El fallo a favor de los fondos buitre queda en suspenso hasta que se expida la Corte Suprema de los EE UU
La Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunció contra la Argentina
La medida no implica, al menos por ahora, ningún cambio ni pone en peligro el pago a los deudores que ingresaron a los canjes. El gobierno eligió la prudencia y no se pronunciará hasta analizar con cuidado el cuadro de situación.
Por: Nicolás Furfaro
Los U$S 1300 millones que el juez Thomas Griesa señaló en primera instancia que deben recibir los buitres, y que en el cálculo oficial derivarían en juicios por más de U$S 43 mil millones y un default técnico, todavía no deben ser depositados en ninguna cuenta. Ocurre que la estrategia oficial de apelar el 24 de junio pasado el primer fallo adverso de los jueces de segunda instancia (de octubre de 2012) dio sus frutos y paró lo que hubiera sido un decisión judicial de aplicación inmediata.
El máximo tribunal estadounidense acepta muy pocos de los casos que le llegan, pero todavía no hay ninguna certeza sobre lo que hará ni el plazo que se tomará para hacerlo. La Argentina se vería beneficiada si se invita a la Casa Blanca a dar su opinión, ya que los antecedentes muestran que sería a favor de la posición oficial.
Los pagos de bonos reestructurados no corren ningún riesgo a corto plazo, razón por la que el pesimismo no fue el protagonista de la jornada. Así lo entendió el mercado, en donde los títulos bajo ley neoyorquina cayeron pero no en un nivel preocupante, y así lo entendió también el gobierno nacional, que eligió la prudencia antes que una reacción inmediata de rechazo como en otras ocasiones a lo largo de este caso.
En el Ministerio de Economía comentaban ayer que hasta que no se analice el fallo en detalle con los abogados internacionales y no exista una reunión entre el ministro Hernán Lorenzino y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no habrá pronunciamiento oficial. Al cierre de esta edición se mantenía ese silencio.
El texto que despachó la corte que integran Reena Raggi, Barrington Parker y Rosemary Pooler –la única que mostró un desacuerdo al decir que ella hubiera aceptado la apelación de las terceras partes– fue duro con el país al llamarlo "deudor particularmente recalcitrante" y rechazó uno a uno los argumentos que se habían esgrimido.
La opción de pago que había hecho la Argentina tras la audiencia oral del 27 de febrero fue considerada "improductiva" porque ofrecía una nueva serie de bonos y no un nuevo método de pago para los bonos que ya están en circulación. Eso, junto la insistencia en los pronunciamientos del gobierno y su abogado en EE UU adelantando un supuesto incumplimiento de un fallo, predispuso mal a los jueces que reaccionaron con un tono casi agresivo en su texto.
Los jueces descartaron los reclamos de los bonistas que ingresaron a los canjes al decir que no hay inequidad si los holdouts reciben un monto diferente, ya que los contratos en la actualidad son diferentes y lo que implica el tratamiento igualitario es que ambos reciban el 100% de lo que implican sus papeles. Además agregaron que en caso de que el país no pueda pagarles por el fallo tendrán la opción de hacer la pertinente denuncia en un futuro.
"La opinión de hoy lamentablemente pasa por alto el impacto inequitativo de la disposición legal sobre los derechos de propiedad protegidos por la constitución que tienen los tenedores de bonos reestructurados. Esperamos poder presentar nuestra posición ante la Corte Suprema", dijo Sean O'Shea, representante del Exchange Bondholders Group y el fondo Gramercy Funds.
Los intermediarios también quedaron en el lugar que quisieron evitar durante todo el proceso: como posibles socios de la Argentina en una hipotética estrategia para esquivar la disposición y no meramente como intermediarios financieros que no podrían ser alcanzados legalmente porque nada pueden hacer más que ser un puente eficiente para sus clientes, los bonistas.
La referencia a la ley de inmunidad soberana tampoco sirvió, ya que en la opinión de los jueces no se quiebra con su decisión. El mismo destino tuvieron los posibles efectos sobre la economía argentina y su consiguiente impacto global, visión considerada "especulativa e hiperbólica".
Los jueces reaccionaron mal ante la acusación de que con su fallo de octubre complicarían nuevas reestructuraciones, y subrayaron que la interpretación de la cláusula pari passu que hacen en este caso no tiene por qué generalizarse a otros hipotéticos casos. Además, en la línea de los holdouts, se escudaron en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de las emisiones modernas. El gobierno nacional repitió varias veces que no hay antecedentes legales como para asegurar que servirían para lograr el éxito de un canje.
Por la misma razón por la que aseguraron la estabilidad del sistema financiero sostuvieron que Nueva York tampoco sería perjudicada como plaza financiera (cosa que hasta había dicho el propio gobierno de Estados Unidos), ya que el principal interés del sistema es que se les requiera a los deudores el pago de sus deudas, cosa que ellos estarían garantizando.
Fuente:TiempoArgentino
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