Emitió un fallo con sólo 48 horas de análisis y con el voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni
La Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura
Los jueces invalidaron las modificaciones al quórum, la mayoría simple para enviar a juicio político a un juez, la composición de las comisiones, la integración con 19 miembros y rechazaron la convocatoria a elecciones para ungir en las urnas a los consejeros.
Por: Néstor Espósito
La Corte Suprema pulverizó ayer la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establecía la elección de sus integrantes mediante sufragio popular y universal. En un fallo de 67 carillas y con la disidencia de Raúl Zaffaroni, el máximo tribunal consideró que "en la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos."
De lo medular de la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo no ha quedado nada en pie. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay invalidaron en apenas 48 horas las modificaciones al quórum para el funcionamiento del Consejo, la mayoría simple para enviar a juicio político a un juez por mal desempeño, la composición de las comisiones del Consejo, la integración con 19 miembros y la convocatoria a elecciones –conjuntamente con las Primarias de agosto para cargos de legisladores nacionales– para ungir en las urnas a esos consejeros. Así, los abogados seguirán eligiendo a los abogados, los jueces a los jueces y los claustros a los académicos que los representen en el organismo encargado de promover la remoción de los malos jueces y llamar a concurso para proponer al Ejecutivo a los candidatos a ocupar juzgados vacantes.
Como la nueva ley es inconstitucional, y no hay otra que rija el funcionamiento del Consejo, mantendrá su vigencia el sistema actual mediante el cual funciona –pobre, precaria y esporádicamente, por cierto– el Consejo de la Magistratura.
El punto cuarto de la parte resolutiva del fallo, de 67 páginas, dispone "dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico."
La anulación del llamado a elecciones, aclara el fallo, sólo se vincula con el Consejo. La Corte aclaró que "lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales" previsto para agosto.
El fallo está relacionado con la acción de inconstitucionalidad presentada por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, en su calidad de apoderado de la agrupación interna Gente de Derecho, oficialismo en esa entidad que reúne a todos los letrados porteños.
La jueza federal con competencia electoral había aceptado el planteo de Rizzo y también del representante de la Democracia Cristiana Carlos Traboulsi; la Corte aplicó por primera vez el salto de instancia o per saltum y eligió sólo uno de los dos expedientes para pronunciarse.
El voto coincidente de los seis jueces que conformaron la mayoría rechaza el sistema de elección de consejeros incorporados a las listas de los partidos políticos. "Es previsible que, luego de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que los van a elegir, y luego promover o no en sus carreras, afectándose así su imparcialidad. De tal modo, quienes sostienen una solución de este tipo cuando están en situación de poderío, la criticarán cuando estén en posiciones de debilidad. Las reglas constitucionales deben ser lo suficientemente equilibradas para que sean aceptadas por todos, poderosos o débiles", sostiene el fallo.
"La ley resulta inconstitucional en cuanto rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario; desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos; compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral." La Corte recogió las advertencias sobre el riesgo para la imparcialidad de los jueces, ya que la ley ahora declarada inconstitucional "hace que el magistrado que aspira a ser miembro del Consejo en representación de los jueces debe desarrollar actividades político-partidarias, llevar a cabo una campaña electoral nacional con el financiamiento que ello implica, proponer a la ciudadanía una determinada plataforma política y procurar una cantidad de votos que le asegure ingresar al Consejo de la Magistratura. Esta previsión desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político. En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia." Además, defiende que cada estamento elija a sus representantes, limitando esa decisión sólo a los pares, reconociendo que se trata de una "representación sectorial". En efecto, el fallo señala que "el constituyente decidió que quienes ocupen un lugar en este órgano lo hagan en representación de los integrantes de esos estamentos técnicos. En consecuencia, no es la sola condición de juez o abogado lo que los hace representantes, sino su elección por los miembros de esos estamentos, pues para ejercer una representación sectorial se requiere necesariamente un mandato, que sólo puede ser otorgado por los integrantes del sector.
También embiste contra los argumentos que reivindicaban desde la ley la participación popular para decidir quién controlará a los jueces. "El Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras. No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional." Y subraya: "Los poderes son limitados; si se quiere cambiar eso, hay que modificar la Constitución."
En disidencia, Zaffaroni se inclinó por dictar la validez de la ley, tal como lo había propuesto la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En su caso, defendía la posibilidad del Congreso de determinar, como una facultad delegada, la forma en que deben ser elegidos los consejeros. Pero aun así reconocía que los comicios para integrar el Consejo no hubieran podido realizarse aun cuando la ley hubiera sido declarada constitucional. Ocurre que el Estado Nacional planteó el per saltum sólo en dos expedientes resueltos por Servini de Cubría, cuando en realidad hay otra decena de normas que suspendieron las elecciones y que, de hecho, hacían imposible en lo inmediato del cumplimiento de la letra de la norma.
Pedirán investigar denuncia de maqueda
El gobierno solicitará hoy a la justicia que "investigue en profundidad" las denuncias periodísticas que dieron cuenta de que el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda fue amenazado por militantes de La Cámpora. El hecho habría ocurrido poco antes de que el magistrado llegara a su casa y el día anterior de que fallara, junto a cinco de sus pares, contra la reforma del Consejo de la Magistratura.
El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, anunció anoche que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el encargado de hacer la presentación judicial.
Scoccimarro leyó un comunicado de prensa de esa cartera, que señaló: "De corroborarse (la denuncia), se configuraría una situación de extrema gravedad por encontrarse comprometida la función de un miembro del máximo tribunal de justicia de nuestro país".
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, remarcó que el Poder Ejecutivo quiere "saber bien qué ocurrió, cuándo y dónde, para tener certezas. Ya está llevándose a la práctica la instrucción que le di al ministro de Justicia".
19.06.2013
La asociación que reúne a jueces, fiscales y abogados brindó ayer una conferencia de prensa
Para Justicia Legítima, de todas formas "la democratización no va a parar"
Anticipándose al fallo de la Corte en contra de la reforma en la Magistratura, la entidad afirmó que el Poder Judicial atraviesa un proceso que no va a detenerse. Lo comparó con el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por: Agustín Álvarez Rey
Horas antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el espacio Justicia Legítima defendió la iniciativa que proponía la elección popular de los consejeros y destacó, más allá de la suerte de la norma en el tribunal, que la democratización de la justicia ya está en marcha.
La presidenta de la Asociación de Justicia Legítima y titular de la Cámara Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, junto al fiscal Jorge Auat y el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, se anticipó a la decisión de los supremos. "Estamos todos enmarcados en un proceso de democratización de la justicia y creemos que independientemente de lo que resuelva la Corte este proceso no va a parar. Si la Corte no estuviera de acuerdo y dijera que la ley es inconstitucional, nosotros creemos que el proceso no va a parar", señaló.
La camarista comparó el proceso de democratización de Poder Judicial con el camino recorrido por los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. "Todos recordarán la emoción que sentimos cuando comenzó la causa 13 (juicio a las Juntas). Pero luego vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Pero hoy se están haciendo los juicios", explicó, y aseguró: "Hay cosas que en la democracia no se paran y esto no se va a parar porque el proceso democrático es apertura."
Por su parte, Jorge Auat explicó que Justicia Legítima, al conformarse como espacio de debate, propuso instalar en la agenda pública la discusión sobre la democratización. "El sistema judicial en su conjunto no fue atravesado por la democracia en ningún momento de la historia, y pensábamos que eran y que son tiempos de cambio." El fiscal coincidió con Garrigós en que "existe un antes y un después", y agregó: "Es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta un encrucijada de tanta magnitud."
Auat también señaló que "el debate no se agota con el fallo de la Corte a favor o en contra", y afirmó que "la idea es darle sustentabilidad al discurso y que el sistema judicial entienda que debe discutir permanentemente su legitimidad."
En ese marco, el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, señaló que la "alternativa del ahora es corporación judicial o democratización".
19.06.2013
el gobierno rechazó el fallo de la corte, pero aseguró que lo va a respetar
Abal: "Le tienen mucho miedo al voto popular"
Para el jefe de Gabinete, la sentencia es "una afrenta al pueblo". Críticas de Alak, Filmus, Domínguez y Di Tullio.
Por: Gabriel A. Morini
El gobierno nacional acusó el golpe y salió en bloque a rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura (ver páginas 2 y 3). "Desconoce la voluntad popular expresada en el Congreso. Los jueces, los abogados y los académicos seguirán eligiéndose entre sí, y por sí mismos, para acceder a un cargo de funcionario público", señaló el ministro de Justicia, Julio Alak.
El funcionario sostuvo que el pronunciamiento del máximo tribuno no es "una derrota" para el Ejecutivo, y replicó: "En el dilema sufragio universal o voto calificado, se optó por el voto calificado."
"Le tienen mucho miedo al voto popular", aseguró, por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien cargó contra el sector del Poder Judicial que resistió la reforma. Y calificó como una "afrenta al pueblo argentino" la decisión de la Corte. "Consideramos que los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la justicia son débiles no sólo desde el punto de vista técnico, sino que son absolutamente peligrosos desde el político porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia", completó.
Aunque sin salir a decirlo a viva voz, para el Ejecutivo, el fallo de ayer marcó un punto de inflexión en la tensa relación con la Corte. Aunque aseguró el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la Ley 26.855, fuentes oficiales ratificaron la intención de seguir manteniendo en agenda la discusión por transparentar la opacidad del Poder Judicial.
Para Alak, en su sentencia, la Corte "ha interpretado sólo el artículo 114 de la Constitución, sin tener en cuenta el espíritu republicano y democrático de la Carta Magna, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José de Costa Rica". "El Pueblo quiere votar, pero no podrá ejercer su derecho porque las corporaciones de jueces y abogados seguirán eligiendo a estos funcionarios públicos, en una intermediación que no respeta la soberanía popular", se lamentó el funcionario.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez advirtió que el fallo "le da la espalda a la soberanía del pueblo", y cuestionó que la decisión "ha hecho prevalecer los intereses sectoriales por sobre los del pueblo".
En tanto, la jefa del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, consideró que la sentencia representa "claramente una interferencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo" porque –agregó– el máximo tribunal resolvió "volver a una norma" que el Congreso había derogado.
Otro de los que opinó fue el senador Aníbal Fernández. Sostuvo que, con el pronunciamiento, "se resquebraja" la independencia de la Corte y que "negarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus representantes es algo inimaginable". Lapidario, agregó que es "imposible evitar sentirse avergonzado por este fallo".
"Hoy, que está en juego la corporación, la Corte muestra lo peor, lo que no hubiéramos querido ver nunca. Los dos pedidos de per saltum donde estaba Clarín de por medio, fueron rechazados con rigorismos raquíticos", expresó Fernández.
Por su parte, para la diputada Diana Conti, "el fallo democrático que esperábamos no llegó". En tanto, el senador Daniel Filmus dijo ver "con asombro" que, a través del fallo de la Corte, "se prefiera que sean las corporaciones las que elijan a los representantes del Consejo y se prive al pueblo de decidir".
"El fallo de mayoría de la Corte contradice el artículo 33 de la Constitución, ya que ha hecho prevalecer los intereses sectoriales por sobre la soberanía popular, sustento de todo derecho explícito e implícito", insistió Domínguez.
No irán a tribunales internacionales
Horas después de que la Corte diera a conocer su fallo en contra de la democratización del Consejo de la Magistratura, el gobierno nacional hizo trascender que descartaba la posibilidad de que, en representación del Estado nacional, vaya a acudir a tribunales internacionales en busca de una instancia judicial superadora para apelar, y revertir, la decisión de la Corte. Esta posición, claro está, no invalida la posibilidad de que alguna organización de la sociedad civil pudiera hacer una presentación por propia cuenta. Fuentes judiciales señalaron dos datos que llamaron la atención del fallo. No se hizo alusión al tramo de la norma que colisionaba con el artículo 114 de la Constitución: la facultad de administración del Consejo sobre los fondos del Poder Judicial que pasaban a la Corte. Y se convalida de hecho la actual composición del órgano, lo que también había sido objetado por inconstitucional en 2006.
Fuente:TiempoArgentino
19.06.2013
Aníbal Fernández tras el fallo de la Corte: "No vamos a frenar el debate"
El senador por el Frente para la Victoria habló en Radio Vorterix sobre la sentencia en contra de la elección popular de magistrados y aseguró que desde Nación "se seguirá dando batalla". "Voy a seguir trabajando, si no estoy aceptando que los privilegios pueden más que la voluntad popular", sostuvo.
Aníbal Fernández se refirió esta mañana al fallo de la Corte Suprema en contra de la elección popular de magistrados en el marco de la ley de Democratización de la Justicia, y aseguró que tal decisión "es una vergüenza".
En diálogo con Radio Vorterix, el senador por el Frente para la Victoria sostuvo: "Teóricamente con ministros de la Corte que nos representaban a todos. Aparentemente no es así. (Los jueces) prefirieron quedar debajo de los poderes corporativos antes que resolver el tema de
"Tenemos una oportunidad para discutir un tema que involucra a la voluntad popular, y reaccionan de esta manera. Sentía que el esfuerzo de Néstor Kirchner para tenes una Corte independiente se estaba resquebrajando, porque no es independiente de la corporación".
"Vamos a seguir trabajando de todas las formas posibles para cambiarlo, porque si no estoy aceptando que los privilegios pueden más que la voluntad popular".
Si bien tildó al fallo de vergonzoso, Fernández adelantó que aceptará la decisión de la Corte: "A mí los fallos me pueden gustar o no gustar, lo que no se puede hacer es no acatarlos".
De todos modos, el ex jefe de Gabinete se mostró optimista de cara al futuro: "El fallo es circunstancial, si se sigue dando batalla lo vamos a conquistar. No me voy a quedar quieto, vamos a seguir trabajando de todas las formas posibles para cambiarlo, porque si no estoy aceptando que los privilegios pueden más que la voluntad popular".
Fuente:InfoNews
Elección de consejeros"Vamos a seguir trabajando de todas las formas posibles para cambiarlo, porque si no estoy aceptando que los privilegios pueden más que la voluntad popular".
Fuentes: "La Corte hizo un fallo mezquino"
Miércoles 19 de junio de 2013
El Consejo
- “La reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En todos los casos –y en el del Consejo de la Magistratura en particular– se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo. En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada ocasión. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla.”
La ley
- “El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia.”
La política
- “En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.”
19.06.2013
Justicia ilegítima
La Corte, de espaldas al pueblo
En el fondo, la sanción penal a los genocidas es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar.
Por: Demetrio Iramain
Cuando en 2008 el gobierno insinuó con denunciar por violación de la Ley de abastecimiento a los integrantes de la Mesa de Enlace rural, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se apuró a desestimar la moción al afirmar que "judicializar los conflictos no es el mejor camino. Lo mejor es que los conflictos se resuelvan en el campo de la política, que para eso funcionan la política, el diálogo, la concertación." Para el titular del Máximo Tribunal, las pujas de naturaleza política debían resolverse en el Congreso de la Nación, ámbito por excelencia de la política.
Qué fácil es decirlo sobre disputas ajenas, y qué complejo sostenerlo cuando lo que está en juego es la propia ropa. Evidentemente, Clarín no siguió aquel consejo de Lorenzetti. Los jueces, aferrados con uñas y dientes a sus privilegios corporativos, tampoco.
Lorenzetti prometió que cuando llegara a su escritorio un planteo sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, la Corte lo resolvería inmediatamente. Cumplió. La reforma a la justicia no tiene un mes de sancionada, ni entró en vigencia todavía, y ya tiene firme su freno. Con la Ley de Medios seguimos esperando. Pertenecer tiene sus privilegios.
El Tribunal más encumbrado del país cree haber tenido la última palabra sobre la democratización de la justicia. Se equivoca: la tiene el pueblo, a quien se la da la historia.
Cuando días atrás el mismo Lorenzetti convocó a trabajadores de prensa de diversos medios para brindar por el Día del Periodista, reivindicó la valentía de Mariano Moreno y de Rodolfo Walsh. Menos de quince días después, la Corte que él preside falla con la tibieza y la moderación propias de Cornelio Saavedra. No debiera olvidar Lorenzetti lo que escribió un contemporáneo de Walsh, también desaparecido por la dictadura, igualmente periodista y, además, poeta: “A los traidores/ el pueblo les quita la palabra”. Roberto Santoro se llamaba.
El statu quo cultural implantado a bala y hambre, sangre y desocupación por el neoliberalismo tardío que se resiste a irse definitivamente de estas tierras, les hizo creer a muchos jueces que la Constitución mira a través de sus exclusivos ojos. Sentado hasta que la muerte los separe en la cómoda poltrona del máximo tribunal del país, el cortesano Carlos Santiago Fayt manda a su chofer a responderle a la presidenta que el pueblo votó dos veces seguidas con porcentajes electorales altísimos. Nadie mejor que el centenario cortesano para simbolizar el tiempo de descuento, la oscura sobrevida que goza la rancia oligarquía que todavía hegemoniza los tribunales nacionales.
En su pronunciamiento de ayer la Corte amplió el scort alcanzado en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Al interior del Máximo Tribunal, hubo más acuerdo en ilegalizar el voto popular que en declarar nula la impunidad. Sintomático. Fayt votó dos veces a favor de las leyes de perdón. Todo cierra: en el fondo, la sanción penal a los genocidas –gran mérito histórico del kirchnerisno– es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar frustrando la democratización de la justicia. Ese y no otro es el gran "hecho sagrado" que el pueblo quiere dejar atrás.
Para muchos jueces el tiempo no pasa nunca. Los cambios culturales y las arduas luchas que los pueblos libran por transformar radicalmente los paradigmas del tiempo histórico que los mantiene subalternos, explotados, privados de derechos, configuran, según la metáfora de Fayt, apenas "comentarios libres". En cambio, la injusta base material cimentada por el capitalismo, y que las clases acomodadas insisten en dejar como está, perpetua, inmodificable, conforman un indiscutible "hecho sagrado".
El oportunista premio que le otorgó el partido de Macri, declarándolo personalidad destacada de la Ciudad Autónoma, le puso nombre y apellido al sobreactuado ascetismo de Fayt. Para enfatizar su aparente neutralidad e independencia política, el juez más longevo de toda la magistratura argentina se declara "antiperonista". No es el único: para lograr el voto de sus pares, el camarista Recondo hace campaña entre los jueces declarándose "el más opositor". No "el más independiente". La derecha es así: tiende a naturalizar su ideología. No hace política, sólo es antiperonista, como un "Mono" Gatica al revés.
Una mitad del cerebro se adelanta y le dice a la otra "este momento ya lo viví". Como un déjà vu, los argumentos empleados para criticar a la Corte por su posición en defensa de la cerrada corporación que ella misma compone, se repiten. Son exactamente iguales a los que surgieron al debate público cuando la misma justicia congeló exclusivamente para el Grupo Clarín S A el alcance de los artículos más sensibles de la Ley de Medios de la democracia. Hasta hoy. Aquí también los hechos son sagrados, y libres los comentarios.
No es verdad que el prestigio social del Tribunal más alto de la juricatura argentina obedece al CV de sus integrantes. Su legitimidad, que debe revalidarse a diario, es intrínseca al proceso sociopolítico que atraviesa el país desde 2003, cuando los actuales ministros fueron nombrados en la Corte. Una no puede ser sin el otro. La independencia e imparcialidad de los jueces es una exigencia colectiva, y no un mérito de sus individualidades. El cambio de época que el Poder Judicial se niega a ver indica que esa premisa debe comprender, primero que nadie, a las corporaciones económicas.
Con el fallo de la Corte algunos jueces elitistas, fervorosos militantes de la corporación que integran, creen haber clausurado para siempre la batalla cultural al interior de Tribunales. Es al revés: la fortalece. La vergonzosa declaración de inconstitucionalidad de una ley votada ampliamente en el Congreso por parte del poder del Estado que debe ceñirse a ella, sitúa las viejas tensiones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial en otra escala: la herida alcanza ahora a la propia democracia. La batalla continúa.
Fuente:InfoNews
Otras voces
- Hermes Binner, dirigente del Frente Amplio Progresista: “La Corte falló en defensa de la República. La independencia del Poder Judicial frena el camino al Unicato y al ‘Vamos por Todo’”.
- Hermes Binner, dirigente del Frente Amplio Progresista: “La Corte falló en defensa de la República. La independencia del Poder Judicial frena el camino al Unicato y al ‘Vamos por Todo’”.
- Fernando “Pino” Solanas, diputado Proyecto Sur: “No compartimos con el kirchnerismo la impostura de que para gobernar hay que manejar los tres poderes. Este fallo les pone un límite a las pretensiones del Gobierno de querer controlar a la Justicia con una reforma que tiene como misión reasegurar el pacto de impunidad entre la Justicia federal y el Gobierno”.
- Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados de la UCR: “Tener que celebrar que la Corte Suprema ha fallado reconociendo que sin división de poderes no hay democracia es algo grave, triste, patético. Es algo que después de 1983 creímos que, con todo lo que costó la democracia, no volvería a pasar nunca”.
- Margarita Stolbizer, diputada de GEN: “La Corte ha demostrado tener la seriedad que la Argentina necesita y que la ha hecho cobrar prestigio por su idoneidad académica y por la defensa de la independencia de la Justicia, incluso frente a los atropellos de un gobierno decidido a ir por todo”.
- Elisa Carrió, Coalición Cívica: “El fallo es correcto. Leído con detenimiento se puede decir que no hay un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad del artículo 6 inciso 15 –mayoría absoluta en lugar de dos tercios para acusar y suspender magistrados–; está suspendido, pero debería declararse inconstitucional”.
- Federico Pinedo, diputado de PRO: “Los magistrados frenaron el avasallamiento del Ejecutivo contra la Justicia, afianzando la idea de que es imprescindible que los jueces sean jueces de la ley y no jueces del poder”.
- Patricia Bullrich, Unión por Todos: “El kirchnerismo ya había sido advertido sobre la inconstitucionalidad de la ley, que busca la partidización del Consejo de la Magistratura. La Corte produce un gesto positivo desde el punto de vista republicano”.
- José Cano, jefe del bloque de senadores de la UCR: “La Corte Suprema ha puesto las cosas en su lugar. El Gobierno sabe que no puede ir por todo y este fallo así lo demuestra”.
- Laura Alonso, diputada PRO: “¡Estoy tan contenta con el fallo de la Corte que armaría un baile esta noche en el Salón de Pasos Perdidos! Y me bailo un minué con Fayt. ¿Vieron que no hubo ‘pacto entre Lorenzetti y CFK’? ¡Viva el fallo de la Corte! ¡Los hechos son sagrados!”.
- Eduardo Amadeo, diputado del Frente Peronista: “Es un gran triunfo de la democracia porque asegura la independencia de los poderes y la no politización de la Justicia. Solo un Poder Judicial independiente puede asegurar la plena vigencia de los derechos humanos”.
- Gustavo Ferrari, de Unión Celeste y Blanco: “La que habla en el fallo es la propia Constitución, cuya letra y espíritu es claro y en cuya esencia está la protección de los ciudadanos contra los abusos de los gobiernos de turno. El Gobierno es falaz y demagógico cuando nos dice que el fallo ofende a la soberanía popular”.
Fuente:Pagina12
- Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados de la UCR: “Tener que celebrar que la Corte Suprema ha fallado reconociendo que sin división de poderes no hay democracia es algo grave, triste, patético. Es algo que después de 1983 creímos que, con todo lo que costó la democracia, no volvería a pasar nunca”.
- Margarita Stolbizer, diputada de GEN: “La Corte ha demostrado tener la seriedad que la Argentina necesita y que la ha hecho cobrar prestigio por su idoneidad académica y por la defensa de la independencia de la Justicia, incluso frente a los atropellos de un gobierno decidido a ir por todo”.
- Elisa Carrió, Coalición Cívica: “El fallo es correcto. Leído con detenimiento se puede decir que no hay un pronunciamiento de fondo sobre la inconstitucionalidad del artículo 6 inciso 15 –mayoría absoluta en lugar de dos tercios para acusar y suspender magistrados–; está suspendido, pero debería declararse inconstitucional”.
- Federico Pinedo, diputado de PRO: “Los magistrados frenaron el avasallamiento del Ejecutivo contra la Justicia, afianzando la idea de que es imprescindible que los jueces sean jueces de la ley y no jueces del poder”.
- Patricia Bullrich, Unión por Todos: “El kirchnerismo ya había sido advertido sobre la inconstitucionalidad de la ley, que busca la partidización del Consejo de la Magistratura. La Corte produce un gesto positivo desde el punto de vista republicano”.
- José Cano, jefe del bloque de senadores de la UCR: “La Corte Suprema ha puesto las cosas en su lugar. El Gobierno sabe que no puede ir por todo y este fallo así lo demuestra”.
- Laura Alonso, diputada PRO: “¡Estoy tan contenta con el fallo de la Corte que armaría un baile esta noche en el Salón de Pasos Perdidos! Y me bailo un minué con Fayt. ¿Vieron que no hubo ‘pacto entre Lorenzetti y CFK’? ¡Viva el fallo de la Corte! ¡Los hechos son sagrados!”.
- Eduardo Amadeo, diputado del Frente Peronista: “Es un gran triunfo de la democracia porque asegura la independencia de los poderes y la no politización de la Justicia. Solo un Poder Judicial independiente puede asegurar la plena vigencia de los derechos humanos”.
- Gustavo Ferrari, de Unión Celeste y Blanco: “La que habla en el fallo es la propia Constitución, cuya letra y espíritu es claro y en cuya esencia está la protección de los ciudadanos contra los abusos de los gobiernos de turno. El Gobierno es falaz y demagógico cuando nos dice que el fallo ofende a la soberanía popular”.
Fuente:Pagina12








No hay comentarios:
Publicar un comentario