por
El agente civil de inteligencia de la dictadura genocida, docente de Derecho de la UNS y camarista federal bahiense Néstor Luis Montezanti demandó a su denunciante Dante Patrignani para que el asambleísta universitario cese “la campaña de deshonra e invasión a mi persona y a mi vida privada que, con entusiasmo digno de un redivivo cruzado, rojo y laico -como cuadra a los tiempos- viene llevando en mi contra particularmente en la prensa y en los ámbitos de la Universidad Nacional del Sur”.
Representado por Mariano Segre, el espía recurrió a la justicia civil en el marco de una serie de acciones que desarrollan sectores democráticos de la casa de altos estudios para denunciar y expulsar cómplices del terrorismo de Estado entre los que se destacan, además de Montezanti, Gloria Girotti y -hasta su jubilación- Hugo Mario Sierra, ex secretarixs del juez Guillermo Madueño, muerto antes de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
El caso del camarista aún da vueltas en el Consejo de la Magistratura -que intentó archivarlo- y, al igual que el de Girotti, deberá ser analizado por un tribunal académico en el ámbito universitario. En la documentación desclasificada por el hoy cuestionado jefe del Ejército César Milani, en virtud del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional ‘Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983′, foja 57, publicada por el Archivo Nacional de la Memoria consta la pertenencia del abogado a los servicios de inteligencia militares.
En su demanda, Montezanti cuenta al juez que en el edificio Rosa de Altos de Palihue donde es “docente de Derecho” fueron colocados “infinidad de afiches policromos, en los que aparece mi imagen tocada de una gorra militar y una serie de leyendas requiriendo mi expulsión de la UNS. Va de suyo que esa imagen es el resultado de un grosero photoshop realizado sobre otra foto tomada sin mi consentimiento”, durante la querella contra Alberto Rodríguez quien denunció sus supuestos vínculos con la Triple A bahiense.
Entre la prueba que entrega a la justicia incluye copia del afiche que acompaña esta nota en un sobre cerrado, “dada su impudicia”; correos intercambiados con el decano de Derecho Andrés Bouzat -”lamentablemente la intervención de este funcionario no fue suficiente”-; copia de un correo que le envió el profesor adjunto José Pazos Crocitto advirtiéndolo sobre la difusión de los carteles y “fotos en colores” tomadas por una escribana en las sedes universitarias.
Luego refiere la “reinstalación de afiches” una semana después de los hechos denunciados y el nuevo aviso recibido del fiel Pazos Crocitto. Menciona el amparo federal donde pidió el retiro de los mismos y destaca “el escándalo periodístico” que armó el rector Guillermo Crapiste, “amigo de solventar los pleitos por intermedio de la prensa, asumiendo el papel de víctima”.
Más adelante da cuenta de declaraciones del profesor Patrignani en el programa Frente a Cano donde comparó los afiches de la gorra con las caricaturas del dictador Onganía que publicaba Landrú en Tía Vicenta que determinaron la clausura de la revista. “El humor del demandado -más bien de vodevil- no puede parificarse al de uno de nuestros mayores cultores gráficos”, dice y aclara que “ni yo soy -ni pretendo serlo- presidente de la República, de facto o aun de iure (de derecho)”.
Patrignani afirmó entonces que procedería al retiro de los afiches a cambio de difundir copia del listado oficial del Ejército dando cuenta de su participación en un engranaje primordial del terrorismo de Estado como fue la actividad de inteligencia. “Más de lo mismo”, escribe el camarista.
Por otra parte se muestra molesto por la cobertura sobre el tema publicada en Ecodias y particularmente de un “supuesto chiste gráfico” denominado “Buchones y dictadura” donde se reproduce el afiche en cuestión que “solo pudo proporcionárselo el demandado, autor innegable de la superchería y de su difusión”.
Dice que la demanda es necesaria ante el propósito de “seguir metiéndose -arbitraria e ilegítimamente- con mi vida, con mi honra, con mi dignidad y mi tranquilidad, a fin de obtener un propósito (mi destitución como profesor de la UNS) para el cual hay previstas e instituidas vías muy diversas que el escarnio público y la burla canallesca”.
Refiere su tarea de espía como “aquella lejana circunstancia” y sostiene que el juicio académico está suspendido por la Cámara Federal aunque, según lo informado oportunamente por el rector Crapiste, la propia cámara que integra Montezanti rechazó su solicitud porque la resolución 17/11 de la Asamblea Universitaria que cuestiona “no es pasible de revisión judicial”.
Los conjueces de Mitre 60 Jorge Raúl Pezzutti, Carlos Alberto Giraudo y Oscar Norberto Fredda fallaron en junio que dicha resolución declaró que “la participación en tareas de inteligencia durante la dictadura está reñida con la ética y la moral, y que queda comprendida como causal de impugnación en los concursos docentes”.
Por último, el ofendido propone como testigos al decano de Derecho Andrés Bouzat, al adjunto Pazos Crocitto, al abogado José Luis Centurión y al periodista Luis Alberto Cano quien “no me concedió derecho a réplica”.
Caricatura publicada en la edición 451 de Ecodias.
El ingeniero Fidalgo esposado. “Está este pelotudo sacando fotos”, saludó por la ventana enrejada del celular antes de partir hacia la cárcel.
Ayer se recibieron las últimas declaraciones testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad contra siete represores que actuaron desde el V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. El periodista Diego Martínez se refirió a sus contactos con guardias de La Escuelita en los que intentó obtener información sobre lxs detenidxs desaparecidxs y los bebés apropiados; Alejandra Pupio, integrante del equipo de la Universidad del Sur que realizó el relevamiento arqueológico de las tierras donde funcionó el campo de concentración presentó los resultados de la tarea; y el matrimonio conformado por María Guillermina Guidi y Ricardo Colombo Roqué manifestó su “profunda amistad” con el represor Alejandro Osvaldo Marjanov.
Por la tarde se comunicó la incorporación de la prueba obtenida durante el primer debate oral que condenó a 17 genocidas y la citación al testigo Daniel Mitre para que complete su declaración este miércoles desde las 9 en Colón 80.
“Vengo a hablar de La Escuelita”
En 2001 el periodista Diego Martínez comenzó a investigar sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, ciudad en la que vivió hasta su adolescencia. “No sabía nada de lo que había pasado, más allá de alguna historia cercana que nos tocó”, dijo y agregó que “incluso trabajé en La Nueva Provincia sin saber dónde estaba”.
Luego de leer los testimonios de los organismos de derechos humanos, estatales, de la Conadep y de mirar los videos de los juicios por la verdad contactó a algunos sobrevivientes. Como colaborador externo de Página/12 “empecé publicando sobre terrorismo de Estado en Bahía Blanca, en ese momento Vicente Massot era candidato a ministro de defensa de Menem -Menem era candidato a presidente-. Publiqué una nota sobre él y Diana Julio, que todavía estaba viva, y sobre lo que había sido el rol criminal de La Nueva Provincia, el crimen de Heinrich y Loyola que yo mismo mientras trabajaba ahí no tenía idea”.
Recordó sus primeras investigaciones sobre el rol del juez Madueño que en ese momento integraba el Tribunal Oral 5 e incluso había intervenido en un caso de apropiación y cómo, tras el pedido de juicio político por parte del CELS, renunció y evitó un proceso que “hubiese servido para conocer en ese momento lo que fue la justicia en Bahía Blanca”.
En 2007 intentó hablar con algunos ex guardias del centro clandestino de detención y torturas La Escuelita. “Una persona clave en toda esta historia, no solo en la reconstrucción del terrorismo de Estado en Bahía sino en el país, es Noemí Labrune, fundadora de la APDH de Alto Valle y Neuquén y del CELS. Sabía que Noemí había ido a ver no solo a guardias sino también a muchos de los militares y había tomado contacto con algunos de ellos”.
Paralelamente contaba con información sobre las comisiones de un grupo de militares en cuyos legajos en ciertos períodos coincidían los datos sobre el regimiento de origen y las fechas, sin la certeza de que se tratase de los guardias.
“Logré hablar con tres. Uno es Arsenio Lavayén que se conocía como el Zorzal. El otro es Barrera que declaró en el juicio por la verdad, cuando le tomaron los datos le preguntaron su apodo y dijo ‘Pato’. Me asombró, creo que quedó detenido en ese momento por negarse a declarar. Al tercero que no logré ver pero sí accedió a hablar por teléfono fue Ayala, Chamamé”, relató.
Pato, Zorzal y Chamamé ya habían sido identificados por sobrevivientes y organismos de derechos humanos. En Neuquén también se conocía que Raúl Artemio Domínguez era el Abuelo y Perro Vago, González. “Uno tenía mucha información sobre los alias pero era importante ponerles un nombre”.
“Con Lavayén -Zorzal- me acuerdo que Noemí Labrune fue quien me guió a dónde vivía. Era un barrio muy humilde y después había campo directamente. Cuando llegué obviamente esta persona no me estaba esperando, no estaba en su casa, tuve que esperarlo una hora. Cuando llegó hablamos en la calle frente a la casa de él. Eso fue en Plottier”.
La cara de Barrera la tenía del video de los juicios por la verdad.”Sabía que tenía un puesto de taxis en Junín de los Andes, frente a la plaza central. En un barcito enfrente esperé a que estuviese solo con la esperanza que iba a tener una posibilidad más de hablar. Se dio esa situación, crucé, entré y le dije ‘Sé quién es usted, vengo a hablar de La Escuelita’”.
“El tipo quedó bastante desconcertado. Me dijo: ‘Nosotros no sabíamos nada, no hacíamos nada’. La verdad que de los tres fue el que menos accedió a hablar de lo que era la vida cotidiana en el centro de detención, de lo que había sido su rol, negaba todo”, recordó Martínez.
Cuando se acercó un compañero del represor subieron al taxi y continuaron la charla dando vueltas por Junín de los Andes. “Yo atrás con mi anotadorcito, le empecé a hacer preguntas, me había llevado todos los nombres que tenía apuntado de la información que había procesado y ahí accede a darme algunos alias de guardias que después me doy cuenta que estaban muertos”.
Le dijo que Clodomiro Contreras era Peine; que Hugo Marcial Verdún era Zorro; y que Ernesto Pandilef era Tito. A Marcelino Casanovas lo identificó como ‘el chileno’. Habló de Gabriel Cañicul y de Bernardo Cabezón. “Me dice que los primeros comisionados a Bahía Blanca eran infantes y después fueron baqueanos. Me habló del desprecio de los infantes a los baqueanos que producían una relación tensa”.
Entre quienes los calificaban le mencionó al imputado Fernando Antonio Videla que habría estado “solo al principio” como jefe porque el Laucha Corres prefirió ocupar ese lugar. Del procesado Bernardo Cabezón dijo que “al menos una vez” había estado en comisión en Bahía Blanca. Le contó que Betancourt era otro baqueano que integró la guardia de La Escuelita.
El Turco era uno de los jefes de los custodios del campo de concentración: “Cuando les pregunto sobre el nacimiento del hijo de Graciela Izurieta en diciembre del ’76, tanto Zorzal como Chamamé me dicen que ellos estaban de franco el día que la sacaron, que los guardias de ese día eran de Las Lajas y que Turco fue el que le dijo a Izurieta -la Cortita- ‘Esta noche te internamos en sanidad del comando’. Alguno de ellos me dice que a Turco en Las Lajas lo llamaban Macoco. Estos días me preguntaba si se habrá sabido quién era este hombre”.
En Bariloche ubicó a Felipe “Chamamé” Ayala. Lo llamó desde un locutorio del centro y el represor atendió pero le dijo que “lo habían operado hacía poco, no se podía mover y tenía perros muy grandes y si yo iba y no había nadie que me abra la puerta, no iba a poder pasar”. La charla fue telefónica.
Las conversaciones con los represores dieron cuenta de: dos lugares de interrogatorios -La Escuelita y otro a cincuenta metros donde se hacían los más largos-; secuestrados que no volvían de los interrogatorios; que al principio las mujeres y los hombres estaban separados aunque luego “llegó tanta cantidad de detenidos que no les quedó más remedio que juntarlos”; y de un calefón que “no alcanzaba ni para nosotros”. Y que tenían miedo.
“Una característica común a Ayala y Lavayén fue el hecho de victimizarse ellos también, cité en una nota cuando los detuvieron en 2010 que uno de ellos había dicho ‘para nosotros también fue una tortura, teníamos prohibido hablar entre nosotros, solo podíamos mirar televisión, era lo único que hacíamos, podíamos salir en francos de a dos, tenía miedo y nadie se había animado a negarse’. ‘Estos tipos son capaces de cualquier cosa’, me dijo Chamamé o Zorzal. No negando cuál había sido su lugar ahí, admitiendo que tenían que llevar a los secuestrados cuando Laucha o el Turco los pedían para torturar pero al mismo tiempo poniéndose ellos de víctimas”, aseguró Martínez.
Finalmente pidió a los acusados que “no se lleven esa información que estamos esperando” y agradeció al tribunal haber puesto la lupa sobre la participación de civiles durante el terrorismo de Estado y sobre el rol del diario La Nueva Provincia: “Me crié en esta ciudad y no era consciente de dónde trabajaba. A veces hace falta irse para darse cuanta dónde estaba uno y del rol nefasto que diarios como LNP tienen y la participación hasta el día de hoy. Vi cómo cubrieron la sentencia en veinte líneas y nunca más retomaron los fundamentos. No publicaron nada. Ahí uno entiende el comportamiento de la sociedad a partir del rol de los medios hegemónicos. Y sé de la enorme resistencia del poder judicial de Bahía Blanca para avanzar contra los partícipes del terrorismo de Estado”.
Restos que condenan
Alejandra Pupio coordinó el equipo de arqueología del Departamento de Humanidades de la UNS que relevó el terreno donde funcionó el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita en dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército. Si bien un primer informe fue entregado al tribunal durante el primer debate, la testigo explicó “algunos datos que se han aumentado”.
En abril de 2010 se realizó la primera prospección y detectaron tres predios con “estructuras edilicias” divididos por cortinas de tamariscos. Dos de las construcciones estaban destruidas completamente y la tercera aun tenía cimientos visibles.
Se cruzaron los datos aportados por testigos –destacó los croquis realizados por Alicia Partnoy y Gustavo López- y por el represor Julián “Laucha” Corres -por ejemplo la existencia del muro perimetral y el portón de ingreso al patio- y los planos catastrales con la historia de propiedad de los terrenos.
En uno de los planos se observa una propiedad en forma de “L” cuyo lado menor da sobre La Carrindanga. No se trata del terreno ubicado por la Conadep sino lo que denominaron Predio 1 donde realizaron estudios geoeléctricos y detectaron concentración de materiales que “podrían haber sido los muros”.
Se analizaron los elementos de la superficie y se hizo un primer relevamiento topográfico que guió los trabajos arqueológicos futuros. “Nos permitió establecer con mayor certeza que se trataba del edificio donde funcionó La Escuelita, sin descartar que los otros edificios pudieran en algún momento haber funcionado como CCDyT ya que algunos testimonios señalan haber sido trasladados a unos 100 o 200 metros. Puede que estemos en presencia de un complejo de edificios que haya funcionado de esta manera”, dijo Pupio.
Los datos obtenidos con el avance de la excavación fueron superpuestos semanalmente con los planos, los relatos de las víctimas y la documentación del estudio geológico. “Pudimos establecer la funcionalidad de esa planta arquitectónica que ahora quedaba a la vista de todos y podía ser recorrida”. Un área de retención de detenidos con dos cuartos al frente separados del resto de la casa por una reja y una galería cubierta. La guardia con habitación, baño y cocina. Y el sector de torturas con un área de ingreso y registro de detenidxs y la sala de tortura.
Se recuperaron más de 12.900 restos que “revelan distintas funcionalidades, material de construcción -baldosas, ladrillos, azulejos, fragmentos de vidrios de botellas y planos como de ventanas-; objetos de índole personal como algunas prendas, juguetes, elementos de otro tipo como papeles, restos de carozos de fruta y en particular en el área excavada a la que denominamos ‘Basurero’ encontramos 141 restos pertenecientes a medicamentos -anticoagulantes, antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos y antitérmicos-”.
Salida de cuatro
Marjanov al salir de la audiencia.
Desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal y por videoconferencia declaró el matrimonio conformado por María Guillermina Guidi y Ricardo Colombo Roqué amigos del ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Alejandro Marjanov y su señora.
Ella contó que desde 1972 mantienen una “profunda amistad” y que el represor es “una persona honorable”. Comentó que está casada con uno de los oficiales retirados en 1980 “por no estar de acuerdo con el Proceso de Reorganización Nacional y en esa etapa muy difícil tanto Alejandro como Marta siguieron siendo amigos y compañeros y solidarios con esa familia que estaba pasando muy mal momento”.
Agregó que con el imputado “no hablaba de política” aunque sabe que “era un hombre muy respetuoso de las ideas de los demás”. Dijo que Marjanov se oponía a los fundamentos de la dictadura pero nunca escuchó salir una crítica en ese sentido de su boca.
Su marido, Ricardo Colombo Roqué desde 1977 hasta su retiro se desempeñó en el Comando de Sanidad del Ejército Argentino y fue “pasado a retiro obligatorio junto con otros oficiales por no estar adecuadamente compenetrado con la filosofía y el sentir del Ejército, lo cual ha puesto en tela de juicio su credibilidad y su sentido profesional, etcétera”.
Con Marjanov compartió destino entre 1972 y 1974 en el Batallón Logístico de Montaña 6 de Zapala. “Es mi amigo, lo respeto, excelente profesional, un gran camarada. Nuestra amistad no solo se cimentó en esos tres años sino con el correr de los años y cuando me pasan a retiro existió una orden del Ejército de evitar contacto con cualquiera de los 33 retirados y él expresamente se puso a mi disposición y me dijo que esa orden para él no corría porque me consideraba su amigo”.
En ese tiempo jugaban al truco e iban al cine con sus esposas. Según el testigo de la defensa su amigo acusado por crímenes de lesa humanidad “siempre estaba al pie de la solución del problema de los soldados del Batallón”.
“Él sabía de mi militancia peronista y en ningún momento la discutía ni hubo ningún reproche ni discusión al respecto (…) Era un hombre de un profundo sentido nacional, popular”, sostuvo Roqué y agregó que considera a Marjanov “totalmente incapaz de haber cometido hechos aberrantes”.
Con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 Marjanov fue designado como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la subjefatura del Área de Defensa 511. El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido torturado en aquel centro clandestino.
17 genocidas en cárcel común y efectiva.
30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs
PRESENTES!
Fotos: Javier Luján – Helen Turpaud – Sofía Aifos – Marina Huentenao
Ayer por la mañana el tribunal definió el orden del tramo final del debate oral del juicio por crímenes de lesa humanidad contra siete represores del V Cuerpo de Ejército tras el cierre de las testimoniales. El miércoles 25 de septiembre a las 9 -en Colón 80- los imputados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras.
Luego, a propuesta de la querellante Mónica Fernández Avello, será la Fiscalía la que comenzará a alegar para poder adherir a parte de sus argumentos y no extender innecesariamente el trámite.
Las audiencias, según la disponibilidad del recinto de la Universidad Nacional del Sur, serán: el martes 8 y miércoles 9 de octubre con el alegato de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia; el martes 15 y el miércoles 16 será el turno de las querellas y el martes 22 comenzarán las dos jornadas para las defensas oficiales. Finalmente los abogados particulares Ibáñez y Gutiérrez dispondrán de tres horas cada uno.
El profesor Dante Patrignani negó ante la justicia civil que haya una campaña que “deshonre” al camarista Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado. Fue en respuesta a una demanda planteada por el docente de Derecho contra el cual se tramita un juicio académico en la Universidad Nacional del Sur y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por no reunir las condiciones éticas suficientes para los cargos.
En su presentación, el asambleísta aportó copia del legajo del Destacamento de Inteligencia del juez donde se advierte que quien lo recomendó para PCI es un genocida condenado en Francia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Operación Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país. Se trata del coronel José Osvaldo Riveiro quien dice tener conocimiento de Montezanti desde 1975 y comandó el grupo de tareas argentino que desde Honduras combatió al gobierno sandinista de Nicaragua.
“Respecto a los ‘afiches policromos’, en los que aparece ‘tocado por una gorra militar’, para nada pueden ser calificados de ‘impúdicos’. La gráfica es solo un recurso propagandístico visual para poner en evidencia su vinculación con la dictadura, la cuestión de fondo que Montezanti elude debatir“, escribió la dra. Mónica Fernández Avello en el descargo.
Riveiro, también conocido como Balita o Rawson, además de la condena de la justicia francesa “está sospechado de ser uno de los principales fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina“.
La sentencia del dr. José Luis Ares en la querella que entabló el integrante de la Cámara de Apelaciones contra Alberto Rodríguez por calumnias e injurias confirmó “la presencia de Montezanti en la toma de la UTN el día 3 de abril de 1975 por un grupo armado de la banda criminal Triple A” y que en 1984/85 el actual diputado Juan Pedro Tunessi vio en el estudio del espía “un diploma en la pared firmado por el genocida Suárez Mason de una Liga Anticomunista Argentina, como asimismo que en el año 1983 compartió una lista electoral junto con Ponce y Quiroga”.
En noviembre de 1976 Riveiro fue designado jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza y el 31 de octubre de 1979 como jefe de inteligencia en el Destacamento 181 de Bahía Blanca. “Demás está decir que la principal tarea de la inteligencia militar durante el desarrollo del terrorismo de Estado era obtener y procesar la información que se extraía mediante torturas a lxs detenidxs”.
“Asimismo este triste personaje partió en 1980 para Honduras para aportar asesores y entrenamiento al grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que combatirían desde Honduras al gobierno sandinista de Nicaragua”. Según publicó Página/12 en esta nota, de Honduras se trajo su alias Balita, “obtenido en el fragor de sus tareas enseñando a los contras los ajustados métodos argentinos para secuestrar, torturar y desaparecer personas”.
De la visión microfilmada del legajo personal de Montezanti surge que el 25 de septiembre de 1980 hay una “declaración de cargos” dirigida al Jefe II EMGE donde Montezanti declara ser “empleado” del “Comando en Jefe del Ejército (EMGE-Jef II-Icia”, como A1 In10, con sueldo básico de 3.407.077. No detalla horarios pero pone ‘a disposición de las necesidades del Dest Icia. 181′.
En el escrito se menciona que la estrategia elegida por los genocidas para la construcción de un nuevo poder incluyó “las políticas de exterminio sobre quienes de una u otra forma se opusieran a este nuevo régimen y uno de sus métodos centrales fue la difusión del terror en forma masiva como dispositivo de control social”.
“Se procedió en la más absoluta ilegalidad y clandestinidad al secuestro, detención y tortura masiva de quienes el régimen consideraba oponentes, potenciales o activos, deliberadamente excluidos de todo amparo legal. Todo esto hubiese sido imposible sin el despliegue de una ‘inteligencia’”.
Fernández Avello y Patrignani sostienen que diversas causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país demostraron el rol protagónico de las áreas de Inteligencia del Estado en la represión ilegal durante la dictadura. “No solo han desarrollado tareas de recopilación de información sino también la participación activa en los denominados ‘grupos de tareas’ que asolaron las libertades y las vidas de los argentinos”.
“Estos grupos de tareas estaban compuestos por personal del Ejército Argentino, Policía Federal, Policía Local y Personal Civil de Inteligencia que con un amplio domino del territorio y un poder ilimitado, detenían, torturaban, mataban y hacían desaparecer los cuerpos de numerosos argentinos. Todo ello bajo el amparo de un estado represivo fundado en la doctrina de la seguridad Nacional”.
Recuerdan que fue el Archivo Nacional de la Memoria publicó en su página web el listado de personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército entre 1976 y 1983, entre las cuales aparece Montezanti. “Estas personas se infiltraron en partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, etcétera y desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy ocupan cargos públicos tales como funcionarios, legisladores y hasta jueces”.
“Por supuesto que en un país democrático es la justicia quien debe juzgar su accionar ya que en el caso de haber cometido algún delito de los tipificados en el Código Penal, éstos mismos no han prescripto por ser delitos de lesa humanidad, y es en mi derecho a la libertad de expresión, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios ya que una sociedad que no está bien informada no es libre”, concluye Patrignani en el descargo que puede leerse completo aquí.
por
PASALA
No hay comentarios:
Publicar un comentario