VERBITSKY DECLARO AYER EN LA CAUSA PORRA, TAMBIEN LLAMADA GUERRIERI II
Las cuentas pendientes de Acindar
El periodista de Página/12 brindó testimonio sobre la declaración del represor Gustavo Bueno ante el CELS en 1984, y en el marco del contexto histórico de la represión ilegal en la región, expuso sobre la complicidad eclesiástica y empresaria.
Por Sonia Tessa
Verbitsky y el fiscal Gonzalo Stara se dirigen al Tribunal Federal de Rosario.Imagen: Alberto Gentilcore
Horacio Verbitsky se refirió ayer a la complicidad empresaria durante la última dictadura militar en la provincia de Santa Fe: "Ha habido dos empresas en particular, las siderúrgicas Acindar y Techint. En el caso de Acindar, había un destacamento policial que funcionaba dentro de las instalaciones. Había una confusión entre el rol estatal y el de la empresa privada, al punto que el destacamento policial actuaba como brazo armado de la empresa y la empresa suministraba información sobre trabajadores". El periodista de Página/12 y presidente del CELS declaró ayer en la causa Porra, también llamada Guerrieri II, y si bien su testimonio estaba relacionado con la declaración del represor Gustavo Bueno ante el CELS en 1984, el fiscal Gonzalo Stara, los integrantes del Tribunal Oral Federal número 1 y la abogada querellante Gabriela Durruty aprovecharon para hacerle preguntas sobre el contexto histórico de la represión ilegal.
Horacio Verbitsky se refirió ayer a la complicidad empresaria durante la última dictadura militar en la provincia de Santa Fe: "Ha habido dos empresas en particular, las siderúrgicas Acindar y Techint. En el caso de Acindar, había un destacamento policial que funcionaba dentro de las instalaciones. Había una confusión entre el rol estatal y el de la empresa privada, al punto que el destacamento policial actuaba como brazo armado de la empresa y la empresa suministraba información sobre trabajadores". El periodista de Página/12 y presidente del CELS declaró ayer en la causa Porra, también llamada Guerrieri II, y si bien su testimonio estaba relacionado con la declaración del represor Gustavo Bueno ante el CELS en 1984, el fiscal Gonzalo Stara, los integrantes del Tribunal Oral Federal número 1 y la abogada querellante Gabriela Durruty aprovecharon para hacerle preguntas sobre el contexto histórico de la represión ilegal.
El Villazo --la ofensiva policial y militar contra la población de Villa Constitución que comenzó el 20 de marzo de 1975-- está fuera de la causa contra doce represores que actuaron en el Destacamento de Inteligencia 121, con asiento en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Pero Stara solicitó en julio pasado que se inicie una causa por la ocupación de la ciudad por fuerzas militares, policiales y parapoliciales.
Verbitsky recordó ayer que "un obrero fue detenido ilegalmente dentro de la fábrica Acindar, y en el caso de otros que fueron buscados en su domicilio, las fuerzas ilegales llegaban con los legajos y la foto proporcionada por la empresa".
El periodista unió así su testimonio con el postulado de su último libro, Cuentas Pendientes, editado en conjunto con Juan Pablo Boholavsky. Allí plantean que el Congreso nacional cree una comisión nacional investigadora de las complicidades económicas dotada de recrusos y de personal especializado. "En algunos casos el poder económico es cómplice, en otros es encubridor y en otros es instigador", aportó el investigador. "Si se avanza en ese sentido tendremos un panorama más completo y real de lo que pasó. De otro modo, parecería que los ejecutores eran una banda de tipos que satisficieron sus bajos instintos", dijo el periodista. Y concluyó: "Me parece un acto de estricta justicia con la sociedad y también para los militares que están siendo juzgados, y que fueron usados para cometer los crímenes. Tienen que pagar porque cometieron crímenes pero lo hicieron en beneficio de otros".
Una de las vocales del Tribunal, Lilia Carnero, quiso saber cuál era el beneficio que obtenían las empresas al participar de crímenes de lesa humanidad. "Primero, por la transferencia brutal de ingresos del sector asalariado al capital, porque obtiene legislación que priva de derechos al trabajador; y también porque aumentó su tasa de ganancia. Otro factor fue el uso del poder punitivo del estado para zanjar disputas de intereses dentro del poder económico capitalista", explicó Verbitsky al Tribunal presidido por Roberto López Arango, que completa la vocal Noemí Berros.
El presidente del CELS ratificó que la declaración de Bueno --represor del Destacamento de Inteligencia 121 que brindó datos sobre la desaparición de Fernando Tito Messiez, entre otros casos-- respondía al formato de interrogatorios que realizaban en el organismo de derechos humanos. Incluso, afirmó que reconocía "las O saltadas de la máquina de escribir" utilizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en los años 80.
El fiscal Stara le preguntó además a Verbitsky por la complicidad eclesiástica con la última dictadura. "Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido capellán de la iglesia Católica", afirmó el testigo, y recordó que "los capellanes participaban en interrogatorios a personas privadas clandestinamente de la libertad". Y agregó que de Rosario provienen tres personas relevantes de esa colaboración: el ex vicario general castrense Antonio Caggiano, el también vicario castrense Victorio Bonamín y el secretario del vicariato castrense durante la dictadura, Emilio Graselli. Verbitsky recordó con lujo de detalles la declaración de "una testigo" (su nombre es María Inés Luchetti de Bettanín). La querellante de la causa Díaz Bessone contó cómo el capellán policial Eugenio Zitelli --luego premiado con el título de obispo-- concurría al Servicio de Informaciones. Cuando ella le contó que había sido torturada, Zitelli le dijo que la tortura era un método aceptable para obtener información, pero las violaciones eran inadmisibles porque afectaban la moral.
Nuevamente, ayer sólo estuvieron presentes los acusados Carlos Sfulcini y Juan Amelong, quien ya tiene una condena a prisión perpetua. El resto de los imputados tienen autorización para seguir el juicio desde sus lugares de detención.
Un militante imprescindible
Alicia Bernal es la hija de Fernando Tito Messiez, militante del Partido Comunista secuestrado el 22 de agosto de 1977, cuando se dirigía a la imprenta La Manija, ubicada entonces en calle Entre Ríos, para retirar unos volantes. Ayer, hizo una minuciosa declaración sobre la búsqueda del paradero de su padre, primero; y de la obtención de justicia, después. "Fuimos las instructoras de nuestra propia causa. Con el peso en contra del juzgado y el acompañamiento de la unidad fiscal", dijo ayer la testigo, que subrayó: "Yo estoy aquí sentada 36 años después del hecho". Bernal supo que un soldado había dicho que su padre fue llevado a Granadero Baigorria, y luego investigó que era el centro clandestino de detención La Calamita. Y fue crítica con la actuación judicial en la búsqueda del principal acusado por la desaparición forzada de Messiez, Julián Gazzari Barroso, que fue el primer detenido por la causa pero murió impune. También recordó que pudieron ubicar al prófugo Juan Cabrera "el Barba", acusado de dirigir las torturas, gracias a un anónimo que ella recibió.
"Mi padre era un militante imprescindible. Mi padre manejaba el aparato clandestino que creó y supo preservar de la tortura a Juan Ingalinella (militante comunista desaparecido en 1955). En el último gran acto solidario de su vida, mi padre supo preservar esa información con su cuerpo", dijo su hija.
Fuente:Rosario12
El testimonio de Verbitsky
“No hubo centro clandestino sin capellán”
26/09/2013
El presidente del Cels, Horacio Verbitsky, declaró este jueves como testigo ante el TOF1 en el juicio por la causa Guerrieri II y reconoció un documento de la entidad que fue aportado como prueba.
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) brindó detalles sobre la declaración tomada por la entidad en 1983 al ex personal de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados.
Además, dio un marco general sobre la última dictadura y sus vínculos con la Iglesia y los grupos económicos.
“Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido un capellán”, declaró Verbitsky.
Añadió que “la función del capellán es la asistencia espiritual, pero hubo muchos testimonios de que además de esa asistencia a policías y militares, también participaban en interrogatorios a personas privadas de su libertad”.
En esa línea, explicó que los representantes eclesiales “incluso participaban en los interrogatorios y pedían que colaboraran con sus captores a cambio de no ser castigados”.
En cuanto a la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, el periodista puntualizó que “la zona industrial de Rosario es una de las más castigadas”, y que la represión “se profundiza con el comienzo de la dictadura”.
Explicó que la represión “consistía en secuestros y asesinatos, detenciones policiales que luego del golpe del 76 se convirtieron en desapariciones forzadas”.
“En cuanto a la participación empresarial, las dos principales son Acindar y Techint”, dijo en relación a las firmas ubicadas en la provincia de Santa Fe.
“En la primera había un destacamento policial que funcionaba adentro de la empresa, y había una confusión entre la empresa privada y el Estado. La empresa denunciaba trabajadores y el Estado los desaparecía”, completó.
Y aclaró que “la mayoría eran trabajadores sindicalizados y no militantes de la guerrilla”.
También declaró en la audiencia de este jueves Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén Tito Messiez, cuyo caso se ventila en el juicio oral.
Contó que su padre fue secuestrado el 22 de agosto de 1977 en una imprenta del centro de Rosario, al que fue a buscar un trabajo que “tenía que ver con su militancia partidaria” porque “estaba a cargo del aparato de propaganda del PC provincial”.
Relató que tras el secuestro la familia pudo reconstruir parte de lo ocurrido y que su padre habría sido llevado a la localidad de Granadero Baigorria, donde funcionó el centro clandestino de detenciones conocido como “La Calamita”.
La Calamita formó parte del circuito represivo que durante la última dictadura estaba bajo la órbita del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario, cuyos integrantes también operaron en otros cuatro centros clandestinos.
En la causa Guerrieri II están imputados Pascual Guerrieri; Daniel Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Alberto Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera.
En el juicio oral iniciado el 9 de agosto pasado se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos contra 27 víctimas, entre ellas 14 que fueron asesinadas.
Fuente:RedaccionRosario
Verbitsky declaró por la causa Guerrieri II
Lo hizo en calidad de testigo. Además dio precisiones sobre los vínculos de la dictadura con la Iglesia y los grupos económicos en la región
El titular del Cels dio precisiones sobre un documento de la entidad que preside que fuera presentado como prueba. Se trata la declaración tomada por la entidad en 1983 al ex personal de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados.
En el mismo sentido brindó algunos detalles sobre la relación de la última dictadura con la Iglesia y los grupos económicos en región.
“Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido un capellán, la función del capellán es la asistencia espiritual, pero hubo muchos testimonios de que además de esa asistencia a policías y militares, también participaban en interrogatorios a personas privadas de su libertad” indicó el periodista. “La zona industrial de Rosario es una de las más castigadas”, y que la represión “se profundiza con el comienzo de la dictadura”, agregó.
“En cuanto a la participación empresarial, las dos principales son Acindar y Techin. En la primera había un destacamento policial que funcionaba adentro de la empresa, y había una confusión entre la empresa privada y el Estado. La empresa denunciaba trabajadores y el Estado los desaparecía”, completó.
“La mayoría eran trabajadores sindicalizados y no militantes de la guerrilla”, concluyó.
Fuente:PoliticaPlus
26.09.2013
También declaro la hijastra del desaparecido dirigente comunista Tito Messiez
Rosario: El presidente del CELS declaró como testigo en la causa Guerrieri II
Tito Messiez. Un comunista desaparecido por su actividad estrictamente política
Rosario.- El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, declaró hoy como testigo ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario en el juicio por la causa Guerrieri II y reconoció un documento de la entidad que fue aportado como prueba. Verbitsky ofreció detalles sobre la declaración tomada por el CELS en 1983 al agente de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados. Luego dio su testimonio una hijastra del desaparecido dirigente comunista Rubén "Tito" Messiez.
También declaro la hijastra del desaparecido dirigente comunista Tito Messiez
Rosario: El presidente del CELS declaró como testigo en la causa Guerrieri II
Rosario.- El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, declaró hoy como testigo ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario en el juicio por la causa Guerrieri II y reconoció un documento de la entidad que fue aportado como prueba. Verbitsky ofreció detalles sobre la declaración tomada por el CELS en 1983 al agente de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados. Luego dio su testimonio una hijastra del desaparecido dirigente comunista Rubén "Tito" Messiez.
Verbitsky ofreció además un marco general sobre la última dictadura y sus vínculos con la Iglesia y los grupos económicos.
"Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido un capellán", declaró Verbitsky.
Añadió que "la función del capellán es la asistencia espiritual, pero hubo muchos testimonios de que además de esa asistencia a policías y militares, también participaban en interrogatorios a personas privadas de su libertad".
En esa línea, explicó que los representantes eclesiales "incluso participaban en los interrogatorios y pedían que colaboraran con sus captores a cambio de no ser castigados".
En cuanto a la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, el periodista puntualizó que "la zona industrial de Rosario es una de las más castigadas", y que la represión "se profundiza con el comienzo de la dictadura".
Explicó que la represión "consistía en secuestros y asesinatos, detenciones policiales que luego del golpe de 1976 se convirtieron en desapariciones forzadas".
"En cuanto a la participación empresarial, las dos principales son Acindar y Techint", dijo en relación a las firmas ubicadas en la provincia de Santa Fe.
"En la primera había un destacamento policial que funcionaba adentro de la empresa, y había una confusión entre la empresa privada y el Estado. La empresa denunciaba trabajadores y el Estado los desaparecía", completó.
Y aclaró que "la mayoría eran trabajadores sindicalizados y no militantes de la guerrilla".
También declaró en la audiencia de hoy Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén 'Tito' Messiez, cuyo caso se ventila en el juicio oral.
Contó que su padre fue secuestrado el 22 de agosto de 1977 en una imprenta del centro de Rosario, a la que fue a buscar un trabajo que "tenía que ver con su militancia partidaria" porque "estaba a cargo del aparato de propaganda del PC provincial".
Relató que tras el secuestro, la familia pudo reconstruir parte de lo ocurrido y que su padre habría sido llevado a la localidad de Granadero Baigorria, donde funcionó el centro clandestino de detenciones conocido como "La Calamita".
"La Calamita" formó parte del circuito represivo que durante la última dictadura estaba bajo la órbita del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario, cuyos integrantes también operaron en otros cuatro centros clandestinos.
En la causa Guerrieri II están imputados Pascual Guerrieri; Daniel Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Alberto Pelliza; Ariel López; Andrés
Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera.
En el juicio oral iniciado el 9 de agosto pasado se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos contra 27 víctimas, entre ellas 14 que fueron asesinadas.
Fuente:Telam
Viernes, 27 de septiembre de 2013
El juicio oral Guerrieri II ventiló la desaparición de Tito Messiez
El juicio por la causa Guerrieri II continuó ayer con las declaraciones de Alicia Bernal, hija del militante del Partido Comunista (PC) desaparecido Tito Messiez; la también integrante de esa...
Por Jorge Kaplan
Bernal explicó que Messiez estaba en pareja con su madre —ya fallecida— desde que tenía tres años. Ayer, la mujer dio cuenta de la persecución que sufrió su padre por su militancia política, y cómo afectó también a toda su familia. En ese sentido, relató una detención de Messiez en Tucumán durante la dictadura de Onganía y luego un ataque a la vivienda familiar en Rosario ya durante el gobierno de Isabel Perón. En ese caso, un grupo de tareas —en ese momento ya tenía plena operatividad la Triple A— irrumpió en el domicilio y los tres tuvieron que escaparse por los techos. La casa fue saqueada.
En los hechos específicos que desembocaron en la desaparición de Messiez, Bernal —que entonces era adolescente— recordó que el 20 de agosto de 1977 su padre se dirigió a "una copistería llamada La Manija a retirar un trabajo vinculado con la propaganda partidaria, pero le dicen que no estaba listo y que vuelva en dos días". El 22 de agosto de 1977 Messiez desapareció. Según diversos testimonios, la familia pudo reconstruir que la maniobra fue urdida por los represores que obligaron a las propietarias del negocio a colaborar. Señaló que "mi madre tuvo oportunidad de hablar con Sara Peralta, una de las dueñas de La Manija, quien le termina haciendo esta confesión. Que ese día 22 el lugar estuvo tomado por personal del Comando, que ellas estuvieron todo el tiempo encerradas".
Añadió que el secuestro fue presenciado también por "Margarita Cirivillo cuando iba a la confitería que estaba al lado de La Manija (en Entre Ríos y Córdoba), ve que dos o tres personas interceptan a otra de la que nunca se va a olvidar la expresión de su cara, dice ella".
Bernal también dio cuenta de un hecho que indica que su padre fue llevado al centro clandestino de detención La Calamita, en Granadero Baigorria. "Una compañera escuchó en su casa una conversación entre quien era el novio de su hija y un amigo, que era un soldadito, que le dice sobre el comunista llevado a la quinta de Granadero Baigorria. Ese soldadito muchos años después supimos que era el PCI (personal civil de inteligencia) Juan José Vragnisan, en ese momento chofer del general Juvenal Pozzi", apuntó.
Ese diálogo también fue confirmado ayer ante el Tribunal por Susana Gómez, militante del PC que estuvo secuestrada en El Pozo.
Bernal señaló que "la dirección del PC se entrevistó con (el fallecido ex comandante de operaciones del Ejército, Julián) Gazari Barroso, quien les contestó que no sabía nada" y amenazó que "no se atrevieran a volver a molestarlo por ese tema".
Bernal recordó el testimonio del imputado Eduardo Costanzo, quien afirmara que "en el secuestro de Messiez intervinieron (los acusados) (Juan) Cabrera, (Ariel) Porra y (Carlos) Sfulcini, quienes lo llevaron a La Calamita, y que Cabrera lo torturó durante cinco horas. También se recordó el testimonio del represor y miembro de la patota Gustavo Bueno en su declaración ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que reconoce que Messiez estuvo en La Calamita. Bueno fue detenido en 2009 en Brasil por Interpol, pero aún no se resolvió su extradición.
Esa fue la principal razón de la testimonial de Verbitsky, actual presidente del Cels, quien corroboró la declaración que hiciera el represor ante el organismo. Pero además, el periodista hizo un amplio panorama contextual de los hechos en términos históricos y políticos, y los roles del poder económico y la estructura de la Iglesia católica, datos que, afirmaron las querellas, servirán como elementos de prueba a desarrollar en otras causas en curso.
Fuente:laCapital
IMÁGENES DE LA JORNADA
"EL AGUANTE"
Fotos: Laura Elena Tasada
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