Porque tenemos memoria
y sabemos la verdad
luchamos por la justicia
10 de noviembre de 2013
AGUSTIN ROSSI ADELANTO QUE CUALQUIERA PODRA CONSULTAR LAS ACTAS DE LA JUNTA MILITAR-RELACIONADAS.
AGUSTIN ROSSI ADELANTO QUE CUALQUIERA PODRA CONSULTAR LAS ACTAS DE LA JUNTA MILITAR
“Van a ser de libre acceso para todos”
El ministro de Defensa dio detalles del material hallado en el Edificio Cóndor. Dijo que es un “descubrimiento importantísimo que aporta muchísimo a quien quiera investigar lo que sucedió”. Por Nicolás Lantos
Rossi dio la orden de que se intensifique la búsqueda de más material que pueda haber sobre la dictadura. El jueves 31 de octubre pasado, por la tarde, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió en su despacho un llamado “urgente” del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo. El motivo: durante tareas de limpieza en el subsuelo del Edificio Cóndor habían encontrado material que, creían, podía estar relacionado con la última dictadura. Se trataba de 1500 tomos guardados en dos armarios, dos cajas fuertes cerradas y una estantería de tres metros por dos, olvidados durante treinta años en un pasillo poco concurrido, sucios, húmedos pero rescatables. Lo que dio a conocer Rossi cuatro días más tarde, el lunes pasado, es una parte del contenido de apenas seis del millar y medio de biblioratos descubiertos: las actas completas de la Junta que gobernó el país entre 1976 y 1983, quizás el descubrimiento documental más importante sobre ese período que haya tenido lugar desde el regreso de la democracia. Mientras un equipo de especialistas trabaja calificando y clasificando el material, que el 24 de marzo próximo será de público acceso para todos los interesados, el funcionario recibió a Página/12 para hacer una primera evaluación de la novedad.
“Yo destaco que nosotros hayamos llegado a esta información a través del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Esto le da una dimensión cualitativamente distinta a la noticia: por primera vez no se accede a la información a través de una requisitoria judicial o por una investigación propia o por un anónimo, sino que fue el propio jefe de una fuerza quien se comunicó conmigo cuando lo encontraron –destaca Rossi–. Allí es cuando interviene el Ministerio, con un grupo de trabajo encabezado por la directora de Derechos Humanos, Stella Segado; la directora de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Juan Cruz Fernández; con la subsecretaria de esa área, la doctora Fernanda Llobet, que fueron al lugar a anoticiarse del hallazgo y comenzar a trabajar en eso.” –¿Qué importancia reviste el descubrimiento? –Es la primera vez que nosotros tenemos un documento que nos permite conocer qué temas estuvieron a consideración de la Junta Militar, cuáles fueron las posiciones alrededor de cada uno de esos temas, cuál era la mirada que tenía cada uno de los integrantes. Puede ser que haya existido conocimiento de algún acta en términos individuales, en el marco de alguna causa, pero tener las 280 actas de la máxima autoridad del país durante la dictadura, el órgano máximo de conducción, quienes decidían quién era el presidente, es algo inédito. Son 280 actas, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, ordenadas cronológicamente, firmadas por los mismos miembros de la Junta, están las firmas de Videla, de Massera, de Agosti, y un índice temático que permite buscar en qué actas y qué fechas se trató cada asunto. Sin dudas, desde el punto de vista histórico es un descubrimiento importantísimo que aporta muchísimo a quien quiera investigar lo que sucedió en esa época. Y desde el punto de vista político e institucional ahora hay constancia de cuáles eran los temas que llegaban a ser tratados por la Junta Militar. –¿Cómo es que transcurrieron treinta años de democracia sin que se descubrieran esos papeles? –Sinceramente, no lo sé. Lo importante es que después de treinta años hay documentos en buen estado de preservación. Aparecieron en un lugar de tránsito no habitual y uso no habitual. ¿Por qué ahora y no antes? No es una pregunta que pueda resolver con certezas. Puedo hacer conjeturas pero no vale la pena. –¿Está trabajando sobre la hipótesis de que podría existir más material “olvidado” en alguna otra dependencia de las Fuerzas Armadas? –El lunes pasado firmé una resolución que tiene dos artículos. El primero va en ese sentido: instruí a los jefes de cada una de las fuerzas y al jefe de Estado Mayor Conjunto para que se intensifique la requisa en aquellos lugares de uso no habitual. En segundo lugar, le encomendé a la directora nacional de Derechos Humanos para que en el lapso de seis meses haga una calificación y clasificación de todos los documentos que se encontraron, para hacer un back-up digital de toda la información y que en seis meses pueda estar a disposición del público. –¿Habrá algún filtro previo, por motivos políticos o de defensa, sobre qué puede publicarse y qué no? –No, para nada. Una vez que esté ordenado el ciento por ciento de los documentos van a ser de libre acceso para cualquiera. –Además de las 280 actas de la Junta, ¿qué otros documentos relevantes hay entre los tomos encontrados? –Estamos todavía analizando el material, pero están, entre otras cosas, las actas de las reuniones previas a las de la Junta, en las que se reunían los tres secretarios generales de cada una de las fuerzas para elaborar el temario que posteriormente trataría la Junta. Están las listas negras que hemos publicado; están las versiones taquigráficas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. También tenemos unos libros donde se consignaban todos los pedidos que llegaban al Poder Ejecutivo por Mesa de Entradas. Ahora hay que esperar a ver qué más aparece. –Algunos medios cuestionaron que no bien se dio a conocer el descubrimiento, se hizo énfasis en el caso Papel Prensa para perjudicar a Clarín... –La verdad es que nosotros no hicimos hincapié en el tema Papel Prensa, sino que fue la Junta Militar la que hizo hincapié en el tema Papel Prensa. Entre septiembre de 1976 y noviembre de 1977 aparecen trece actas donde se trata la cuestión. De las 36 actas en total, trece representan más de un tercio de las actas de ese período. Es llamativo. Y también es evidente que para la Junta Papel Prensa se trataba en la misma unidad temática que la detención de la familia Graiver. Esto aparece claramente en las actas. –¿Se va a instrumentar algún protocolo especial para compartir esta información o cualquier otra que sea de interés en una causa penal en curso con el Poder Judicial? –A medida que nosotros vayamos clasificando y ordenando la información, vamos a ponerla a disposición del fiscal o juez que así lo requieran. –Luego del anuncio se especuló con que entre los documentos podría aparecer una lista oficial de detenidos desaparecidos... –Hasta ahora no encontramos nada. Sobre el tema detenidos-desaparecidos sí encontramos que esa denominación aparece desde las primeras actas pero después, a partir de 1980, yo calculo que luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cambian esa denominación. Sacan una resolución que prohíbe el uso de la palabra desaparecido y lo reemplazan por “averiguación de paradero”. –Sí aparece evidencia de otros vínculos entre la cúpula militar y socios civiles... –Sí, se mencionan organizaciones de la sociedad civil, como Adeba, en distintos pasajes. En el caso de los bancos es cuando Díaz Bessone, por entonces ministro de Planeamiento, le presentó a la Junta el plan de gobierno, informa que él recibió aportes de distintas organizaciones. También, durante los preparativos para la ley de radiodifusión, en 1980, aparecen los aportes de las entidades que agrupaban a los dueños de los medios. –¿Es cierto que el material encontrado ya había sido publicado, como aseguró Clarín esta semana? –No es cierto que ya se hubiera publicado. Lo que se publicó en 1996 en Clarín fue lo que surgió acerca del Ministerio de Educación de la dictadura en el marco del Operativo Claridad. Pero esto es algo absolutamente distinto. Me parece de mal gusto estar discutiendo quién presentó qué información antes. Fue muy valioso lo que hizo Clarín en el ’96 y también es muy valioso lo que encontramos ahora. No quiero entrar en un debate en esos términos.
LOS PEDIDOS A LAS JUNTAS POR LOS DESAPARECIDOS
Cartas que son pruebas
En el Libro de Ingreso y Egreso de correspondencia de la Junta Militar quedó registrada, entre otras cosas, la búsqueda de los familiares de los desaparecidos. Por Ailín Bullentini
La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado.Imagen: Guadalupe Lombardo “Familiares”, registró el 29 de septiembre de 1978 una mano castrense o civil en el Libro de Ingreso y Egreso de correspondencia de la Junta Militar el resumen de un pedido: “Solicitan el paradero de Mirta Alonso de Huevarillo y Oscar Huevarillo, desaparecidos el 19 de marzo de 1977”. El libro, uno de los documentos de la burocracia de la última dictadura inéditos hasta la semana pasada, cuando fueron descubiertos en el subsuelo de la jefatura de la Fuerza Aérea, permite rastrear el incansable derrotero de madres, padres, abuelas y familiares que se acercaban casi a diario a pedir por sus desaparecidos, pero también la inquietud que determinadas decisiones tomadas por los genocidas despertaron en diferentes sectores de la sociedad.
Las centenares de hojas, poco más de medio metro de ancho por poco menos de medio metro de alto, están no sólo ajadas, sino con los bordes casi todos destruidos. Amarillas, húmedas, olorientas. Las tapas son de tela celeste y sobre las letras que aún en dorado permiten leer el tipo de documento que albergan, una cinta de plástico avisa que el contenido es “público”. A grandes rasgos, prueban y refuerzan lo que ya se sabe de los efectos del terror estatal que ejercieron las Fuerzas Armadas. “Lo importante de esto no es sólo lo que dice sino las puertas que abre”, sostiene la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado. Como el resto de los documentos encontrados, el libro pertenece a la Secretaría General de la Junta Militar. Por orden alfabético, allí se registraron las cartas que le fueron enviadas a la Junta Militar entre 1977 y 1983. Por cada misiva, los siguientes datos: fecha de entrada, número de expediente, iniciador (el emisor) y extracto (resumen del contenido). Al lado de este casillero, unos renglones en donde se detalla escuetamente el destino del mensaje. Salvo escasas excepciones, la inmensa mayoría de la correspondencia que llegaba era remitida a la secretaría general del Poder Ejecutivo nacional. Para saber qué fue de las cartas con pedidos de paradero de familiares desaparecidos hay que analizar qué hizo el PE nacional. “Habrá que revisar el archivo de la Casa de Gobierno. ¿Habrá allí algún libro como éste? Creemos que esta información que apareció revolverá la historia. Tal vez aparezcan más datos...”, apostó Segado. Los empleados de la Secretaría de la Junta que recibían las cartas las clasificaban. El libro al que este diario tuvo acceso es el de contenido catalogado como “público”. “Habían otros clasificados y secretos”, reseñó la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Aquellos documentos, al igual que la totalidad de las actas de la secretaría general de la Junta permanecen bajo análisis del equipo que dirige Segado y que tiene a su cargo la clasificación de lo hallado. “Creemos que el contenido secreto era información de anteproyectos de los diferentes ministerios, pero aún no revisamos con detenimiento.” La carta era la vía más rápida con la que contaban las personas para comunicarse con las autoridades en los años de terror de la dictadura. “Casi todas las llevábamos personalmente. Por Correo desconfiábamos en qué irían a hacer con nuestros pedidos, si los llevaban, si los entregaban en cualquier lado o si los tiraban a la basura”, recordó la titular de Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini . Entre 1977 y 1979, en los registros del libro al que Página/12 tuvo acceso fueron coincidencia las palabras “desaparecido”, “paradero”, “secuestrado”. En abril de 1977, “Alvarez, María”, envió una carta en la que denunciaba “sobre supuesta detención de su hijo Gerardo Alvarez”. Casi un año después, “Arias García de (sic)” escribió “sobre desaparición de su hija”. “Andrada, Francisca” escribió a la Junta en febrero de 1979 para “saber el paradero de sus dos hijos”. Las primeras dos páginas de cada una de las letras del registro, que corresponden a los primeros años de terrorismo de Estado, son las que concentran la mayor cantidad de pedidos individuales sobre hijos e hijas, nietos, yernos, nueras y cónyuges. En abril de 1980, una “madre de desaparecido anónima envió nota haciendo responsable por muertes y desapariciones de jóvenes argentinos a Esma y a autoridades de PRN (Proceso de Reorganización Nacional)”. En el casillero de “iniciador” las mujeres son inmensa mayoría. Esos pedidos en solitario prácticamente cesan a partir de 1980. Luego de ese año, muchas madres escriben para solicitar “se adjunte su presentación al petitorio de familiares de desaparecidos recibida el 11 de septiembre de 1980”. Aquélla fue una de las primeras exigencias presentadas ante los genocidas por un colectivo. El 14 de junio de 1980, “Familiares de presuntos desaparecidos y/o detenidos” enviaron una carta para pedir que “se suministre información sobre detenciones y desapariciones de menores”. Agrupaciones de familiares de diferentes partes del país como Mar del Plata, Santa Fe, La Rioja, coincidieron en la intención de los escritos. Unos meses antes habían comenzado las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre también reclamaron, al igual que sindicatos y asociaciones gremiales. Sin embargo, no fue sólo en esos pedidos en los que el libro refleja la acción del poder asesino del Estado. En agosto de 1978, “un ciudadano argentino” expresó la “intranquilidad que existe en la ciudad de Mar del Plata por el cierre de importantes comercios” y dos años después un “anónimo” escribió manifestando que “se han comprobado una serie de irregularidades en los cementerios municipales”. “Realiza denuncia”. En la “I” de Iglesia figuran tres pedidos de instituciones evangélicas de España (Mérida, Málaga y Logroño) por la “libertad de presos políticos, aparición con vida de los desaparecidos y derogación de la ley 22.068”, la de “Fallecimiento presunto”. Esa norma permitía declarar la muerte “presunta” de los desaparecidos y fue promulgada en 1979. Perdidas en la “I” del directorio hay algunas misivas enviadas al gobierno por Rafael Ianover, quien fue vicepresidente de Papel Prensa antes de que la empresa quedara en manos de La Nación, La Razón y Clarín. En abril de 1978, la secretaría general de la Junta anotó el ingreso de una carta de Hilda de Ianover, en la que informaba que “no había recibido contestación a la nota del 2 de febrero de ese año” y que solicitaba una audiencia. En febrero del año siguiente, el contador envió la primera de unas siete cartas en la que solicita el “cese de estar a disposición del PE Nacional y rehabilitación en el ejercicio” de su profesión. El resto de los mensajes tienen idéntica finalidad, aunque en las últimas suma solicitudes de entrevistas personales. En ninguna hace referencia a su cargo en Papel Prensa. Hasta agosto de 1979. Los militares registraron absolutamente todo lo que recibieron, incluso textos que los atacaban a los que calificaban como “texto incoherente”. En las centenas de hojas amarillas figuran, por ejemplo, la opinión de un “anónimo” que manifestó su “desacuerdo con la elección del general Viola como próximo presidente de la Nación” o la salutación de un grupo de “artistas plásticos ante el aniversario del PRN”. El “Instituto Argentino para el trabajo en Equipo” sugirió a la Junta la creación de un “Ministerio de la Eficiencia” y el ex presidente Carlos Saúl Menem exigió, y en varias oportunidades, su expulsión del “acta de responsabilidad patrimonial”, un monto de dinero que tenía depositado en el Banco de la Nación y en diciembre de 1981 denunció al interventor de La Rioja.
ESTELA DE CARLOTTO
La maestra que escribía Por Ailín Bullentini
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó el momento en que se sumó al organismo y la “alegría” de muchas de sus fundadoras de saber que era maestra: “Necesitamos quien sepa escribir cartas”, confesó que le dijeron. Tanto desde Abuelas como desde la desesperación individual, escribían las cartas para el Ministerio del Interior y, cuando se podía, para Casa de Gobierno. “Ibamos, las dejábamos en mesa de entradas porque nunca nos recibían.” En mayo de 1981, “Santander Enriqueta y otras” solicitaron que “se les informe el paradero de 68 nietitos desaparecidos junto con sus padres, algunos de ellos nacidos durante cautiverio de sus madres entre 1976 y 1978”. En marzo de 1982, ya como Abuelas de Plaza de Mayo, el reclamo fue el mismo. “Era la manera más sencilla de comunicarnos y a la vez el medio más moderno. Les escribíamos a las más altas autoridades”, destaca Carlotto. El silencio del gobierno de facto no la frenaba. Carlotto también fue parte de colas interminables en la entrada del Ministerio del Interior, donde empleados les otorgaban a cada familiar una tarjeta “en la que ponían el nombre del familiar buscado y un número, y anotaban todas las veces que se iba a preguntar por esa persona”. Todavía guarda la suya, la Abuela de Guido, a quien todavía busca y no se sorprende por la indiferencia del poder entonces: “Si no nos recibían, menos nos iban a responder una carta. O la recibían y la tiraban o la archivaban en su afán de registrar todo el daño que hicieron”, supone.
HEBE DE BONAFINI
“Nunca respondían” Por Ailín Bullentini
”Es más fácil que te diga adónde no fui que adónde fui”, resume Hebe de Bonafini el ejercicio de memoria que le propuso su nombre escrito entre los cientos que enviaron algún mensaje a la Junta Militar. Su nombre y el de su marido figuran, al igual que el de Madres de Plaza de Mayo, en varias oportunidades a lo largo de ese pedazo de historia registrada que es el libro de ingreso y egreso de correspondencia de la Junta Militar. En la mayoría de los casos, los mensajes son pedidos de paradero de los hijos desaparecidos, exigencias para que “se aclare la situación de hijos detenidos o desaparecidos”. Al principio, los pedidos fueron individuales o “de a dos”, porque “algunas veces íbamos con nuestros maridos”, detalla Bonafini. “Después de un tiempo empezamos a pedir en conjunto. Lo charlamos mucho con Azucena (Villaflor una de las Madres fundadoras, desaparecida) y pensamos en los amigos de nuestros hijos que sabíamos que no tenían familiares que pidieran por ellos. Decidimos que la lucha individual no servía o no tenía tanta fuerza”. Los jueces las instaban a declinar en el plan colectivo: “Un día un juez nos preguntó si sabíamos la responsabilidad que tomábamos al pedir por quienes no eran nuestros familiares. ‘Ustedes están pidiendo por terroristas’, nos dijo. ‘Para usted son terroristas, para nosotros son las mejores personas del mundo’, le respondimos”, recuerda el diálogo Bonafini y agrega: “Con los milicos, horas de cola para nada. Nunca respondían”.
Fuente:Pagina12
Rossi afirmó que las actas de la dictadura serán “de libre acceso” 10 nov, 2013
El ministro de Defensa, quien hace pocos días dio a conocer el descubrimiento de actas secretas de la última dictadura militar, dijo que el gobierno no impondrá filtros a la difusión de los documentos.
El ministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que las actas de gobierno de la dictadura cívico-militar (1976-1983) “van a ser de libre acceso para cualquiera” y dijo que desconoce por qué estos documentos han sido descubiertos después de 30 años y no antes. “Una vez que esté ordenado el ciento por ciento de los documentos”, dijo el funcionario en una entrevista que le concedió al diario Página/12, tras destacar que “para nada” el gobierno tenga pensado imponer algún tipo de filtro a la difusión de las actas. “Estamos todavía analizando el material, pero están, entre otras cosas, las actas de las reuniones previas a las de la Junta, en las que se reunían los tres secretarios generales de cada una de las fuerzas para elaborar el temario que posteriormente trataría la Junta”, dijo Rossi. El funcionario también negó que con la difusión de las actas el gobierno haya hecho hincapié en las relacionadas con el caso Papel Prensa para perjudicar al Grupo Clarín. “La verdad es que nosotros no hicimos hincapié en el tema Papel Prensa, sino que fue la Junta Militar. Entre septiembre de 1976 y noviembre de 1977 aparecen trece actas donde se trata la cuestión. De las 36 actas en total, trece representan más de un tercio de las actas de ese período. Es llamativo”, apuntó Rossi. Agregó que “también es evidente que para la Junta Papel Prensa se trataba en la misma unidad temática que la detención de la familia Graiver” y sostuvo que esto “aparece claramente en las actas”. También dijo que “no” sabe por qué el descubrimiento se realizó a 30 años de la restauración de la democracia y no antes. “Sinceramente, no lo sé. Lo importante es que después de treinta años hay documentos en buen estado de preservación. Aparecieron en un lugar de tránsito no habitual y uso no habitual. ¿Por qué ahora y no antes? No es una pregunta que pueda resolver con certezas”, dijo Rossi, y agregó que podría “hacer conjeturas, pero no vale la pena”. Rossi aseveró que “hasta ahora no se encontró nada” sobre una lista oficial de detenidos-desaparecidos e insistió en subrayar que “es la primera vez” que un gobierno democrático cuenta con “un documento que nos permite conocer qué temas estuvieron a consideración de la Junta Militar, cuáles fueron las posiciones alrededor de cada uno de esos temas, cuál era la mirada que tenía cada uno de los integrantes”.
Rossi: “El hincapié en Papel Prensa no lo hago yo, sino la dictadura” 9 nov, 2013
El ministro de Defensa destacó que en los documentos secretos de las Juntas Militares recientemente hallados “hay 13 actas que hablan” de la empresa encargada de fabricar el papel de diarios.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó hoy que en los documentos secretos de las Juntas Militares recientemente hallados “hay 13 Actas que hablan de Papel Prensa”, por lo que afirmó que “el hincapié” en la importancia de ese tema para la dictadura “no lo hice yo, sino la propia Junta”. “El hincapié en el tema de Papel Prensa no lo hice yo sino la Junta, ya que entre el 76 y el 77, en un año, hay 13 actas que hablan de Papel Prensa”, aseveró el Rossi. “En esas actas está el tratamiento en forma conjunta de la detención de la familia Graiver y la transferencia de las acciones”, sostuvo el ministro al tiempo que consideró está “claro que para la dictadura (esos asuntos) eran una misma unidad temática”. Rossi agregó que cuestionar la oportunidad de la difusión del archivo hallado en el Edificio Cóndor, de la Fuerza Aérea, “es una especulación menor y mezquina ante la magnitud del descubrimiento y ante la historia. Cada uno puede valorar en qué se hace hincapié, pero no negar su importancia”. “Después las cosas son como son. La situación es que compraron Papel Prensa y que en ese año estuvo muy presente en las reuniones de la Junta. No era un tema menor, se ve, y siempre se trató vinculado con las detenciones de la familia Graiver”, reafirmó. El archivo hallado está compuesto de 1.500 volúmenes, en el que se encuentran los seis biblioratos que contienen las 280 actas secretas, originales de las reuniones de la Junta Militar, firmadas por los secretarios, que ya está disponible para la Justicia y para los organismos de Derechos Humanos, y en seis meses lo estará -digitalizado- para el público en general. El ministro de Defensa destacó además el hecho de que el hallazgo haya sido realizado e informado por el jefe de una de las tres Fuerzas Armadas -el brigadier mayor Mario Callejo-, y que en la presentación hayan estado los organismos de derechos humanos y la cúpula de todas las Fuerzas Armadas: “Estos son los elementos que demuestran que ha sido una noticia de gran importancia y de repercusión mundial”. “Las actas están ordenadas cronológicamente pero tienen también un índice temático. Uno puede buscar Papel Prensa y dice en qué actas está, en qué reuniones se trató. Los organismos de derechos humanos están muy contentos con el hallazgo y así me lo hicieron saber Hebe (Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo), y Estela (Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo)”, señaló. “De todo lo que está acá ahora, habrá que ver si algún documento tiene valor probatorio para la Justicia en alguna de las causas abiertas”, remarcó. Sobre el tratamiento que la Junta Militar hizo del tema Papel Prensa, Rossi añadió que “está claro que para la dictadura eran una misma unidad temática la detención de la familia Graiver y la transferencia de las acciones. En muchísimas de esas actas está registrado el tratamiento en forma conjunta”. Sobre el Terrorismo de Estado económico, recordó que hasta ahora sobre Papel Prensa sólo se conocía “el acta 14, donde aparece lo que ya consta en el expediente judicial. De las otras se sabía, aunque no se tenía la prueba, por una declaración de (Emilio) Massera al ex fiscal (Ricardo) Molinas”. El acta 14 es aquella donde la Junta acepta la transferencia a Clarín, La Nación y La Razón, y donde establece que el otro 49 por ciento debe ser transferido a los diarios del interior. Esa exigencia fue eliminada después, en los anexos I y el II, y ese 49 por ciento quedó finalmente para el Estado. Aparecieron además en las actas un “listado de empresas, gran parte de ellas vinculadas a la familia Graiver, que la Junta considera inconveniente que sigan realizando actividades comerciales”, afirmó el ministro. Rossi destacó que “las actas son una enumeración de los temas tratados y algunos tienen un poco más de desarrollo. En la medida en que se clasifique todo el materia pueden ir apareciendo más cosas”, advirtió. Consultado acerca de por qué resaltó el hecho de que fuera el propio Callejo quien lo llamó, indicó: “Si el titular de la Fuerza Aérea no hubiese tomado la decisión de comunicarlo, no nos hubiésemos enterado. No teníamos ni un pedido judicial ni hubo una requisitoria nuestra, y nos llamaron”. Y agregó: “Primero nos sorprendió y enseguida nos dijimos que habíamos encontrado cosas que son valiosas e importantes”. Sobre la repercusión dentro de las Fuerzas Armadas, el titular de Defensa se declaró “muy conforme, porque el acompañamiento de las fuerzas ha sido absoluto y unánime como se reflejó el lunes en la presentación”. “Esta es una nueva etapa en la política de defensa y para las Fuerzas Armadas, y este hecho es claramente significativo de eso”, remarcó. “Uno de los imperativos que nos impuso la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) al designarme ministro fue que nosotros, junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo argentino hemos construido memoria, verdad y justicia, algo que es ya patrimonio cultural”, agregó. Rossi concluyó destacando que “tenemos la necesidad de integrar a las Fuerzas Armadas a la construcción de la Nación, para poder participar protagónicamente. No concibo el desarrollo de un país autónomo sin sus Fuerzas Armadas”, indicó.
Revelan más detalles de las “listas negras” de la dictadura 8 nov, 2013
Periodistas, actores y escritores eran catalogados del 1 al 4 según su supuesta “vinculación con la ideología marxista”.
El Ministerio de Defensa reveló ayer detalles de los originales de las actas de la última dictadura cívico militar encontrados en el subsuelo del Edificio Cóndor, que dan cuenta de los criterios y la metodología utilizada por el gobierno de facto para la elaboración de las llamadas “listas negras”. En este sentido, destacó que “es falso” que las llamadas “listas negras” hayan tenido sólo incidencia “en la contratación dentro de organismos estatales” dado que, entre los hallazgos, se cuenta una disposición que dice que “corresponde aclarar que los medios privados de comunicación social no tienen ninguna limitación al respecto”. “En la práctica, esto no funcionaba así: ningún medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado como «Fórmula 4» por la dictadura”, sostuvo la cartera de Defensa en un comunicado en el que dio a conocer pormenores de la documentación encontrada en la sede de la Fuerza Aérea. Allí se destacan las precisiones en cuanto a los criterios para la clasificación de las personas utilizados en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado, que eran catalogadas según el grado de su supuesta vinculación con la ideología marxista. De este modo, Las Juntas Militares detallaban cuatro “fórmulas” para catalogar a las personas, que partían desde la 1, “sin antecedentes ideológicos marxistas”, y llegaban hasta la 4, “registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etcétera”. En la misma línea, la cartera encabezada por Agustín Rossi consignó que, dentro de las aproximadamente 1.500 unidades de conservación encontradas, hay un bibliorato que específicamente se encarga de analizar a los “Fórmula 4”, grupo que incluía a intelectuales, periodistas, artistas y comunicadores que, según la Junta Militar, supuestamente revestían el mayor nivel de peligrosidad. En tanto, la llamada “Fórmula 2” para la catalogación de personas era destinada a individuos cuyos antecedentes “no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista” y, la “Fórmula 3”, a quienes –a criterio del régimen– registraban “algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etcétera”. El Ministerio de Defensa señaló que, para la confección de estas “listas negras”, las sucesivas Juntas Militares “crearon un organismo destinado a coordinar la tarea”, denominado Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI). En ese contexto, la cartera de Defensa recordó que la primera “lista negra” sistematizada encontrada data del 6 de abril de 1979 y contiene “doce páginas que agrupan un total de 285 nombres, todos con la calificación Fórmula 4”, y el detalle de la profesión de cada persona. En esa lista estaban el actor Alfredo Alcón, los periodistas Osvaldo Bayer y Abelardo Castillo, el escritor Julio Cortázar, los cineastas Leonardo Favio y Pino Solanas, la escritora Griselda Gambaro, la psicóloga y escritora Eva Giberti, las actrices Norma Aleandro, Lidia Lamaison, Virgina Lago y Cipe Lincovsky, y los cantantes Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, entre otros. El segundo listado hallado –puntualiza el comunicado– está actualizado al 31 de enero de 1980 e incluye a 331 nombres bajo la calificación de “Fórmula 4”, en tanto en su encabezado brinda una serie de recomendaciones con relación a los antecedentes consignados, entre ellas que “deben ser incinerados”. Las actas encontradas dan cuenta de un cambio de postura de la dictadura tras la guerra de Malvinas, cristalizado –por ejemplo– en una nota de la Secretaría de Información Pública del 21 de septiembre de 1982 que destaca la directiva del régimen de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país”. Excluidos más allá de 1983 Los originales de actas encontrados dan cuenta de la exclusión gradual de 153 personas de las “listas negras” en el marco de la transición hacia la democracia. Sin embargo, fue encontrada una nómina de 46 personas que continuarían conservando su clasificación “Fórmula 4” más allá del segundo semestre de 1983, compuesta por artistas, periodistas, locutores y docentes. “La Secretaría de Información Pública recomendaba que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista salieran del listado de Fórmula 4. Esto significa que, aún debilitada su conducción, el Proceso nunca dejaría que un grupo de argentinos pueda ser contratado para trabajar”, consignó el ministerio. En esa nómina se cuentan periodistas, como Jacobo Timerman, el escritor Julio Cortázar, el actor Norman Brisky, la cantante Nacha Guevara, entre otros.
Encontraron todas las actas secretas de la Junta Militar 5 nov, 2013
El ministro de Defensa Agustín Rossi detalló el hallazgo de 1.500 biblioratos, donde además hay material sobre Papel Prensa.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó ayer el hallazgo de 1.500 biblioratos con “todas las actas secretas de la Junta Militar” de la última dictadura y “13 actas originales donde se realiza un seguimiento exhaustivo de Papel Prensa”, en un acto en el que dijo que “la Justicia decidirá si tienen, además de valor histórico, valor jurídico para las causas”. En un acto en el Ministerio de Defensa, el funcionario nacional detalló que el hallazgo se produjo el jueves pasado en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, dentro de dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería, a partir de información suministrada por Mario Miguel Callejo, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Dentro del material encontrado, según informó Rossi, se hallaron “seis carpetas con los originales de las actas de la Junta Militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Están todas las actas secretas desde el 24 de marzo (de 1976) al 10 de diciembre de 1983”, remarcó, respecto de las 280 actas originales que estaban dentro de los 1500 biblioratos que están siendo analizados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Papel Prensa Dentro de ese material, hay “13 actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo de Papel Prensa”, que están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1º de diciembre de 1977 y que, según la consideración del ministro, “para la Junta la detención de la familia Graiver estaba directamente relacionada a la venta de Papel Prensa”. “La justicia decidirá si esta documentación que hemos encontrado tiene además de valor histórico, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando en los distintos estrados judiciales de la Argentina”, expresó Rossi. Y remarcó: “La causa de Papel Prensa es una causa que está abierta, que tiene la documentación del informe que presentó el fiscal Ricardo Molina en su momento, que tiene toda la documentación del trabajo que realizó el Estado nacional en el informe «Papel Prensa, la Verdad»”. “Nosotros creemos claramente que los elementos encontrados aquí ayudan a consolidar esta idea, que presumimos pero que será la Justicia la que determine, que las dos cosas estuvieron relacionadas: la venta de Papel Prensa con la detención de la familia Graiver y allegados”, insistió el ministro de Defensa. Por otra parte, el funcionario nacional resaltó que “en los documentos se ve el plan de acción del jefe de Planificación, general (Ramón Genaro) Díaz Bessone, donde da cuenta de los planes de gobierno de la Junta, que constaban de dos partes: la fundacional, que llegaba hasta los 90; y la segunda, o nueva República, en la que pensaban llegar hasta el 2000”. Entre esa documentación, había una carta de la Asociación de Bancos con “un aporte al plan de gobierno”, fechada “durante la dictadura militar”, en tanto que se ve que en la mayoría de las discusiones de la Junta Militar el “problema” de los desaparecidos es abordado en “torno a qué decir a la opinión pública”. Asimismo, Rossi detalló ayer que las “listas negras” elaboradas por la última dictadura señalaban como “peligrosos” a 331 artistas, intelectuales y periodistas, mediante una calificación de “fórmula 1 a fórmula 4, según la complejidad” o grado de “peligrosidad”, según la Junta Militar. Fuente:ElCiudadanoyLaGente
los documentos hallados La burocracia de los asesinos 07.11.2013
La película es magnífica y refleja fielmente uno de los momentos más trágicos de la historia. Su nombre es La solución final –Conspiracy, el original en inglés– y recrea la conferencia de Wannsee, del 20 de enero de 1942, donde un grupo de jerarcas nazis planearon el destino de muerte para gran parte de la población judía en Europa. Los detalles de la discusión fueron prolijamente escritos en el acta del encuentro, los burócratas de entonces guardaron una de las copias en una oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich, donde fue hallada al final de la guerra.
En ese encuentro en las afueras de Berlín se planificó el Holocausto. Y prolijamente se tomó nota de todo lo que allí se habló. La aparición de estas actas sirvió para comprender mejor la atrocidad del Holocausto y cómo pensaban quienes lo llevaron adelante.
Esta semana se anunció la aparición en el subsuelo del Edificio Cóndor de 1.500 biblioratos con actas secretas de la dictadura cívico-militar desde 1976 hasta 1983. Allí aparecen, con una redacción prolija y burocrática, los detalles de encuentros donde se planificaba cómo mantener en manos militares el poder hasta el año 2000; se elaboraban las “listas negras” de intelectuales y artistas; se acordaban planes económicos; se establecía cómo se debían manejar los medios, y las empresas a apropiarse y compartirlas con “amigos” como ocurrió con Papel Prensa.
Los documentos descubiertos muestran con absoluta claridad la complicidad de sectores civiles. Empresarios, banqueros, dueños de medios que compartieron planes, aportaron ideas e hicieron grandes negocios con los señores de la muerte.
Son documentos que tienen gran importancia histórica, por supuesto que jurídica –porque pueden aportar datos para juicios en marcha y otros que se podrán abrir–, y también simbólica, porque estos documentos fueron entregados por los militares de la democracia y fueron presentados con la presencia protagónica de las mujeres de pañuelos blancos.
En esta edición de Veintitrés les ofrecemos a nuestros lectores algunos datos encontrados en estos documentos que muestran cómo los jerarcas militares trabajaron junto a muchos cómplices civiles en sus sueños de perpetuidad.
Todo prolijamente registrado y guardado por los burócratas de la dictadura.
¿Cuántos documentos más esperan ser descubiertos?
Ojalá que lo ocurrido esta semana sea sólo el comienzo.
Fuente:Veintitres
Lo que revelan las actas secretas de la dictadura Documentos por favor Por Equipo de Política 07.11.2013
Agustín Rossi, ministro de Defensa, informó de uno de los hallazgos más importantes de la democracia. La documentación que desnuda el accionar político de la Junta Militar. El rol de los civiles, de las cámaras empresarias y de la Iglesia. Un trabajo que recién comienza.
Actas. Artículos vetados, empresarios que intervenían directamente en redacción de leyes de facto y listas de artistas e intelectuales que formaban parte de listas negras. Todo estuvo guardado durante años en un rincón de la historia.
Fue el centro del poder entre 1976 y 1983. El Edificio Libertador, hoy sede del Ministerio de Defensa, es algo muy diferente a lo que fue. En algunas de sus oficinas se respira el aire castrense, y otras son, directamente, un hervidero. Empleados van y vienen con fotocopias, CDs y carpetas varias. Los encargados de prensa no dan abasto para atender los llamados de teléfono. “Es que todos los periodistas me piden cosas diferentes”, dice uno de ellos.
Desde el lunes 4 de noviembre, cuando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó una conferencia de prensa para explicar lo que se había encontrado en una dependencia de la Fuerza Aérea, la cartera que conduce ya no es la misma. En ese frenesí de papeles viejos con olor nauseabundo, carpetas acumuladas y excitación por lo que se considera un hecho histórico, Veintitrés tuvo acceso a algunos de los documentos que fueron hallados en el Edificio Cóndor.
“Esto se descubrió hace una semana, el ministro estaba en una reunión, y la secretaria le avisó que lo llamaba el jefe de la Fuerza Aérea y que era urgente. Jamás el titular de un arma llama a Rossi para hablar en forma urgente, por eso él salió rápidamente de la reunión y se puso a hablar por teléfono. Cuando regresó, su rostro era otro. E inmediatamente tomó las medidas necesarias. Cuatro personas se trasladarían al lugar donde se encontró la documentación”, contó a esta revista una alta fuente del ministerio.
Una vez que se verificó que el material encontrado estaba en condiciones y que se evaluó la importancia histórica, política y judicial, el ministro se dispuso a informar a las diferentes áreas de gobierno, hasta que el lunes por la mañana se decidió que se brindaría una conferencia de prensa para informar del hallazgo.
En Gobierno, pero especialmente en Defensa, creen que este hecho constituye una bisagra en la historia política argentina, pues como lo señaló el ministro lo que develan las actas es el sustento doctrinario de la dictadura militar. No se encontrará seguramente en esas actas una orden directa de desaparición, secuestro o asesinato, pero sí la decisión política que luego terminaría en un delito de lesa humanidad.
Así ocurre, por ejemplo, con Papel Prensa, el hecho más relevante de los presuntos ilícitos cometidos por la dictadura, pero también hay otras actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), el organismo de facto que suplantó al Congreso de la Nación, que muestran cómo la dictadura se valía del apoyo de empresarios para llevar adelante su política.
Uno de los documentos que relevó Veintitrés es el trasfondo de la discusión por la Ley de Radiodifusión 22.285, que estuvo vigente hasta que la suplantó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí se ve cómo las cámaras empresarias ATA y ARPA intervenían directamente en la redacción y aprobación del texto.
La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) es la cámara empresaria que nuclea a los canales privados de televisión abierta, legalmente licenciados para operar. La entidad fue fundada el 7 de septiembre de 1959. En los primeros días de 1981, apenas sancionada la ley de radiodifusión por el gobierno de facto –se sancionó el 19 de septiembre del ’80–, y con el terrorismo de Estado asentado en el país, ATA ejerció sus facultades y defendió a rajatabla sus intereses. En connivencia con la Junta Militar que había desaparecido a miles de personas, claro. Así se desprende de la reglamentación de la ley 22.285, un caso que representa las negociaciones que el terrorismo de Estado llevó adelante con diferentes sectores privados para lograr concretar diversas leyes clave para el establecimiento y desarrollo de su política criminal y económica.
En uno de los documentos hallados el jueves pasado se destaca un informe elaborado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) y trabajado por la subcomisión 7 y 8, donde se filtran las negociaciones que la dictadura mantuvo con las telerradiodifusoras argentinas. Bajo la instrucción del teniente coronel De la Vega, en el informe se desprenden todos los pedidos que realizó ATA en la reglamentación de la normativa y que fueron acatados por la junta presidida por el genocida Roberto Viola.
Por ejemplo, ATA propuso, según se manifestó en los documentos, que “se controle la aplicación del artículo 14 de la ley”; “se eliminen los artículos 8 y 9 (vinculados a los límites del contenido nacional de los programas)”, y se opuso a que hubiera un veedor del Comfer en las reuniones de socios, tal como se disponía en el artículo 37. En un anexo “reservado”, la Junta Militar dejó escrito para la posteridad en el inciso “m” que se “eliminen” la tercera y cuarta línea del mentado artículo para congraciar a ATA. Así se hizo. Pero no fue la única. En un apartado que destaca las observaciones realizadas por los diferentes actores figuran: ATA, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (ARPA), Argentores, Sadaic, y hasta el Episcopado.
En los mismos papeles se detallan los artículos cuestionados por ambas asociaciones. Por caso, ARPA pidió la eliminación del artículo 2º de la ley, incisos a) y b). Y observó junto con ATA los siguientes artículos de la ley 22.285: 1º; 3º; 6º; 8º; 14º; 15º; 21º; 22º; 24º; 25º; y 28º.
El lunes 4, Agustín Rossi abundó en precisiones y señaló la importancia del hallazgo de las actas para echar luz también sobre el tema Papel Prensa. El ministro señaló que en las trece actas originales en que se trata el asunto se vislumbra que la Junta hacía “un seguimiento exhaustivo del tema Papel Prensa”, y que queda claro que “el tema era de discusión permanente” entre los gobernantes de facto.
Para el ministro, en el acta número 19 “queda claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Graiver se analizaba junto con el tema de Papel Prensa”.
El papel para diarios, la ley de radiodifusión y las listas negras de artistas y periodistas no dejan lugar a dudas: para la Junta Militar el manejo de la información y la comunicación eran temas importantes. Desplazó a Graiver del negocio, se lo cedió a privados, instrumentó una ley de radiodifusión a pedido de las cámaras empresarias y elaboró una lista para silenciar voces populares, ya fueran estos actores, cantantes o intelectuales.
Otra alta fuente del Ministerio de Defensa señaló que “esperamos que esto pueda ser el principio de algo que pueda echar más luz sobre el pasado reciente”, y señaló que “es muy probable que estas mismas actas que encontramos en el Edificio Cóndor se encuentren también en poder de las otras fuerzas”. En ese sentido, desde la cartera que conduce Rossi valoran enormemente la decisión del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Miguel Callejo. “Algunos periodistas le preguntaban al ministro, el otro día, si pensaba abrir una investigación para saber por qué esto no se había informado antes. La verdad que nos parece una locura, eso sería poner a los militares otra vez en un lugar del que ahora empiezan a salir. La verdadera reconciliación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas se va a dar a partir del conocimiento de la verdad. Por eso es valorable la decisión de Callejo, él podría haberse callado la boca y nunca nadie se hubiese enterado de que esas actas estaban en un sótano del Edificio Cóndor”, afirmó un dirigente con llegada a Defensa.
Está claro que la dictadura, además de perseguir, encarcelar, torturar y desaparecer, gobernó para los poderosos. Cuando el ministro Rossi brindó la información el lunes pasado, mostró un bibliorato gordo, que contenía la opinión de los banqueros, que brindaban a la dictadura su opinión sobre el camino a seguir hasta 1998. Ese plan de acción de los banqueros era todo un programa político y económico, según pudo verificar Veintitrés en una rápida lectura a vuelo de pájaro por las más de 600 páginas del documento.
Aluar, Austral, Papel Prensa, Italo, todas compañías estratégicas sobre las que los militares echaron mano. A partir del estudio de las actas, podremos conocer las decisiones políticas, las discusiones y las internas de la Junta Militar.
Bisagra. La palabra utilizada por más de un funcionario en el Edificio Libertador es la que mejor define el hecho político que comenzó a materializarse el jueves 30 de octubre. Ese día comenzó a develarse otro de los misterios mejor guardados por la dictadura y sus secuaces: la burocracia, las decisiones políticas y económicas, puestas negro sobre blanco y que en la práctica se materializaba en una feroz represión para poder llevarlas a cabo. Una vez más, la historia negra toca a la puerta de los argentinos. Habrá que correr el velo, entonces, para llegar a la verdad. Esa es la tarea que les espera, durante seis meses, a los funcionarios del Ministerio de Defensa que tendrán a su cargo la lectura, estudio, clasificación y digitalización de las actas secretas de la dictadura militar.
Los vínculos entre la Iglesia y la dictadura son harto conocidos. No obstante, pocas veces fueron registrados en documentos oficiales del terrorismo de Estado. El martes 30 de junio de 1981, a las 10 de la mañana, en el Edificio Libertador General San Martín, los integrantes de la Junta Militar suscribieron el acta 184, en el que bajo el rótulo “Secreto” decidieron el relevo del entonces vicario castrense: “Ante la presunta renuncia de monseñor Tortolo al cargo de Vicario Castrense, por razones de enfermedad, en principio la Junta Militar retiene como probable sucesor al actual Pro-Vicario Monseñor Victorio Bonamín”.
En su libro Iglesia y dictadura, Emilio Mignone describió a Bonamín: “Fue el profeta del genocidio. El 23 de septiembre de 1975, el mismo mes en que los altos mandos de las fuerzas decidieron la rebelión y aprobaron el sistema de represión clandestina, Bonamín hizo el anuncio. En la homilía que ya he citado, pronunciada frente al general Viola, el jefe del estado mayor del ejército, saludó a los militares ‘purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país’. Y agregó: ‘El Ejército está expiando la impureza de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las fuerzas armadas estén más allá de su función?’”. La elección de la Junta, seis años más tarde, no fue casual. _______________________________________________________________________________
Stella Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa
“Los documentos hallados tendrán mucho valor judicial”
La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, tendrá un arduo trabajo en los próximos meses. Su área será analizar la abundante documentación producida por la última dictadura militar que fue hallada en el subsuelo del Edificio Cóndor. Se trata de 1.500 biblioratos, listas negras y carpetas con planes y decretos-leyes del gobierno de facto. Sentada en su despacho, en el décimo piso del Edificio Libertador, donde también funciona la cartera conducida por Agustín Rossi, Segado atendió a Veintitrés.
–¿Cuál es el valor histórico del hallazgo?
–El valor histórico está dado en la unidad documental que tiene el material encontrado. Esos documentos dan cuenta de todo el período 1976-1983, que nos muestra lo que fue la doctrina, los planes, la política interna, los acuerdos y desacuerdos entre las fuerzas. Hasta ahora, todo lo que había en lo referente a la reconstrucción histórica se había generado a partir de documentos aislados. El mayor valor es que, en este caso, uno puede sentarse a leer documento por documento y puede entender ese lapso histórico casi cronológicamente porque las juntas eran casi mensuales.
–¿El material puede tener valor judicial?
–Creo que va a tener mucho valor judicial, en tanto hasta ahora los querellantes, los organismos de derechos humanos, los mismos fiscales, para poder elaborar los alegatos y llevar adelante los juicios debían basarse en hipótesis. Ahora, muchas de sus hipótesis van a estar reflejadas en estos documentos. Al margen de que recién estamos haciendo un rastreo de los documentos, entrando documento por documento para ver de qué trata y en qué juicio puede servir. La idea es poder clasificarlos, catalogarlos, hacer una breve descripción. También estamos digitalizando el material. Con eso vamos a elaborar informes con copias digitales y certificadas para enviarlas a diferentes causas.
–¿Se pusieron un plazo para concluir el trabajo de análisis?
–Seis meses.
–¿En estos documentos se observa la complicidad de los civiles con la dictadura?
–Hasta ahora pudimos observar los casos de Aluar y Austral (N. del R.: en los documentos también aparece Papel Prensa). Si se ven las tratativas para las privatizaciones de estas firmas queda claro que sí había relaciones con privados. Había gente que era citada para ver cuáles eran las condiciones de compra y venta y para ver los porcentajes de las acciones. Hay mucho material y hay que estudiarlo y ver en qué devino. Cuando tengamos toda la película armada, veremos qué fue pasando con cada uno de esos casos.
–¿Cree que este hallazgo puede generar que en las otras fuerzas suceda algo similar? (N. del R.: el material fue hallado en el archivo de la Fuerza Aérea Argentina.)
–Creo que esto va a ser una bisagra, absolutamente. Alguien se animó a dar un paso. El jefe de la Fuerza Aérea (el brigadier mayor Mario Miguel Callejo, quien brindó la información al ministro de Defensa) sabe que en esos documentos habrá gente implicada que fue de su fuerza. Hasta ahora, había un espíritu de cuerpo que se sostenía de alguna manera. Se entregaba información sólo ante un requerimiento judicial. Esta fue la primera vez que un jefe de una fuerza decidió entregar una documentación de estas características. Esto va a habilitar que otras personas que sepan dónde hay documentación les digan a sus jefes. Esto va a ser un antes y un después.
Fuente:Veintitres
Las actas secretas de la dictadura que prueban la apropiación de Papel Prensa Año 6. Edición número 286. Domingo 10 de Noviembre de 2013 Por Daniel Cecchini dcecchini@miradasalsur.com
Al cierre de esta edición de Miradas al Sur, un equipo jurídico del Ministerio de Defensa encabezado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera, Graciana Peñafort, trabajaba contra reloj para responder a requerimientos judiciales, en el marco de diversas causas, relacionados con las actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura halladas la semana pasada en el subsuelo del Edificio Cóndor. Fuentes de ese ministerio confirmaron a este dominical que entre esos requerimientos hay uno del titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 10, Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, para que le sean entregados los originales de los documentos donde se menciona a esa empresa y al Grupo Graiver. Las actas de la junta donde se alude a Papel Prensa son 15, y no 13 como se informó en un primer momento, ya que luego del anuncio del ministro Agustín Rossi los funcionarios encargados de revisarlas encontraron otros dos documentos. De ser entregados en el juzgado a principios de la semana que comienza, el recorrido de esos documentos desde las catacumbas de la Jefatura de la Fuerza Aérea a la cartera de Defensa y, desde ahí, a la sede judicial se habría hecho con extraordinaria rapidez, sobre todo si se lo contrasta con la llamativa lentitud con que avanza la causa que investiga el traspaso irregular de las acciones de la empresa que Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo Graiver se vieron obligados a hacer bajo amenazas de secuestro y muerte entre principios de noviembre de 1976 y mediados de marzo de 1977. Según la Fuerza Aérea, las carpetas con 280 actas de las juntas militares – entre las cuales se encontraban las 15 relacionadas con Papel Prensa - fueron halladas el jueves 31 de octubre. A principios de esta semana, el ministro Agustín Rossi hizo el anuncio. Al mismo tiempo, funcionarios de esa cartera analizaban el material con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, para evaluar su importancia jurídica. Miradas al Sur pudo saber de fuentes judiciales que apenas dos días después, el miércoles, el juez Ercolini envió a la cartera de Defensa un requerimiento solicitando esos originales para incorporarlos a la causa caratulada “Magnetto, Héctor y otros / delito de acción pública”. En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. La muerte les permitió escapar de la acción de la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, al primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos. Pruebas irrefutables. Catorce de las quince actas de la Junta Militar en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo ocurrido en el Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna. Hasta ahora, el juez Ercolini sólo disponía de una copia del acta N°14, donde está asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, La Nación y La Razón. El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación. El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país. En el segundo anexo, esta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación. Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original. Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. “En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas. Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar”, dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa. La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar. El acta N° 20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que “no se debe demorar el proyecto” de la papelera (en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro) y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren “las sumas por las acciones vendidas”. En ese momento, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron “Operación Amigo”. En el acta anterior – la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo – los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como “arrestados”. La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores. Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa – realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977 – por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes. El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles. Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”. Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver. Cronología de una apropiación. Como se dijo más arriba, las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977. Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa. La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Lidia Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la “venta” de las acciones a los tres diarios. Allí, esa noche, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa. Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. “Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron”, testimonió Ianover ante la Justicia. Debido a que María Sol – la hija de David Graiver y Lidia Papaleo – era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones. El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial. El 14 de marzo, Lidia Papaelo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover. Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación. Las actas de la junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período. Secuestrados y "juzgados". A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central. La declaración de Lidia Papaleo en la causa no deja dudas. En foja 247 dice: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”. Otro tanto hace Rafael Ianover: “Que recuerda que ello (su secuestro) no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver” (fojas 221). “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223). Dictadores y editores: cómplices. El general Bartolomé Gallino, nombrado por Ianover como “preventor”, fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente “blanqueados” luego de más de un mes de detención clandestina. Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso. A mediados de 2011, Miradas al Sur (en una nota firmada por Eduardo Anguita y quien esto escribe) reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Encuentros que mantuvo, llamativamente, en tres ocasiones diferentes pero siempre antes de interrogar a los integrantes del Grupo Graiver. La primera de esas jornadas –que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios– contó con la participación de los dueños de los tres diarios. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas". La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino – hombre de confianza de Videla – se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas. Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación. La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver. En la segunda parte de su libro, Mochkofsky narra con lujo de detalles el proceso por el cual la empresa llegó a manos de Clarín, La Nación y La Razón. En la página 75 dice: “Emisarios del gobierno militar hablaron entonces con representantes de los diarios. ¿Por qué seguir con el proyecto de Fapel, que existía casi en teoría, cuando Papel Prensa tenía asignados préstamos y créditos del Banade, era una sociedad constituida, con la planta en construcción, participación y avales del Estado… y el impulso del gobierno? Los diarios aceptaron. Mientras se dirimía la batalla entre Videla y Massera, Villarreal se reunía con Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación, y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Una vez que la pelea interna en la Junta fue ganada y los detalles acordados, representantes de los tres diarios se reunieron con Videla”. En una de las notas al pie, Mochkofsky explica: “Patricio Peralta Ramos me contó en 2002: ‘Nosotros hicimos un proyecto propio, Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Pero en un momento llegan del gobierno y nos dicen: ¿para qué siguen con eso si pueden seguir con esto (Papel Prensa)?’”. El testimonio del ex director de La Razón está registrado en una cinta. En la otra nota al pie de esa página, la periodista relata: “Así me lo contó el general Villarreal en reuniones que mantuvimos en abril de 1998 y mayo de 2002, en su departamento de avenida Santa Fe. Dijo que se reunía con ‘Bartolito Mitre, Peralta Ramos y Magnetto, que venía por Clarín’ y que ‘primero hablaban conmigo y recién al final hablaron con el Presidente, mientras se iba haciendo todo’”. Ahora, la incorporación de las quince actas de la Junta Militar a la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón aportará una prueba documental de vital importancia para el juzgamiento de sus responsables. Porque confirman de manera fehaciente que el despojo de la empresa fue una maniobra orquestada por los dictadores y sus cómplices mediáticos utilizando las herramientas del terrorismo de Estado. Fuente:MiradasalSur
10.11.2013 los grupos económicos creados por esas apropiaciones siguen actuando UIF investiga 600 casos de robo de bienes Lo dijo el titular del organismo, José Sbbatella, quien ha puesto la lupa sobre estos hechos en la última dictadura. Por:
Randy Stagnaro
En la Argentina funcionan estructuras económicas generadas a partir de la sustracción ilegal de bienes y que da amparo a los violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura. Así describe la situación el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbbatella. El funcionario sabe de qué habla: ha dirigido personalmente investigaciones que han determinado esos nexos.
"Para citar casos concretos, la complicidad civil actual con los ejecutores de delitos durante la dictadura se manifestó en las declaraciones realizadas en sede judicial por personas que están en conflicto con la justicia", señaló Sbbatella. "Por ejemplo, es el caso del hijo apropiado por el represor Jorge Raúl Vildoza, quien en una carta al juzgado que trata su caso, justifica la ayuda recibida por su padre en democracia por parte del Comando de la Armada, que le dio la documentación y los fondos para ir primero al Paraguay y, posteriormente, a Sudáfrica. Este un claro ejemplo de sostenimiento económico", dijo el funcionario en relación al juicio que investiga la apropiación, tras el secuestro y desaparición de sus padres, de Javier Penino Viñas. Aunque aún no está demostrado, existen fuertes sospechas sobre los vínculos entre Vildoza y la empresa American Data, que regenteaba dos casinos en Tierra del Fuego en los '90.
La UIF tiene una lupa sobre la ruta del dinero que conduce a los fondos de la ESMA, como se le llama a la masa de bienes que acumularon las jerarquías de la represión que dirigían ese centro clandestino de detención. "Estarían todavía en manos de una estructura económica que ha colaborado con los represores e incluso con la fuga de algunos de ellos", advirtió Sbbatella.
El funcionario sostuvo que el concepto con que la UIF ha impulsado las causas contra el delito económico bajo el terrorismo de Estado, de financiación del terrorismo, "es correcto porque esas estructuras económicas siguen vigentes. Operaron más abiertamente durante el gobierno de Raúl Alfonsín y luego fueron pasando a un segundo plano." Sbbatella observó que, cuando se realizó un allanamiento vinculado con el caso Vildoza, en una propiedad ubicada en la calle Cerrito al 1000 de la Capital Federal, se descubrió que allí habían funcionado oficinas del almirante Eduardo Massera cuando buscaba mutar a político en democracia. "Sabemos que se realizaron llamados telefónicos advirtiendo del allanamiento, cuyo origen fue el interior de la propiedad allanada y sus destinos fueron los teléfonos de represores presos, como Alfredo Astiz", subrayó. Esto, agregó, está asentado en el expediente abierto en el juzgado que dirige María Servini de Cubría.
Para la UIF, las investigaciones estarían poniendo de relieve un dato altamente explosivo: que las estructuras económicas generadas a partir de la apropiación ilegal de bienes, como bancos y empresas, durante la última dictadura cívico-militar siguen funcionando tanto en términos económicos, escondidas en la vasta trama de empresas que operan cotidianamente, como en términos políticos, otorgando cobertura legal y apoyo financiero a quienes fueron sus aliados en los años de plomo.
Que la rapiña durante la dictadura fue vasta lo pone de relieve el hecho de que hay más de 600 casos que investiga la UIF por denuncias de apropiación ilegal de bienes. "Papel Prensa es la causa más grande y notable de todas estas. Ahora, con los descubrimientos de papeles de la dictadura que dio a conocer el Ministerio de Defensa, se conoce más de esa estructura económica creada para el delito", sostuvo. Papel Prensa es el caso más conocido y, probablemente, el que involucra los bienes más valiosos, pero la mayoría de los 600 investigados apuntan a pequeñas y medianas empresas de todos los rubros.
En base a las hipótesis de trabajo que desarrolla la UIF es que buscan asociar la ley contra el lavado de dinero, de junio de 2011, con los fondos que se generaron a partir de delitos que son imprescriptibles, como los cometidos durante la dictadura. "Como se trata de un delito continuo, esos fondos quedan sujetos, entonces, a la ley antilavado y son pasibles de decomiso. Queremos incluir en este concepto a todos los bienes apropiados y no comprados de buena fe", agregó.
Una de las dificultades que enfrentan las investigaciones por apropiación indebida de bienes está en el propio Poder Judicial, expresó Sbbatella. Es que no todos los jueces están dispuestos a impulsar causas en base a estas premisas. "Hay un debate dentro de la justicia y es positivo que así se esté dando. Nosotros lo vamos a impulsar porque creemos que es la manera de lograr avances con sentencias concretas", dijo el titular de la UIF. Sbbatella puso como ejemplo el caso del juez Claudio Bonadio, quien rechazó la investigación de la UIF respecto de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se mantienen prófugos, según cree la UIF, sostenidos por una estructura económica y societaria probablemente generada en recursos obtenidos ilegalmente durante la dictadura. "En este caso, el terrorismo sigue actuando, amparado por los fondos apropiados en forma ilegítima", concluyó.
10.11.2013 La justicia pidió las actas de la Junta Militar sobre Papel Prensa El juez Julián Ercolini recibirá en los próximos días los originales de los reportes de la dictadura sobre la apropiación de la empresa por parte de Clarín, La Nación y La Razón. El plan armado por Martínez de Hoz y el seguimiento y la detención de la familia Graiver.
En 1976, mientras se aplicaba con sangrienta efectividad el plan sistemático de eliminación de personas, necesario y excluyente para tener a la sociedad inmersa en un terror petrificante, la junta de comandantes se concentraba en la puesta en marcha del plan neoliberal de exacción, endeudamiento extremo y debilitamiento (eliminación) de la industria local que transformaría la Argentina. En este contexto, los medios de comunicación tenían un rol fundamental, y por eso, comprar el silencio con la consecuente complicidad de los principales diarios del país se tornó sustancial. Papel Prensa, productor del insumo esencial, fue la herramienta para lograr la complicidad de Clarín, La Nación y La Razón con la dictadura cívico-militar. Todo esto figura en los documentos, a los que accedió Tiempo Argentino, que recuperó el Ministerio de Defensa y que solicitó, y pronto recibirá, Julián Ercolini, el juez que entiende en la causa por la venta fraudulenta de la papelera.
Fue tanta la necesidad de los comandantes de contar con el concurso real de los medios gráficos, que entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977 trató, en por lo menos 15 reuniones de la Junta Militar, las transferencias de acciones y la puesta en marcha de Papel Prensa. La otra preocupación fue evitar, por todos los medios posibles, que los familiares de David Graiver se hicieran del dinero de la venta de las acciones. La entrega a tres importantes medios gráficos porteños de la papelera no sólo representaba la formación de un monopolio, acorde con la ideología neoliberal de los uniformados, sino fundamentalmente convertirlos en sus cómplices. Las actas de la Junta Militar que pronto estarán en manos de Ercolini no trasuntan arrepentimiento ni preocupación por parte de estos medios y coinciden exactamente con los testimonios brindados por Lidia Papaleo, la viuda de Graiver.
El 15 de septiembre de 1976, Jorge Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti debaten por primera vez el tema Papel Prensa. Es el Acta Nº 5 y en ella comisionan al entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, el tratamiento del caso. Un día después, Lidia Papaleo regresa al país. En octubre de ese año Papaleo se reúne con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa, quien, en representación de Martínez de Hoz, le advierte que debía vender las acciones pero que los compradores no podían ser judíos. El ministro cumplía a pie juntillas las órdenes de los comandantes genocidas.
A finales de diciembre de 1976 la junta evalúa lo ocurrido en los meses previos, donde la familia Graiver vende las acciones clase C y E a los tres diarios. Para aquellos años, eso representa la nada despreciable suma de 996 millones de dólares. Luego Clarín, La Nación y La Razón se las distribuirán en partes iguales. Los comandantes pretendían sumar más cómplices a la maniobra y le recomiendan a esta tríada que venda el 49% a medios del interior, pero los empresarios se niegan. Estos sostienen que así se debilitará el manejo de la empresa. Los comandantes aceptan esta postura y dejan constancia en el Acta 14 del mes de diciembre. El juez Ercolini contaba con una copia de este documento, pero la próxima semana, cuando el departamento Jurídico del ministerio que conduce Agustín Rossi envíe estos documentos al juzgado, el magistrado contará con el original.
El 14 marzo de 1977 grupos de tareas secuestran a Lidia Papaleo, y días después a los padres y el hermano de David Graiver. Según relató la viuda del banquero, mientras permanecía detenida, desaparecida y torturada, fue trasladada hasta el edificio de La Nación, donde mantuvo una reunión con los interesados en las acciones. Allí estaba Héctor Magneto. En las actas de la Junta Militar de abril de ese año, el caso Papel Prensa y el apellido Graiver aparecen en cuatro oportunidades. El 14 de abril, cuando se confeccionó el acta 20, "se resuelve revisar lo actuado, evitando que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o su sucesión y procurando no demorar la ejecución del proyecto". El 19 de abril ocurren dos hechos importantes. La dictadura blanquea la detención de los Graiver y ese mismo día los comandantes hacen referencia de la situación de los detenidos. Es el Acta 21.
La dictadura estaba apurada. No quería que nada detenga la construcción de la planta papelera. El 3 de mayo de 1977, según consta en el Acta 23, la Junta Militar dispone "una intervención preventiva" en Papel Prensa. Cada fuerza armada designa un oficial superior que no sólo velará por el desarrollo de lo que llaman "el proyecto" sino que además cumplirá funciones en el Consejo de Guerra "que juzgará el Caso GRAIVER" (sic). Ese mismo día resuelven, en un anexo secreto, que la designación de Videla como presidente era de carácter "excepcional" y "transitoria", porque según las actas del proceso el presidente debía ser un oficial superior retirado. Aquel mes de mayo son dos las oportunidades en que los comandantes hablan sobre el caso, y una sola vez en junio. El 7 de julio, en el Acta 29, resuelven que el directorio de Papel Prensa esté integrado por oficiales superiores de las tres armas. Dos serán directores por el Estado y el tercero será el síndico. Este último cargo le correspondió a la Fuerza Aérea y entre los documentos descubiertos la semana pasada, figura la designación del comodoro Oscar Horacio Bagnat que lleva la firma del brigadier Basilio Lami Dozo.
En el marco de ahogar y destruir el emporio Graiver, el 21 de julio de 1977 la Junta Militar aprueba un proyecto de resolución datado el 18 de junio del año anterior. En esa resolución y con su alambicada dialéctica militar, inhabilitan a 31 empresas de los Graiver por considerar que "son responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación". No se conformaban con las transferencias de las acciones de Papel Prensa sino que el objetivo era destruir cualquier vestigio de las empresas de la familia Graiver. En agosto de ese año, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Ricardo Peralta Ramos rubrican el convenio por las acciones adquiridas de manera vil a los Graiver.
La última acta donde figura Papel Prensa es la 40 y data del 1 de diciembre de 1977. Allí los comandantes buscan acomodar el desaguisado que representan las titularidades de las acciones y por ello acceden a que se prorrogue "la puesta en funcionamiento del proyecto". Ordenan que sea sólo por ocho meses. En septiembre del año siguiente se inaugura la planta de Papel Prensa. Todos brindan con Videla pensando que las huellas del crimen habían sido destruidas. Se equivocaban.
OPINIÓN - La enjundia de los empresarios
Juan Alonso | Periodista
La maquinaria criminal de la dictadura dejó sus huellas por escrito en un despojo aberrante, que fue revelado después de 30 años de democracia por este humilde pero tenaz diario.
Ya no podrán decir que no fueron socios de Videla, Massera y Agosti, porque de las actas de la burocracia de la picana y la desaparición sistemática de personas se desprende que para la Junta el caso de Papel Prensa fue fundamental para desapoderar a los Graiver de sus bienes –la fábrica de papel para diarios más grande de América Latina por entonces– y así mantener sobre seguro el silencio y la complicidad de Clarín, La Nación y La Razón, sobre el corazón del plan económico y social que dejó a millones de habitantes en la más absoluta pobreza y desapareció a 30 mil argentinos. Hechos que ellos ocultaron a cambio de obtener un monopolio manchado con sangre.
La enjundia de los empresarios asociados a Videla, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos quedó plasmada en el acta del 2 de diciembre de 1976. Fue cuando la Junta les pidió que compartieran el negocio con el resto de los diarios del país. En el punto 3.1.1 se dijo "Que los compradores Clarín, La Razón y La Nación ofrezcan expresamente a los demás diarios de la Capital Federal y el Interior del país, hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo, y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital o a emitir."
Como respuesta obtuvieron una rotunda negativa. "Los diarios plantearon la imposibilidad de contemplarlas favorablemente, por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y que, por lo tanto, no creían prudente ceder acciones de la clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción."
Tres meses después, secuestraron y torturaron a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver.
Cualquier casualidad, buscarla en los documentos.
10.11.2013 entrevista a stella segado "La Junta trataba el tema Papel Prensa cada tres meses" La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa revela otros hallazgos del archivo de la Fuerza Aérea. Por:
Gerardo Aranguren
A pocas horas de uno de los hallazgos documentales más importantes de los últimos años sobre la última dictadura, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa todavía analiza la dimensión total de los cientos de biblioratos con las actas secretas de la Junta Militar, listas negras y el archivo de la Comisión de Asuntos Legislativos (CAL). "Lo más importante es que los organismos de Derechos Humanos, los querellantes y los fiscales han tratado de reconstruir a partir de muy pocos documentos cuál era la doctrina ideológica política de la dictadura, con esto ya está: en sus propias voces tenés la doctrina. Nos va a dar un marco para entender un montón de cosas que hasta ahora son hipótesis", analizó Stella Segado, titular de la dirección, quien describió el hallazgo como parte de la "burocracia del exterminio".
El material que se encontró en un subsuelo del edificio Cóndor fue el archivo completo de la Secretaría General de la Fuerza Aérea, que tenía a su cargo llevar adelante las reuniones periódicas de la Junta Militar. Estas muestran el día a día del máximo organismo ejecutivo de la dictadura, que integraban de manera equitativa las tres fuerzas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
"Se puede ver cuáles eran los temas que les importaban, desde el acta uno ya se estaba hablando de Papel Prensa", destacó Segado y agregó: "Miré las 280 actas de la Junta, para poder entender la documentación que había. Papel Prensa aparece en unas 13 actas, o sea que fue tratado casi cada tres meses en profundidad, con anexos, y aparece siempre unido a la situación de los detenidos por ese caso. Las dos cosas estaban totalmente de la mano. Es un tema que les importaba mucho. Eso y las privatizaciones".
–Por lo que se puede ver en el archivo de la CAL, ¿cuál era el pensamiento económico preponderante?
–Era privatizar. Todos estos proyectos de privatización salían del Ministerio de Economía firmados por (José Alfredo) Martínez de Hoz y llegaban a la CAL, donde se hacía un proyecto de decreto PEN.
–¿Qué pudieron encontrar ahí?
–Por un lado está lo que tenía específicamente la Fuerza Aérea, como la aerolínea Austral, que no era estatal hasta ese momento. Se la querían dar al Grupo Macri, hay incluso un seguimiento de inteligencia a Macri, para saber el respaldo económico que tenía. Hay un pedido de información sobre él y todas las tratativas. También piden que Aerolíneas Argentinas comparta las rutas con Austral. Aerolíneas, que estaba intervenida por los militares, hizo un informe diciendo que veía auspicioso tener competencia, con lo cual se armó todo un paquete con Austral para ser privatizada y tener una parte de las rutas de Aerolíneas.
El jueves pasado, Segado recibió una llamada para dirigirse al edificio Cóndor, de la Fuerza Aérea.
"Cuando llegué me dijeron: 'Me parece que esto es algo que tenés que ver'. Eran unos libros de entrada de correspondencia que recibía la Junta Militar. Nos llevaron a ver el lugar donde estaba depositada la documentación, que era un lugar muy chiquito, como una baulera con candado, bastante precario. En la magnitud de papeles amontonados no podía creer lo que había", recordó la funcionaria.
La habitación estaba en un subsuelo del edificio. Según trascendió después del anuncio del ministro Agustín Rossi, el hallazgo sucedió por accidente, cuando empleados de maestranza revisaba el lugar para depositar los materiales de trabajo.
Desde que se encontró, un equipo de la dirección pasó más de 14 horas al día dentro de la pequeña habitación para entender la profundidad del contenido. Durante los próximos seis meses, los equipos de investigación, de archivo y de digitalización trabajarán al mismo tiempo para entregar la documentación a las fiscalías y juzgados.
–¿Cuál fue su primera impresión al entrar?
–Lo primero que vi fueron carpetas de la CAL, de las que había visto algunas en el Archivo Nacional de la Nación. Y había unos muebles de hierro pesados, cerrados con llave, que no se podían abrir. Fajamos el lugar y al día siguiente ya fui con el equipo de la Dirección, unas 15 personas, y empezamos a trabajar. Abrieron las puertas de las cajas fuertes con moladoras, cuando se pudo sacar la primer puerta metálica vimos los lomos de los libros que decían Junta Militar y no lo podíamos creer. En las cajas fuertes estaban guardadas las actas originales de la Junta Militar.
–¿Es el primer archivo que se encuentra de manera completa?
–Lo más similar en cuanto a unidad documental es el archivo de la Dipba (Dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Aunque aquello es mucho más grande, tiene ese criterio de tener unificado un conjunto documental que da cuenta día a día de algo que iba pasando.
–Luego de tantos años de obstáculos por parte de las Fuerzas Armadas con las investigaciones, parece trascendente que la entrega de los documentos haya sido por iniciativa de la Fuerza Aérea.
–Es la primera vez que una fuerza entrega un acervo documental de esta magnitud a sabiendas de que puede involucrar a personas de esa fuerza. Lo que venía pasando era que ante un requerimiento de la justicia, la fuerza entregaba la documentación. Es importante que la decisión haya sido voluntaria, sin requerimiento. Esa fue la primera buena noticia de que algo está cambiando. Evidentemente, acá va a haber mucho personal de la misma fuerza involucrado en investigaciones en Aerolíneas, en Austral, en Aluar, que era manejado por la Fuerza Aérea. Me parece que esto va a ser un quiebre también para las otras fuerzas, porque marca un precedente.
–También es importante la documentación intacta, ya que los represores acusados han aportado muy poca información.
–Algunos han hablado y no tenían con qué sustentarlo. (Jorge) ‘Tigre’ Acosta, por ejemplo, dijo que no entendía por qué eran sólo diez los acusados (en el juicio) cuando habían pasado 2500 por la ESMA. Cuando armamos la estructura de la ESMA entendimos que eran 2500 como el había afirmado. (Emilio) Massera habló de Papel Prensa y dijo que había actas de la Junta Militar donde se hablaba de eso, pero sólo contábamos con el acta 14. Ahora resulta que hay 12 actas más. Por otro lado, si existen más documentos, que creo que sí, esto va a dar la posibilidad de empezar a abrir otros caminos y entender qué fue lo que pasó. Quedan muchos interrogantes todavía: qué sucedió con los desaparecidos y con los niños apropiados.
Para entender la lógica castrense
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa comenzó a funcionar en 2008. Los primeros años de trabajo, mientras analizaban la documentación, fueron dedicados a entender la lógica castrense, al punto que se llegó a editar un libro para que fiscales y jueces pudieran entenderla, y la manera en que debían pedir información para evitar las demoras.
Con la llegada de Segado en 2011, luego de relegar legajos y documentación oficial, comenzaron a armar el funcionamiento de los circuitos represivos y las estructuras jerárquicas en la última dictadura. Así se hizo en ESMA, Campo de Mayo y en cada área represiva.
Si bien la mayor parte del esfuerzo está dedicado a hacer aportes a los juicios por delitos de lesa humanidad, también se analizaron otros temas. "En el área de Memoria tratamos de trabajar todo lo que tiene que ver con lo que sucedió entre 1976 y 1983 pero también cosas que sucedieron antes. Trabajamos con el plan CONINTES, pero también casos de militares que fueron expulsados de la fuerza por ser peronistas. Son temas que tienen que ver con memoria pero no exactamente con los juicios, como la desclasificación del Informe Rattenbach (sobre Malvinas)", explicó Segado.
La titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se refirió también al resguardo del material que se encontró el jueves pasado en el edificio de la Fuerza Aérea. "Hace un tiempo que defiendo el criterio de fortalecer los archivos que tienen las fuerzas, generando que se conviertan en archivos reales y no en depósitos de papel. La mejor manera de conocer la lógica de la dictadura es sosteniendo toda esa burocracia administrativa, si se desguazan esos archivos, cualquiera que tiene que investigar no sabe donde pedir la información. El mejor honor que podernos hacer a la memoria es sostener esos archivos", manifestó Segado y agregó: "Los archivos son de quienes los producen, esto es una regla archivística. Va a haber copias digitalizadas pero el original tiene que estar en el lugar que lo produjo, porque es parte de otra cosa más amplia, que tiene documentación que es complementaria."
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