Afrouruguayos rinden homenaje a Mandela con marchas de tambores en anti-Día de la Raza
Organizaciones afrouruguayas rinden hoy homenaje al líder surafricano Nelson Mandela mediante "marchas de tambores" en el centro de Montevideo y en las ciudades de Artigas y Salto.
Viernes 11 de octubre de 2013- La República
Néstor Silva, directivo de Mundo Afro, sostuvo que, además, se conmemora en esta fecha para demostrar el contrasentido de festejar un 12 de octubre como el Día de la Raza.
“Último Día de Libertad Africana”
La organización conmemora hoy el “Último Día de Libertad Africana”, en vez del Día de la Raza (12 de octubre), fecha del inicio del proceso de colonización de los pueblos, que produjo la trata transatlántica de africanos como esclavos.
Susana Andrade, del Grupo Atabaque, planteó que “es hora de quitar del calendario nacional la denominación racista Día de la Raza usada para el feriado del 12 de octubre, en la cual se buscó -dijo- marcar la superioridad de la llamada raza europea.
Agregó que “esta idea, surgida de varios colectivos, ya es proyecto de ley en Uruguay, próximo a pasar a debate del plenario parlamentario”.
Varios grupos desfilaron también la víspera con tambores y se concentraron en la Plaza Libertad, de Montevideo.
Los organizadores anunciaron otro desfile de tambores para mañana sábado por el popular Barrio Sur de la capital, para recordar, entre otras reivindicaciones, la brecha racial aún existente en Uruguay. PL
Injustificada demora de la corte ante las firmas de Tacuarembó
Organizaciones afrouruguayas rinden hoy homenaje al líder surafricano Nelson Mandela mediante "marchas de tambores" en el centro de Montevideo y en las ciudades de Artigas y Salto.
Viernes 11 de octubre de 2013- La República
Néstor Silva / legadoafro.bligoo.com
Mundo Afro señaló que el reconocimiento a Mandela es por su contribución a “la unidad y liberación de África y por su aporte mundial a la paz, resolución de conflictos, relaciones interraciales y derechos humanos”.Néstor Silva, directivo de Mundo Afro, sostuvo que, además, se conmemora en esta fecha para demostrar el contrasentido de festejar un 12 de octubre como el Día de la Raza.
“Último Día de Libertad Africana”
La organización conmemora hoy el “Último Día de Libertad Africana”, en vez del Día de la Raza (12 de octubre), fecha del inicio del proceso de colonización de los pueblos, que produjo la trata transatlántica de africanos como esclavos.
Susana Andrade, del Grupo Atabaque, planteó que “es hora de quitar del calendario nacional la denominación racista Día de la Raza usada para el feriado del 12 de octubre, en la cual se buscó -dijo- marcar la superioridad de la llamada raza europea.
Agregó que “esta idea, surgida de varios colectivos, ya es proyecto de ley en Uruguay, próximo a pasar a debate del plenario parlamentario”.
Varios grupos desfilaron también la víspera con tambores y se concentraron en la Plaza Libertad, de Montevideo.
Los organizadores anunciaron otro desfile de tambores para mañana sábado por el popular Barrio Sur de la capital, para recordar, entre otras reivindicaciones, la brecha racial aún existente en Uruguay. PL
Injustificada demora de la corte ante las firmas de Tacuarembó
En un acontecimiento sin precedentes en el país, la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua hizo entrega a la Junta Departamental, el pasado 27 de junio, de las más de 13.000 firmas de ciudadanos de aquella jurisdicción que solicitan que se declare su territorio libre de minería metalífera a cielo abierto o, en su defecto, que se convoque a un plebiscito para decidir por si o por no esa proposición.
La Comisión Tacuarembó por la vida y el agua quiere expresar su preocupación ante las autoridades competentes y la opinión pública en general, por las demoras que entendemos injustificadas por parte de la Corte Electoral, en habilitar el procedimiento de plebiscito departamental para que los tacuaremboenses podamos decidir si queremos o no minería a cielo abierto.
Ya han transcurrido 3 meses de aquel 27 de junio pasado, en que nuestro colectivo acompañado de una multitud de ciudadanos, entregó más de 13.000 firmas al presidente de la Junta Departamental y que posteriormente fueron trasladadas a la Corte Electoral la cual tiene que habilitar el procedimiento.
Sin embargo, a pesar de la paciente espera de los vecinos de Tacuarembó, La Corte solo responde con un llamativo silencio. Nuestro grupo ante la consulta permanente de los vecinos sobre cuando se iba a realizar el plebiscito, se siente responsable de dar una respuesta clara a la población.
Esta demora es también a la propia Junta Departamental de Tacuarembó, que como organismo de gobierno departamental, recibió las papeletas y quedo a la espera del accionar de la Corte, sin poder continuar con el procedimiento establecido por el artículo 305 de la Constitución.
Exigimos una rápida respuesta a los vecinos de Tacuarembó, que se lo merecen por su actitud ciudadana ejemplar, de querer informarse, discutir y decidir con libertad, pero también se lo merece la democracia.
Entendemos que las demoras excesivas de La Corte no le hacen bien a nuestro sistema republicano ya que perjudican la confianza que como ciudadanos deseamos tener siempre de los organismos del Estado. Porque como dijo Artigas:
“Las causas de los pueblos no admiten la menor demora”.
Contactos: Julio Bonino 094 626 284
Daniela Pirez 099 836 062
Sebastián Ríos 098 134 078
ADN Rural: No son familia
Revienta caballos | Columna de opinión.- La Diaria
La Asociación Rural del Uruguay habló de todo en el cierre de la Expo Prado 2013. Aplaudió a propios y criticó al resto. Entre otras cosas, la gremial cuestionó la campaña “los derechos de los trabajadores rurales asalariados no son paye, son ley”, que desarrolla el Ministerio de Trabajo junto a IMPO. La campaña consiste en la divulgación -por televisión, radio, folletería y afiches-, de los derechos que tienen los asalariados rurales, para que el trabajador y el patrón se informen y sepan.
La ARU considera que estas campañas “predisponen a la confrontación” y que “flaco favor” se le hace a las relaciones laborales, que en el campo "son correctas y cordiales”. “Siempre tendrán a esta Asociación Rural buscando lo mejor para el trabajador rural y su familia ayudando en su diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su desarrollo económico y personal", agregan.
Filtraciones de agua en el techo y humedad en las paredes de la vivienda del trabajador, paredes sin pintar, falta de frazadas, un botiquín que tiene sólo algodón, personal sin equipos de lluvia, botas de goma, sombrero ni guantes, ningún análisis de potabilidad del agua de consumo humano, problemas en la instalación eléctrica, peligro de accidentes en época de crecientes.
Esto es parte de lo que encontró la Inspección General del Ministerio de Trabajo en la estancia La Tortuga, en Tacuarembó. Hace meses que encontró y dio plazo de 15 días para solucionar los temas. Pero nada. Ahí trabaja un delegado del sindicato y en diciembre de 2012 el patrón despidió a otro delegado, pero debió reintegrarlo. A la ARU le aplica bien aquello “del dicho al hecho…”
“Somos el campo y somos familia”, es la consigna que repiten desde la ARU, como quien dice “los de afuera son de palo”. Y en el afuera quedamos casi todos, porque vale recordar que los dueños de la tierra son muy pocos. Cada vez menos que tienen más.
Durante mucho tiempo parecía instalado en la sociedad que así debía ser. Un tema que es ajeno. Que no nos obligaba. Que no nos comprometía. Y así tolerábamos como sociedad que los peones no sólo fueran los “olvidados de la tierra” sino los grandes excluidos. Fuimos capaces de invisibilizar a cien mil trabajadores. Explicábamos lo inexplicable diciendo que era un tema cultural, que en el campo es así, como si se tratara de una situación consensuada entre partes, un acuerdo entre el patrón y el peón. Como si hubiera opción.
Algunas cosas empezaron a cambiar y no como resultado de cómo se organiza el trabajo ni por la incorporación de tecnología o el desarrollo de la ciencia. Algunas cosas empezaron a cambiar como resultado de la organización y la lucha de los propios trabajadores del campo. Cambios que se podrán sostener y profundizar en la medida que los trabajadores de la ciudad acompañen este proceso, como lo hicieron solidariamente en la movilización del 25 de setiembre invitando a la UNATRA a encabezar la marcha, a compartir el estrado, ocupando un lugar destacado en las proclamas de ese día. Otros cambios demandados desde siempre, en particular respecto a leyes que faltaban y otras que sobraban, han sido resultado de decisiones políticas que se hacen cargo en buena medida de esta histórica deuda social.
La jornada de 8 horas para el peón de campo llegó en 2008, casi 100 años después que para el resto de los trabajadores. ¿Cambió algo en el campo que ahora lo haga posible? No. Siempre fue posible. Los trabajadores rurales acceden al derecho al seguro de paro en 2001. ¿Por qué no antes como el resto de los trabajadores del país? Porque no. Los Consejos de Salarios, donde se definen salarios y categorías laborales se crean en 1943. ¿Por qué la ARU y la Federación Rural pudieron evitar sentarse a la mesa con los sindicatos rurales hasta 2005? El decreto que regula la salud y seguridad en el agro es de 2009. Un decreto de la dictadura establecía que el trabajador de campo que vivía en el establecimiento, en caso de despido podía ser desalojado por la Policía. Recién en 2012 por un nuevo decreto se obliga al patrón a recurrir al Juez en estos casos, como pasa con cualquier ciudadano.
Estos avances no deben hacernos perder de vista lo que todavía falta por hacer, ni el papel que juegan en esos cambios los sindicatos rurales, organizados en las estancias, en las granjas, en los tambos, en los montes, en la caña de azúcar, en el arroz.
Por estos días se discute en la negociación colectiva los salarios que percibirán los peones del campo en los próximos tres años. Son cien mil, más o menos, porque ni siquiera existe una forma de contarlos. El sueldo del peón en una granja es de $ 7.920. A esto hay que hacerle los descuentos. Y ése es el sueldo si le tocó trabajar todo el mes. Porque en el campo no pagan los días que no se trabajan por lluvia o porque el tractor esté roto. Las gremiales que representan a los patrones ofrecen cero por ciento de aumento. Sí. Cero para los próximos tres años. Dicen que les ha ido mal.
Cerramos como empezamos, en la última Expo Prado. Los sindicatos rurales se arrimaron a repartir volantes para difundir “lo que la ciudad no sabe del campo” en un juego de palabras con la consigna de los organizadores “el campo visita la ciudad”. Dos compañeros sacaron entradas pero la ARU se reservó el derecho de admisión y les prohibió el ingreso. “Los hemos filmado desde temprano y ninguno de los que repartía volantes puede entrar”. ¿Ni tan correctas ni tan cordiales las relaciones? No son familia. Ni socios.
La esclavitud terminó hace un buen tiempo por estos pagos. Alguien tiene que decírselos.
La ARU considera que estas campañas “predisponen a la confrontación” y que “flaco favor” se le hace a las relaciones laborales, que en el campo "son correctas y cordiales”. “Siempre tendrán a esta Asociación Rural buscando lo mejor para el trabajador rural y su familia ayudando en su diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su desarrollo económico y personal", agregan.
Filtraciones de agua en el techo y humedad en las paredes de la vivienda del trabajador, paredes sin pintar, falta de frazadas, un botiquín que tiene sólo algodón, personal sin equipos de lluvia, botas de goma, sombrero ni guantes, ningún análisis de potabilidad del agua de consumo humano, problemas en la instalación eléctrica, peligro de accidentes en época de crecientes.
Esto es parte de lo que encontró la Inspección General del Ministerio de Trabajo en la estancia La Tortuga, en Tacuarembó. Hace meses que encontró y dio plazo de 15 días para solucionar los temas. Pero nada. Ahí trabaja un delegado del sindicato y en diciembre de 2012 el patrón despidió a otro delegado, pero debió reintegrarlo. A la ARU le aplica bien aquello “del dicho al hecho…”
“Somos el campo y somos familia”, es la consigna que repiten desde la ARU, como quien dice “los de afuera son de palo”. Y en el afuera quedamos casi todos, porque vale recordar que los dueños de la tierra son muy pocos. Cada vez menos que tienen más.
Durante mucho tiempo parecía instalado en la sociedad que así debía ser. Un tema que es ajeno. Que no nos obligaba. Que no nos comprometía. Y así tolerábamos como sociedad que los peones no sólo fueran los “olvidados de la tierra” sino los grandes excluidos. Fuimos capaces de invisibilizar a cien mil trabajadores. Explicábamos lo inexplicable diciendo que era un tema cultural, que en el campo es así, como si se tratara de una situación consensuada entre partes, un acuerdo entre el patrón y el peón. Como si hubiera opción.
Algunas cosas empezaron a cambiar y no como resultado de cómo se organiza el trabajo ni por la incorporación de tecnología o el desarrollo de la ciencia. Algunas cosas empezaron a cambiar como resultado de la organización y la lucha de los propios trabajadores del campo. Cambios que se podrán sostener y profundizar en la medida que los trabajadores de la ciudad acompañen este proceso, como lo hicieron solidariamente en la movilización del 25 de setiembre invitando a la UNATRA a encabezar la marcha, a compartir el estrado, ocupando un lugar destacado en las proclamas de ese día. Otros cambios demandados desde siempre, en particular respecto a leyes que faltaban y otras que sobraban, han sido resultado de decisiones políticas que se hacen cargo en buena medida de esta histórica deuda social.
La jornada de 8 horas para el peón de campo llegó en 2008, casi 100 años después que para el resto de los trabajadores. ¿Cambió algo en el campo que ahora lo haga posible? No. Siempre fue posible. Los trabajadores rurales acceden al derecho al seguro de paro en 2001. ¿Por qué no antes como el resto de los trabajadores del país? Porque no. Los Consejos de Salarios, donde se definen salarios y categorías laborales se crean en 1943. ¿Por qué la ARU y la Federación Rural pudieron evitar sentarse a la mesa con los sindicatos rurales hasta 2005? El decreto que regula la salud y seguridad en el agro es de 2009. Un decreto de la dictadura establecía que el trabajador de campo que vivía en el establecimiento, en caso de despido podía ser desalojado por la Policía. Recién en 2012 por un nuevo decreto se obliga al patrón a recurrir al Juez en estos casos, como pasa con cualquier ciudadano.
Estos avances no deben hacernos perder de vista lo que todavía falta por hacer, ni el papel que juegan en esos cambios los sindicatos rurales, organizados en las estancias, en las granjas, en los tambos, en los montes, en la caña de azúcar, en el arroz.
Por estos días se discute en la negociación colectiva los salarios que percibirán los peones del campo en los próximos tres años. Son cien mil, más o menos, porque ni siquiera existe una forma de contarlos. El sueldo del peón en una granja es de $ 7.920. A esto hay que hacerle los descuentos. Y ése es el sueldo si le tocó trabajar todo el mes. Porque en el campo no pagan los días que no se trabajan por lluvia o porque el tractor esté roto. Las gremiales que representan a los patrones ofrecen cero por ciento de aumento. Sí. Cero para los próximos tres años. Dicen que les ha ido mal.
Cerramos como empezamos, en la última Expo Prado. Los sindicatos rurales se arrimaron a repartir volantes para difundir “lo que la ciudad no sabe del campo” en un juego de palabras con la consigna de los organizadores “el campo visita la ciudad”. Dos compañeros sacaron entradas pero la ARU se reservó el derecho de admisión y les prohibió el ingreso. “Los hemos filmado desde temprano y ninguno de los que repartía volantes puede entrar”. ¿Ni tan correctas ni tan cordiales las relaciones? No son familia. Ni socios.
La esclavitud terminó hace un buen tiempo por estos pagos. Alguien tiene que decírselos.
Antonio Rammauro
Dossier del Blog El Muerto
El "colorado" Recagno, Bernardo Arnone, Gerardo Gatti y María Gatti de Islas
Los imputados, 2 bolivianos, 4 peruanos, 12 chilenos y 17 uruguayos, todos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, están acusados por la Fiscalía de Roma por los delitos de homicidio, masacre y secuestro.
Figuraban entre los destinatarios de una petición de enjuiciamiento el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, el ex presidente uruguayo, Juan María Bordaberry Arocena, y el ex ministro de Interior de Paraguay, Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, todos fallecidos.
La audiencia comenzará tres años después del cierre de la investigación iniciada en 1998 por el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, en la que se dedicó a recoger información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las operaciones de represión.
La lista inicial de 140 personas, donde figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños y 7 bolivianos, se reduce a una treintena de imputados debido a que varios fallecieron durante la investigación.
El Partido Democrático de Italia (PD) anunció en rueda de prensa que se constituirá como parte civil en el llamado Proceso Cóndor, y que proporcionará asistencia legal a las familias de las víctimas, al tiempo que expresó su intención de facilitar que incluso puedan acudir a Roma para seguir en vivo el juicio.
En esa línea, el secretario del PD, Guglielmo Epifani, dijo que "la batalla para defender los principios de la libertad y la no violencia es tan válida hoy como ayer", y consideró necesaria la labor de su partido para "mantener la memoria del sacrificio de las víctimas italianas", según reseñó la agencia noticiosa EFE.
Italia abrió las investigaciones sobre la estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, a raíz de las denuncias presentadas por familiares de italianos desaparecidos
Por otro lado, el diputado italiano Fabio Porta, presidente del Comité Italianos en el Exterior, agradeció al gobierno de Roma por la decisión de constituirse en parte civil en la primera audiencia del juicio.
"Se trata del primer gran juicio internacional contra esa despiadada operación de policía", añadió, según consignó el sitio uruguayo La República.
La Fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años, a raíz de las denuncias presentadas por familiares de italianos desaparecidos y ahora los imputados serán juzgados en ausencia.
Los bolivianos acusados de los delitos son el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.
Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex comandante del regimiento Tacna Luis Joaquín ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Por otro lado, los acusados uruguayos por la Fiscalía de Roma son los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, Jose Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira.
Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.
La Operación Cóndor, plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En dicho proceso los gobiernos intercambiaban información y cooperaban operativamente para el secuestro y asesinato de miles de personas, incluyendo ciudadanos italianos.
Los represores que en Uruguay están impunes, en Italia son juzgados .
Los acusados uruguayos son:
Gregorio Conrado Álvarez Armellino,
José Ricardo Arab Fernández,
Carlos Calcagno Gorlero,
Jose Horacio Gavazzo Pereira,
Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay,
Pedro Antonio Mato Narbondo,
Luis Alfredo Maurente Mata,
Ricardo José Medina Blanco,
Iván Paulós,
Ernesto Avelino Ramas Pereira,
José Felipe Sande Lima,
Jorge Alberto Silveira Quesada,
Ernesto Soca,
Gilberto Valentín Vázquez Bisio,
el exabogado Juan Carlos Blanco
y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín. -
Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.
“El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos”, sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.
“Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, añadió. “No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.
“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el relator. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”.
A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.
“Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas”, sostuvo.
El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró “llamativo” que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.
“Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región”, indicó. “Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido”, añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.
Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.
CASO CERRADO
Lacalle Pou asegura que si es presidente suspende búsqueda de desaparecidos
El diputado y precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou aseguró que suspendería las excavaciones en búsqueda de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), si llegara a ser presidente, para de esa forma “cerrar un capítulo”
Sábado 12 de octubre de 2013 - La República uy
Lacalle Pou / Presidencia
En ese marco, el legislador nacionalista aseguró que en caso de resultar electo presidente de la República, suspenderá las tareas de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, que se vienen realizando por parte del equipo de antropólogos de la Universidad de la Repúblicas, en dependencias militares desde que la izquierda asumió el poder.
“En cuanto a las excavaciones, yo las suspendería, porque creo que hay que cerrar un capítulo”, aseguró el precandidato blanco.
No obstante, reconoció que “hay gente en la que hay que estar en sus zapatos, que siente tristeza, lástima y sentimientos que no son tan lindos y hay que buscar todo lo posible para que esté tranquila”.
Agregó que la obligación social de un gobernante es “pensar en toda la sociedad, y queda claro que estas heridas que se han generado van a dejar cicatrices para ambos lados”.
Lacalle Pou añadió que “es obvio que hace mucho tiempo que pasó, y que hay que hacer un esfuerzo enorme”.
En el mismo sentido, el parlamentario nacionalista indicó: “No creo que tengamos que morirnos todos y que se mueran todos los que estuvieron para que la sociedad pueda reconciliarse”.
Cuando el pasado habla
En 2006, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados en el Batallón Nº 13, los restos del escribano Fernando Miranda, quien había estado reportado en la lista de detenidos desaparecidos.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
Mientras que los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente, fueron encontrados ambos en el Batallón 14, pero en los años 2011 y 2012 respectivamente.
En tanto que el equipo de antropólogos que coordina José López Mazz, retomó el pasado martes 24 de septiembre las excavaciones en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13, de camino de las Instrucciones, en la búsqueda de nuevos restos de desaparecidos durante la dictadura militar.
Polémica por excavacionesMovimiento de tierras
11.10.2013
El precandidato del PN Luis Lacalle Pou anunció que suspendería las excavaciones en búsqueda de desaparecidos si llegara a la Presidencia, para “cerrar un capítulo”. El dirigente de Familiares Oscar Urtazum dijo a Montevideo Portal que los dichos se corresponden con “la derecha que siempre pensó que 'algo habrán hecho'”.
11.10.2013
El dirigente de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos Oscar Urtazum consideró que las expresiones del diputado nacionalista Luis Lacalle Pou sobre la excavaciones en búsqueda de detenidos desaparecidos corresponden a "la derecha que siempre pensó que los desaparecidos 'algo habrán hecho'".
El jueves, durante un acto de la Lista 404, el precandidato a la presidencia anunció que si en caso de ser elector presidente suspendería las tareas de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. "En cuanto a las excavaciones yo las suspendería, porque creo que hay que cerrar un capítulo", afirmó en declaraciones recogidas por Subrayado.
De todas formas, el candidato expresó que "hay gente en la que hay que estar en sus zapatos, que siente tristeza, lástima y sentimientos que no son tan lindos y hay que buscar todo lo posible para que esté tranquila".
Según Lacalle Pou, "la obligación social de un gobernante es pensar en toda la sociedad y queda claro que estas heridas que se han generado van a dejar cicatrices para ambos lados". Al respecto, agregó que "es obvio que hace mucho tiempo que pasó y que hay que hacer un esfuerzo enorme".
El legislador remarcó: "no creo que tengamos que morirnos todos y que se mueran todos los que estuvieron para que la sociedad se pueda reconciliar".
Ante las declaraciones del nacionalista, el dirigente de Familiares Oscar Urtasum dijo que los dichos "no sorprenden", argumentando que su posición "es coherente". De hecho, señaló que se trata de "dos formas de ver la vida del país y la Justicia, y está en contra de nuestra posición".
"Espero que sigan siendo minoría", afirmó Urtazum, para luego citar al escritor José Saramago para calificar ese tipo de postura como proveniente de "enanos morales".
Montevideo Portal
Nacional - INTERNA BLANCALarrañaga se desmarca de Lacalle Pou sobre búsqueda de desaparecidos
El candidato de Todos Hacia Adelante había dicho que suspendería las excavaciones, el de Alianza aseguró que en materia de DDHH “no hay retrocesos”
12.10.2013-Texto: El Observador
En un acto de su sector el jueves, Lacalle Pou había expresado que era necesario “cerrar un capítulo” en ese tema, por lo que suspendería las búsquedas. “Las excavaciones, a priori, las suspendería, porque hay que cerrar un capítulo”, dijo según Subrayado. “Hay gente que siente tristeza, lástima y a veces sentimientos que no son tan lindos, pero que son entendibles y hay que hacer todo lo posible para que esa gente esté tranquila”, agregó.
Este sábado Larrañaga salió a marcar una postura diferente. Consultado en Twitter acerca de tomaría la misma postura que Lacalle Pou si llegara a la presidencia, el precandidato de Alianza expresó: “El Partido Nacional debe ser garante de las conquistas en materia de derechos humanos NO hay lugar a retrocesos”.
“Yo tengo posición una diferente, creo en cumplir con la normativa, con el artículo 4 de la Ley de Caducidad. En nuestro caso lo decimos con mucha firmeza, no podemos, a nuestro juicio, suspender excavaciones para encontrar restos de desparecidos. Estamos ante un derecho humano, es fundamental defenderlo. Ahí tenemos una diferencia con el doctor Lacalle Pou que es clara y que no refiere a terminar o no un capítulo de la historia del país. Es un capítulo vinculado al derecho de familiares, va a ser muy difícil cerrarlo cuando hay sospechas de que puedan existir restos de desparecidos en unidades militares”, dijo Larañaga este sábado a la prensa, a la salida de la Convención Nacional.
El senador del herrerismo Luis Alberto Heber también se refirió al tema: “Los temas de búsqueda de desaparecidos es más de Justicia que de política. Si la Justicia determina que hay que averiguar, todo presidente es ejecutor de esa decisión. Está mucho más en manos de la Justicia. Se puede tener la posición que se quiera, pero el presidente se tiene que someter a dictámenes. Si dicen que hay que escavar se excavará, si hay que abrir investigación por asesinato genocidio y torturas habrá que hacerlo. Es la justicia la que tiene la palabra
“Hemos dicho que de acuerdo en cuanto a que se sepa, que haya investigaciones y un esclarecimiento para gente que aun tiene una herida abierta”, agregó el senador.
En estos días el equipo de antropólogos de Presidencia retomó las búsquedas en el Batallón 13, en base a nuevas informaciones sobre enterramientos clandestinos, en la causa por la búsqueda de los restos de María Claudia Irureta de Gelman.
Cae reestructura en la UTE por presión del sindicato y gerentes
12 oct
AFUSEC
CASARAVILLA: “NO TENGO CAPACIDAD DE PRESENTAR OTRA PROPUESTA”, ADMITIÓ
El sindicato y los mandos medios de UTE le doblaron el brazo del directorio y lo obligaron a dejar por el camino la reestructura funcional que tenía un costo de US$ 40 millones. El plan se venía gestando desde 2008.
El directorio deberá negociar con el sindicato la devolución de los aumentos pagados. Foto: Leonardo Carreño
El Plan Bambú, la reestructura funcional de UTE, fue suspendida ayer por decisión del directorio luego que el sindicato de funcionarios (AUTE) y la asociación de los mandos medios (Aprom) se declararan en contra de los cambios.
Ahora los planes de reestructura deberán esperar que pase el período electoral y asuma un nuevo gobierno, puesto que la Constitución prohíbe la aprobación de nuevos gastos luego del 26 de octubre.
Las medidas distorsivas aplicadas por AUTE alcanzaron todos los sectores de la empresa. La gerencia general de UTE informó al directorio que como consecuencia de la no realización de horas extras no se pudo encender la sexta unidad de la Central Batlle. Por eso en las represas se gastó más agua de lo previsto, lo que afectó las reservas para el verano.
Por el camino quedaron cinco años de trabajo de dos consultoras internacionales de primer nivel que cobraron unos US$ 7 millones a la empresa eléctrica. Ahora el directorio de UTE se enfrenta a una dura negociación con AUTE para definir la forma en que los funcionarios devolverán a la empresa los adelantos salariales a cuenta de la reestructura.
UTE había presupuestado que el costo de la reestructura tendría un costo total de unos US$ 40 millones. Desde que comenzó el proceso de cambios entregó a los funcionarios unas dos terceras partes de ese presupuesto, según datos manejados en el directorio.
Desde el año 2008 UTE emprendió la búsqueda de un nuevo modelo de funcionamiento interno. Para ello contrató a las dos consultoras que analizaron las tareas, remuneraciones y productividad de sus funcionarios y realizaron propuestas para los cambios.
En tal sentido, plantearon la “reestructura funcional de la empresa” y la “valorización de los cargos con la correspondiente consideración salarial”.
También se compararon la tarea de cada cargo y la valoración por resultados. Con esa información se manejaban cambios en los sectores que alcanzaban horarios, tareas, remuneración y grado funcional.
El director de UTE por la oposición, Enrique Antía, aseguró a El País que la reestructura estuvo en manos del presidente de la empresa, Gonzalo Casaravilla, y AUTE.
“Yo siempre me opuse, al directorio llegaba poca información. Acá hubo una mala evaluación desde el principio. Tal vez UTE no precisaba una reestructura, alcanzaba con algunos ajustes porque es la que funciona mejor de las empresas del Estado”, aseguró.
La cercanía del plazo constitucional apuró el conflicto. AUTE se lanzó a tomar medidas y Aprom radicalizó su posición.
Todo indicaba que el conflicto se incrementaría. La empresa anunció al sindicato que procederá a realizar los descuentos por paro distorsivo que fija el decreto 401/008.
“El directorio entendió que había que suspender esto (la reestructura) porque si no se armaba un incendio. Al no estar nadie de acuerdo en UTE no se puede seguir adelante con la tarea”, afirmó Antía a El País.
Tiempo.
“Es un proceso que va a llevar su tiempo, hicimos una propuesta innovadora, ambiciosa y vamos a tener que tomarnos el tiempo de generar entendimientos que satisfagan a la mayoría, porque a todos va a ser imposible”, dijo a El País el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.
Sin embargo, el jerarca destacó que desde el directorio del ente se harán los máximos esfuerzos para intentar llegar a un acuerdo y aprobar la reestructura antes del plazo legal que vence el 25 de octubre.
“UTE hizo una propuesta de reestructura y fue rechazada. No está en mi cancha en este momento el asunto.
Pero nunca voy a rendirme de buscar soluciones y entendimiento”, dijo.
Tras la negativa de AUTE a apoyar la reestructura, Casaravilla afirmó que se seguirá trabajando “hasta que podamos acordar una reestructura que satisfaga razonablemente a las partes. Porque tampoco uno va a trabajar pretendiendo el consenso total en una institución tan compleja como la UTE”
“Hay una propuesta que fue rechazada y creo que es buena para poder seguir trabajando. En este momento, lamentablemente no tengo capacidad de presentar otra, pero no hay que cerrar las puertas”, expresó Casaravilla.
Sorpresa.
El jerarca dijo estar sorprendido por el tono de una carta de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE), que lo cuestionó en duros términos, y dijo que no responderá “agravios”.
“Desconocemos el motivo por el cual el presidente Casaravilla quiere contra toda lógica y desoyendo los reclamos de los distintos colectivos de funcionarios aprobar este Proyecto de Reestructura. ¿Qué motiva al presidente en esta posición intransigente? Probablemente sean razones ajenas a los legítimos intereses de la buena administración”, afirma la carta de Aprom.
Consultado sobre la nota, Casaravilla dijo estar “sorprendido, porque no guarda un estílo recíproco de cómo me he conducido una gestión de la empresa, con un reconocimiento de todas las partes”.
Consideró que hay un “encono” de Aprom porque en el marco de la negociación colectiva UTE negocia con AUTE, “la organización más representativa de los trabajadores”.
“Puedo entender que una de las estrategias de comunicación es el agravio, pero no comparto y no lo voy a devolver”, concluyó Casaravilla.
CLAVES EN LA REFORMA DE UTE
-Las consultoras internacionales propusieron a UTE una reestructura general del organigrama funcional de la empresa.
-Se investigó la tarea específica de cada funcionario y se fijó el precio de su trabajo de acuerdo al interés comercial de la empresa.
-En función de ello se fijaron remuneraciones de acuerdo a los resultados de la tarea específica.
-Se analizaron las características de las jefaturas. En algunos casos se propuso bajar la categoría dirigencial y en otros subirla.
-La asociación de mandos medios sostiene que en UTE las gerencias se determinan “a dedo”
-AUTE dice que se crean “demasiadas” gerencias.
OSE suspendió a 34 obreros por hacer un paro no avalado
El Directorio de OSE resolvió aplicar suspensiones de entre 4 y 15 días a un total de 34 trabajadores de la planta de Aguas Corrientes que a fines del año pasado abandonaron sus funciones en el marco de un conflicto que no tenía respaldo del sindicato.
El vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, explicó a El País que el conflicto dejó sin guardia a la planta de Aguas Corrientes, muy sensible para el funcionamiento del ente dado que es la que garantiza el suministro de agua potable de toda el área metropolitana. OSE no había sido avisada del conflicto y el sindicato tampoco lo reconocía por lo que no se estableció una guardia gremial para garantizar los servicios.
Ante la ausencia del personal, que alegaba estar de paro, OSE comenzó a intimar su presencia. Treinta debían estar de “guardia a la orden”, es decir, en sus domicilios, mientras que cuatro tenían “guardia presencial”.
Ninguno se hizo presente por lo que se iniciaron expedientes para analizar la conducta y establecer las sanciones correspondientes.
Luego de negociar varios meses con el sindicato, que reconoció que el conflicto no tenía su respaldo pero igualmente solicitó el retiro de las sanciones, el Directorio de OSE resolvió mantenerlas.
Quienes tenían guardia a la orden fueron suspendidos por 4 días mientras que quienes tenían asignada la guardia presencial recibieron 15 días de sanción.
“No es posible iniciar un conflicto sin avisar al Directorio de OSE y sin el respaldo del sindicato que suele garantizar las guardias gremiales. Por suerte tenemos un muy buen diálogo con el sindicato, se entendió la situación y las sanciones se mantuvieron porque, además, está claro que esta es una situación que no puede repetirse”, explicó Uriarte.
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Envío:Amarelle
El Plan Bambú, la reestructura funcional de UTE, fue suspendida ayer por decisión del directorio luego que el sindicato de funcionarios (AUTE) y la asociación de los mandos medios (Aprom) se declararan en contra de los cambios.
Ahora los planes de reestructura deberán esperar que pase el período electoral y asuma un nuevo gobierno, puesto que la Constitución prohíbe la aprobación de nuevos gastos luego del 26 de octubre.
Las medidas distorsivas aplicadas por AUTE alcanzaron todos los sectores de la empresa. La gerencia general de UTE informó al directorio que como consecuencia de la no realización de horas extras no se pudo encender la sexta unidad de la Central Batlle. Por eso en las represas se gastó más agua de lo previsto, lo que afectó las reservas para el verano.
Por el camino quedaron cinco años de trabajo de dos consultoras internacionales de primer nivel que cobraron unos US$ 7 millones a la empresa eléctrica. Ahora el directorio de UTE se enfrenta a una dura negociación con AUTE para definir la forma en que los funcionarios devolverán a la empresa los adelantos salariales a cuenta de la reestructura.
UTE había presupuestado que el costo de la reestructura tendría un costo total de unos US$ 40 millones. Desde que comenzó el proceso de cambios entregó a los funcionarios unas dos terceras partes de ese presupuesto, según datos manejados en el directorio.
Desde el año 2008 UTE emprendió la búsqueda de un nuevo modelo de funcionamiento interno. Para ello contrató a las dos consultoras que analizaron las tareas, remuneraciones y productividad de sus funcionarios y realizaron propuestas para los cambios.
En tal sentido, plantearon la “reestructura funcional de la empresa” y la “valorización de los cargos con la correspondiente consideración salarial”.
También se compararon la tarea de cada cargo y la valoración por resultados. Con esa información se manejaban cambios en los sectores que alcanzaban horarios, tareas, remuneración y grado funcional.
El director de UTE por la oposición, Enrique Antía, aseguró a El País que la reestructura estuvo en manos del presidente de la empresa, Gonzalo Casaravilla, y AUTE.
“Yo siempre me opuse, al directorio llegaba poca información. Acá hubo una mala evaluación desde el principio. Tal vez UTE no precisaba una reestructura, alcanzaba con algunos ajustes porque es la que funciona mejor de las empresas del Estado”, aseguró.
La cercanía del plazo constitucional apuró el conflicto. AUTE se lanzó a tomar medidas y Aprom radicalizó su posición.
Todo indicaba que el conflicto se incrementaría. La empresa anunció al sindicato que procederá a realizar los descuentos por paro distorsivo que fija el decreto 401/008.
“El directorio entendió que había que suspender esto (la reestructura) porque si no se armaba un incendio. Al no estar nadie de acuerdo en UTE no se puede seguir adelante con la tarea”, afirmó Antía a El País.
Tiempo.
“Es un proceso que va a llevar su tiempo, hicimos una propuesta innovadora, ambiciosa y vamos a tener que tomarnos el tiempo de generar entendimientos que satisfagan a la mayoría, porque a todos va a ser imposible”, dijo a El País el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.
Sin embargo, el jerarca destacó que desde el directorio del ente se harán los máximos esfuerzos para intentar llegar a un acuerdo y aprobar la reestructura antes del plazo legal que vence el 25 de octubre.
“UTE hizo una propuesta de reestructura y fue rechazada. No está en mi cancha en este momento el asunto.
Pero nunca voy a rendirme de buscar soluciones y entendimiento”, dijo.
Tras la negativa de AUTE a apoyar la reestructura, Casaravilla afirmó que se seguirá trabajando “hasta que podamos acordar una reestructura que satisfaga razonablemente a las partes. Porque tampoco uno va a trabajar pretendiendo el consenso total en una institución tan compleja como la UTE”
“Hay una propuesta que fue rechazada y creo que es buena para poder seguir trabajando. En este momento, lamentablemente no tengo capacidad de presentar otra, pero no hay que cerrar las puertas”, expresó Casaravilla.
Sorpresa.
El jerarca dijo estar sorprendido por el tono de una carta de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE), que lo cuestionó en duros términos, y dijo que no responderá “agravios”.
“Desconocemos el motivo por el cual el presidente Casaravilla quiere contra toda lógica y desoyendo los reclamos de los distintos colectivos de funcionarios aprobar este Proyecto de Reestructura. ¿Qué motiva al presidente en esta posición intransigente? Probablemente sean razones ajenas a los legítimos intereses de la buena administración”, afirma la carta de Aprom.
Consultado sobre la nota, Casaravilla dijo estar “sorprendido, porque no guarda un estílo recíproco de cómo me he conducido una gestión de la empresa, con un reconocimiento de todas las partes”.
Consideró que hay un “encono” de Aprom porque en el marco de la negociación colectiva UTE negocia con AUTE, “la organización más representativa de los trabajadores”.
“Puedo entender que una de las estrategias de comunicación es el agravio, pero no comparto y no lo voy a devolver”, concluyó Casaravilla.
CLAVES EN LA REFORMA DE UTE
-Las consultoras internacionales propusieron a UTE una reestructura general del organigrama funcional de la empresa.
-Se investigó la tarea específica de cada funcionario y se fijó el precio de su trabajo de acuerdo al interés comercial de la empresa.
-En función de ello se fijaron remuneraciones de acuerdo a los resultados de la tarea específica.
-Se analizaron las características de las jefaturas. En algunos casos se propuso bajar la categoría dirigencial y en otros subirla.
-La asociación de mandos medios sostiene que en UTE las gerencias se determinan “a dedo”
-AUTE dice que se crean “demasiadas” gerencias.
OSE suspendió a 34 obreros por hacer un paro no avalado
El Directorio de OSE resolvió aplicar suspensiones de entre 4 y 15 días a un total de 34 trabajadores de la planta de Aguas Corrientes que a fines del año pasado abandonaron sus funciones en el marco de un conflicto que no tenía respaldo del sindicato.
El vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, explicó a El País que el conflicto dejó sin guardia a la planta de Aguas Corrientes, muy sensible para el funcionamiento del ente dado que es la que garantiza el suministro de agua potable de toda el área metropolitana. OSE no había sido avisada del conflicto y el sindicato tampoco lo reconocía por lo que no se estableció una guardia gremial para garantizar los servicios.
Ante la ausencia del personal, que alegaba estar de paro, OSE comenzó a intimar su presencia. Treinta debían estar de “guardia a la orden”, es decir, en sus domicilios, mientras que cuatro tenían “guardia presencial”.
Ninguno se hizo presente por lo que se iniciaron expedientes para analizar la conducta y establecer las sanciones correspondientes.
Luego de negociar varios meses con el sindicato, que reconoció que el conflicto no tenía su respaldo pero igualmente solicitó el retiro de las sanciones, el Directorio de OSE resolvió mantenerlas.
Quienes tenían guardia a la orden fueron suspendidos por 4 días mientras que quienes tenían asignada la guardia presencial recibieron 15 días de sanción.
“No es posible iniciar un conflicto sin avisar al Directorio de OSE y sin el respaldo del sindicato que suele garantizar las guardias gremiales. Por suerte tenemos un muy buen diálogo con el sindicato, se entendió la situación y las sanciones se mantuvieron porque, además, está claro que esta es una situación que no puede repetirse”, explicó Uriarte.
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