Santos y la responsabilidad del Estado en los crímenes
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió la responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno que afecta su país desde mediados del siglo pasado. Es la primera vez que un representante estatal reconoce las culpas de los organismos públicos en la escalada de hechos de violencia que causaron 220.000 muertos entre 1958 y 2012 según el informe presentado el jueves por el Grupo de Memoria Histórica.
"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno", admitió Santos. "Mi compromiso como presidente de la República, es que este reconocimiento sea también un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional", agregó.
Fuente:TiempoArgentino
25.07.2013
Colombia
Histórico reconocimiento de Santos de los delitos cometidos por el Estado durante el conflicto interno
Colombia
Histórico reconocimiento de Santos de los delitos cometidos por el Estado durante el conflicto interno
Durante la audiencia pública por el Marco Jurídico para la Paz el mandatario admitió la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en graves violaciones a los derechos humanos.
"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto", admitió Santos.
El mandatario dijo esto durante la audiencia pública que se inició hoy en la Corte Constitucional para evaluar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna.
El llamado Marco Jurídico para la Paz es una reforma constitucional que habilita al Estado a priorizar a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno y que se aplicará si se concreta la paz con los grupos rebeldes.
La norma fue demandada ante la Corte por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), un colectivo de abogados, por considerar que haría selectiva la investigación y la responsabilidad de los delitos y que no habría justicia para todas las víctimas.
Santos asistió a la audiencia como voz del Gobierno para explicar que, ante la imposibilidad de juzgar a todos los partícipes de delitos, el Marco Jurídico para la Paz se concentrará en los máximos responsables, según publica la agencia EFE.
"Estamos ante una oportunidad real de ponerle fin al conflicto armado interno. Estamos en un momento de decisiones, en una situación que se nos presenta una vez en la vida”, dijo al referise al proceso de paz que lleva con las FARC en La Habana.
Para Santos, el Marco Jurídico para la Paz “no abre espacios a la impunidad" sino que satisface "de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”.
Ante los magistrados, recordó en que hay una política integral de víctimas y que se crearon mecanismos normativos para proteger sus derechos.
Santos pidió que esto sea "un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado" reconozcan su responsabilidad y "puedan participar en los mecanismos de justicia transicional".
"Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", agregó.
La defensa de Santos fue complementada por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien argumentó, desde lo jurídico, que "no habrá impunidad como se quiere hacer ver" y que investigar caso por caso cometido por los actores armados podría tardar hasta un siglo, sin que eso garantice reparación para cada víctima, reseña hoy Ansa.
El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, también apoyó al Marco Jurídico para la Paz al sostener que "no tiene vicios" y que ello "demuestra el rigor del Congreso”, según consigna El Tiempo.
En tanto, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, catalogó al Marco Jurídico para la Paz como “un inicio responsable y serio que reafirma el precepto constitucional de la paz” y aseguró que lo que hace, es "reconocer la imposibilidad de someter a todos los implicados en el conflicto armado pero sin renunciar a su obligación de aplicar justicia".
Del otro lado, Gustavo Gallón, director de la CCJ, responsable de la demanda, le solicitó a la Corte que corrija la norma “porque no reconoce adecuadamente los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos”, a la vez que “resucita el abominable espectro del estado de sitio que la Carta de 1991 decidió conjurar”.
"La Corte debería dejar en claro que los mecanismos de justicia transicional deben aplicarse, no para brindar impunidad, sino para garantizar el máximo nivel de justicia posible”, agregó.
El demandante dijo que “conciliar el derecho a la paz y el derecho a la justicia no consiste en un perdón mutuo entre los combatientes, sino que deber partir del reconocimiento del daño causado por todos los guerreros a las víctimas civiles y la petición genuina de perdón”.
De igual modo, para el representante de Fundación de Centro de Pensamiento Primero Colombia, Jaime Restrepo Restrepo, no se pueden aceptar los lineamientos presentados en la norma porque “abre las puertas al indulto y a la amnistía, hecho que no pueden aceptar las víctimas de la guerra y quienes han tenido que sufrir desplazamientos, amenazas, secuestros, homicidios y violaciones a todos los derechos fundamentales", según reporta El Espectador.
Estas intervenciones, sumadas a las de la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de víctimas, servirán para que la Corte tome una decisión sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional durante el próximo agosto.
El mandatario dijo esto durante la audiencia pública que se inició hoy en la Corte Constitucional para evaluar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna.
El llamado Marco Jurídico para la Paz es una reforma constitucional que habilita al Estado a priorizar a los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno y que se aplicará si se concreta la paz con los grupos rebeldes.
La norma fue demandada ante la Corte por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), un colectivo de abogados, por considerar que haría selectiva la investigación y la responsabilidad de los delitos y que no habría justicia para todas las víctimas.
Santos asistió a la audiencia como voz del Gobierno para explicar que, ante la imposibilidad de juzgar a todos los partícipes de delitos, el Marco Jurídico para la Paz se concentrará en los máximos responsables, según publica la agencia EFE.
"Estamos ante una oportunidad real de ponerle fin al conflicto armado interno. Estamos en un momento de decisiones, en una situación que se nos presenta una vez en la vida”, dijo al referise al proceso de paz que lleva con las FARC en La Habana.
Para Santos, el Marco Jurídico para la Paz “no abre espacios a la impunidad" sino que satisface "de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”.
Ante los magistrados, recordó en que hay una política integral de víctimas y que se crearon mecanismos normativos para proteger sus derechos.
“No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia"“No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia", subrayó.
Juan Manuel Santos
Santos pidió que esto sea "un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado" reconozcan su responsabilidad y "puedan participar en los mecanismos de justicia transicional".
"Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", agregó.
La defensa de Santos fue complementada por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien argumentó, desde lo jurídico, que "no habrá impunidad como se quiere hacer ver" y que investigar caso por caso cometido por los actores armados podría tardar hasta un siglo, sin que eso garantice reparación para cada víctima, reseña hoy Ansa.
El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, también apoyó al Marco Jurídico para la Paz al sostener que "no tiene vicios" y que ello "demuestra el rigor del Congreso”, según consigna El Tiempo.
En tanto, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, catalogó al Marco Jurídico para la Paz como “un inicio responsable y serio que reafirma el precepto constitucional de la paz” y aseguró que lo que hace, es "reconocer la imposibilidad de someter a todos los implicados en el conflicto armado pero sin renunciar a su obligación de aplicar justicia".
Del otro lado, Gustavo Gallón, director de la CCJ, responsable de la demanda, le solicitó a la Corte que corrija la norma “porque no reconoce adecuadamente los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales sobre derechos humanos”, a la vez que “resucita el abominable espectro del estado de sitio que la Carta de 1991 decidió conjurar”.
"La Corte debería dejar en claro que los mecanismos de justicia transicional deben aplicarse, no para brindar impunidad, sino para garantizar el máximo nivel de justicia posible”, agregó.
El demandante dijo que “conciliar el derecho a la paz y el derecho a la justicia no consiste en un perdón mutuo entre los combatientes, sino que deber partir del reconocimiento del daño causado por todos los guerreros a las víctimas civiles y la petición genuina de perdón”.
De igual modo, para el representante de Fundación de Centro de Pensamiento Primero Colombia, Jaime Restrepo Restrepo, no se pueden aceptar los lineamientos presentados en la norma porque “abre las puertas al indulto y a la amnistía, hecho que no pueden aceptar las víctimas de la guerra y quienes han tenido que sufrir desplazamientos, amenazas, secuestros, homicidios y violaciones a todos los derechos fundamentales", según reporta El Espectador.
Estas intervenciones, sumadas a las de la Fiscalía, la Procuraduría y organizaciones de víctimas, servirán para que la Corte tome una decisión sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional durante el próximo agosto.
25.07.2013
parapolítica
Condenan en Colombia a dos ex legisladores a nueve años de cárcel por su vínculo con los paramilitares
parapolítica
Condenan en Colombia a dos ex legisladores a nueve años de cárcel por su vínculo con los paramilitares
Oscar de Jesús Suárez Mira y Fuad Rapag Mattar fueron sentenciados por recibir apoyo político de las Autodefensas Unidas de Colombia para los comicios de 2006.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a los ex parlamentarios Oscar de Jesús Suárez Mira y Fuad Rapag Mattar a 9 años de prisión cada uno por sus vínculos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de apoyos políticos para los comicios del 2006.
Un comunicado de la Corte Suprema detalló que la condena fue por la figura legal de "concierto para delinquir".
Según el expediente, Suárez, que integró el movimiento Alas Equipo Colombia, recibió apoyo de los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán".
En el caso de Rapag, integrante del uribista Partido de la Unidad, el paramilitar José Gregorio Mangones, alias "Carlos Tijeras", reveló que el político recibió apoyo del bloque norte de las autodefensas.
Los dos ex parlamentarios condenados están detenidos en cárceles colombianas, consignaron las agencias EFE y DPA.
Las condenas se dan en el marco del proceso que la prensa denominó "parapolítica", iniciado a partir de que la Fiscalía decomisó una computadora del ex comandante paramilitar alias "Jorge 40", en la que se hallaron documentos que evidenciaban alianzas entre políticos y las AUC, desmovilizadas durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010).
Un comunicado de la Corte Suprema detalló que la condena fue por la figura legal de "concierto para delinquir".
Según el expediente, Suárez, que integró el movimiento Alas Equipo Colombia, recibió apoyo de los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán".
En el caso de Rapag, integrante del uribista Partido de la Unidad, el paramilitar José Gregorio Mangones, alias "Carlos Tijeras", reveló que el político recibió apoyo del bloque norte de las autodefensas.
Los dos ex parlamentarios condenados están detenidos en cárceles colombianas, consignaron las agencias EFE y DPA.
Las condenas se dan en el marco del proceso que la prensa denominó "parapolítica", iniciado a partir de que la Fiscalía decomisó una computadora del ex comandante paramilitar alias "Jorge 40", en la que se hallaron documentos que evidenciaban alianzas entre políticos y las AUC, desmovilizadas durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010).
Fuente:Telam
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