LA CAMARA FEDERAL DE SALTA CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DE CARLOS PEDRO BLAQUIER POR SER COMPLICE EN TRES DESAPARICIONES
“Hubo colaboración consentida de la empresa”
Los camaristas confirmaron el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma y de su administrador por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Dijeron que colaboraron con los secuestros al permitir el uso de vehículos de la empresa.
Por Adriana Meyer
El empresario Carlos Pedro Blaquier cuando se presentó a declarar en el juzgado de Jujuy.Imagen: Enrique Gacía Medina
“Por suerte en estos tiempos hay una luz de justicia”, dijo Ricardo Arédez sobre el fallo de la Cámara Federal de Salta que confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Con gran emoción mis hermanos y yo recibimos la noticia de que la Cámara consideró que Blaquier y Alberto Enrique Lemos, administrador de esa empresa, fueron cómplices de los hechos desgraciados cometidos durante la dictadura”, agregó el menor de los hijos del desaparecido intendente de Libertador, Luis Arédez, y Olga Márquez, la mujer que marchó sola en la plaza del pueblo con su pañuelo en reclamo de la aparición de su esposo y que falleció sin poder presenciar el avance de la Justicia. Los camaristas confirmaron el procesamiento del hombre fuerte de Ledesma y de su administrador por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
“Por suerte en estos tiempos hay una luz de justicia”, dijo Ricardo Arédez sobre el fallo de la Cámara Federal de Salta que confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Con gran emoción mis hermanos y yo recibimos la noticia de que la Cámara consideró que Blaquier y Alberto Enrique Lemos, administrador de esa empresa, fueron cómplices de los hechos desgraciados cometidos durante la dictadura”, agregó el menor de los hijos del desaparecido intendente de Libertador, Luis Arédez, y Olga Márquez, la mujer que marchó sola en la plaza del pueblo con su pañuelo en reclamo de la aparición de su esposo y que falleció sin poder presenciar el avance de la Justicia. Los camaristas confirmaron el procesamiento del hombre fuerte de Ledesma y de su administrador por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
Una de las víctimas fue el médico Luis Ramón Arédez, el luego detenido-desaparecido ex intendente, y las otras dos son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. También fueron confirmados los embargos dictados por el juez Fernando Poviña de un millón de pesos a Blaquier y de 500 mil a Lemos. Los familiares de las víctimas destacaron que la Cámara se haya pronunciado de esta manera, a pesar del feroz lobby desplegado en los últimos días con una campaña mediática impulsada por los Blaquier, que los organismos de derechos humanos de Jujuy no dudaron en denunciar como “acción psicológica sobre la opinión pública”.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz reconocieron la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de seguridad que “operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa”. En el mismo sentido, establecieron que “tal asentimiento fue prestado por el presidente del directorio (Blaquier) y ejecutado por su administrador general (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio”. A criterio de los jueces, las pruebas reunidas en el expediente “indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa”. Y concluyeron que, “en suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto a que los vehículos fueron entregados voluntariamente y, más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”.
Además, el fallo confirmó el aporte de la empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 sino también las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma. La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Arédez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida. Y afirmó que la actividad política de las víctimas generó enfrentamientos con la empresa, que fueron acreditados en publicaciones de la época. La resolución de la Cámara Federal de Salta rechazó recursos de apelación presentados tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada “Noche del Apagón” y otros operativos. La Cámara se pronunció por la parte de la causa referida a Arédez, Gainza y Melián.
La empresa Ledesma dijo ayer que su presidente y el ex gerente Lemos son inocentes y denunció que la causa judicial es “irregular” y tiene “motivaciones políticas e ideológicas”.
Los organismos de derechos humanos jujeños señalaron que este procesamiento tuvo como base “una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la Justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de Estado y diversos sectores de la sociedad”.
El jueves habían emitido una declaración conjunta que repudió “la escalada mediática que lleva adelante la defensa” de Blaquier para evitar su procesamiento. Blaquier y Lemos “utilizan” al diario La Nación “como tribuna para ejercer su defensa mediática”, afirmaron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-Conadi), Asociación de Ex Presos Políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas. Según el extenso documento, esta campaña tuvo como objetivo “tergiversar la memoria colectiva e instalar una ‘verdad’ por fuera del expediente para presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta” que debían confirmar el procesamiento dictado por el juez Poviña. “Como parte de esa estrategia”, intentaron “deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, representado por el fiscal federal Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, destacaron las entidades jujeñas defensoras de los derechos humanos.
Fuente:Pagina12
24.08.2013
La Cámara Federal de Salta dejó en pie la acusación contra el dueño del Ingenio Ledesma
Blaquier, cerca del juicio oral tras confirmarse su procesamiento
El fallo reconoció la complicidad y colaboración del empresario y el gerente administrativo de su compañía, para llevar adelante el secuestro y desaparición de tres víctimas.
Por: Gimena Fuertes
El fallo puntualizó que una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Arédez, quien fuera el detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se halla el ingenio Ledesma. Las otras dos víctimas consideradas en el fallo de más de 70 fojas, que confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz confirmaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que "operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa".
En el mismo sentido, estableció que "tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutado por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del Directorio".
Las pruebas reunidas en el expediente "indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa", puntualizó el texto.
El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial, no sólo el 24 de marzo de 1976, sino las privaciones de la libertad ocurridas en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma. "En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", añadió la Cámara.
Los jueces consideraron acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Arédez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida. El Tribunal sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.
El fallo de la Cámara Federal de Salta estuvo precedido por una declaración conjunta de organismos de Derechos Humanos que repudió ayer en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa" de Blaquier para evitar su procesamiento.
Fuente:TiempoArgentino
CAMPAÑA MEDIATICA PARA INTENTAR SALVAR AL DUEÑO DE LA EMPRESA LEDESMA
La ofensiva de Blaquier
Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una “acción psicológica sobre la opinión pública” para beneficiar al empresario procesado por delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal de Salta debe decidir si confirma su situación.
Por Alejandra Dandan
Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una preocupante “escalada mediática” en la estrategia de defensa del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Dijeron que la reproducción de datos falsos y descontexualizados en algunos artículos de prensa aparecen como una “acción psicológica” destinada a “tergiversar la memoria colectiva, instalar una “verdad” por fuera del expediente y “presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal de los imputados”. El empresario fue procesado en noviembre del año pasado por su intervención en los secuestros de 29 personas producidos entre marzo y julio de 1976. La medida espera una confirmación o no de la Cámara de Apelaciones de Salta, que quedó integrada para resolver esta causa en mayo de este año y, de acuerdo con lo que pudo saber este diario, en la Justicia salteña suponen que esta resolución está próxima a salir.
Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una preocupante “escalada mediática” en la estrategia de defensa del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Dijeron que la reproducción de datos falsos y descontexualizados en algunos artículos de prensa aparecen como una “acción psicológica” destinada a “tergiversar la memoria colectiva, instalar una “verdad” por fuera del expediente y “presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal de los imputados”. El empresario fue procesado en noviembre del año pasado por su intervención en los secuestros de 29 personas producidos entre marzo y julio de 1976. La medida espera una confirmación o no de la Cámara de Apelaciones de Salta, que quedó integrada para resolver esta causa en mayo de este año y, de acuerdo con lo que pudo saber este diario, en la Justicia salteña suponen que esta resolución está próxima a salir.
Un dato que alarma a los organismos de derechos humanos es la defensa corporativa que, al cuestionar el progreso de la causa, aparece discutiendo un proceso de justicia que avanza –no sólo en Jujuy– para pensar alternativas jurídicas sobre la responsabilidad del empresariado en la dictadura.
“Queremos manifestar nuestro más absoluto repudio y preocupación por la escalada mediática que lleva adelante la defensa del presidente de la empresa Ledesma SAAI, Carlos Pedro Blaquier, y de Alberto Lemos, imputados y procesados ambos por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy en el marco del terrorismo de Estado en la década de 1970”, señala el comunicado que lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy (Línea histórica), HIJOS Regional Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas - C.O.N.A.D.I.), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora delegación Jujuy, Asociación Jujeña de Ex presos políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) y el grupo de Abogad@s de derechos humanos jujeños entre otros.
“Esta acción psicológica sobre la opinión pública no constituye un hecho aislado, pone en juego todo el poder fáctico que está al alcance de la corporación que estas personas representan, en este caso a través de sus operadores mediáticos, valiéndose de un uso espurio e impropio de los medios de comunicación, con el objetivo de tergiversar la memoria colectiva, instalar una ‘verdad’ por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal de ambos imputados confirmando o no el procesamiento dictado por el juez federal de Jujuy”.
La escalada y los datos
Los dos últimos artículos aparecieron en el diario La Nación esta semana. Uno de ellos es una especie de análisis del expediente a la luz de la mirada de la defensa. Allí se cuestiona dos aspectos: el carácter de las pruebas y los actores del sistema jurídico. Señala, por ejemplo, que no hay pruebas de que Blaquier y Lemos hayan consentido el aporte de camionetas para los secuestros ni, tampoco, que hubieran facilitado algunas de las más de cien camionetas que estaban a disposición de su personal. También indica que los secuestrados no eran sindicalistas.
La resolución de noviembre del año pasado del juez federal Fernando Poviña puede verse en el sitio web de noticias de la Corte Suprema de Justicia (CIJ). En ella está la evaluación de pruebas documentales y testimoniales que víctimas, sobrevivientes y familiares vienen denunciando desde hace más de treinta años. Sólo para aportar dos datos vale recordar lo siguiente. Poviña probó dos tipos de colaboración: el aporte material de la empresa a los secuestros, fundado especialmente en los “vehículos”, y el “dolo”, entendido como la voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico “neoliberal” que los beneficiaba.
Las causas en las que está imputado Blaquier son dos. La primera es por tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre ellos el ex intendente Luis Arédez, que era médico y a su vez asesor del sindicato de obreros y empleados azucareros. La otra causa es por otras 26 personas secuestradas en lo que se conoce como las Noches del Apagón, del 20 al 27 de julio de ese año, que no eran referentes sindicales, pero estaban emparentados con los trabajadores y los movimientos sociales, y por sus formas de militancia la causa los lee como posibles enemigos de la empresa.
La participación de las camionetas en los hechos aparece referenciada como prueba directa a través de los secuestrados del primer grupo. Varios sobrevivientes del segundo también las identificaron. La identidad sindical de las víctimas no sólo queda dicha porque fueron parte de las primeras caídas. En el allanamiento a la empresa, la Justicia encontró pesquisas de inteligencia sobre uno de los dirigentes sindicales de la época.
El énfasis de los abogados para desarmar el vínculo sindical de las víctimas tiene que ver con la razón por la cual la Justicia encuentra el motivo para la persecución: “La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma SAAII –dice el escrito– contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente”.
Los artículos de La Nación cuestionan también el alejamiento del juez Carlos Olivera Pastor y su reemplazo por el juez Fernando Poviña, a quien llaman “permeable”. No dicen que fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución en la que evaluó la situación de “emergencia” que atravesaba la Justicia de Jujuy. La “emergencia” en realidad tenía que ver con la intervención de Olivera Pastor y el rol que cumplió no sólo en la paralización de esta causa, sino en todas las vinculadas con delitos de lesa humanidad.
“Las editoriales de la defensa de Blaquier y Lemos nada dicen acerca de la actuación del anterior juez de la causa, el doctor Olivera Pastor, quien –cabe aclarar– pasó de ser secretario a juez federal sin acuerdo del Senado, a diferencia del actual juez federal”, señala el comunicado. “Tampoco dice nada acerca de la actuación de este ‘juez’ que los organismos de derechos humanos denunciaron por paralizar las causas durante años y fragmentar la investigación de los hechos de tal manera que dificultara llegar a comprender la sistematicidad del plan genocida. Tampoco se aclara que Olivera Pastor tuvo que renunciar como consecuencia de un lapidario informe elaborado por la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración, que planteó una situación de gravedad institucional en Jujuy por la impunidad que se vivía en la provincia (...) Menos aún dicen estas editoriales que el ex juez Olivera Pastor era secretario precisamente de quien es ahora abogado de Blaquier y de Lemos, el ahora abogado Horacio Aguilar.”
Aguilar fue juez de la misma causa en la que hoy es defensor. Además, “intervino como juez de cámara en la misma causa donde ahora es defensor de los directivos de la empresa Ledesma S.A”. Su codefensor, Diego D’Andrea Cornejo, “intervino previamente en el expediente como funcionario judicial”. Otro dato importante: sólo cuando Poviña asumió el juzgado, el empresario presentó abogados por primera vez en una causa que supuestamente estaba abierta desde el 2006, pero no avanzaba.
Los abogados de Blaquier cuestionan desde hace tiempo el rol de Pablo Pelazzo, fiscal ad-hoc en la causa, porque era abogado de las querellas de los organismos de derechos humanos. La recusación a Pelazzo fue rechazada en primera instancia y por la Cámara de Salta. Pero ahora pidieron la nulidad de todo lo actuado por él. El juez de primera instancia lo rechazó, la Cámara no se pronunció, pero por lo que dicen los artículos la defensa abriga cierta esperanza en una resolución de la Corte Suprema de la semana pasada en la que apartó a una fiscal ante el máximo tribunal.
La Corte, sin embargo, dijo en ese fallo que su decisión no tenía efecto retroactivo, es decir que la actuación de la fiscal hasta la fecha era válida. Por otro lado, la primera indagatoria a Blaquier fue pedida por el fiscal Domingo Batule y todos los trámites ante la Cámara están firmados por el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba.
La Cámara en este momento
Luego de un largo proceso, ahora la atención está concentrada en la Justicia de Salta. Allí estaba el juez Renato Rabbi Baldi Cabanillas, denunciado por el Ministerio Público desde hace años por el modo en el que sostuvo y justificó la actuación de Olivera Pastor. Rabbi Baldi fue recusado por los querellantes de Jujuy por su relación con Blaquier, dado que forman parte de la procesista Academia de las Ciencias Morales. El aceptó su retiro, pero la defensa del empresario apeló su decisión. En mayo, Rabbi Baldi quedó apartado y la Cámara de Casación reintegró el tribunal que quedó compuesto por los jueces Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea y, como tercer integrante, se sumó el santiagueño Federico Díaz, titular del TOF de Salta desde diciembre de 2012. Desde entonces pasaron tres meses. En ese tiempo resolvieron distintos tipos de presentaciones, sobre todo de la defensa.
En el marco de la causa Arédez, los abogados de Blaquier pidieron una “nueva vista” antes de las vacaciones de invierno. Esto significa lo siguiente: el trámite que en buena parte del país es oral, allí se está haciendo escrito y el tribunal, antes de tomar una decisión, da “vista” a las otras partes sobre cada requerimiento. Así, cada uno puede responder. Luego, los jueces deberían recoger todas esas respuestas, leerlas y dar a conocer su fallo. Antes de las vacaciones, la defensa de Blaquier volvió a pedir una nueva “vista”. Según las fuentes, la Cámara tomó la decisión porque consideró que, así como en un juicio oral el acusado tiene la última palabra, en este caso también cabría ese derecho. El problema, entre otros, fue que la “vista” de cinco días hábiles fue más larga porque atravesó las vacaciones de invierno. Así las cosas, ahora todo debería estar dado para que se acerque la decisión final.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
23.08.2013
denuncian presiones a los jueces y fiscales
Repudio a la "escalada mediática" de La Nación a favor de Blaquier
Organismos de Derechos Humanos de Jujuy manifestaron su preocupación por una campaña de protección al empresario, acusado de delitos de lesa humanidad en la dictadura militar.
Las Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy (línea histórica), H.I.J.O.S. regional Jujuy, la Red por el Derecho a la Identidad y la Asociación Jujeña de ex presos políticos, entre otros, consideraron los textos publicados en el matutino una "acción psicológica sobre la opinión pública".
Según el documento, los "operadores mediáticos, valiéndose de un uso espurio e impropio de los medios de comunicación con el objetivo de tergiversar la memoria colectiva", pretendieron "instalar una 'verdad' por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal" de los imputados Blaquier y Alberto Lemos, ex gerente de la azucarera.
Según los denunciantes, el objetivo de la publicación fue "deslegitimar la actuación" del fiscal federal Ad-Hoc, Pablo Pelazzo, y del juez federal de Jujuy, Fernando Poviña. "Pretenden confundir a la opinión pública con cuestiones jurídicas y soslayar lo insoslayable: la enorme cantidad de testimonios y pruebas que involucran a los directivos de la empresa", afirmaron los organismos.
El magistrado Poviña fue quien procesó a Blaquier y Lemos como participes necesarios de decenas de secuestros en tanto responsables de la firma que suministró las camionetas en las que se efectuaron los operativos clandestinos. En una nota del 20 de agosto, desde el matutino porteño se afirmó que el gobierno "cambió al juez federal interino de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, por otro interino más permeable, el tucumano Poviña" para lograr el procesamiento de los imputados.
Y al fiscal Pelazzo se lo acusó de haber sido abogado querellante previamente. En lo que respecta al procurador, en el documento se aseveró que "dichos planteos ya fueron resueltos" y que "la participación del fiscal se ajusta a derecho".
"Las editoriales de la defensa de Blaquier y Lemos nada dicen acerca de la actuación del anterior juez de la causa, Olivera Pastor" a quien los organismo de Derechos Humanos "denunciaron por paralizar las causas durante años". "Tampoco se aclara que Olivera Pastor tuvo que renunciar como consecuencia de un lapidario informe elaborado por la Unidad Fiscal Delitos de Lesa Humanidad", argumentaron.
Y "menos aún dicen estas editoriales que el ex juez era secretario de quien es ahora abogado de Blaquier y Lemos, Horacio Aguilar. Ni tampoco dicen que este abogado antes fue juez de la misma causa en la que hoy es defensor", sentenciaron los organismos.
"Nos vimos en la obligación de salir a responder para poner las cosas sobre claro", afirmó a Tiempo Argentino, la abogada querellante Paula Álvarez Carrera, una de las redactoras del comunicado.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
El presidente de Ledesma está imputado procesado, pero no lo llaman a declarar
Jujuy: Organismos y militantes de DDHH denuncian "escalada mediática" para salvar a Blaquier
Poderoso Carlos Pedro Blaquier: Las evidencias lo incriminan, pero sus "amigos" lo exculpan.
Organismos de derechos humanos repudiaron hoy en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa del presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier", para evitar que sea procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los imputados Blaquier y Alberto Lemos utilizan al diario La Nación "como tribuna para ejercer su defensa mediática", afirmaron en una declaración conjunta Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas- CONADI), Asociación de Ex presos políticos y Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, entre otras entidades jujeñas.
Jujuy: Organismos y militantes de DDHH denuncian "escalada mediática" para salvar a Blaquier
Organismos de derechos humanos repudiaron hoy en Jujuy "la escalada mediática que lleva adelante la defensa del presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier", para evitar que sea procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los imputados Blaquier y Alberto Lemos utilizan al diario La Nación "como tribuna para ejercer su defensa mediática", afirmaron en una declaración conjunta Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas- CONADI), Asociación de Ex presos políticos y Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez, entre otras entidades jujeñas.
Con ese fin, "atacan a funcionarios judiciales y seleccionan a su gusto actos procesales y pruebas que dicen favorecerlos, pero omitiendo el resto de las pruebas que los incriminan", como la resolución del procesamiento, publicada en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
"Esta acción psicológica sobre la opinión pública no constituye un hecho aislado. Pone en juego todo el poder fáctico que está al alcance de la corporación que estas personas representan, en este caso a través de sus operadores mediáticos", señaló el documento firmado también por el querellante Ernesto Saman, Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos y otras agrupaciones de Jujuy.
La denunciada "escalada mediática" busca "instalar una `verdad` por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal de ambos imputados confirmando o no el procesamiento dictado por el juez federal de Jujuy", Fernando Poviña.
"Como parte de esa estrategia", intentan "deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal", representado por el fiscal federal ad-hoc Pablo Pelazzo, y del juez Poviña, subrayó el documento.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos, gerente administrativo de Ledesma, como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura.
Este procesamiento tuvo como base "una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la Empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de estado y diversos sectores de la sociedad", señalaron los organismos de derechos humanos.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
Comunicado de la empresa Ledesma sobre procesamiento de Blaquier y Lemos
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La causa judicial se viene desarrollando en un marco de absoluta irregularidad y violación de los derechos y garantías constitucionales más elementales, con la indebida presión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la actuación de grupos como la Tupac Amaru que han realizado intentos de copamiento del Juzgado Federal interviniente, forzando la renuncia del juez actuante, y atentando contra la vida del Dr. Blaquier.
A esto se suma la irregular actuación de la Procuración General de la Nación que reemplazó al fiscal federal natural de la causa por el abogado de los querellantes, en abierta y flagrante violación de las leyes vigentes, tanto nacionales como internacionales.
Estos hechos demuestran que la acusación se basa únicamente en motivaciones políticas e ideológicas, consentidas en este proceso judicial, sin pruebas y plagado de irregularidades y presiones. Estamos seguros de que la inocencia de ambos directivos será finalmente reconocida en las instancias judiciales superiores.
Envío:Agnddhh
La Cámara confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos
Fallo
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, titular de Ledesma, y Alberto Enrique Lemos, ex administrador de la planta, como "partícipes" (cómplices) del secuestro de tres personas que habrían sido llevadas por Gendarmería en camionetas prestadas por la firma.
La resolución fue dictada en el caso en el que se investiga la privación ilegítima de la libertad que sufrieron Luis Ramón Aredez, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián el 24 de marzo de 1976.
Según lo aclara expresamente el fallo, el aporte de Blaquier y de Lemos, como partícipes primario y secundario, se habría limitado a facilitar las camionetas usadas para esa tarea por la Gendarmería.
En cambio, dice la resolución, "no existen pruebas de que ambos directivos hubieran brindado precisiones para que la Gendarmería encontrara a las víctimas" ni "tampoco hay elementos para sospechar que hubieran colaborado con los allanamientos de sus domicilios y las torturas, ni que demuestren que sabían que esos hechos iban a ocurrir".
El fallo de la Cámara Federal, integrada por los doctores Jorge Luis Villada, Roberto Loutauf Ranea y Federico Santiago Díaz, ratificó un fallo que en noviembre último había dictado el juez federal N° 2 de Jujuy, Fernando Poviña.
La empresa Ledesma, en un comunicado firmado por su directorio, reiteró que "nunca prestó camionetas para tal fin" y ratificó la "total inocencia de ambos directivos".
"La causa se viene desarrollando en un marco de absoluta irregularidad y violación de las garantías constitucionales, con la indebida presión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la actuación de grupos como Tupac Amaru", a lo que se suma la irregular actuación de la Procuración General de la Nación, que reemplazó al fiscal de la causa por el abogado de los querellantes", se quejó Ledesma.
"Estos hechos demuestran que la acusación se basa únicamente en motivaciones políticas e ideológicas", agregó en el comunicado.
La resolución
Para confirmar los procesamientos, la Cámara Federal reconoció que faltan pruebas directas, por lo que se apoyó en "inferencias" e "indicios".
El tribunal descartó un informe de la Gendarmería, que afirmó que nunca usaron camionetas de Ledesma.
La relación de las personas secuestradas, entre ellas, el médico Aredes -que había dejado de trabajar en Ledesma 16 años antes del secuestro y que sí se desempeñaba en el hospital que había donado la firma- era muy conflictiva y, como consecuencia de la actuación política y sindical que desarrollaban, "pudieron haber llevado a ser consideradas como personas peligrosas o subversivas" y "pudieron existir elementos de conflicto".
Tres testigos dijeron haber sido llevados en vehículos de Ledesma. La Cámara descartó que esas camionetas hayan sido las que la empresa había entregado años antes a Gendarmería, en virtud de un decreto de 1966, o que hayan sido usadas sin autorización.
Los camaristas afirmaron, en tanto, que en una empresa de la magnitud de Ledesma, nada escapaba al control de Blaquier.
La Gendarmería habría pedido las camionetas porque ese mismo día había hecho otros procedimientos y no le alcanzaban las propias..
Fuente:LaNacion
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