entrevista a Ramón Sáez Valcárcel
"Argentina es un laboratorio de Derechos Humanos"
Es integrante de la Audiencia Nacional de España. Votó a favor del ex juez Garzón para investigar los crímenes de Franco.
De paso por Buenos Aires, donde participó del reciente Congreso Internacional contra la Tortura, opinó sobre la reforma judicial.
Por: Gabriel A. Morini
"La Argentina es un laboratorio de los Derechos Humanos", sostuvo el magistrado al elogiar el proceso de reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad y la derogación de las leyes de amnistía y Punto Final. A su vez, se mostró esperanzado en que la causa abierta en el país que invoca justicia universal para investigar los crímenes del franquismo en España pueda resolver la situación de las "víctimas negadas" a las que la justicia de su propio país no dio respuestas. Opina sobre la reforma judicial que se está intentando implementar en nuestro país y afirma que la independencia "no pertenece a los jueces ni es una patente de corso". "Los jueces tienen que vigilar su imparcialidad y no la deben mezclar con los intereses corporativos", advierte.
–¿Por qué es importante discutir sobre la tortura hoy en día en sociedades con sistemas democráticos?
–Yo creo que la importancia de estos congresos es que son la manera de visibilizar una temática que las sociedades anestesiadas piensan que es un problema resuelto. Pero es un fenómeno universal en el tiempo y en el espacio. Es cierto que en las dictaduras es un método de control sistemático, pero también en estados democráticos se utiliza. Porque se confía el uso de la fuerza en los agentes policiales y esto debe ir acompañado por elementos de control y vigilancia.
–¿Cuál es la forma de prevenirla?
–Hay mecanismos de prevención que los estados no aplican. El control visual de los lugares de detención, por ejemplo. ¿Dónde hay cámaras en los centros de custodia? No las hay, y es allí donde se comete todo tipo de abuso. También la clave está en la preparación de agentes policiales, de los fiscales y defensores que forman parte del proceso que la ley asigna a quien detenta el monopolio de la fuerza.
–¿Colabora que se generen espacios dentro del sistema de administración de justicia que focalicen en la persecución de la violencia institucional?
–Los aparatos especializados en determinadas cuestiones generan lógicas que los hacen inmunes a las presiones del propio sistema y eso es bueno. Apuesto por esas iniciativas que buscan especializar y generar el clima de confianza para que personas que son víctimas de abusos puedan acudir a esas instancias y sentirse acompañados a las denuncias de esos delitos.
–¿Cuál es el primer paso para abordar esta problemática?
–Lo primero es concientizarse de la existencia de un problema. Cuando se confronta directamente a los responsables políticos, responden de manera agresiva. Lo que tendrían que hacer es investigar. Rechazarlo como si fueran denuncias falsas lo que hace es encubrir el problema. La tortura es un hecho brutal que niega los fundamentos de nuestra civilización. Por lo tanto, el silencio es encubridor y cómplice de ella. Lo necesario es una vigilancia activa y generar una cultura de prevención para limitarla. Es cierto que en los últimos años después de lo que se denominó la "guerra contra el terror" se ha propiciado el debate de introducir o tolerar interrogatorios con coacción sobre detenidos para arrancarles información. Esa es la excusa para violar la legalidad internacional. Se usa para humillar y derrotar al ser humano, para vejar su dignidad. La tortura no sirve para conquistar información. Es un argumento inmoral. Hay también algunas técnicas de interrogación donde lo que se hace es desorientar al detenido, confundirle para que se pueda declarar en su contra o de sus supuestos cómplices. En todo este debate hay que introducir la lógica del derecho, el respeto a la dignidad y expulsar las supuestas razones de Estado de la discusión.
–¿Hay posibilidades de erradicarla del todo?
–Antes de que llegue a ser judicializado un caso, los métodos para la prevención nunca van a tener una eficacia del 100 por ciento. Siempre va a seguir existiendo la tortura. Pero cuanto más control y acompañamiento a las víctimas, más fácil será prevenir. Cuando se opera en un ambiente de no control, se promueve la tortura. En las sociedades que han transitado por dictaduras donde se ha utilizado la tortura es importante afirmar nuevos valores. Ajustar cuentas en el pasado tanto en el ámbito simbólico como en el pedagógico. Es afirmar los valores de la democracia y el respeto. Cuando no se hacen ajustes frente al pasado, cuando no se desvaloriza a los torturadores y a los verdugos, se está permitiendo una continuidad de prácticas abominables.
–¿Cómo evalúa el proceso de reparación de la memoria histórica y los juicios llevados a cabo en la Argentina contra los represores?
–Cuando los países son capaces de perseguir a los grandes criminales de Estado, cuando se juzgan los crímenes de la represión, se constituyen en un elemento fundamental para construir otros valores.
–¿En España, con los crímenes del franquismo, se abortó ese proceso?
–Sí. Con el cierre del proceso, hay víctimas negadas que no han sido atendidas y cuya reparación está pendiente.
–¿Cree que esa deuda se saldará?
–Es difícil saberlo. Se apostó por el olvido y el paso del tiempo. Pero el hecho traumático está ahí. Generaciones de jóvenes se preguntan cómo se puede convivir con la barbarie y los temas relacionados con desaparecidos y fosas comunes son actuales. Es un pasado que no pasa y reclama justicia aunque hayan pasado décadas.
–¿Qué opinión le merece la reforma judicial que se está intentando implementar en la Argentina?
–Como observador externo y sin ir al detalle entiendo que los sistemas judiciales siempre han estado en permanente reforma y en permanente crisis. Los tribunales del sistema judicial como no se presentan a elecciones, su legitimidad sólo se pone en juego en el ejercicio. Las sociedades deben confiar en sus jueces. La independencia no pertenece a los jueces. No es una patente de corso ni un privilegio. Las personas obtienen de jueces independientes las garantías que no van a entender en los intereses de los poderosos, sino que sólo van a decidir en base al derecho. El Consejo de la Magistratura es el gobierno del Poder Judicial, separado del Ejecutivo y un proceso para su reforma tiene que hacerse en un debate y una confrontación rigurosa. No es sencillo. Lo que me sorprende es la violencia inusitada en la que se afronta la reforma. Eso no es bueno. Respecto a sus contenidos concretos, no hay modelos de cómo seleccionar sus miembros. Hay múltiples fórmulas de hacerlo a partir de la elección popular y de estamentos. Ninguna es mejor que la otra. Dependerá en qué medida es eficaz al propio Poder Judicial.
–En ese sentido, ¿es posible una democratización de ese órgano?
–Es bueno ampliar la base de su legitimidad y que no responda a intereses corporativos, sino a intereses generales, además de que haya una representación de la pluralidad social y política. En esa medida es buena.
–Habló de la violencia con la que se afronta el debate.
–La violencia en la forma verbal y en los medios. Es un debate político partidista mediático, y la construcción del mismo en esos términos hace difícil lograr entenderse. La justicia no se puede centrar en la confrontación partidista.
–¿Existen jueces apolíticos?
–Es una construcción falsa. Los jueces tienen sus ideas políticas. El ser humano es un ser social. Todos tenemos una cosmovisión y una relación con el poder. No hay jueces apolíticos. El problema es la relación del juez y la relación con la política del partido. Y ahí es donde posiblemente tienen que estar apartados de ese conflicto. La etiqueta político partidista puede levantar sospechas cuando el juez vuelva a un tribunal.
–¿Cuál sería el riesgo?
–La etiqueta política no beneficia a los jueces. La elección popular puede ser tan buena como la de los grupos parlamentarios o la realizada por los propios jueces de un sector. Hay modelos distintos y eso se soluciona intentando que el modelo responda a su finalidad constitucional. Pero también es cierto que son los propios tribunales los que al tomar determinadas decisiones acuden al terreno que es de la confrontación político partidista. Ese no es su conflicto. El juez debe intervenir en amparo de derechos, libertades e intereses legítimos. De manera inconsciente los tribunales se dejan arrastrar al debate político y eso les trae deslegitimación. Los jueces no están en ninguna lucha. Ni siquiera están en lucha contra el crimen ni el narcotráfico. Están fuera de la lógica porque es imparcial, ajeno al conflicto en el que hay dos partes enfrentadas. Sus decisiones pueden ser criticadas por eso deben generar una cultura que les inhiba frente a esos intentos de que participen de la confrontación político partidista.
–Eso ha generado también que sean los propios jueces los que judicialicen la reforma en los tribunales en busca de medidas cautelares que impidan la reforma.
–Los colectivos corporativos acuden a tribunales en demanda de amparo de sus intereses. La sospecha es que son juez y parte y ahí también es donde debe estar la prudencia porque el juez no sólo debe ser imparcial, sino además de parecerlo. Los jueces tienen que vigilar su imparcialidad y no la deben mezclar con los intereses corporativos. Es un conflicto y el sistema de control difuso de constitucionalidad lo permite.
Pero el enjuiciamiento cautelar es provisional, limitado y no debe utilizarse para resolver un conflicto y para perjudicar a una parte con el alargamiento de ese conflicto. La cautelar es provisional y limitada en cuanto al conocimiento prueba y garantías y no estoy hablando de la Argentina, en particular. Lo que hablo es de los sistemas judiciales que deben ser prudentes porque dependen de la apariencia y esas decisiones se pueden volver en su contra. Cómo explicar luego que adoptan medidas cautelares con respecto a unas leyes, y no a otras.
un ejemplo para juzgar al franquismo
–¿Se puede hacer una transición democrática completa sin atender a las víctimas de las dictaduras?
–Hay niveles distintos. El estado democrático, puede hacer la transición a nivel político y de la legalidad, pero mientras que no se permita a las víctimas el acceso a la justica y a la verdad y la reparación con reconocimiento del daño, no se habrá dotado de eficacia a los Derechos Humanos.
–¿En cuánto puede colaborar la aplicación del criterio de justicia universal como se hace en Argentina para investigar crímenes del franquismo?
–Es uno de los mecanismos que tiene fuerza normativa porque existe en los convenios de Naciones Unidas. Son las víctimas que no consiguen justicia en su propio estado, las que acuden en nombre de la comunidad internacional a otra jurisdicción. La Corte Penal Internacional es un mecanismo multilateral que puede juzgar los más graves crímenes con determinadas condiciones. Y la otra herramienta es la aplicación del principio de justicia universal para perseguir el genocidio, los crímenes contra la humanidad más allá de la nacionalidad y del lugar de ejecución del hecho. Las violaciones sistemáticas y las torturas que trascienden a las víctimas concretas y ofenden a la humanidad. Así se permite visibilizar la inoperancia de la justicia interna y su impunidad. Eso generó nuevas dinámicas, como por ejemplo lo que está ocurriendo aquí con la causa por crímenes del franquismo. La Argentina es un laboratorio de los Derechos Humanos. Aquí se revisaron las leyes de amnistía y se declaró su incompatibilidad con la legalidad internacional.
El dato
control
El primer Congreso Internacional contra la Tortura se hizo el 6 y 7 de junio pasados. Debatió la obligación de los Estados para prevenir la tortura por parte de sus instituciones represivas.
Textual
Fuerzas represivas
"En dictaduras, la tortura es un método de control sistemático, pero también en democracias."
Fuente:TiempoArgentino
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