Por Ailín Bullentini
EL FISCAL AUAT Y LOS JUECES PORTELA, ROZANSKI Y GRüNBERG, QUE RENUNCIARON A LA CORPORACION DE MAGISTRADOS
“Una asociación que protege más intereses personales”
El posicionamiento de la asociación de magistrados sobre la ley de medios y el silencio ante casos de jueces que fueron cómplices con los militares o ante la reforma judicial están provocando un éxodo entre sus afiliados.
Por Ailín Bullentini
Desde que la iniciativa de Justicia legítima comenzó a tomar forma, continúa creciendo el grupo de jueces que decidieron formalizar su inconformidad con la añeja Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Hay quienes manifiestan lentamente su rechazo a ese grupo al que definen como “corporativo” y “elitista”. Y están los que expresaron un “no va más” tajante al sistema “corporativo”, “cerrado” y “conservador” que propone ese colectivo, fundado en 1928, y lo concretaron en cartas de renuncia. En diálogo con Página/12, algunos de ellos, como el fiscal Jorge Auat y los jueces federales Mario Portela, Carlos Rozanski y Adrián Grünberg, comparten los motivos por los cuales son, hoy, orgullosos ex integrantes de ese colectivo y apuestan a la construcción de un nuevo espacio, Justicia legítima, para reformar ese tercer poder.
No va más
El abandono de la entidad corporativa por parte del fiscal general Javier De Luca y el de Auat, a cargo de la Unidad Coordinadora de juicios por violaciones a los derechos humanos, fueron los últimos portazos que resonaron en la agenda mediática. Pero hay más, y todos, palabras más o menos, comparten los motivos.
“No quiero pertenecer a un organismo que considere que el interés de la sociedad toda sea subalterno al de sus socios”, justificó Auat en diálogo con este diario, antes de señalar al “espíritu corporativo” como “la patología del sistema judicial que hay que modificar”.
El mismo concepto utilizó el integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Mario Portela, quien presentó su renuncia a la Asociación de Magistrados hace poco menos de medio año. “Se trata de una asociación que busca proteger más intereses personales que valores que hacen al buen funcionamiento de la Justicia, como por ejemplo la independencia de los jueces”, mencionó (ver aparte).
Afán de poder
Al igual que lo remarcó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el fallo que emitió a principios de la semana pasada en rechazo a un recurso de amparo presentado por el Colegio de Abogados de esa ciudad en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura, el magistrado analizó como ejemplo del accionar corporativo de la asociación la presentación “organizada” de esas herramientas que realizaron sus miembros en nombre del grupo y varios otras instituciones de letrados de todo el país en decenas de mostradores judiciales. “Es una gravísima falta de ética profesional el buscar amparos en cada uno de los juzgados federales a través de formularios, porque sé que se enviaron mails entre esos colegios con el contenido de las medidas para que se repliquen en todas las jurisdicciones. La estrategia corporativa está clarísima en esa actitud, pero también en la de los jueces que, integrantes de la asociación, acogieron esos pedidos. Ellos son parte en el conflicto y están interviniendo igual”, detalló.
El rechazo acérrimo a la intención de reformar la Justicia, que vio en la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura la punta de su ovillo en la práctica, fue para la mayoría de los entrevistados la gota que rebalsó el vaso. La reacción a poner el camino de este organismo en manos de los ciudadanos revela, para ellos, el carácter conservador y corporativo de la asociación, y la desesperación por retener poder. “Si te aferrás tanto a un sistema cerrado y corporativo, marca dos cosas: que no te importa la decisión que pueda tomar otra gente y que estás con miedo de perder cierto privilegio que atesoraste desde siempre. Todo esto se mantiene garantizado cuando vos te asegurás que quienes te reemplacen siempre provengan del sector que estás representando”, explicó Rozanski, quien envió su carta de dimisión un día antes del primer encuentro nacional del movimiento Justicia legítima en febrero pasado.
“Se trata de una asociación de jueces porteños en la que nada importa la postura de los magistrados del interior”, añadió como crítica Portela, cuestión que desenmascara el mecanismo unitario del espacio que admite sólo a jueces federales –no pinchan siquiera miembros de la Justicia provincial, aunque incluso sean miembros de las cortes supremas de esos territorios– y que “ralea” a fiscales y defensores.
La falta de autocrítica es otra de las carencias que restan paciencia. ¿Se puede pensar en una Justicia siempre acertada? “El Poder Judicial es tan corporativo que lógicamente no necesita el cambio, sencillamente no lo ve. Pero la realidad es que muchos de sus miembros vemos su tremendo desfasaje con la actualidad, anquilosado como está en el fondo de su historia. No admito tanta hipocresía. Nunca una autocrítica, no puede ser”, consideró Auat, quien remarcó la ausencia de palabras de la asociación frente a los casos en los que estuvieron involucrados miembros de ese poder en delitos de lesa humanidad: “Ni siquiera hubo discusión en el caso de (el hoy ex juez Otilio) Romano, que está prófugo”, se indignó.
Independencia y política partidaria
Grünberg desistió de su participación en la Asociación de Magistrados en abril de 2010, cuando entendió que actuaba “con un claro direccionamiento hacia la postura política de los medios hegemónicos” . “No estaba de acuerdo con la actuación política partidaria de la asociación, ya que creo que no corresponde a un colectivo. Yo no quise ser parte de eso”, apuntó, y renunció.
A los jueces no les es permitido estar afiliados a ningún partido político. Sin embargo, la simpatía, para utilizar una palabra naïf, de estas personas por uno u otro espacio ideológico es tan común como lo es para cualquier otra persona, así como corriente en la práctica. Entonces, ¿licua la independencia de la Justicia el hecho de que los miembros del Consejo integren listas partidarias? “Una cosa es que los jueces tengan sus cosmovisiones políticas partidarias, pero las debe dejar de lado al momento de ejercer como juez. Uno debe actuar con objetividad e independencia. La elección de los integrantes del Consejo mediante el voto popular es transparentar la ideología de cada juez”, remarcó.
La utopía de pelearla desde adentro
Portela mencionó que expresó en varias oportunidades sus críticas a directivos de la asociación con respecto a la inclinación que, en su opinión desde diciembre de 2010, el colectivo denotaba a través de comunicados y expresiones públicas, y que en todas ellas recibió nada más que vueltas. “Me decían que ellos tenían que representar a un conjunto de jueces, que muchos de ellos tenían ese pensamiento conservador y que había que apostar al pluralismo. Pero nunca nos vimos representados quienes pensábamos de otra manera. La pluralidad que pregonan no existe”, remarcó .
Al igual que el resto de los entrevistados, el integrante del TOF de Mar del Plata ve imposible la posibilidad de cambiar la marcha de la Asociación de Magistrados desde dentro. “No hay ninguna diferencia entre las listas que pugnan por dominar la asociación. Los miembros del sector supuestamente progresista (la Lista Celeste) ha avalado las decisiones de la comisión directiva sin expresar inconformismo”, mencionó. A esta idea aportó Grünberg, quien tuvo en cuenta la posibilidad de abrir un nuevo camino para disputar ése: “Podríamos abrir una nueva lista, pero lograr la dirección de la asociación, desde lo pragmático, es imposible. El oficialismo allí dentro tiene muy aceitado los mecanismos burocráticos como para no perder”, calculó.
“El problema no son los socios sino el paradigma que atraviesa a la asociación”, consideró Auat y remarcó que “hay que empezar a entender que el Poder Judicial, incluso su diseño, es el reflejo del rol que se le asigna, y eso sólo se revierte tras un debate profundo”.
La fuerza del colectivo
“¿Cuál es la exclusividad de la asociación? ¿Por qué no formar una nueva?”, se preguntó el integrante del TOF Nº 1 de Comodoro Py, aunque no esperó respuesta: “No armarla sería otorgarles exclusividad de hecho”, sentenció. Para Portela, es “necesario” para los jueces el contar con un espacio que los aglutine, que los convierta en uno, si es posible la comparación. “La única posibilidad que tenemos de cuidar nuestra propia independencia es con asociacionismo en el buen sentido de la palabra. Nos tenemos que cuidar entre nosotros no sólo de los eventuales ataques de los miembros de cualquier gobierno sino fundamentalmente de las presiones que se sufren todos los días de parte de los grupos de poder”, introdujo. Hace poco más de 15 días nació la Asociación Civil Justicia Legítima, de la que los entrevistados participan.
“La propuesta es instalar un debate sobre cuáles son los problemas que tenemos, cuál es el modelo de Justicia que necesitamos en consonancia con los tiempos económicos, políticos y sociales actuales. Tenemos 30 años de democracia, hay que pensar en cómo atravesar democráticamente al Poder Judicial”, indicó Auat respecto del nacimiento del movimiento, que estrena herramienta jurídica. Justamente el ímpetu en el “debate constante” y, por otro lado, la condición de “apertura” que plantea desde sus orígenes la herramienta de Justicia Legítima –elimina condiciones de cargo a quienes quieran formar parte– la resguardarían, según Rozanski, de caer en el mismo destino corporativo y endógeno de la que él y sus colegas son flamantes ex integrantes. “No estamos partiendo del mismo lugar, no estamos queriendo construir lo mismo en otro terreno. No tendrá la misma forma. Contamos con la convicción ideológica que nos da la conciencia de que deberemos replantearnos permanentemente el camino que vamos construyendo, las metas y las motivaciones que te hicieron convertirte en asociación”, destacó. “La sociedad toda le está pidiendo a la Justicia un cambio de mirada que la enfoque más, que abra las puertas”, concluyó Auat.
“El discurso opositor de los medios”
Por Ailín Bullentini
Cadenas de mails con claras bajadas de línea hacia posturas ideológicas de derecha, contrarias a la supuesta intención “plural” del colectivo, e incluso “en tándem con el discurso opositor de los medios hegemónicos” son elementos comunes que los funcionarios judiciales mencionaron como hechos que les confirmaron el corporativismo de la Asociación de Magistrados.
La cuestión referida a la falta total de una postura condenatoria hacia los miembros del Poder Judicial sospechados, e incluso cuando los casos fueron probados, de haber participado en delitos de lesa humanidad de la última dictadura mencionada por Jorge Auat es un claro ejemplo, pero no el único, ni el más llamativo. En mayo de 2010, la dirección del colectivo mandó por mail a todos sus integrantes un comunicado redactado por el radical Leandro Despouy, quien entonces actuaba como relator ante la ONU de la independencia de los jueces, con críticas a la situación de la Justicia en Venezuela. Ese mismo año, el ex juez español Baltasar Garzón fue suspendido en su país. “Esa vez, la reacción de la asociación fue mutis por el foro”, rememoró Adrián Grünberg.
Mario Portela lo vivió en carne propia, en tiempos en los que como juez subrogante integró el TOF N° 1 de La Plata, para el juicio denominado Circuito Camps, por crímenes cometidos en ese territorio durante la última dictadura cívico militar. “Denuncié a la asociación un intento de incriminación que habíamos sufrido (los miembros del tribunal) por parte de una serie de editoriales de La Nación. Nunca se dignaron siquiera a contestarme. Nunca tomaron partido por un juez que decía sentirse amenazado. El silencio fue una toma de postura hacia otro lado”, concluyó.
Fuente:Pagina12
10.06.2013
su estrategia apunta a que los planteos se unifiquen en la justicia electoral
En el gobierno no prevén utilizar el per saltum por la Magistratura
Por las acciones que frenan la elección popular de consejeros. La jueza Servini de Cubría podría resolver la cuestión de fondo esta semana.
Por: Gabriel A. Morini
La jueza nacional con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, ya tiene bajo análisis el informe presentado el viernes último por el Estado y se espera que resuelva el planteo de fondo esta misma semana. La estrategia del gobierno apunta a que se unifiquen los planteos en manos de la justicia electoral, para evitar que magistrados de otras jurisdicciones sigan dictando fallos que detienen –vía medidas cautelares– la elección popular de consejeros.
En un informe de más de 100 carillas, la Procuración General del Tesoro, en representación del Ministerio del Interior y Transporte, respondió al filo de los plazos legales todos los planteos judiciales asentados en la justicia electoral. El gobierno defendió la norma sancionada el 8 de mayo por considerarla esencialmente una ley reglamentaria del artículo 114, incluido en la reforma constitucional de 1994. Pidió que se rechace su inconstitucionalidad "con costas", y rebatió todas las objeciones planteadas por partidos políticos de la oposición y sectores ligados a la corporación judicial, a quienes no otorgó "legitimación" para accionar judicialmente.
El Estado sostuvo, con varias citas a fallos de la Corte, la inexistencia de un "caso" para objetar la constitucionalidad de la reforma, dado que aún no se puso en práctica. Y postuló también que en la discusión entre los constituyentes para la redacción del artículo 114 de la Carta Magna que creaba el Consejo, se decidió "dejar librado a la valoración del Poder Legislativo el modo en que se haría operativo el funcionamiento del Consejo y la forma de elección de sus miembros". Se rechazó que con las modificaciones se rompa el equilibrio del cuerpo y se destacó la necesidad de consensos entre los estamentos para tomar cualquier definición.
El argumento central es la ausencia de prohibición constitucional para que los representantes de un "órgano de administración" del Poder Judicial sean elegidos por voto popular y dentro de lo que establece el artículo 38 de la Carta Magna que sienta las bases para la elección en el marco del sistema de partidos políticos. "La actividad de los representantes de los jueces dentro del Consejo es de corte netamente administrativo, totalmente ajena a lo jurisdiccional", asegura el escrito al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
"Mantener el sistema de elección de Consejeros por estamentos en el seno de simples asociaciones (por ejemplo, Asociación de Magistrados) sí implica una afectación al espíritu del Constituyente de profundizar la independencia, pues fomenta el espíritu corporativo", denunció el Ejecutivo, que además describió las "vinculaciones partidarias" de los actuales consejeros. En ese marco, se subrayó que para ser declarada inconstitucional, esta ley debe tener una "discordancia sustancial" con el texto de la Carta Magna, y aun en duda, debe darse por válida.
En el mismo sentido, cuestionan la crítica sobre los requisitos de los partidos que presenten lista de consejeros adjunta, y aclararon que están limitados a la próxima elección, de manera excepcional. "Llegado el caso que las agrupaciones no se llamen de la misma forma en 18 distritos, podrán participar igual, pero la boleta en el cuarto oscuro no estará pegada a la de legisladores nacionales", se explicó. "Los detractores de la ley lo único que buscan es que el Poder Judicial, quebrantando el principio de división de poderes, sustituya el criterio de valoración legítimo de los poderes constituidos (en el caso el Legislativo) por otro criterio de oportunidad diverso", criticaron.
Tiempo reveló el 28 de mayo que Servini de Cubría había renunciado diez días antes a la Asociación de Magistrados, mientras se terminaba de delinear la estrategia judicial de la tradicional entidad que aglutina a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Así, la chance de ser recusada por el gobierno por su pertenencia a la misma organización que solicitaba que se frene la reforma, se disipaba. Fuentes oficiales deslizaron a este diario que si el resultado es adverso en primera instancia, recurrirán a la Cámara Nacional Electoral. De todas formas, quedó asentado en el escrito la reserva de "caso federal" y la "gravedad institucional" en juego frente a un proceso electoral en marcha, todas herramientas que le permitirían al Ejecutivo un salto de instancia ante la Corte, algo que por ahora no se evalúa.
Sigue la controversia por di lello
La jueza Servini de Cubría podría resolver el planteo de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura sin dar traslado al Ministerio Público Fiscal, dada la controversia que se generó a partir de la excusación del fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello. El funcionario apeló el jueves la negativa de la jueza a permitirle excusarse en todos los planteos ante su juzgado que tengan como eje el mismo objeto procesal, debido a que Di Lello ocupó cargos directivos en la Asociación de Magistrados, que encabeza la ofensiva contra la nueva norma. Sólo avaló que no intervenga en el planteo realizado por la entidad, y le encargó al fiscal Carlos Rívolo que tome su lugar. Di Lello se quejó ante la jueza de que como también es fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, su superior jerárquico y la encargada de definir su remplazante es la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Rívolo apoyó este planteo también por escrito. De tener que girar a la fiscalía el expediente, Servini debería darle traslado a la propia Gils Carbó para que defina quién debe entender en el amparo. Por esto es posible que resuelva ella misma, para no demorar más el trámite.
capitanich impulsará iniciativas para "optimizar" la justicia
La reforma llega a Chaco
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, anunció que impulsará una reforma judicial en sintonía con la iniciativa que logró sancionar a nivel nacional el Frente para la Victoria.
Según el mandatario, las iniciativas buscan "optimizar el funcionamiento del sistema judicial, generar mayor participación ciudadana en este ámbito y lograr mayor transparencia en los procesos relacionados con la justicia". Además, el gobernador agregó la posibilidad de realizar un "juicio de residencia" a funcionarios y un código de convivencia para "evitar manifestaciones callejeras que generan caos". Capitanich adelantó ayer un paquete de cuatro proyectos que incluye incorporar la modalidad de juicios por jurado, crear la Escuela Judicial, un Código de Convivencia Democrática y la reinstauración del juicio de residencia. Según informaron fuentes oficiales, las propuestas serán presentadas hoy en la Cámara de Diputados de la provincia. El mandatario chaqueño indicó que con el nuevo Código de Convivencia Democrática que impulsa, busca organizar la protesta social en el marco del derecho ciudadano de peticionar a las autoridades públicas, contemplado por la Constitución Nacional. También propuso la conformación de juicios por jurado que trabajen sobre determinadas causas de carácter penal y organizar la Escuela Judicial de la provincia para, de esa manera, generar mayor participación de las distintas aéreas de la justicia.
Fuente:TiempoArgentino
10.06.2013
Trabas a la reforma del consejo: "Las PASO se harán igual"
Lo afirmó el director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, que indicó que en caso de que se mantengan las trabas legales, lo único que puede pasa es que no se elijan los miembros del Consejo de la Magistratura. "Las elecciones primarias no corren peligro, se hacen igual", afirmó.
En ese sentido, Tullio explicó que a lo sumo, de persistir las trabas legales, lo único que no se elegirá es consejeros: "La elección no corre peligro, se hace igual respecto de las categorías que no tengan alguna traba legal. En todo caso no se incluirá ese cuerpo de boleta.
La organización electoral deber seguir haciéndose porque hay una medida cautelar que suspende una sola elección". "La suspensión es de una categoría determinada y en el derecho argentino las medidas cautelares son de hecho para los que la piden.
El resto estamos obligados a votar y presentar lista en esa categoría", agregó. En diálogo con Radio 10, Tullio explicó que "debe haber espacios en los medios de comunicación para hacer campaña para consejeros y financiamiento para boletas y campaña", de manera tal que "los partidos deben presentar alianzas y organizarse para tener elecciones hasta que haya una sentencia definitiva y firme al respecto".
Este miércoles 12 deberán presentarse oficialmente las alianzas para los comicios legislativos y el próximo 22 de junio las listas con los precandidatos que competirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Este miércoles 12 deberán presentarse oficialmente las alianzas.
Según el funcionario, "el número definitivo de mesas se sabrá el 12 de julio pero habrá alrededor de 89 mil mesas y votan poco más de 30 millones de personas". "No hay manera de hacer fraude por la cantidad de controles y la simplicidad y la transparencia de nuestro sistema", señaló.
Fuente:InfoNews
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