La pata empresaria de la colaboración con la dictadura que empieza a ser investigada
Denuncian la existencia de nuevas "odessas" en el poder económico
Alejandro Iaccarino, empresario secuestrado, señaló que mucha de la gente que durante esos años operaba en el Banco Nación, la CNV y el Banco Central se reinsertó en sectores clave de los poderes y las empresas.
Por: Leandro Renou e Ignacio Chausis
Las nuevas pruebas encontradas de nexos de colaboración del sector financiero-bancario con la dictadura militar parecen ser sólo la punta del ovillo de la participación empresaria en los años de plomo. Un grupo de empresarios que fueron secuestrados y desapoderados en el año 1979 aseguraron que “persisten en la actualidad nuevas Odessas” que respaldan y financian a militares que están en juicio y que, además, operan en las sombras para desestabilizar al poder político desde el mercado. Lo de Odessa es un paralelismo con la actividad que tenía en el fin del nazismo la red de colaboración secreta para ayudar a miembros de las SS a escapar hacia otros países. Los hombres de negocios consideraron que es clave investigar la trama empresaria dentro de la colaboración civil con la dictadura, luego de que el Estado diera a conocer nuevos documentos que mostraron aportes de los bancos privados nacionales al plan de Gobierno de las juntas.
“Durante la dictadura, estas Odessas operaban desde el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Nación. Hoy, mucha de esa gente se reinsertó en sectores clave de todos los poderes y en distintas empresas”, expresó ante Tiempo Argentino Alejandro Iaccarino, empresario que fue secuestrado junto a su familia en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladado a distintos centros de detención que integraban el Circuito Camps. Su hermano Carlos agregó que “en esos grupos de lobby económico y de poder hay empresas transnacionales y nacionales como supermercados, bancos, empresas de seguros, y del agro”. Según los empresarios que perdieron sus bienes a mano de las Juntas Militares, hubo ganadores claros en los años de plomo del país que hoy siguen con injerencia en distintas esferas. Un esquema que aún no fue alcanzado por la mano de la Justicia.
“Los empresarios son la pata menos investigada de la parte civil que colaboró con la dictadura. No se llegó al hueso con el tema aún, es complicado”, detalló ante este diario Daniel Paskvan, otro de los hombres de negocios que padecieron a los militares. El 16 de mayo de 1980 empezó su calvario cuando un comando entró en la planta de alimentos para animales de su propiedad, en la localidad de Roque Pérez. Paskvan fue desapoderado y perjudicado en otras de sus empresas. “Es como en los juicios de Nurenberg, si querés llegar al hueso, hay media sociedad involucrada”, destacó Paskvan y agregó que los que hoy operan en las sombras “son grupos consolidados, hay una parte importante del poder económico que se consolidó con los militares que aún persiste”.
Cuidadosos ante la situación de poder concentrado y el lobby al que se enfrentan, los empresarios prefieren no hacer nombres propios pero citan como clave para entender a qué se refieren un hecho puntual: en agosto del 2012, en el Hotel Alvear, se reunió un nutrido grupo de empresarios y lobistas para un acto de desagravio a Pedro Blaquier, el titular del Ingenio Ledesma, procesado en varias causas por violaciones a los derechos humanos. Allí se congregaron los popes de la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina (UIA), y diferentes referentes de casi todos los rubros de la economía. “También hay que investigar el polo judicial y los buffete de abogados”, aseveró Alejandro Iaccarino y mencionó la actividad de estudios como Grondona, O´ Farrel, Pérez Alati y otros que defienden a militares y grupos económicos concentrados. En la misma línea, Paskvan agregó que “hay casos de juicios a militares que casi no tienen patrimonio y son representados por bufetes de abogados de los más caros. Alguien los financia, eso está claro”.
Tanto Paskvan como los Iaccarino fueron secuestrados y desapoderados por el Estado con una fuerte ayuda corporativa. En el primero de los casos, el Grupo Capozzolo se quedó con las acciones de la empresa Integraciones Avícolas Santafecinas S.A, que Paskvan tenían en el Banco Tornquist, propiedad de Capozzolo. Los Capozzolo tenían un vínculo político directo con Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura. Por su parte, los Iaccarino fueron víctimas de la familia Figueroa, clan empresario de peso en la provincia de Santiago del Estero, durante los años de plomo. Este caso es práctico para graficar cómo las líneas duras de civiles y empresarios que sustentaron el accionar militar se reacomodaron a los años de la democracia y se siguieron beneficiando. José “Pepe” Figueroa, la cabeza del clan, fue secretario de Desarrollo Social del menemismo y senador. De hecho, y según contaron distintas fuentes, fueron los Figueroa quienes pusieron como aval 1 millón de hectáreas en una de las causas que tuvo el propio Carlos Menem por fabricaciones militares.
Fuente:TiempoArgentino

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