BOLIVIA.

Evo: Próximo objetivo intervencionista de EEUU son los países del Alba
Publicado el 9/12/13 • en Contrainjerencia

LA RAZON – El presidente Evo Morales advirtió hoy que, tras controlar Medio Oriente con una intervención a Siria, el próximo objetivo de Estados Unidos son los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) por lo que llamó a los movimientos sociales a coordinar con organismos internacionales una demanda contra el presidente Barack Obama y su administración por delitos de genocidio.

Morales acusó a la administración de Obama de financiar a rebeldes para generar conflictos en Siria con el objetivo de justificar una intervención militar y conseguir el control de Medio Oriente, para después ejecutar otro plan similar en Latinoamérica y el Caribe, donde hay países críticos con la línea estadounidense.
“Seguramente después de tener controlado el Medio Oriente, Europa y África ya tiene controlado, se va a dirigir a enfrentar a los países del Alba en América Latina y el Caribe, es el plan norteamericano”, afirmó durante un discurso que pronunció en Cochabamba en un acto en el que recibió el proyecto de modificación de la Ley de Pensiones.

La Alba está integrada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucia. Es una plataforma de integración que, entre otros aspectos implica una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran, refiere en su página web.

El Presidente recordó que el Gobierno de Estados Unidos planteó en la década del 90 un nuevo reparto imperial en Medio Oriente y afirmó que esa política está en marcha. “¿Ahora qué hacen?,  enfrentar a un pueblo, financiar a rebeldes en Siria y tratar de justificar una intervención militar para ese reparto imperial”, denunció.

Frente a ese panorama planteó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y a otros movimientos sociales empezar a perfilar acciones para encaminar una demanda  en contra de la administración estadounidense por delitos de lesa humanidad.

“Deberíamos estar aquí planificando, compañeros de la COB, junto a la comunidad internacional qué castigo o qué demanda debemos hacer al Presidente Obama de Estados Unidos que tanto daño está haciendo en el mundo, intervención militar, masacre, genocidio. Sigo convencido de que lo que hace el gobierno de  de Estados Unidos a la cabeza de Obama es cometer delitos de lesa humanidad”, insistió.

El vicepresidente Álvaro García aseguró ayer en Caracas que “el continente y el mundo se juega en el destino de Venezuela”

“Sólo les pedimos no bajen la guardia, no tienen derecho a bajar la guardia porque  el continente y el mundo se juega en el destino de Venezuela”, abogó  en el encuentro mundial antifascista en homenaje al derrocado expresidente chileno Salvador Allende, en el 40 aniversario de su muerte.

Evo sugiere que se juzgue a EEUU por delitos de lesa humanidad
Publicado el 9/13/13 • en Contrainjerencia

El presidente boliviano Evo Morales, sugirió el jueves que los movimientos sociales con el apoyo de organizaciones internacionales deberían buscar el juzgamiento del Gobierno Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en el mundo, según informa un artículo de prensa del portal del ministerio de Comunicaciones de Bolivia.

‘Que bueno sería que los movimientos sociales apoyados con organizaciones internacionales cómo juzgar, hacer juzgar al Gobierno de Estados Unidos por delitos de lesa humanidad eso deberían estar planificando para defender dignidad y soberanía’, mencionó.

Morales, que participó en el acto en el que recibió el anteproyecto de ley de modificaciones de la norma de Pensiones, manifestó que está ‘convencido’ de que lo que hace el Gobierno de Estados Unidos liderado por Barack Obama es ‘cometer delitos de lesa humanidad’.

Para Morales una vez que Estados Unidos tenga el control de Medio Oriente se va a dirigir a enfrentar a los países del ALBA en América Latina y el Caribe, por lo que es ‘una obligación’ -dijo- si ‘somos antiimperialistas’ identificar a los enemigos internos y externos que asechan.

Estados Unidos mantiene la decisión de intervenir Siria bajo el argumento del uso de armas químicas, hecho que fue deplorado por diferentes gobiernos e incluso el papa Francisco, que el pasado fin de semana convocó a una jornada de oración por la paz en ese país de Medio Oriente.

Morales señaló que Estados Unidos financia a los rebeldes en Siria para justificar después la intervención.

Recordó que el Gobierno estadounidense declaró que el reparto del mundo de 1916 estaba caduco y ameritaba una nueva distribución por eso recurre al ataque militar.

No obstante, dijo que según una encuesta que circula en medio de prensa del país del norte la mayoría de los militares no quieren intervenir Siria.
icndiario.com
Envío:Amarelle

Unidos y coordinados
Año 6. Edición número 278. Domingo 15 de Septiembre de 2013
Por Osvaldo Drozd. Sur en América latina
internacional@miradasalsur.com

Bolivia. Cómo funciona el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad y cuáles son los logros y complicaciones en la ardua tarea de aunar los intereses particulares de cada comunidad con el general.

Si en el seno de una estructuración compleja se considerara que el conflicto social consiste en un hecho anómalo, puntual o circunstancial, la idea de aislarlo no implicaría algo que pudiera tildarse de descabellado. 

Por el contrario, hacerlo sería una forma de resolución efectiva, logrando que todo lo que es externo a él, no se salpique y quede a salvaguarda de su supuesto efecto expansivo. El conflicto social, lejos de ser una excepción, una anomalía o un efecto residual, es parte constitutiva de cualquier formación social compleja. 

Su sitio en la escena colectiva conduce o responde a lo estructurante de la sociedad misma. Una política que intentase subsistir al margen del conflicto (u obviándolo) rayaría en sus límites con lo apolítico mismo, ya que sería la negación misma de las demandas sociales, que validan y dan legitimidad al hecho mismo de hacer política. El conflicto es la matriz constitutiva de cualquier acción colectiva, mientras que la forma de plantear su resolución conduce inevitablemente a la toma de posición.
En Bolivia, desde la asunción del presidente Evo Morales en enero de 2006, el tratamiento de la conflictividad social implica una tarea no menor, que incluso llevó a crear una cartera específica: el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad civil. Si bien esta tarea comprende el seguimiento de los diferentes conflictos, y la búsqueda de resolución de las diferentes demandas populares, es válido señalar que este agenciamiento político no es externo a la conformación y consolidación del instrumento político a través del cual Evo llegó al gobierno, y que sirve además como herramienta de cohesión tanto social como ideológica. Es menester señalar entonces que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia está conformado desde su presentación en las elecciones de 1997 no solamente como un nucleamiento de militantes voluntarios, sino principalmente como una coordinación de organizaciones sociales, campesinas, sindicales e indígenas, muchas de las cuales ya tienen varias décadas de conformación y desarrollo. Un movimiento que, además, fue protagónico en las principales luchas sociales que se desarrollaron en el país andino resistiendo a las recetas neoliberales impulsadas por gobernantes como Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Carlos Mesa. Si bien el MAS fue fundado en 1987, recién diez años después adquirió el formato más conocido al fusionarse con el Instrumento de Soberanía Popular y la Confederación de Trabajadores del Trópico de Cochabamba.
El viceministerio que fuera creado tras la primera asunción de Evo Morales en enero de 2006 tiene un objetivo institucional, y también varios objetivos estratégicos. Tal como es posible leer en la página oficial de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (http://www.presidencia.gob.bo/), el primer objetivo es “posibilitar y facilitar las relaciones de coordinación entre el órgano Ejecutivo y la sociedad a través de una eficaz y eficiente gestión de la demanda social, del fortalecimiento de las organizaciones sociales, del seguimiento sistemático a los acuerdos y convenios establecidos entre el gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad, así como el análisis de la conflictividad sociopolítica, promoviendo una gestión pública intercultural, en base al diálogo y la concertación”. Por su parte, los objetivos estratégicos del viceministerio son los de empoderar a las organizaciones sociales y la sociedad civil en su participación política y social en el proceso de cambio. “Consolidar la participación efectiva y corresponsable de los movimientos sociales y la sociedad civil en la construcción del Estado Plurinacional. Consolidar un sistema de gestión eficiente y oportuna a la demanda social y la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable entre los niveles del órgano ejecutivo y las organizaciones sociales y sociedad civil. Coadyuvar en la construcción de la cultura democrática a través de la gestión de la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable de los órganos del Estado y las organizaciones sociales y sociedad civil” son los principales objetivos.
Si bien la formulación y la ejecución de todos estas tareas dan, desde un principio, la sensación de estar en el camino adecuado, no pocos especialistas y analistas bolivianos hoy son sumamente críticos con respecto a la gestión de la denominada conflictividad social, que viene llevando adelante el gobernante Movimiento al Socialismo, principalmente desde el inicio de segundo gobierno de Evo Morales que se iniciara en enero de 2010.
Es preciso realizar un poco de historia para entender el denominado “proceso de cambio” en Bolivia, que en términos relativos se extiende desde la resistencia al neoliberalismo hasta el presente, teniendo como punto sobresaliente la promulgación de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en 2009, tras el arduo debate popular realizado mediante la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El inicio del nuevo siglo encontró al pueblo de Cochabamba (la tercera ciudad más poblada del país) protagonizando entre enero y abril del año 2000 una serie de protestas sociales, que fueran conocidas como La guerra del agua, y que fue la forma en que la sociedad civil resistió la privatización del agua potable, logrando que el gobierno del por entonces mandatario Hugo Banzer, tras declarar la Ley Marcial, también rescindiera el contrato firmado con la empresa multinacional de Ingeniería Bechtel. En 2003, nuevamente se agitarían las aguas, pero esta vez no por la potabilización sino por el impuestazo que intentaba sacarles la plata de los bolsillos a los trabajadores. El por entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que vérselas con una verdadera insurrección popular en febrero de ese año, en la cual se produjeron serios enfrentamientos entre manifestantes y policías en la céntrica y paceña plaza Murillo. Pero el verano caliente no quedaría ahí, y meses después, entre septiembre y octubre del mismo año se produciría. La guerra del gas, que haría que el 17 de octubre Sánchez de Lozada tuviera que abandonar prematuramente el Palacio Quemado. El mandatario saliente es considerado en el altiplano como el mayor adalid de la noche neoliberal de ese país. Por ese entonces, tanto el MAS de Evo Morales como toda la coordinación de movimientos sociales eran los principales protagonistas de las luchas que, en 2005, inclinarían la balanza electoral eligiendo el país andino por primera vez en su historia a un mandatario indígena y aymara.
Si bien el lugar de Sánchez de Lozada fue ocupado por el vicepresidente Carlos Mesa, este último tuvo que ocupar el cargo con la promesa de anticipar las elecciones presidenciales (el mandato era hasta 2007), promover el llamado a una Asamblea Constituyente y llevar adelante un referendo por el tema del gas. La idea de Mesa era hacer solamente promesas, pretendiendo mantener el cargo presidencial hasta el año en el cual debía concluir formalmente el mandato. Este plan no le fue efectivo y tuvo que anticipar entonces la agenda electoral para 2005. Las luchas sociales inclinaron la balanza, potenciando cada vez más la figura del dirigente campesino Evo Morales.
La llegada al Palacio Quemado del líder aymara en enero de 2006 convertiría en plan de gobierno no solamente el llamado a la Asamblea Constituyente, sino también la instalación y desarrollo inicial del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, alcanzando parcialmente una importante redistribución de las tierras antes concentradas en propiedades latifundistas. A su vez, cobró importancia la nacionalización de los hidrocarburos. La fuerza social que se conformaría como la base principal del MAS fueron entonces los movimientos sociales populares que, si bien conservarían relativa autonomía desde 2006, también comenzarían a incidir en la esfera estatal de una forma diferente en tanto parte orgánica del partido de gobierno. La conformación del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales no fue ni es ajena a una política que intenta hacer de las demandas populares un norte de transformación, enmarcadas dentro mismo del Estado plurinacional.
Tal como expresara Gabriela Montaño, presidenta del Senado de Bolivia, en julio del año pasado en una ponencia organizada por el espacio Carta Abierta y que fuera realizada en Sociales de la UBA, la confluencia de todos esos actores sociales (campesinos, indígenas, colonizadores, pueblos originarios) logró plasmar lo que ella denominó como “sujeto constituyente”, y que la terminología utilizada para escribir la nueva Constitución no fueron palabras extraídas de algún manual, sino que provenían de la lucha misma. Es preciso señalar que los diferentes movimientos populares e indígenas, en la nueva CPE tienen el atributo de autodeterminación. Decir indígenas tal vez sea una reiteración cuando se habla de popular, ya que como Montaño bien señalaba en su exposición, el Censo Nacional de 2001 vino a revelar una verdad que siempre estuvo escondida o no quiso saberse, y es que la mayor parte del pueblo boliviano es indígena. Según la senadora, en dicho censo, el 62% de la población de su país mayor de 15 años se definía como indígena. 

Pero, retomando la cuestión de la autodeterminación y el estatuto autonómico de los pueblos indígenas y originarios, vale subrayar que dicha cualidad muchas veces puede generar contradicciones al interior de la sociedad toda, ya que hacer coincidir los intereses particulares con el general no es un dato de partida sino principalmente de negociación y acuerdos a alcanzar. La contradicción entre intereses corporativos y el trazo grueso de una política unificada, por lo tanto, es mucho más difícil de alcanzar, cuando por principios constitucionales se intenta incluir a los diferentes actores en juego. Las políticas de exclusión no tienen ese problema, al menos desde un inicio, ya que las sucesivas crisis que sacudieron al continente demostraron que, a la larga, esas políticas son insostenibles.
En una nota escrita por Ricardo Aguilar Agramont, el pasado domingo en el paceño diario La Razón, el columnista expresaba que “la estructura heterogénea del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una de sus fortalezas, pues es una fuente de versatilidad, aunque también ha sido frecuentemente el origen de una debilidad debido a la corporativización de ese partido”. Luego señaló que “saldar este escollo es el reto que el MAS debe enfrentar no sólo con miras a las elecciones de 2014, sino también para consolidar su institucionalidad como organización política a largo plazo”. Aguilar también afirmó que “la diversidad compleja de organizaciones que conforman el MAS ha llevado, desde la primera gestión, a la creación del viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, actualmente dirigido por Alfredo Rada, demostrando que el primer gobierno de Evo Morales identificó la necesidad de relacionamiento con los gremios sindicales”.
Presentado este esquema de coordinación y negociación, que bien podría considerarse como una gran paritaria social, valdría la pena precisar que una política correcta desde el punto de vista de los intereses populares nunca va a ser equivalente a la suma de las diferentes demandas sectoriales, aunque las mismas estén hechas por los sectores comprendidos dentro de lo que bien se puede considerar como nacional o popular.
Y es así que en los últimos dos o tres años de la gestión de Evo Morales se asistió a diferentes escenarios de conflictividad social, en los cuales determinados movimientos realizaron demandas que se irían a presentar como anatema para el gobierno central. El debate acerca de cómo utilizar los excedentes de la economía llevó a que la Central Obrera Boliviana (COB) se pronunciara por una solución muy diferente a la que proponía el gobierno. El debate sobre la construcción de la carretera transamazónica puso sobre el tapete las diferencias con organizaciones indígenas como Cidob y Conamaq.
En un trabajo de investigación que lleva el nombre de Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz Ossio (quien fuera viceministro de Tierras del primer gobierno de Evo) expresa que hoy Bolivia asiste a un cierto parate del “proceso de cambio”, y que cuando esto sucede, los sectores otrora dominantes intentan recomponerse. Según Almaraz, “dicho viraje se produjo más por omisión que por acción, en tanto que la ausencia de acciones transformadoras de las estructuras imperantes promueve la reproducción inercial de éstas e, incluso, en algunos casos, facilita su reestructuración y fortalecimiento”.
Otros analistas precisan que la política transformadora del MAS tuvo su punto más alto en la promulgación de la nueva Constitución, y luego asistió a cierto descenso. Lo que bien valdría señalar es que en todo proceso de cambio social siempre hay puntos de ascenso y también de declive, y que el protagonismo social no siempre se expresa de forma masiva. Sostener una política de transformación sin dudas no es tarea fácil, ya que hacerlo es ir contra una inercia acumulada durante un extenso período.
Tanto analistas que apoyan la gestión del MAS, como los que se oponen críticamente, coinciden en que el alto grado de unidad existente a pesar de todo entre el gobierno y los movimientos sociales en la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y el Estado plurinacional, es hoy el resultado del fuerte liderazgo del presidente Evo Morales. Las diferencias se plasman principalmente entre los que consideran –como lo hace la senadora Gabriela Montaño– que el MAS es el gran articulador político entre el campo y la ciudad, y los que –como la ex senadora Erika Brockmann– dicen que el partido no deja de ser una megacoalición de organizaciones corporativas.
Fuente:MiradasalSur


Bolivia prohibe transgénicos en su territorio y el latifundio
La Paz- Autor : El Ciudadano Fecha: 08 septiembre 2013

ley Bolivia - foto El Ciudadano

La ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada por el presidente del Estado, Evo Morales, el 15 de octubre,  prohibe la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio;  el uso de transgénicos en Bolivia y crea un fondo de justicia climática.

En el mes de septiembre de 2012 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y fue promulgada el 15 de octubre reciente, después de varios años de debate en el Órgano Legislativo y entre las organizaciones sociales con respecto a su contenido.

Una primera versión completa de la Ley con el nombre de “Ley Marco de la Madre Tierra” fue acordada el año 2010 por las organizaciones sociales, A finales de ese año se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional una parte del Proyecto de Ley con el titulo de Ley de Derechos de la Madre Tierra No. 071, dejando la segunda parte del proyecto de ley sujeto a debate en un período posterior.

La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue aprobada como ley marco, constituyendo en consecuencia la disposición matriz que dará a luz a las normas legales especiales a ser trabajadas en los próximos años.

Articulación del Vivir bien, el desarrollo integral y los derechos de la Madre Tierra

La Ley define al Vivir Bien como el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, que significa la construcción de un nuevo orden ambiental, social, cultural y económico basado y emergente de la visión histórica de los pueblos indígenas. Textualmente esta Ley expresa que este horizonte civilizatorio “nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas” (Art. 5, numeral 2). Ahora bien, al tener este proyecto de vida su fundamento en los pueblos indígenas y originarios, el mismo se enriquece y desarrolla en el marco de la interculturalidad y el diálogo de saberes, por lo que debe construirse en complementariedad con todos los pueblos y sociedades que habitan en el país. Esta visión es importante porque promueve la construcción de una sociedad intercultural respetando las diferencias y fortaleciendo a los pueblos y naciones indígenas en el marco de la solidaridad y de su interdependencia con el conjunto del pueblo boliviano en lo que hace a la realización de los derechos colectivos y la erradicación de la pobreza.

El desarrollo integral es la implementación de medidas y acciones integrales (económicas, sociales, espirituales, ambientales, culturales, materiales, entre otras) para el fortalecimiento y la creación de condiciones materiales y espirituales que faciliten y fortalezcan el vivir bien de los pueblos y las sociedades. Entonces no es un desarrollo sinónimo de progreso ni de corte occidental. Por el contrario, se establece que éstas medidas y acciones deben ser culturalmente adecuadas a la realidad de los pueblos, correspondiendo a sus culturas y construyendo vínculos edificantes, es decir, acciones y actitudes constructivas que sienten las bases para una sociedad equitativa, justa y solidaria.

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. En este contexto se reconocen los derechos de la Madre Tierra

Entonces, la Ley Marco articula tres aspectos fundamentales: Vivir Bien, Madre Tierra y desarrollo integral; por lo que en la Ley se toma la decisión de no separar el “desarrollo integral”, que se lo adecúa a la realidad boliviana, con el del Vivir Bien, promoviéndose más bien que el desarrollo integral sea una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien. Por lo mismo, desarrollo integral y Vivir Bien no son consideradas dos vías paralelas sino parte de un mismo camino, donde las acciones del primero ayudan a alcanzar el segundo que es el fin máximo. Sin embargo, es alrededor de la Madre Tierra que se promueve este proceso de articulación, ya que la misma articula a la naturaleza y a los seres humanos.

Complementariedad de derechos como la base de la convivencia armónica entre el pueblo boliviano, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas y la Madre Tierra

En la Ley Marco se considera fundamental el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, pero también se reconoce que el conjunto del pueblo boliviano debe igualmente gozar de los beneficios de las riquezas que provee la Madre Tierra, las mismas que en el marco de un aprovechamiento sustentable y armónico, deben ser distribuidas y redistribuidas por el Estado Plurinacional, considerando además la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual.

Bolivia tiene cerca de 12 millones de habitantes, de los cuales más de 5 viven en condiciones de pobreza y donde una gran parte de esta población se encuentra en las áreas urbanas. La solución a la falta de acceso a servicios, salud, educación, energía, comunicación, así como al acceso a alimentos, a los medios que permiten mejorar las oportunidades de creación de condiciones materiales y el fortalecimiento de condiciones espirituales para Vivir Bien, requiere un esfuerzo gubernamental y social para el desarrollo de acciones e inversiones que implican el acceso y disponibilidad de recursos financieros por parte del Estado.

Entonces, en Bolivia no se puede erradicar la pobreza ni garantizar los derechos fundamentales (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales) de las personas si es que no se cuenta con un Estado Plurinacional fuerte y con capacidades para emprender este desafío; por lo menos en un escenario donde nuestro país es soberano y no dependiente. La propia ley expresa en su artículo 11, numeral 1, que es obligación del Estado Plurinacional crear las condiciones para garantizar su propio sostenimiento.

En esta línea de reflexión la Ley ha establecido que el Vivir Bien se alcanza promoviendo y fortaleciendo cuatro derechos:

1. Los derechos de la Madre Tierra.
2. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.
3. Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano satisfaciendo las necesidades de las sociedades y personas.
4. El derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social y espiritual.

Estos derechos no pueden sobreponerse unos sobre otros o priorizarse uno sobre otro, al contrario, deben realizarse de manera complementaria, compatible, solidaria e interdependiente. Este es el máximo balance que propone la Ley para la construcción del Vivir Bien.

Objetivos, bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral

Toda vez que el desarrollo integral es una fase intermedia hacia el Vivir Bien, la Ley ha establecido 10 (diez) objetivos y 11 (once) bases y orientaciones del desarrollo integral, en el marco de los Valores del Vivir Bien: saber crecer, saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar, y saber pensar.

Entre algunos de los objetivos tenemos el relacionado con “el saber alimentarse para Vivir Bien” que es la realización del derecho a la alimentación en el marco de la soberanía con seguridad alimentaria, por el que se establece la importancia de fortalecer los sistemas económicos, productivos y ecológicos locales así como el fortalecimiento y revalorización de los sistemas de vida de los pequeños productores, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Otro objetivo promueve el cambio de patrones de consumo no sustentables, el uso racional de energía, la conservación del agua, la eliminación del consumismo, y el aprovechamiento sustentable de los componentes de la Madre Tierra. También existe el objetivo del cambio de los patrones de producción contaminantes, fortaleciendo los sistemas productivos compatibles con las zonas y sistemas de vida y mayor calidad ambiental. El objetivo que promueve la conservación y el manejo integral y sustentable de la Madre Tierra establece igualmente el fortalecimiento de las áreas protegidas.

Las orientaciones de la Ley también son muy importantes. Por ejemplo, con respecto a agricultura es notable que se establezca el desarrollo de acciones de protección del patrimonio genético “…prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio de Estado Plurinacional de Bolivia de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad…los sistemas de vida y la salud humana.” Asimismo, se establece que se deben desarrollar acciones “…que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país…”. (Art 24, numeral 7 y 8)

Con respecto a los bosques se establece que se prohíbe “de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de interés nacional y utilidad pública” (art. 25, numeral 4). Esta última disposición obliga a emitir una Ley especial para cada caso relacionado con el cambio de uso del suelo con una justificación de dicho interés nacional y utilidad pública.

Consejo Plurinacional para Vivir Bien y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Con relación al marco institucional que crea la Ley encargada de operacionalizar y dar sostenibilidad a la gestión pública del desarrollo integral es importante de destacar: i) la creación de un Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra que se constituye en una instancia de seguimiento, consulta y elaboración participativa de políticas, planes, programas y proyectos; ii) la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad estratégica y autárquica, que tiene competencias en planificación, gestión, monitoreo y evaluación sobre cambio climático, además de administrar y ejecutar políticas y estrategias, planes y programas relacionados con el mismo; y iii) Mecanismos dependientes de esta Autoridad Plurinacional para desarrollar intervenciones en mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra como un mecanismo financiero que tiene la función de administrar, canalizar y asignar recursos financieros en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

Mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático

La ley establece la creación de tres Mecanismos para la gestión de la adaptación y la mitigación climática, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral de los Bosques y la Madre Tierra. Tiene el objetivo de fortalecer, conservar y proteger los sistemas de vida y sus funciones ambientales promoviendo y fortaleciendo la gestión social y comunitaria integral y sustentable de los bosques en el marco de metas conjuntas de mitigación y adaptación de los bosques. Se trata de un mecanismo no basado en mercados de carbono, y se constituye precisamente en el instrumento alternativo a los mercados de carbono en el contexto de REDD+ que Bolivia propuso en la COP 17 en Sudafrica en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático logrando.
2. Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien. Está orientado a fortalecer y promover acciones de mitigación climática, incluyendo reducciones, limitaciones y acciones que eviten las emisiones de gases de efecto invernadero en distintas actividades industriales, productivas y energéticas entre otras.
3. Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien. Está orientado a gestionar los procesos de adaptación al cambio climático en el marco de proyectos.

Conclusiones

Como se ha destacado la Ley articula el Vivir bien, el desarrollo integral y los derechos de la Madre Tierra definiendo orientaciones para la gestión pública.

Esta Ley constituye una norma de gran envergadura que generará cambios fundamentales en el país, donde un aspecto fundamental es el establecimiento de cuatro derechos compatibles que permiten crear el escenario para alcanzar el Vivir Bien a través del desarrollo integral. La complementariedad e interdependencia de estos derechos son la base de la convivencia armónica entre el pueblo boliviano, los pueblos y naciones indígenas y originarias y campesinas con la naturaleza. Asimismo, la Ley establece las orientaciones políticas, técnicas y legales para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra en el marco del desarrollo integral.

Esta Ley establece las orientaciones filosóficas pero también prácticas para la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la implementación de los mandatos de la Constitución Política del Estado. Asimismo, es importante destacar el rol y los fundamentos jurídicos, políticos e ideológicos que los pueblos y naciones indígenas y originarias han dotado a esta norma.

René Orellana Halkyer y Diego Pacheco Balanza

Envío:ExPPCdba.