Por Alejandra Dandan
EL VINCULO DE BLAQUIER CON UN GRUPO SOSTEN DE LA DICTADURA
Un petit hotel para la usina civil del golpe de Estado
Un certificado oficial revela que el dueño del Ingenio Ledesma, cuyo procesamiento por complicidad en delitos de lesa humanidad acaba de ser ratificado por la Cámara Federal de Salta, era propietario del inmueble donde se reunía en los ’70 el Grupo Azcuénaga.
Por Alejandra Dandan
La causa en Jujuy investiga la complicidad de Blaquier en desapariciones en 1976.Imagen: Télam
La causa del Ingenio Ledesma incorporó una nueva prueba: el certificado del registro de propiedad de un petit hotel de la calle Azcuénaga 1673, en la Ciudad de Buenos Aires. El petit hotel es un lugar legendario en la historia de las articulaciones políticas previas al golpe. Dio nombre al llamado Grupo Azcuénaga, creado en 1973, desde donde tras la muerte de Perón salió la “mesa chica” de intelectuales orgánicos de la dictadura nucleados en lo que se conoció como “Grupo Perriaux”. Según el registro, la residencia perteneció a Carlos Pedro Blaquier entre 1971 y 1977. La Cámara Federal de Salta acaba de confirmar el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy por complicidad con crímenes de lesa humanidad.
En su indagatoria, Blaquier negó conocer el llamado Grupo Azcuénaga. El documento, que muestra su relación con la casa de la calle Azcuénaga y por lo tanto con ese grupo, refuerza las pruebas de su vínculo con el gobierno militar, al mostrar su compromiso con “el grupo de apoyo y sostén teórico de la dictadura” de la que se aprovechó económicamente.
Lejos de Jujuy, el impulso que tenga la investigación sobre esta nueva prueba puede a su vez servir en Buenos Aires para destrabar otra causa que tramita sin pena ni gloria desde los años ’80. Se trata de una causa que intentó “desentrañar la complicidad civil” en la “rebelión” o golpe de Estado de marzo de 1976. Tuvo un avance en 2007 y un dictamen en 2011 del fiscal Federico Delgado, quien intentó darle algo de movimiento pero aún no lo logró (ver aparte).
El grupo
El Grupo Azcuénaga y el grupo Perriaux formaron parte de una serie de clubes y ateneos que emergieron con distintos nombres y, a grandes rasgos, con los mismos integrantes, a partir del primer peronismo. La historia de esas trayectorias fue reconstruida, entre otros, por Vicente Muleiro en su libro fundamental 1976: El golpe civil. Sus datos integran el análisis jurídico que hizo la Justicia federal de Jujuy para reconstruir las características del contexto histórico en que el Ingenio Ledesma aportó camionetas para los secuestros de marzo y julio de 1976.Quienes aparecen en ambos grupos son funcionarios de las distintas dictaduras o empresarios que integraron grupos de lobby antes y después del golpe de marzo de 1976. Forman parte de lo que algunos describen como el sistema de “puertas giratorias”: un mecanismo que siempre dejó puertas abiertas y cruzadas entre los grupos económicos y el Estado.
Como indica uno de los investigadores de la causa en Buenos Aires, “a vuelo de pájaro y sin mayor rigor metodológico, esos ‘civiles’ son los mismos que protagonizaron el proceso de la deuda externa y los que, a la hora presente, están ligados al último canje de deuda y a los litigios que hacen bailar al país en Nueva York”.
En términos históricos, no fue lo mismo el Grupo Azcuénaga que el Perriaux, pero tuvieron un mismo origen. “El Grupo Azcuénaga se conforma en 1973 –dice Muleiro a Página/12– con el gorilaje desorientado tras el rotundo triunfo del peronismo. Se lo denomina así porque funcionaba en el petit hotel de Azcuénaga 1673.
“Daban charlas, conferencias y había reuniones semanales con debates de dos horas. Pasaban unas 40 personas: abogados, militares, periodistas. A medida que el gobierno peronista, tras la muerte de su líder, entra en crisis y se debilita, la actividad del grupo se acelera. Uno de los contertulios era Jaime Perriaux, que saca de allí una ‘mesa chica’, que se reúne en Recoleta, donde sale la pata civil del videlismo con eje en José Alfredo Martínez de Hoz y la participación de Mario Cadenas Madariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, Enrique Loncan y Armando Braun.”
Perriaux era abogado, pero suele ser retratado como un intelectual, conservador, operador de acuerdos políticos, con dotes de filósofo, amigo y representante en Buenos Aires de Ortega y Gasset y alterado en el contexto de los años ’70 por “el ascenso del movimiento de masas”. Hombre de fortuna, fue representante de una empresa alemana llamada Staud y Cía, cruzada por sus relaciones con el nazismo. Perriaux fue ministro de Justicia de Levingston en 1970 y 1971, de Lanusse entre 1971 y 1973 y creador de la Cámara Federal en lo Penal, el “Camarón”, diseñado en los primeros años ’70 para perseguir a la oposición política, ya bajo la figura de la “subversión”. Amigo de José Alfredo Martínez de Hoz, fue además una figura clave en los acuerdos y consensos políticos entre los sectores de la derecha y el ala militar videlista antes del golpe.
Muleiro recuerda en su libro que, mientras se aceleraba las crisis en el peronismo tras la muerte de Perón, Perriaux convocaba a los integrantes de la “mesa chica” a reuniones en su estudio de Pueyrredón y Vicente López o en su fastuosa casa de Gelly y Obes.
En esa “élite” o “mesa chica” había otra figura clave: el general retirado del Ejército Hugo Mario Miatello, muy amigo de Videla, que había sido jefe de Inteligencia del Ejército en 1970 y jefe de la SIDE entre 1971 y 1973. Muleiro lo evalúa como figura en espejo de Perriaux. Especialista en técnicas de contrainsurgencia, “sovietología”, Perriaux trabó con él vínculos mientras ambos estuvieron en funciones en la gestión de Lanusse: uno en la SIDE y el otro en Justicia. En el Grupo era un enlace con el “ala militar”. “Como réplica anticipada y también paralela de la dupla Videla-Martínez de Hoz, otro monstruo bifronte representa la dupla cívico-militar que prohijó el golpe –dice Muleiro–. Es la que conformaron el abogado Jaime Perriaux como coordinador del núcleo duro de civiles que conspiraron y prepararon planes para el golpe de Estado y el general de inteligencia (Miatello), enlace ante su amigo Videla.”
Es siguiendo el camino de estos dos nombres y los de la “mesa chica” que el libro va describiendo en clave de prueba la intervención de los civiles en el golpe. Revisa las políticas de desgaste sobre el gobierno peronista impulsadas desde las organizaciones empresarias, los lockouts patronales, la construcción de consensos o la legitimación del golpe de Estado desde las usinas políticas y sobre todo desde los medios de comunicación.
Muleiro también revisa en ese sentido la autoría del programa económico que puso en marcha Martínez de Hoz, un dato que también fue analizado en busca de indicios en la causa de la “rebelión” en Buenos Aires. El libro señala reuniones, entre ellas una previa al golpe y que juntó al Perriaux con Martínez de Hoz y un equipo llamado “Equipo Compatibilizador Interfuerzas”. Recuerda una declaración de García Belsunce padre en el diario La Prensa o un editorial del diario La Nación de 1979 en el que se indica que “el plan económico comenzó a gestarse poco después de la muerte del ex presidente”, por cinco personas, que son las mismas que Muleiro menciona como integrantes de la “mesa chica” del Perriaux.
La lista
Entre esos nombres pueden pensarse dos grupos: una parte fue “orgánica” del Ministerio de Economía de la dictadura y otra aparece entre los grupos de poder que antes del golpe actuaron en el desgaste del gobierno peronista y luego se beneficiaron con las políticas económicas. O, como dice Muleiro, “recuperando el paraguas estatal para engordar sus negocios”. Estos son:1) Mario Cadenas Madariaga, que será futuro secretario de Agricultura en el período de Jorge Videla.
2) Horacio García Belsunce (padre), abogado, había sido secretario de Hacienda en 1962 y 1963 y presidente, síndico y director de diversas empresas privadas, entre ellas, Acinplast, Maltería Quilmes, Philips, Santa Rosa, Coroplast y Fiat Argentina.
3) Guillermo Zubarán será secretario de Energía durante la presidencia de Jorge Videla.
4) Enrique Loncan, abogado y economista, en los años ’60 dictó clases en la Escuela Superior de Guerra, entre los años 1966 y 1970 fue embajador en Sudáfrica y luego asesor de la Cámara Argentina de Comercio. También presidió empresas mineras. Años después fue el fundador de Barrick Gold Exploraciones Argentina, puso en marcha el proyecto de La Alumbrera y fue director del Banco General de Negocios.
5) Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio, es parte de Apege, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, caracterizada por sus campañas de desgaste, y donde confluyeron los sectores agropecuarios y comerciales cuyos integrantes todavía resuenan en el presente: la Sociedad Rural, Carbap, CRA, Jorge Zorreguieta. “La arremetida de la Apege fue intensa, durísima y pública”, escribe Muleiro sobre el combate al gobierno durante 1975 y los preparativos para el lockout de febrero de 1976. “Las figuras retóricas eran reiteradas y sonaban como tambores de guerra: ‘disolución nacional’, ‘camino al marxismo’, ‘falta de autoridad’, ‘violación de la propiedad privada’, ‘estatismo’, ‘privilegios irritantes’”. En febrero, Armando Braun decía: “De poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vida de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva”.
El procesamiento
Blaquier está procesado por haber entregado los vehículos a las fuerzas de seguridad para los secuestros de dirigentes sindicales y referentes sociales de la industria del azúcar en marzo y julio de 1976. La Cámara Federal de Salta confirmó ese procesamiento el viernes pasado. Las imputaciones están sostenidas sobre distintos testimonios pero, además, pruebas documentales. Estos elementos refuerzan lo que el derecho menciona como “responsabilidad objetiva” y “subjetiva” en el delito. La nueva prueba del certificado es vista como un elemento más para reforzar el “carácter subjetivo” de su intervención, su compromiso con el grupo de operadores que entendió que el golpe era necesario. Esto es importante sobre todo al cotejar los argumentos de la defensa, que luego de negar el aporte de camionetas ahora intenta mostrarlo en todo caso como un elemento “inocuo” de alguien que eventualmente colaboraba sin saber.Esta línea del “compromiso” consciente está reforzada por otros antecedentes. Una solicitada de Ledesma en la que saludaba el primer aniversario del golpe. O la carta destinada a “mi querido Joe”, en la que Blaquier escribe a José Alfredo Martínez de Hoz y analiza cómo conseguir fondos entre los empresarios para sostener una campaña de prensa en el exterior que diluya las críticas hacia la Argentina. El regreso a la historia del Grupo Azcuénaga es así un nuevo elemento de peso.
Facsímil del certificado sobre la propiedad del inmueble de la calle Azcuénaga 1673.
El documento de la propiedad
En su punto 1, el oficio señala un trámite sucesorio a través del cual el inmueble quedó inscripto a nombre de un grupo numeroso de personas de apellido “Navarro y Gowland” por “declaración de herederos” dictada por una resolución judicial el 31 de agosto de 1966.
El punto 2 señala que “los herederos indicados en el punto 1 vendieron [el inmueble] a Blaquier Carlos Pedro Tadeo por escritura de compraventa número 157 de fecha 2/07/1971, autorizada por el escribano Alfredo Peruzzotti, del registro notarial Nº 394 de esta ciudad”, un trámite ingresado en el registro el 19 de agosto de 1971.
El punto 3 señala el momento en el que Blaquier se desprende del inmueble: en ese sentido, se indica que “transfirió el inmueble a SA Compañía Argentina de Seguros América mediante escritura de compraventa de fecha 29/04/77 autorizada por el escribano Alejandro Rueda, registro notarial 444 de esta ciudad” e ingresado en al registro el 23 de mayo de 1977.
- José Alfredo Martínez de Hoz, abogado, integró varias empresas: la aseguradora Buenos Aires Compañía de Seguro, la Compañía Italo Argentina de Electricidad, la petrolera Petrosur, la financiera Rosafin y la acería Acindar. Posteriormente, en 1976, fue ministro de Economía durante la presidencia de Jorge Videla.
- Enrique Loncan, abogado y economista, en los años ’60 dictó clases en la Escuela Superior de Guerra, entre los años 1966 y 1970 fue embajador en Sudáfrica y luego fue asesor de la Cámara Argentina de Comercio. También fundó Barrick Gold Exploraciones Argentina, puso en marcha La Alumbrera y fue director del Banco General de Negocios.
- Mario Cadenas Madariaga, embajador ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio entre los años 1971/73, secretario de Agricultura y Ganadería de Jorge Rafael Videla.
- Luis García Martínez, asesor del ministro de Economía José Martínez de Hoz, consejero económico de la Asociación de Bancos Argentinos.
- Guillermo Zubarán, secretario de Energía durante la presidencia de Videla.
- Alberto Rodríguez Varela, abogado, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, ministro de Justicia de 1978 a 1981.
- Jorge García Venturini, escritor, director de Eudeba.
- Hugo Mario Miatello, general del Ejército, amigo de Videla. Jefe de Inteligencia de esa fuerza en 1970, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre 1971 y 1973. En 1976 fue nombrado embajador plenipotenciario en Chile, especialista en técnicas de contrainsurgencia. Especialista en guerra contrarrevolucionaria y “sovietología”.
- Luis Zanotti, jefe de editoriales de La Nación.
- Horacio García Belsunce, abogado, secretario de Hacienda durante los años 1962 y 1963, presidente, síndico y director de diversas empresas privadas, entre ellas Acinplast, Maltería Quilmes, Philips, Santa Rosa, Coroplast y Fiat Argentina.
- Carlos García Martínez, economista, ministro de Comercio e Intereses Marítimos en la presidencia de Roberto Viola durante el año 1981.
- Santiago Omar Riveros, general, comandante del Cuerpo IV del Ejército Argentino.
- Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Centro Azucarero del Norte Argentino.
- Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz.
Fuente: Dictamen de Federico Delgado. Libro de Vicente Muleiro 1976: El golpe civil.
Fuente:Pagina12
24.08.2013
Opinión
La embestida contra el fiscal
Desde hace varios días el equipo de abogados de Carlos Blaquier se movía inquieto por medios locales y nacionales para tratar de inclinar la balanza pública a su favor. Su apuro se entendía por el inminente fallo de la Cámara Federal de Salta que procesó al presidente del Ingenio Ledesma, lo que lo dejó a un paso del juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy.
Por: Gerardo Aranguren
Es así que la semana pasada llegó a la Cámara un pedido de nulidad por la actuación de del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien lleva la investigación de la causa , al que cuestionan por haber representado previamente a la querella y por su condición de ad hoc, sin acuerdo del Congreso.
"Realmente la actuación de Pelazzo en el caso de Jujuy es una actuación absolutamente legitimada por decisión jurisdiccional, porque hay un juez que lo admitió. La decisión administrativa que lo designó para representar a la institución ya pasó por el filtro jurisdiccional y fue admitida. Desde ese lugar, no hay nada más que discutir", explicó Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. "El objetivo de poner en crítica a los fiscales ad hoc apunta a afectarles la legitimidad que ya tiene incuestionablemente las causas por Derechos Humanos, donde mayormente actúan", agregó.
24.08.2013
Un proceso histórico
Para nosotros la confirmación del procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Lemos por parte de la Cámara de Apelaciones de Salta representa un paso más en el descubrimiento de una verdad que tardó más de 30 años en salir a la luz. Confirma la legalidad de los trámites judiciales y que se trata de un juicio justo y razonable.
Por: Luis Paz
Un proceso de estas características es histórico e inédito. Demuestra que los trámites jurídicos deben ser trabajados y resueltos en los tribunales, que es su institución natural y no en los diarios.
También confirma este fallo la activa participación civil en la detención y posterior desaparición de compañeros y militantes. Algo que los organismos de Derechos Humanos venían denunciado hace años y que fue sistemáticamente retardado dejando en claro la complicidad de una parte del poder judicial con las corporaciones económicas. Es decir, esta resolución constituye un paso más en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Los datos del Registro de Propiedad de la casa de la calle Azcuénaga 1673 de la Ciudad de Buenos Aires fueron solicitados por el Ministerio Público fiscal de Jujuy para ser incorporados a las causas que investigan la responsabilidad del empresario Carlos Pedro Blaquier en la dictadura. Con fecha del 10 de mayo de 2013, el Ministerio de Justicia de la Nación remitió los datos a Jujuy a través de un oficio que lleva el número 207.284, cuyo facsímil puede verse en esta página. Allí se precisa que los datos se envían “a fin de informarle respecto del inmueble ubicado en la calle Azcuénaga 1673, entre Melo y Peña” de la Ciudad de Buenos Aires, “respecto de los titulares de la década de 1970”.
En su punto 1, el oficio señala un trámite sucesorio a través del cual el inmueble quedó inscripto a nombre de un grupo numeroso de personas de apellido “Navarro y Gowland” por “declaración de herederos” dictada por una resolución judicial el 31 de agosto de 1966.
El punto 2 señala que “los herederos indicados en el punto 1 vendieron [el inmueble] a Blaquier Carlos Pedro Tadeo por escritura de compraventa número 157 de fecha 2/07/1971, autorizada por el escribano Alfredo Peruzzotti, del registro notarial Nº 394 de esta ciudad”, un trámite ingresado en el registro el 19 de agosto de 1971.
El punto 3 señala el momento en el que Blaquier se desprende del inmueble: en ese sentido, se indica que “transfirió el inmueble a SA Compañía Argentina de Seguros América mediante escritura de compraventa de fecha 29/04/77 autorizada por el escribano Alejandro Rueda, registro notarial 444 de esta ciudad” e ingresado en al registro el 23 de mayo de 1977.
EL AZCUENAGA Y EL PERRIAUX
Lista de nombres
- Jaime Luis Enrique Perriaux, abogado, ministro de Justicia en las presidencias de Alejandro Lanusse, durante los años 1971 a 1973 y de Roberto Marcelo Levingston, en los años 1970 a 1971.
- José Alfredo Martínez de Hoz, abogado, integró varias empresas: la aseguradora Buenos Aires Compañía de Seguro, la Compañía Italo Argentina de Electricidad, la petrolera Petrosur, la financiera Rosafin y la acería Acindar. Posteriormente, en 1976, fue ministro de Economía durante la presidencia de Jorge Videla.
- Enrique Loncan, abogado y economista, en los años ’60 dictó clases en la Escuela Superior de Guerra, entre los años 1966 y 1970 fue embajador en Sudáfrica y luego fue asesor de la Cámara Argentina de Comercio. También fundó Barrick Gold Exploraciones Argentina, puso en marcha La Alumbrera y fue director del Banco General de Negocios.
- Mario Cadenas Madariaga, embajador ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio entre los años 1971/73, secretario de Agricultura y Ganadería de Jorge Rafael Videla.
- Luis García Martínez, asesor del ministro de Economía José Martínez de Hoz, consejero económico de la Asociación de Bancos Argentinos.
- Guillermo Zubarán, secretario de Energía durante la presidencia de Videla.
- Alberto Rodríguez Varela, abogado, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, ministro de Justicia de 1978 a 1981.
- Jorge García Venturini, escritor, director de Eudeba.
- Hugo Mario Miatello, general del Ejército, amigo de Videla. Jefe de Inteligencia de esa fuerza en 1970, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre 1971 y 1973. En 1976 fue nombrado embajador plenipotenciario en Chile, especialista en técnicas de contrainsurgencia. Especialista en guerra contrarrevolucionaria y “sovietología”.
- Luis Zanotti, jefe de editoriales de La Nación.
- Horacio García Belsunce, abogado, secretario de Hacienda durante los años 1962 y 1963, presidente, síndico y director de diversas empresas privadas, entre ellas Acinplast, Maltería Quilmes, Philips, Santa Rosa, Coroplast y Fiat Argentina.
- Carlos García Martínez, economista, ministro de Comercio e Intereses Marítimos en la presidencia de Roberto Viola durante el año 1981.
- Santiago Omar Riveros, general, comandante del Cuerpo IV del Ejército Argentino.
- Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma. Centro Azucarero del Norte Argentino.
- Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz.
Fuente: Dictamen de Federico Delgado. Libro de Vicente Muleiro 1976: El golpe civil.
Fuente:Pagina12
24.08.2013
Opinión
La embestida contra el fiscal
Desde hace varios días el equipo de abogados de Carlos Blaquier se movía inquieto por medios locales y nacionales para tratar de inclinar la balanza pública a su favor. Su apuro se entendía por el inminente fallo de la Cámara Federal de Salta que procesó al presidente del Ingenio Ledesma, lo que lo dejó a un paso del juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy.
Por: Gerardo Aranguren
Es así que la semana pasada llegó a la Cámara un pedido de nulidad por la actuación de del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien lleva la investigación de la causa , al que cuestionan por haber representado previamente a la querella y por su condición de ad hoc, sin acuerdo del Congreso.
"Realmente la actuación de Pelazzo en el caso de Jujuy es una actuación absolutamente legitimada por decisión jurisdiccional, porque hay un juez que lo admitió. La decisión administrativa que lo designó para representar a la institución ya pasó por el filtro jurisdiccional y fue admitida. Desde ese lugar, no hay nada más que discutir", explicó Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. "El objetivo de poner en crítica a los fiscales ad hoc apunta a afectarles la legitimidad que ya tiene incuestionablemente las causas por Derechos Humanos, donde mayormente actúan", agregó.
En dos notas publicadas en la semana los abogados defensores de Blaquier, los ex jueces Jorge Valerga Aráoz y Horacio Aguilar, cuestionaron también la independencia del fiscal por haberse desempeñado previamente como querellante. En las publicaciones, que los organismos de Derechos Humanos provinciales consideraron como "acción psicológica sobre la opinión pública", Valerga Aráoz señaló que Pelazzo "no es independiente y debe ser separado", Aguilar aseguró: "No descartamos que tenga un acuerdo de honorarios los cuales tenga que cobrar después del resultado de la investigación."
A pesar de la insistencia de los defensores, la estrategia no es nueva en la causa e incluso ya cuenta con antecedentes negativos para Blaquier. El 21 de agosto de 2012, la Cámara Federal salteña rechazó el pedido de apartar a Pelazzo al recordar que los fiscales "no están sujetos a exigencias de imparcialidad en el sentido y extensión en el que esta se concibe como atributo del juez o tribunal", y que luego será el juez, "en el ejercicio de la imparcialidad que le es propia, quien opine sobre los planteos que haga el fiscal como garantía judicial".
Fuente:InfoNews
24.08.2013 Un proceso histórico
Para nosotros la confirmación del procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Lemos por parte de la Cámara de Apelaciones de Salta representa un paso más en el descubrimiento de una verdad que tardó más de 30 años en salir a la luz. Confirma la legalidad de los trámites judiciales y que se trata de un juicio justo y razonable.
Por: Luis Paz
Un proceso de estas características es histórico e inédito. Demuestra que los trámites jurídicos deben ser trabajados y resueltos en los tribunales, que es su institución natural y no en los diarios.
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