día cada uno (datos recibidos en mayo 2013); los grupos religiosos, ONG, organizaciones de Derechos Humanos no dan abasto y experimentan a diario la impotencia. Mientras tanto, el 40% de las camionetas de Bogotá son blindadas, muchas empresas antes de contratar nuevos empleados los someten al polígrafo ("detector de mentiras") los guardias privados con perros feroces andan por la ciudad a cada momento, los edificios de departamentos no tienen porteros sino miembros de agencias de seguridad, muchos de ellos armados, "el de la moto" no es el del delivery, precisamente, sino el sicario, y los Medios de Comunicación (en manos exclusivas de la derecha) boicotean solapadamente de modo sistemático los procesos y diálogos de paz. Las rutas son "custodiadas" por el ejército, que a veces detiene buses para hacer requisa a los pasajeros, y otras veces son detenidos por la guerrilla para "hacer buena letra" o cobrar alguna "vacuna" (= peaje).

Y esto sin mencionar la violencia sistemática. Ser sicario es una breve "salida laboral" (o incorporarse a las bandas paramilitares que "vacunan" a poblaciones enteras), los robos, asaltos y crímenes son ciertamente alarmantes en pleno centro de la ciudad. Los "cuchillos" están a la orden del día en semáforos, paradas de buses o motociclistas. Y sin embargo, hay que destacar el enorme descenso de la criminalidad gracias a la campaña y aliento del desarme promovido por el alcalde de Bogotá (bajó el 16% en enero 2013). Algunos municipios celebraron este año que hubo "tres días sin crímenes".

Un elemento más que no puede quedar sin ser destacado es que Colombia es el tercer país en recibir ayuda militar de los EE UU en el mundo (y hay ¡cinco bases militares yanquis en el territorio colombiano!); el conflicto armado es un negocio; y no sólo por la droga, en la cual todas las partes están implicadas, sino también por ingresos de divisas. Coherente con el modelo neoliberal, especialmente a partir de la llamada "Seguridad democrática" implementada por el entonces presidente Uribe (antiguamente acusado por la DEA de narcotraficante), los militares reciben "un plus por productividad", es decir aumentos de salarios, recompensas, premios en vacaciones, posibilidad de retirarse anticipadamente con salarios aumentados en la medida en que "eliminen" guerrilleros (su entonces ministro de defensa era Juan Manuel Santos, hoy presidente de la república). Esto no solamente ha impulsado que muchos guerrilleros traicionen a sus camaradas (por ejemplo, descuartizándolos para entregar las manos como prueba y cobrar una recompensa) sino también que los militares buscaran aumentar la "productividad". Esto llevó a la proliferación de lo que se llaman los "falsos positivos". Se suelen secuestrar grupos de jóvenes –habitualmente pobres y/o campesinos–, se los fusila, se les ponen uniformes de las FARC, armas y se los presenta como asesinados en combate. Aunque las familias sepan que no es verdad el hecho, no tienen a quién recurrir (o no saben a quién podrían recurrir), además del miedo paralizante que nunca falta. Así aumentan las estadísticas de "guerrilleros abatidos" por el "heroico ejército colombiano". Según el CINEP (de los padres jesuitas) en 2012 (ya en gobierno de Juan Manuel Santos) hubo 52 "falsos positivos" en Colombia. Para el 2009 los casos de "falsos positivos" denunciados ante la Fiscalía o la Procuraduría pasaban los 1000 (con un 98,5% de impunidad según el relator de las Naciones Unidas).

Mucho más se podría decir para hablar de "la violencia en Colombia", sin embargo algo queda por destacar. La violencia se puede medir con datos estadísticos concretos; se suelen medir los crímenes –por ejemplo– cada 100 mil habitantes. Estos son datos "concretos y medibles" que contrastan con la "sensación" o la "creación de sensaciones" que muchas veces genera la repetición constante de imágenes o datos. Según estos datos, la ciudad más violenta del mundo en 2012 fue San Pedro Sula, Honduras (169,3 asesinatos cada 100 mil habitantes), según estos mismos datos la ciudad colombiana más violenta es Cali (séptima en este ránking: 79,3 asesinatos), aunque los datos de Pastoral Social de Tumaco (departamento de Nariño, Colombia) de 2011 indicaron 360 asesinatos en 100 mil habitantes. Se afirma que la posibilidad de ser asesinado en Tumaco es nueve veces mayor que en Cali. En las estadísticas, hay otras ciudades de Colombia: Medellín (24ª con 49,1), Santa Marta (29ª con 45,25), Pereira (37ª con 36,1) y Barranquilla (50ª con 29,4); hay también ciudades de Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos, entre otros lugares en el ránking de las 50 ciudades más violentas. Ninguna de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en 2012 hubo 7,6 crímenes cada 100 mil habitantes. La ciudad más violenta de la Argentina es Rosario, con 13,8 en 2010, y 15,1 en 2012 (es decir, aclaremos, esos 7,6 o 15,1 no son "sensaciones", son reales y terribles; pero son 7,6 y 15,1 no 169,3). En el Conurbano Bonaerense las tasas 2012 son: La Matanza, 9,62, Lomas de Zamora, 8,86 y la tasa más alta se dio en el Departamento Judicial San Martín (comprende los partidos de San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero y San Miguel): 11,18 (informe de la Fundación para la Integración Federal, 2013).

La ciudad de Buenos Aires –por su parte– es la más "segura" de América después de Toronto.
Sin embargo, no me parece sensato ni justo terminar sin mirar un dato más: en las encuestas y consultas internacionales, el pueblo colombiano está considerado el (o uno de los) más feliz del mundo. No es posible ignorar este dato de la realidad, lo cual habla también de la idiosincrasia de un pueblo. Colombia no es solamente "violencia" (por eso el slogan para "vender" Colombia para el turismo: ""l riesgo es que te quieras quedar"), es un pueblo feliz y alegre que no permite que los violentos, por más muchos que sean, les roben la vida y las ganas de vivir, de bailar, de celebrar.
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5,5 millones de víctimas
La revista colombiana Semana acaba de publicar un informe especial llamado "Proyecto Víctima" sobre el conflicto armado en ese país que dejó un saldo aterrador y único en el mundo. "La reparación de las víctimas del conflicto armado es de una magnitud que pocos países han enfrentado. ¿Podrá Colombia con la tarea? Colombia tiene 5,5 millones de víctimas. ¡Sí, 5,5 millones! La sola escala intimida: el 11,5% de la población colombiana ha sufrido directamente por el conflicto armado. Y los delitos padecidos para que a una persona se le considere una víctima son escalofriantes: tortura, violencia sexual, homicidio, desplazamiento forzado, masacre o minas antipersonales. Indemnizar y dar reparación integral a tal cantidad de gente es una tarea que va a poner a prueba las muchas instituciones que la tienen a su cargo y es todo un desafío para el gobierno, los alcaldes y los gobernadores. Pero también para la empresa privada, la academia y las ONG. Como si fuera poco, esa reparación se adelanta en medio del conflicto armado. El año pasado la guerra ocasionó más de 200 mil nuevas víctimas. Restituir 3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas, garantizar que cientos de miles de desplazados retornen en seguridad a sus lugares de origen y reparar individualmente, con indemnizaciones y planes apropiados, a millones de personas, son tareas titánicas y complejas, pero lo son mucho más en cuando los flagelos de la guerra no han culminado".
Fuente:InfoNews