“Si no hay respuesta volvemos”
11/06/2013
Por Juane Basso
Horas tensas se vivieron la mañana de este martes en el terreno perteneciente al Club Juan XXIII en el corazón de Villa Banana. Unos doscientos vecinos que pasaron la noche en el predio en carpas y ranchos improvisados de chapa, madera, cartón y plástico, amanecieron con la niebla sobre sus cabezas y la amenaza de desalojo dictada por la jueza Marta Canavesio.
“Solamente queremos un terreno para vivir dignamente, nada más. Acá hay familias, chicas embarazadas, chicos muy chiquitos, no queremos violencia, ni represión, queremos un terreno para construir nuestra vivienda”, explicó Rocío una de las vecinas que participó de la toma, que contó a Redacción Rosario que vive en villa Banana en una casa con sus padres, su hermano y su hija. “Somos tres familias en una casa”, ilustró la mujer.
“La mayoría de los que estamos acá, viven tres familias en una misma casa”, indicó Rocío, quien subrayó el reclamo por el cual ocuparon ese predio: “Nosotros no queremos que nos regalen nada, somos gente trabajadora, si tenemos que pagar, vamos a pagar. Que nos den un terreno a pagar, porque somos toda gente laburante acá, así como la policía, los GUM, los periodistas, nosotros queremos un lugar digno para darle a nuestros hijos”.
Autoridades de diferentes áreas de la municipalidad y la Provincia, se hicieron presentes desde temprano para, según explicó a este medio Gustavo Franco – de la Guardia Urbana Municipal (GUM)– “lograr un desalojo sin violencia”; objetivo que estuvo a punto de fracasar producto de un desajuste con alguno de los agentes de Control Urbano, los cuales finalmente se terminaron corriendo de las negociaciones.
“No vamos a permitir usurpaciones, y mucho menos con un club barrial y popular”, repitió en varios programas de radio durante la mañana de este martes, Fernando Asegurado, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, con respecto a la ocupación de Villa Banana.
“El municipio construyó a nuevo las canchas, el vestuario luego un acuerdo importante con el club y el barrio. Esto que pasó ayer nos dolió mucho. Estuvimos presentes en el lugar desde el lunes a la tarde. Vamos a trabajar en contacto con la jueza Correccional Canavesio. Nuestra intención es poder recuperar el predio para que los chicos de este sector de la ciudad puedan practicar deporte”, planteó Asegurado.
“Las soluciones habitaciones son a largo plazo. Estamos trabajando en muchos sectores de la ciudad, en apertura de calles y traslados de familias. Lo que no vamos a permitir es esta toma de terrenos y menos en un club. Como lo hicimos en el tema de la hermana Jordán y el padre Joaquín, tenemos herramientas y la decisión firme de recuperar estos espacios”, indicó Asegurado.
Las palabras de Asegurado no fueron oídas – por suerte para los funcionarios que negociaron el retiro de los ocupantes–, por los vecinos que tomaron el predio, para quienes ese terreno “está abandonado, sin actividades hace casi dos años”.
Mario –un joven con militancia en comunidades eclesiales de base y habitante del barrio–, quien se acercó a apoyar a su hermana que sí participaba de la toma, ante el temor de una “inminente represión”, relató que desde que “trasladaron el Juan XXIII a este predio, el club se vació de sus históricos socios, cada vez se utilizó menos, y quedó prácticamente abandonado”.
“Desde hace más de un año, los vestuarios y las instalaciones –lo de instalaciones ponelo entre comillas pidió Mario–, están tomadas por gente a las que finalmente les permitieron vivir ahí”. “Están igual de amontonados que en la villa, pero en una construcción de material de cinco por cinco”, agregó el joven.
“¿Vos pensás que si lo chicos del barrio usaran este lugar, tuvieran actividades, profes, propuestas de recreación, las madres y padres tomarían esta tierra?”, preguntó Mario al cronista. Ante lo que respondió: “nosotros mismos los sacaríamos de vuelo”.
Cerca de las 10 de la mañana, la llegada de un par de colectivos de la Guardia de Infantería de la policía provincial –que se sumó a la ya importante cantidad de patrulleros y efectivos apostados en los alrededores–, volvió a caldear el ánimo de los ocupantes, que a esa hora habían pactado un censo con las autoridades como primer paso para destrabar la toma.
La mayoría de los presentes eran jóvenes, sobre todo los hombres. Sub treinta se anima a arriesgar este cronista. Éstos eran quienes se mostraban más difíciles para negociar, más intransigentes y encolerizados. “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”, cantaron algunos.
La negociación quedó en manos de las mujeres. Varias de ellas con niños aupados –había muchos chicos–, discutieron con policías o funcionarios los términos de una retirada, pero con el permanente reclamo del “terreno donde levantar una casa”.
Minutos antes de la llegada de la jueza al escenario de los hechos, cronistas y movileros de buena parte de los medios de la ciudad, que siguieron las alternativas del conflicto durante toda la mañana, desobedecieron por unos minutos la “invitación” de uno de los jefes policiales que les pidió que dejen el predio para cuando llegara la magistrada. “¿Si nos vamos quien garantiza que no haya represión?”, preguntó una periodista de la TV local.
Finalmente, los trabajadores de prensa se corrieron hasta la línea del alambrado que delimita una de las calles que bordea a las canchitas de fútbol, desde donde siguieron tomando imágenes de lo que sucedía dentro.
La jueza Canavesio llegó alrededor de las 11, pero no se sumó a las negociaciones con los vecinos. Tras una especie de asamblea de ocupantes con las autoridades municipales y provinciales presentes, los agentes de la GUM en ese momento ya se encontraban relevando rancho por rancho, los datos de cada una de las familias, bajo la promesa de que con esos datos el municipio avanzaría en un abordaje de la situación de las mismas, “empezando por las más necesitadas”.
Alrededor de las 12 del mediodía, lentamente, los vecinos comenzaron a desarmar los ranchos y llevarse sus pocas pertenencias. “Nos vamos, pero si no hay respuestas en unas semanas, vamos a volver”, afirmaron, mientras se retiraban.
Fuente:RedaccionRosario
ALREDEDOR DE 20 FAMILIAS HABIAN OCUPADO EL CLUB JUAN XXIII
Se fueron por propia voluntad
Tras negociar con autoridades municipales y provinciales, los vecinos abandonaron el terreno donde se levanta un club de barrio. La jueza Canavesio, que se hizo presente en el lugar, no llegó a dictar la orden de desalojo.
Los ocupantes están dispuestos a pagar para levantar sus viviendas.Imagen: Sebastián Granata
A menos de 24 horas del inicio de una usurpación en el club Juan XXIII, de 27 de Febrero al 4200, las 20 familias que reclamaban viviendas se retiraron antes del mediodía de ayer por su propia voluntad, tras negociar con autoridades municipales y provinciales. Los vecinos pidieron terrenos y aseguraron estar dispuestos a pagar para levantar sus viviendas. Varios funcionarios de áreas sociales participaron del diálogo con los ocupantes del predio donde asisten más de un centenar de chicos y jóvenes a practicar deportes. La intendenta Mónica Fein reconoció en declaraciones radiales la problemática habitacional de la ciudad y señaló que pronto comenzará a funcionar aquí el programa provincial "Mi tierra, mi casa", además esta semana se firma un acuerdo con el gobierno nacional para avanzar con los créditos del Procrear. Aclaró que el municipio no permitirá la toma de terrenos, "menos en un club barrial y popular". Si bien la Justicia preveía un operativo con unos sesenta efectivos, no hizo falta dictar orden de desalojo.
"Hubo acuerdo", eran las palabras repetidas ayer a la tarde por funcionarios municipales, provinciales y judiciales que llegaron temprano a intentar liberar el predio, sin tener que llegar a un desalojo forzoso. La jueza Correccional Nº 10, Marcela Canavesio, que se hizo presente en el lugar, no llegó a dictar la orden de desalojo, aunque desde el juzgado se indicó que hubo algún intento de resistir la toma, y eso podía llevar a tomar otras medidas.
David Sánchez, titular de Control Urbano Municipal, relató que en principio había una resistencia y hasta hubo momentos de tensión. De hecho, Control Urbano dejó una guardia preventiva ayer, mientras se trabajaba en el predio en tapar algunos pozos.
Las negociaciones comenzaron cerca de las 9. Personal municipal y de Desarrollo Social provincial habló con los vecinos y relevaron las necesidades de los ocupantes.
Por su parte, Fein admitió que el déficit habitacional en la ciudad es un problema pero no se permitirá que se tomen terrenos por la fuerza, "mucho menos este club barrial y popular que desde hace años realiza trabajo comunitarios con los chicos de la zona y que permite la inserción social".
Al club Juan XXIII asisten unos 150 niños, adolescentes y jóvenes, de hasta 25 años, que practican fútbol. Las familias que reclaman terrenos para establecerse se habían asentado el lunes por la tarde, y comenzaron a dividir lotes. Anteanoche, la jueza ordenó un cordón policial para que no entraran más familias.
Maximiliano Altolaguirre, presidente de la institución, presentó ayer la denuncia policial, y habló de cuestiones políticas que movilizaron la toma. Sánchez, en cambio, dijo que los ocupantes "son familias con necesidades". El club normaliza hoy sus actividades.
Fuente:Rosario12
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