Procesan por espionaje a Yofre y compañía
Un círculo cercado
Por Franco Mizrahi
12.09.2013
Espías y periodistas están a un paso del juicio oral por realizar campañas sucias contra políticos y magistrados. Los lazos con el establishment.
Un círculo cercado
Por Franco Mizrahi
12.09.2013
Espías y periodistas están a un paso del juicio oral por realizar campañas sucias contra políticos y magistrados. Los lazos con el establishment.
Líder. Juan Bautista “Tata” Yofre, jefe de la red de espías
En un desliz, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, reveló durante una entrevista, publicada el 1 de septiembre, la existencia de un grupo de poder que pretende condicionar al gobierno nacional. Lo llamó el “Círculo Rojo”. Críptico, el alcalde explicó que aquella organización está constituida por “distintas personas del mundo del hacer, del pensar” que proyectan una Argentina con un kirchnerismo acotado. Para lograr su objetivo, no dudaron en proponerle a Macri en 2011 cerrar filas con el ex presidente Eduardo Duhalde y en los últimos tiempos con el espacio del intendente de Tigre, Sergio Massa. El diputado nacional por el Pro, Federico Pinedo, fue aún más lejos en la descripción del círculo y reveló que está integrado por “personas que están muy politizadas. Periodistas, intelectuales, empresarios”. El 23 de agosto pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de ocho personas que constituyeron una organización que bien podría ser una célula del tan mentado círculo. Se trata de la red de espionaje ilegal liderada por el ex jefe de la SIDE menemista y periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, cuyas terminales desembocaban en formadores de opinión como el columnista del diario La Nación Carlos Pagni y el ex director del diario Ámbito Financiero y columnista del semanario Perfil Roberto García, ambos procesados por encubrimiento agravado.
La Sala I de la Cámara confirmó –el fallo se conoció recién el 9 de septiembre– que Yofre lideró una asociación ilícita dedicada a robar información de correos electrónicos de funcionarios del Estado que luego comercializaba. La empresa criminal estuvo vigente al menos desde agosto de 2006 hasta junio de 2008. “Se tiene comprobada la presencia necesaria de al menos tres individuos, que bajo las órdenes de Yofre interferían casillas de correos de distintos funcionarios públicos con el fin de hacerse de información reservada. Cabe agregar que la punición de la organización resulta admisible por la especial peligrosidad que entraña su propia existencia”, consideraron los camaristas.
Los jueces aludían a los “tres brazos ejecutores” que tenía el ex Señor 5: Héctor Alderete, director del portal Seprin; Pablo Carpintero, ex agente de la SIDE y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y el agente de inteligencia Iván Velázquez. Se trata de quienes ingresaban a los e-mails de las víctimas en forma clandestina utilizando un software especial para tareas de espionaje.
La Cámara confirmó los procesamientos de los dos primeros como integrantes de la banda. Por caso, durante los allanamientos realizados en domicilios de Alderete se encontraron “programas que permitirían la intrusión en equipos o cuentas de correo; a lo que cabe adunar la referencia en su currículum vitae acerca de sus ‘conocimientos de hacker y seguridad informática’”, se lee en la resolución judicial. Incluso se le secuestró un diskette en el que ofrecía “el control electrónico de correos”. En los mismos domicilios se encontraron las direcciones de correo de Felipe Solá, Alberto Fernández y Aníbal Ibarra. Por su parte, Carpintero se presentaba como gerente de la firma “ICG Consultora”, vinculada a la seguridad, y según su currículum realizó cursos en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Velázquez permanece prófugo de la Justicia.
Entre los blancos políticos –también fueron infiltrados los correos electrónicos de integrantes de la farándula pero dicho caso se sigue en una causa paralela– figuraron: la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el entonces vicepresidente, Daniel Scioli; el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la ex ministra de Defensa Nilda Garré y el ex canciller Jorge Taiana, entre otros.
El “microemprendimiento criminal”, según estableció la jueza federal Sandra Arroyo Salgado –quien instruyó la causa–, se completaba con quienes usufructuaban la información robada: el general retirado Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército en los gobierno de Fernando de la Rúa y Duhalde; Carlos Pagni, columnista del diario La Nación; Roberto García, columnista del semanario Perfil y ex director de Ámbito Financiero; Edgar Mainhard, director del portal Urgente24, y el empresario Néstor Ick. Se trata de los clientes que “a sabiendas de su origen” compraban la información que les procuraba Yofre, quien les depositaba la mercancía robada en correos especialmente abiertos para la ocasión (Carlos Orlando Pagni accedía a las cuentas flavioboscolo2005@yahoo.it y ronaldodosanto10@yahoo.com.br; Roberto Ángel García a Mariela50@gmail.com y mariab1988@gmail.com). La Cámara confirmó sus procesamientos por “encubrimiento agravado reiterado”.
Muchos de los datos jaqueados eran utilizados para “operaciones mediáticas”.
La Cámara resaltó tres hechos que “pudieron haber producido interferencias o perturbaciones sustanciales en la vinculación política o diplomática de la Nación con otro Estado, afectando en definitiva sus intereses en materia de relaciones exteriores”. Hacía referencia a la posibilidad de sancionar a empresas que desarrollaran actividades económicas en Malvinas, a los análisis de las opiniones de los kelpers, y a las mediciones de la plataforma continental.
“Se concluye de este modo que se buscó y procuró noticias, documentos e informaciones que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación, a partir del acceso no autorizado a los correos electrónicos de funcionarios y reparticiones oficiales (…)”, consideraron los camaristas Marcelo Fernández, Hugo Fossati y Lidia Soto.
Además de Pagni y García, entre los beneficiarios de la información figura Reimundes. El general retirado comparte la dirección de la empresa Plus Comunicación SRL con Eduardo Hernán Alfonso, quien según sus propias palabras integró el equipo de comunicación de la campaña de Mauricio Macri a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es hijo del general de brigada retirado del Ejército Eduardo Alfonso, quien está prófugo de la Justicia, imputado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Alfonso padre –también secretario del Ejército en los gobiernos de De la Rúa y Duhalde– fue gerente de la firma hasta el 2004.
Plus Comunicación tiene diversos objetos sociales entre los que sobresalen el asesoramiento integral en temas referentes a la comunicación, el diseño de la imagen y las relaciones públicas y en temas de reformas del Estado así como en la obtención de fuentes de financiamiento para proyectos en el ámbito nacional e internacional. En su sitio web, actualmente “en renovación”, se había publicado el año pasado una amplia cartera de clientes, entre los que se destacaban el Jockey Club y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, tal como reveló esta revista en la nota “La Odessa de los genocidas de la dictadura”.
Reimundes es un antiguo operador político del Ejército que supo explotar su destino como agregado militar en la embajada argentina en Washington y se convirtió en un próspero empresario. Entre sus amigos se destaca Jorge “Fino” Palacios, ex comisario de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, procesado justamente por montar una red de espionaje con recursos del Estado porteño, gestionado por Macri, quien también debe rendir cuentas con la Justicia por esta cuestión.
Claro, Yofre supo a quién contactar. No es un novel en materia de inteligencia –entre 1989 y 1990 ejerció por seis meses la jefatura de la ex SIDE– y construyó su carrera periodística en base a aceitados vínculos con el poder. En su libro El Jefe. Vida y obra de Carlos Menem, Gabriela Cerruti escribió que Yofre “en 1983 fue el autor de la denuncia del ‘Pacto sindical-militar’ y desde 1985 fue empleado de la firma Bunge & Born”. Luego sería embajador en Panamá y Portugal. En 1998 el ex de Adriana Brodsky –así llegó a firmar algunos de sus correos con los espías– volvió a las redacciones a ejercer el periodismo. En los últimos tiempos logró difundir su pensamiento en una serie de libros de temática setentista que fueron un éxito de ventas.
Fuente:Veintitres
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