entrevista a graciana peñafort colombi
"Seremos ciudadanos más reflexivos y democráticos"
Voz del Estado ante la Corte, analiza el pasado y futuro de la Ley de Medios, que cumple el jueves cuatro años de su sanción.
Por: Gustavo Montiel
Peñafort, quien actualmente presta funciones en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, también integró el equipo que argumentó la posición del Estado en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para profundizar el análisis sobre la constitucionalidad –o no– de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la norma, objetados por el Grupo Clarín y suspendidos, también desde hace cuatro años, por la "justicia cautelar".
–¿Cuál es su balance de la aplicación de la LSCA?
–En primer término, tengo un balance muy positivo, incluso antes de la sanción de la ley, con el sistema de debate democrático. Creo que el tratamiento de esta norma de parte de la sociedad puso en evidencia un debate que la democracia argentina se debía, que consistía en la situación de la información en el país y cómo incidía en la concentración mediática. Este debate es muy rico y continúa en la actualidad. Incluso, creo que la ciudadanía es hoy una audiencia más informada y con más juicio crítico. Porque ya aprendimos que no es como decía mi abuela, que "era cierto porque lo vi en televisión". Por otro lado, en la aplicación objetiva, toda ley implica un largo proceso de ordenamiento, y creo que sigue habiendo una paulatina incorporación de todas aquellas herramientas que permiten hacer más plena y efectiva su aplicación, desde los llamados a normalización de frecuencias de radio hasta el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), el mecanismo por el cual se van a financiar contenidos específicos. Recientemente, además se incorporó el sistema IPTV (NdR: televisión por Internet), es decir la ley va adoptando las nuevas tecnologías que hacen a la democratización de las comunicaciones. Creo que la ley se ha ido implementando con los tiempos que implica un cambio de paradigma. Esta no es una reforma cosmética. Por supuesto, uno siempre quiere más, cambios más profundos, pero lo importante es que no se cometan errores en la implementación. Desde ese punto de vista, yo veo una ley que se va implementando, y que tal vez lo más complejo que tiene es que, a punto de cumplirse cuatro años de su sanción, seguimos explicando que está vigente. Creo que cada licencia nueva, cada cooperativa que brinda cable, cada proceso de normalización exitoso da buena cuenta de que la ley se está aplicando. Que esto no sea visibilizado ya es arena de otro costal.
–En términos generales, ¿en qué aspectos evalúa que falta avanzar?
–Todo depende de la vara con la que se mida. Uno siempre desea hacer más. Hay que seguir con el camino que se está recorriendo, de ordenar e implementar la ley. Para mí es muy importante reabrir los concursos, a los fines de tener mayor pluralidad, sobre todo en materia de televisión abierta, aprovechando la estructura ya existente de la TDA (NdR: Televisión Digital Abierta). Otra cosa que hay que hacer es visibilizar la tarea de los organismos creados. El otro día estuve junto con la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien me contó que estaba haciendo audiencias en todo el país, donde participaron más de 1500 personas. También las tareas del Consejo de la Infancia, del Consejo Federal, si son organismos que mejoran los niveles de democracia en materia de comunicación audiovisual, deberían ser más visibilizados. La libertad de expresión y los medios de comunicación son una herramienta esencialmente de los ciudadanos. Hay un tema que no es menor: esta ley no se aplica en beneficio de un gobierno, de un Estado, de una ciudad o de una provincia. Es una ley que se aplica en beneficio de todos los ciudadanos.
–¿Qué implica un eventual fallo negativo respecto de la constitucionalidad de los cuatro artículos objetados por el Grupo Clarín?
–Sería un fallo negativo a los artículos referidos a la concentración mediática, porque tengamos en claro que el resto de la ley no está cuestionada. Implicaría, en primer término, que volveríamos a tener vigente, para el grupo (empresario) más concentrado, un sistema que es una mala mezcla de normas de la dictadura más lo que nos dejó el neoliberalismo, y que permitió lo que los expertos llaman "procesos de concentración conglomeral más importantes de la región". En segundo lugar, seguiría habiendo prestadores casi monopólicos, donde no sería posible las regulación de precios ni tampoco tener opciones comunicaciones, que sumen pluralidad. Esto significa que en muchos lugares seguirá habiendo un solo prestador que va a cobrar lo que quiere, que no obedece necesariamente la regulación que sí obedecen el resto de los prestadores. Pero, además, creo que significaría la frustración de un debate importante respecto de cómo se articulan en la democracia los intereses de los poderes económicos. Y sería, en términos simbólicos y no tan simbólicos, una derrota importantísima ya no a un gobierno, sino a una democracia que aún hoy sigue dando pelea por profundizarse y hacerse más participativa.
–¿Qué avances hubo en estos cuatro años en materia de producción de contenidos?
–La producción de contenidos es uno de los ejes esenciales de la nueva ley. No hay democratización posible de las comunicaciones sin producción de contenidos, y, en este sentido, desde el reciente Fondo Concursable hasta el BACUA (NdR: Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino), los contenidos promovidos a través del INCAA implicaron una fuerte inversión por parte del Estado para generar una industria cultural que apunta a la producción de contenidos.
–¿Qué implica esta ley para las cooperativas, y su posibilidad de brindar servicios de comunicación audiovisual?
–Lo primero que quiero resaltar acá es lo arbitrario que resultaba que las organizaciones sin fines de lucro no pudieran brindar servicios de comunicación audiovisual, algo que ya había sido decretado inconstitucional, inclusive por esta Corte Suprema, con su actual conformación. La incorporación del sector sin fines de lucro, y en particular de las cooperativas, además de ser la materialización de un reclamo hecho durante tantos años, implica la posibilidad de nuevos prestadores que demuestran que es viable otra forma de hacer efectivo el derecho a la comunicación. En este sentido bastaría ver que cuando empiezan a surgir otros competidores, en este caso las cooperativas, los precios comienzan a adecuarse, con más opciones en las distintas localidades. Uno de los logros más importantes que se consiguieron en estos años por la aplicación de la ley es la incorporación de las cooperativas. Entendamos dónde se ubican las cooperativas, no precisamente en la zonas centrales del país. Además esta ley implicó el fin de la persecución a los cooperativistas –hubo empresas que incluso los denunciaron– y eso me parece una enorme ganancia en términos democráticos.
–¿Qué expresión de deseos reserva para este jueves, cuando se conmemore el cuarto aniversario de esta ley?
–Tengo una profunda esperanza en que la Corte va a actuar con responsabilidad institucional y va a permitir un mundo plural en lo mediático en la Argentina. Pero además creo que esa responsabilidad institucional no sólo es de la Corte y del Estado, también es de nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos la obligación de no resignarnos ni acomodarnos a un mundo concentrado y convertirnos en personas con criterio de apreciación de lo mediático y con capacidad de producción. Espero que este debate que empezó con la ley, y que todavía no se agotó, permita eso: convertirnos en ciudadanos más reflexivos, además de democráticos. La reflexión también implica la obligación de escuchar y de entender al otro.
Fuente:TiempoArgentino
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